Los mitos en el debate sobre migrantes, extranjeros y delincuencia
27.07.2022
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27.07.2022
Lo que han informado algunos medios sobre más extranjeros en Chile imputados por delitos no se corresponde con las estadísticas recientes al respecto. En columna para CIPER, un abogado demuestra no sólo cómo la cifra disminuyó de un año a otro, sino que además considera delitos contra la salud pública (en pandemia) que la propia Corte Suprema ha considerado faltos de riesgo. Es necesario, «desmitificar una serie de argumentos carentes de correlato empírico que hoy dominan el debate público», escribe el autor, y dejar que sean las estadísticas «la base de cualquier discusión que pretenda reformular las políticas públicas en esta materia.»
El modo en el que en los últimos días se han difundido los resultados del 5º Boletín de la Mesa de Acceso a la Justicia de Migrantes y Extranjeros exige un análisis detallado, que contraste datos y destaque precisamente lo contrario a lo que hasta ahora han mostrado los medios de comunicación.
La citada mesa de trabajo está conformada por dos ministerios (RR. EE. y de Justicia y Derechos Humanos), el INDH, la PDI, Carabineros, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública; y tiene como principal objetivo mejorar el acceso a la justicia penal de las personas extranjeras y/o migrantes, así como remover eventuales actuaciones discriminatorias y revertir arbitrariedades que las afecten al enfrentar el proceso penal (ya sea como víctimas o imputados).
A partir de los resultados de su más reciente informe se ha difundido en prensa que en el año 2020 existió un aumento de un 135% de los imputados de nacionalidad extranjera (de 28.091 extranjeros detenidos en 2019 a 66.293 en 2020), y que en los últimos cinco años (2016-2020) dicha alza alcanzó un 355%.
De este universo de 66.293 personas, cerca del 83,3% se distribuye entre imputados de nacionalidad peruana (22,6%), venezolana (22,4%), colombiana (14,8%), boliviana (12,5%) y haitiana (11,8%).
En tanto, las regiones del país donde en 2020 se concentró la mayor proporción de imputados extranjeros corresponden a la Región Metropolitana (56,4%), seguida de la Región de Tarapacá (17,1%), Región de Antofagasta (11,1%), y la Región de Arica y Parinacota (con un 5,1% de los casos ingresados). La suma de todas ellas constituye el 89,7% del total de imputados extranjeros detenidos durante ese año.
Si se cruza esa cifra con los delitos en los cuales se ven involucrados extranjeros en calidad de imputados, las principales categorías de delitos (el 82,2% de las detenciones practicadas en 2020) corresponden a aquellos contra la salud pública, los que alcanzan un 60,4%. Luego, con un 13%, se encuentran leyes especiales, entre las cuales están aquellas que tipifican delitos de violencia intrafamiliar, armas y delitos informáticos; siguiendo con delitos tipificados en Ley de Drogas (4,6%), y por último los correspondientes a la Ley de Tránsito (4,2%).
Expuestos los anteriores datos, considero relevante tener presente que la población extranjera residente en Chile llegó en 2020 a 1.462.103 personas, un 0,8% más que en 2019. Considerando esa alza, si se hace un análisis por categoría de delitos vinculados a extranjeros en ese periodo, se aprecia que en los delitos de homicidio, robos, drogas, lesiones y contra la propiedad, el número de detenciones en 2020 disminuyó en relación con el año 2019, tal como se aprecia en la siguiente tabla.
No sólo ese descenso es relevante para el análisis, sino también el tipo de delitos que conlleva. Como puede apreciarse, la única alza considerable es precisamente aquella asociada a la categoría «otros delitos», y que se corresponde con aquellos contra la salud pública. Si se analizan en detalle los datos contenidos en este informe, se puede advertir que de las 66.293 personas de nacionalidad extranjera detenidas en el año 2020, 40.088 (60,4%) de ellas lo fue bajo imputaciones vinculadas con delitos contra la salud pública en el contexto de la pandemia, particularmente detenciones asociadas al delito del artículo 318 del Código Penal (por ejemplo, infracciones al toque de queda). Recordemos que respecto de este delito la Corte Suprema, conociendo de recursos de nulidad, ha emitido diversos fallos en torno a la falta de antijuridicidad material y tipicidad de las conductas denunciadas, teniendo en consideración que la sola infracción del toque de queda no era generadora de riesgo, y por su parte el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente la inaplicabilidad de dicha norma al considerar su contenido inconstitucional.
Por ello resulta interesante verificar que si se suprime del total de las detenciones practicadas a extranjeros aquellas asociadas a delitos contra la salud pública, constatamos que en 2019 la cifra correspondería a 27.260 detenidos, y que al año siguiente no se observa un alza sino que una disminución (a un total de 26.205 personas).
En esa misma línea, si dejamos de lado las imputaciones contra la salud pública —que sin duda alguna rompen con toda la tendencia observada en los periodos anteriores—, y se repara en la distribución geográfica (norte del país) y categoría de delitos (Ley de Drogas y Ley de Tránsito), se logra advertir un aspecto ya destacado en boletines anteriores, especialmente aquellos de los años 2015 y 2016, y que es aquel que apunta al rol como imputados de personas extranjeras transeúntes, y que no tienen una voluntad de permanencia (migrante) en nuestro país.
Por ello, cualquier conclusión que intente construirse debe indefectiblemente hacerse cargo de la particularidad que determinó el comportamiento de todo el sistema penal durante el periodo de pandemia (y que nutre las conclusiones de este 5º Boletín), con imputaciones que posteriormente fueron desvirtuadas en sede judicial, al entender que la gran mayoría de las mismas no eran aptas para ser consideradas como delito. Resulta distorsionador poner el énfasis en cifras netas de detenciones, sin hacer este análisis cualitativo, y sin destacar además, las bajas porcentuales de detenciones de ciudadanos extranjeros en las principales categorías de delitos en el periodo analizado.
Es de esperar que los insumos estadísticos aportados por la Mesa de Acceso a la Justicia de Migrantes y Extranjeros, en la relación extranjero/delito, y que permiten desmitificar una serie de argumentos carentes de correlato empírico que hoy día dominan el debate público, sean la base de cualquier discusión que pretenda reformular las políticas públicas en esta materia.