Gasto electoral: lecciones para un nuevo proceso

Los resguardos no evitaron que en torno al reciente plebiscito se repitieran vicios de propaganda y financiamiento electoral. En columna para CIPER, un miembro del directorio de Transparencia Internacional comenta lo que aún requiere ajustes, y comparte recomendaciones que puedan perfeccionar un nuevo proceso constitucional.

Pese a los esfuerzos desplegados por diversas organizaciones de la sociedad civil luego del Acuerdo del 15 de noviembre por una nueva Constitución, el proceso electoral subsiguiente quedó con una serie de vacíos en materia de transparencia y rendición del gasto. En los meses previos al plebiscito del 4 de septiembre, volvimos así a viejos y sabidos ardides, tales como publicidad tendenciosa (que no dice por qué opción votar y que supuestamente sólo informa); fundaciones que dicen buscar el bien común siendo claramente instrumentos de campaña; iniciativas académicas aparentemente neutrales, pero que sólo mostraban las bondades del proyecto constitucional (y no sus defectos); o gremios y empresas que mediante publicidad de marca llamaban a reflexionar sobre supuestos derechos que se perderían de aprobarse la Propuesta de nueva Constitución.

Por otra parte, abundaron los «ciudadanos» (o «grupos» de estos) que pagaron publicidad o difundieron información inexacta o derechamente falsa, como lo han mostrado una serie de reportajes de CIPER [ver CIPER-Investigación: 26.08.2022; 31.08.2022; y 05.09.2022]. El problema de esto último es que muchas veces no tenemos cómo saber quiénes son los que financian tales campañas de desinformación, lo que redundó esta vez en que existiera una campaña paralela a aquellas oficialmente inscritas en el SERVEL.

Respecto de éstas últimas, y debido a las pocas capacidades de fiscalización en terreno que tiene el SERVEL tampoco sabremos si las donaciones en bienes y servicios fueron debidamente cuantificadas. Esto se intensifica en los casos de elecciones en las que  no existe el incentivo de tener la posibilidad de que dichas donaciones sean reembolsadas, como fue el caso del reciente plebiscito.

Así, y lamentablemente, de nuevo nos quedaremos con lo que publicará el SERVEL —montos declarados, movimientos inscritos y partidos políticos—, pero con la sensación (realidad) de que, a fin de cuentas, en materia de gasto electoral, en Chile solo vemos la punta del iceberg. Bajo ella, en este proceso electoral se desplegaron las más diversas tretas con tal de hacer propaganda con ropajes de educación cívica o, directamente, mediante organizaciones de fachada.

Todo lo anterior, revela —una vez más— la importancia de la regulación de la precampaña como un período en el que se le pueda hacer seguimiento al gasto, en vez de seguir tapando el sol con un dedo y pensar que este no existe o que basta con una prohibición para que no se realice.

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El resultado de las urnas tras la votación del 4-S fue claro, y abre el espacio para un nuevo proceso constituyente —al menos, así lo han manifestado casi todos los actores del arco político—, pero queda la pregunta: ¿cometeremos en un nuevo intento constitucional los mismos errores que en el previo, y aceptaremos tener otra vez una especie de laissez-faire?

Para evitar caer en lo mismo, es fundamental:

●no volver a permitir que sean habilitadas para hacer campaña agrupaciones de «independientes» con bajos grados de formalidad, sin personalidad jurídica y con escasa posibilidad de fiscalización real;

●no permitir el denominado  «multirut», mediante el cual una misma organización inscribe varias organizaciones asociadas;

●hacer valer la obligación establecida en los instructivos del SERVEL en cuanto a que los comandos deben cuantificar los aportes en bienes y servicios al momento de recepción de estos, para efectivamente saber mes a mes cuánto está ingresando a cada comando y no sólo los aportes en dinero en efectivo;

●aumentar la capacidad fiscalizadora y las sanciones que puede aplicar el SERVEL ante agrupaciones que, vulnerando la Constitución, realizan propaganda política —ONG, fundaciones, empresas o gremios—, estableciendo también la posibilidad de perseguir penalmente ilícitos de manera autónoma por el Ministerio Público e incluyéndose como delitos base de responsabilidad penal de la persona jurídica.

El próximo proceso no puede fallar: quizás será la última oportunidad para que mediante una convención electa podamos escribir una nueva Constitución. Es de esperar que no se repitan los errores que tanto daño hicieron por parte de algunos convencionales. Pero, para que resulte exitoso, también es fundamental que este cuente con estándares de transparencia acordes a las exigencias ciudadanas. Hoy no existe la premura postestallido, y no hacerlo solo demostraría complicidad con quienes creen que, por muy nobles que se consideren los fines, es  posible seguir usando viejas tácticas de financiamiento.