Cartas: Estándares ambientales para la desalación

Señor director: Chile y California firmaron en 2008 un Memorando de Entendimiento (“Colaboración para el siglo XXI”), entre otras razones por las numerosas similitudes que nos unen a ese estado: la extensión latitudinal de Puerto Montt a Los Vilos, simétrica en el hemisferio norte; larga costa sobre el océano; perfil batimétrico; corriente fría procedente del Polo; frecuentes y fuertes sismos; clima mediterráneo; geografía terrestre adosada a una cordillera; grandes ciudades costeras; Valle Central con una agricultura muy productiva y en gran proporción destinada a la exportación; además de problemas crecientes de escasez hídrica, con repercusiones negativas para su población y sus actividades, en particular la agricultura.

En el contexto de crisis hídrica que tanto California como Chile padecen, la experiencia de California con la desalación cobra una relevancia particular a la hora de estudiar las soluciones.

Antes de 2015, sólo existía en California una decena de pequeñas desaladoras. A raíz de la primera gran planta desaladora de agua de mar destinada al consumo de agua potable, en Carlsbad —iniciada en 1998 y entrada en producción en 2015 después de muchos problemas con ONGs y autoridades que elevaron la inversión a cerca de 1000 MUSD—, las autoridades de California y federales impusieron nuevas normas muy estrictas a la desalación. 

Esta nueva reglamentación llevó a la cancelación de la casi totalidad de la media docena de proyectos de desalación en trámite por aquellas fechas, salvo el de Huntington Beach. La razón de la cancelación masiva fue que el cumplir con las nuevas normas los sacaba del mercado en términos de precio. El mismo incremento de precio se dio en Australia, cuando se impusieron normas muy estrictas a la desaladora de Victoria (Wonthaggi).

Esas experiencias demuestran claramente que un costo de la desalación en torno a 1 USD/m3 o menos sólo puede resultar de normas ambientales reducidas. Normas ambientales estrictas hacen subir el costo a varias veces más.

A pesar de la necesidad absoluta de tener que respetar estrictamente la nueva reglamentación medioambiental de California, los promotores del proyecto de Huntington Beach no modificaron suficientemente su diseño, buscando quedarse a un nivel de precio aceptable por el mercado. Lógicamente, la decisión final de la California Coastal Commission fue un rechazo rotundo y definitivo en su sesión del 12 de mayo pasado.

Además, en junio 2022, las autoridades californianas, en su monitoreo constante de la planta de Carlsbad, impusieron la realización de obras suplementarias en la toma de agua marina que costarán 159 MUSD, y que impactarán en el precio del agua, con un aumento de un 10%.  Lo que viene a confirmar que, en base a la nueva reglamentación, va a ser muy difícil, realizar un nuevo proyecto de desalación en California, por el requerimiento de un elevado estándar de compatibilidad entre los objetivos económicos y ecológicos.

En Chile ¿cuáles son los estándares económicos y ambientales establecidos para la desalación? ¿Van estos de la mano con el nuevo enfoque medioambiental que hoy la ciudadanía les exige a sus instituciones?

Podría resultar contradictorio para Chile satisfacerse con normas ambientales reducidas para la desalación, cuando su «par» californiano toma al contrario una vía muy respetuosa de los ecosistemas marinos. Pero no sólo contradictorio, sino también potencialmente contra productivo. Recordemos que las exportaciones agrícolas chilenas se han visto afectadas en varias ocasiones en distintos países por medidas de boicoteo emanadas de grupos ambientalistas, las cuales estaban motivadas por supuestas faltas sociales y/o medioambientales. Con la creciente importancia tomada por los criterios ESG (Entorno, Social y Gobernanza) a nivel mundial, pudiera ser que productos regados con agua desalada generada con normas ambientales reducidas fueran objeto de nuevas oposiciones a nivel global.