La extensión de vacaciones escolares también es un tema de equidad de género y pobreza

Menores ingresos y participación laboral muestran los hogares monoparentales chilenos si su mantenedora es mujer. ¿Cómo afecta esta realidad a las rutinas de crianza, cuidado y educación cuando no se cuenta con recursos para pagar asistencia durante la jornada de trabajo? Ante la decisión de vacaciones escolares extendidas, esta columna para CIPER describe las muchas desventajas alrededor de una discutible solución sanitaria y que, según la autora, sugiere además una implícita incoherencia para un gobierno que se ha definido a sí mismo como feminista.

Bastante se ha debatido ya sobre lo acertado o no de la decisión del gobierno de extender las vacaciones escolares como medida frente a un potencial déficit de camas críticas durante un nuevo peak de contagios de Covid-19. Pero quiero reflexionar en particular sobre el impacto de esta medida para las mujeres chilenas; especialmente, para aquellas madres y cuidadoras que pertenecen a los sectores de menores ingresos.

La última encuesta Casen (2009-2017) en materia de equidad de género presenta datos relevantes que no sólo destacan un cambio del rol social de la mujer como jefa de hogar, sino que además permiten entender su situación como actual partícipe del mercado laboral. Sus resultados dan cuenta del progresivo aumento de la jefatura de hogar femenina en Chile, la que desde un 20,2% en 1990 subió a un 42,4% en 2017 (y que es un fenómeno paralelo al del aumento relativo de los hogares monoparentales frente a los biparentales). Respecto de este cambio de rol, la encuesta muestra que la prevalencia de la pobreza por ingresos es mayor en los hogares monoparentales con jefatura femenina: el 19,3% que arroja es bastante lejano de la tasa de pobreza de los hogares monoparentales con jefatura masculina (que llegan al 8,1%). ¿Por qué ocurre aquello? Los datos apuntan a subrayar lo evidente: la baja tasa de participación laboral femenina (48,9% frente a un 71,6% de participación laboral masculina para el tramo de edad económicamente activo) es causa directa del menor nivel de ingresos autónomos de la mujer y, en consecuencia, de los hogares monoparentales con jefatura femenina. El hecho de que las mujeres no participen en proporciones ni remotamente cercanas a las de los hombres en el mercado laboral, repercute fuertemente en el porcentaje de mujeres que no cuentan con ingresos autónomos, impactando directamente el monto promedio de dichos ingresos propios, muy inferiores a los de los hombres (con un ingreso autónomo femenino promedio de $269.861 frente a $482.691 en el caso masculino).  

Son cifras que nos conducen a un segundo foco analítico, y que consiste en comprender la situación de las mujeres como partícipes del mercado laboral nacional. Si la causa de los menores ingresos autónomos femeninos es la baja tasa de participación laboral de la mujer frente a la de los hombres, ¿nos permiten los datos de Casen comprender a qué se debe esa brecha? La encuesta, en efecto, proporciona información reveladora. El 19,4% de las mujeres que no participan del mercado laboral explican allí que sus razones para no hacerlo están vinculadas al cuidado y quehaceres domésticos, frente a un exiguo 0,6% masculino que invoca dichas causas. Esa brecha se agudiza en las poblaciones más jóvenes (entre los 15 y los 29 años), donde el porcentaje de mujeres que fundamenta su inactividad en los cuidados y quehaceres domésticos se eleva al 34,4%, allí donde la cifra para los hombres corresponde al 2,3%.

Frente a estos datos, es innegable que la decisión del gobierno de priorizar la extensión de las vacaciones, por sobre otras medidas alternativas para enfrentar el déficit de camas- Covid, implica un golpe para las mujeres chilenas. En efecto, los datos referidos sobre las causas de la inactividad no hacen sino confirmar (con el rigor implacable de las cifras) una realidad histórica conocida por todos: la exclusión histórica de las mujeres del mercado laboral se explica y preserva, de manera importante —sino fundamental—, por el hecho de recaer sobre ellas (y no así sobre sus pares masculinos) el peso del cuidado de los niños. Es entonces evidente que la decisión de duplicar el tiempo vacacional escolar afecta y perjudica de mayor manera y con más intensidad a las mujeres que a los hombres chilenos. 

Y si todo lo anterior es cierto y grave respecto de todas las mujeres que en Chile son madres o cuidadoras, la extensión de vacaciones se torna dramática y perjudica aun con mayor rigor a aquellas pertenecientes a los sectores socioeconómicos más vulnerables. Es en estos segmentos donde ser mujer se torna extremadamente difícil cuando la autoridad decide que los niños se queden en casa. Casen también entrega datos que permiten ilustrar lo anterior:

(1) la baja tasa de participación laboral femenina a la que hemos hecho referencia (48,9% frente a un 71,6% masculino) se hunde a un 26,7% en el primer decil, frente a un 72,1% de los hombres en el mismo segmento de ingresos. En consecuencia, la brecha de género en participación laboral, que alcanzaba el 22,7% a nivel nacional, se dispara a un 49,4% para el decil de menores ingresos;

(2) del universo total de mujeres ocupadas, el 31,3% lo hacen en un empleo informal, y, dentro de ese segmento, más del 70% de las mujeres son parte del primer decil de ingresos. El trabajo informal a su vez se caracteriza por su precariedad, al carecer de protección social y de resguardos legales de permanencia;

(3) el porcentaje de mujeres ocupadas que pueden realizar teletrabajo, según Casen estaría en torno al 39% (si se considera que la mayoría se desempeña como comerciantes, vendedoras, y trabajadoras no calificadas [1]). Si bien la encuesta no desglosa la distribución por oficios de las mujeres en función del nivel de ingresos, no es aventurado anticipar que esa tasa de admisibilidad de teletrabajo femenino cae de manera importante respecto de los deciles de menores ingresos, si consideramos la mayor prevalencia de informalidad laboral. 

En consecuencia, las mujeres de bajos recursos se ven doble o triplemente golpeadas en comparación con mujeres de mayores ingresos y/o mejor nivel educacional con una decisión como la adoptada recientemente por el Ministerio de Educación. ¿Qué queda para estas mujeres frente a la decisión de autoridad de mantener a los niños en sus casas durante casi un mes completo?

Para terminar, valgan dos reflexiones en materia de equidad de género, pobreza y política pública. Atendida la brecha de género en materia de participación laboral e ingresos autónomos a la que nos hemos referido, solo queda concluir que cualquier esfuerzo honesto y eficaz de las autoridades de turno y del Estado de Chile (a mediano y largo plazo) por conducir una acción feminista (en el sentido de mejorar las condiciones de dignidad y respeto de las mujeres frente a los hombres), supone necesariamente desarrollar políticas públicas que fortalezcan el sistema de cuidado coparental y coinstitucional, y no que lo debiliten aumentado el peso que hoy descansa sobre las mujeres. Medidas como la presente extreman el compromiso doméstico femenino, causa importante de su inactividad, lo que se agrava en el caso de mujeres jefas de hogares monoparentales, donde existen niños o adultos mayores a su cuidado.

Finalmente, Casen muestra que la pobreza por ingresos en Chile viene disminuyendo de manera sostenida, tanto para hombres como para mujeres: si en 2006, para ellos era de 28,4% y para ellas de 29,7%, en 2017 fue de 8,2% para hombres y de 9% para mujeres. Si la discusión de género y las brechas denunciadas se relacionan de modo relevante con el ingreso autónomo femenino, cualquier compromiso serio hacia la causa feminista exige una gestión y un discurso coherente respecto de la importancia del crecimiento económico como motor de superación de la pobreza en nuestro país. La discusión sobre el modelo es amplia y controvertida (y es legítimo que así sea). Lo que no es serio es marginar el tema del crecimiento económico del debate por la igualdad de género, relegando al feminismo a una caricatura, a un eslogan sin mérito propio que resulta puramente funcional a intereses políticos determinados.

Para que la autoproclamación del gobierno como «feminista» no pase de ser una definición vacía y oportunista, es preciso que cuando los hechos demandan honrar la palabra y poner a las mujeres primero, ello ocurra de manera efectiva, aunque eso signifique desafiar a otros segmentos o grupos de interés, y/o implique realizar esfuerzos mayores en materia de planificación de estrategias sociales.  

NOTAS: