«Despegue con turbulencias»: análisis del diseño estratégico del gobierno durante su «instalación»

Cuatro ejes sobre los cuales hasta ahora ha desplegado Gabriel Boric su administración política revisa esta columna para CIPER que considera, con sus aciertos y errores, las decisiones del Poder Ejecutivo desde el cambio de mando (11 de marzo) hasta la primera cuenta pública del Presidente (1 de junio).

A fines del año pasado publiqué en este mismo sitio una serie de columnas dedicadas a analizar la efectividad político-electoral del grupo que llegaba a ocupar La Moneda junto al otrora dirigente estudiantil, hoy Presidente de la República, Gabriel Boric [ver «Gabriel Boric y la cuarta “generación dorada” de la política chilena»; parte I y parte II, en CIPER; diciembre de 2021]. Aludía allí a la obra del intelectual y militante comunista Antonio Gramsci (1891-1937), con el objetivo de vincular dos fenómenos que históricamente suelen estar correlacionados: el advenimiento de la crisis de hegemonía de los sectores dirigentes y la emergencia del recambio generacional en la esfera política.

Han pasado casi tres meses desde la instauración del gobierno de Gabriel Boric. El tiempo transcurrido exige analizar el quehacer político desplegado por el Poder Ejecutivo durante el período de «instalación» que, para efectos de esta columna, situaré entre el cambio de mando del pasado 11 de marzo y la primera cuenta pública del Presidente al Congreso pleno, el miércoles recién pasado (1 de junio). Una forma de hacerlo es contrastando los cinco ejes que organizaron aquel discurso presidencial —a saber: derechos sociales, mejor democracia, justicia y seguridad, crecimiento inclusivo y medio ambiente— con el diseño estratégico desplegado por el gobierno en sus primeros 82 días.

En efecto, el diseño estratégico del gobierno en el inicio de su mandato contempló cuatro ejes fundamentales:

1. Centralizar y abordar desde el ministerio del Interior cuatro desafíos cruciales para la política pública del Chile actual: orden y seguridad; inmigración; conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche; y reforma a Carabineros. Para ello, se apostó por el capital político que había construido la ex presidenta del Colegio Médico, dra. Izkia Siches, quien dirigiría la cartera de Interior y Seguridad.

2. Poner en un segundo plano la figura del Presidente, a fin de otorgar más protagonismo a las ministras y ministros, restringiendo las intervenciones de Boric a los «temas país».

3. Iniciar la puesta en marcha del programa de reformas comprometido en el contexto electoral.

4. Abrir un diálogo con la Convención Constitucional (CC), al mismo tiempo que promover —respetando los límites contemplados en la ley— la opción por el Apruebo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

A continuación abordaré con algo más de detalle cada uno de estos despliegues estratégicos y las modificaciones que han presentado en el devenir de la contingencia política durante estos primeros meses.

1. LA MINISTRA SICHES EN EL «OJO DEL HURACÁN»
La decisión de centralizar en el ministerio del Interior los temas urgentes de la agenda pública (orden y seguridad, inmigración, conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, reforma a Carabineros) se basó inicialmente en las capacidades que había mostrado el liderazgo político más descollante del último tiempo, Izkia Siches. Recordemos que el estallido social fue un acontecimiento inorgánico, acéfalo. Levantamiento en estado puro que no produjo liderazgos. La presidenta del Colegio Médico supo aprovechar políticamente el posterior momento pandémico para constituirse en un contrapeso necesario al deslegitimado gobierno de Sebastián Piñera, y luego jugar un papel fundamental en la campaña de Gabriel Boric en el contexto de segunda vuelta.

Tan breve y fulminante trayectoria política la llevó al centro del poder gubernamental. Nunca sabremos si el peso de las exigencias del actual momento político habrían presentado dificultades similares a otra ministra o ministro del Interior. Lo que sí sabemos es que este primer eje del diseño estratégico no ha cumplido con sus objetivos.

Mirado en retrospectiva, es evidente que hubo fundamentalmente dos errores no forzados que han debilitado la actuación política de la ministra Siches. El primero fue su fallido viaje a Temucuicui (16 de marzo); y, el segundo, la acusación —posteriormente desmentida— lanzada en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara contra el gobierno anterior por hacer regresar un vuelo con migrantes venezolanos expulsados del país (6 de abril). Este segundo traspié fue significativo, porque mostró las falencias internas del equipo que había conformado Siches, y expuso a la ministra a una contienda directa con la oposición y los funcionarios del segundo gobierno de Piñera. Sin embargo, es la primera equivocación la que ha expandido sus secuelas producto de la escalada del conflicto en Wallmapu, el cual ha presentado una deriva política que ha puesto en jaque la apuesta del gobierno por concretar el «diálogo político» y el «fin del Estado de excepción».

El conflicto en Wallmapu también ha alentado un doble movimiento: por un lado, una fase «ofensiva» de las organizaciones mapuche que asumieron la vía de la insurgencia política; por el otro, una fase «reivindicativa» de las organizaciones gremiales (industria forestal, trabajadores subcontratados, camioneros organizados, empresarios locales) que han demandado insistentemente la aplicación del Estado de excepción. El ataque armado en Lumaco contra un grupo de trabajadores forestales que terminó con la vida de uno de ellos, el mapuche Segundo Catril (24 de mayo), no ha hecho más que agudizar todas estas contradicciones.

En paralelo, la temprana salida del coordinador de asuntos indígenas, Salvador Millaleo; la fugaz participación como jefe de gabinete de Interior de un personero de confianza de Siches, Roberto Estay; y la temprana llegada de la asesora más cercana de Michelle Bachelet en su segundo gobierno, Ana Lya Uriarte, son síntomas representativos de las dificultades que atraviesa el ministerio para enfrentar las tareas que el diseño original le había encomendado. Consecuentemente, el hecho que el subsecretario Manuel Monsalve (PS) haya actuado casi como ministro subrogante es otra de las variables que ha de agregarse en esta dimensión del análisis.

2. EL SALTO DEL PRESIDENTE BORIC A LA PRIMERA LÍNEA DE LA POLÍTICA
El segundo eje del diseño estratégico puesto en marcha se basó en el rol secundario que asumiría el presidente Boric en favor de promover el protagonismo de las conducciones ministeriales y las agendas que cada cartera impulsaría. Pero el temprano debilitamiento del ministerio del Interior llevó a Boric a modificar el plan inicial, lo que requirió un aumento progresivo de su participación en la primera línea de la política gubernamental, además de aumentar el despliegue de la ministra vocera, Camila Vallejo, quien se transforma así en uno de los puntos fuertes del gobierno.

A fines de abril, el Presidente daba por finalizado el «proceso de instalación» del gobierno, lo cual fue acompañado del lanzamiento y despliegue del programa «Chile Apoya». En ese momento de ajuste y reordenamiento de piezas se suceden cuatro acontecimientos que instalan ya definitivamente una agenda mediática basada en los conceptos de orden, seguridad, violencia y terrorismo.

El 22 de abril resulta herido de gravedad el camionero Ciro Palma, quien recibe dos impactos de bala en medio de un ataque incendiario en la ruta 5 a la altura de Ercilla. El hecho gatilló una escalada de movilizaciones de algunos gremios de camioneros, apoyados por organizaciones empresariales y gremiales de la zona, además de la industria forestal y los trabajadores subcontratados. El 28 de abril se produce una serie de atentados incendiarios en Los Álamos, región del Biobío, adjudicado por la Resistencia Mapuche Lafkenche. Significaría la primera presentación de querellas por parte del gobierno (que había desistido de presentar acciones judiciales hasta ese momento).

El 1 de mayo se vive una violenta jornada en las comunas de Estación Central y Santiago, en la que la periodista del medio Señal 3 La Victoria, Francisca Sandoval, resulta baleada por el miembro de una banda delictual asentada en el Barrio Meiggs. Francisca (de 29 años de edad), no lograría recuperarse y moriría once días más tarde en la Posta Central. Sucesivamente, el jueves 5 de mayo en Chillán fue asesinado el carabinero Breant Rivas (de 23 años), baleado por delincuentes en medio de un procedimiento de control que realizaba un grupo de uniformados.

El gobierno de Gabriel Boric, al igual que administraciones previas —especialmente desde el primer mandato de Sebastián Piñera— no ha sido capaz de controlar la agenda mediática. «Controlar», quiere decir acá aportar a la construcción de una atmósfera ideológica susceptible al liderazgo y conducción política gubernamental. Si Piñera era constreñido (sobre todo después del 18 de octubre) por una agenda progresista y potencialmente revolucionaria, Boric pareciera estar presionado por una que se muestra conservadora y latentemente reaccionaria.

El Presidente Boric entendía que la cuenta pública ante el Congreso pleno representaba una oportunidad inmejorable para reabsorber parte del control de la agenda mediática extraviada en razón de la «hoja de ruta» propuesta para los próximos meses. 

3. EL MINISTRO JACKSON Y LA ESQUIVA CONSTRUCCIÓN DE MAYORÍAS PARLAMENTARIAS
El tercer eje estratégico en este primer período fue poner en marcha el programa de gobierno comprometido en las elecciones. Aun cuando la anunciada reforma tributaria ya se encuentra en marcha para comenzar su tramitación legislativa el próximo 30 de junio, y los proyectos de salario mínimo y el Tratado de Escazú ratificaron sendas mayorías en el Congreso (superando con creces los 2/3 en la Cámara), las dos tramitaciones que concentraron la agenda durante abril y mayo fueron la discusión en torno al quinto retiro desde las AFP (votación del 18 de abril) y el fallido Estado de excepción «acotado» que el gobierno intentó aprobar mediante vía legislativa (desde inicios de mayo).

El gobierno, comandado en estos esfuerzos por la SEGPRES y el ministro Giorgio Jackson, tuvo no pocas dificultades para ordenar posiciones al interior de sus coaliciones de sustento (Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático) y los partidos que la componen (Frente Amplio, Partido Comunista, Frente Regionalista Verde Social – PS, PPD, Partido Radical y Partido Liberal). Pero en vez de caer en el inmovilismo, la respuesta comandada por el núcleo político de La Moneda fue construir vías de resolución alternativas con el objetivo de ganar tiempo y crear campos de maniobrabilidad ligeramente mayores; como la propuesta de un proyecto de retiro previsional «acotado» (y que aunque fue rechazado por la Cámara de Diputadas y Diputados, consiguió contrarrestar momentáneamente la presión de la política de retiros y fortalecer el liderazgo de los ministros de Hacienda y Trabajo, Mario Marcel y Jeannette Jara) y el baipás al Congreso para utilizar la prerrogativa presidencial de la aplicación del Estado de emergencia por quince días en toda la Región de la Araucanía y dos provincias del Biobío (contradiciendo así la decisión previa por priorizar una salida política al conflicto en Wallmapu). El lunes 30 de mayo el gobierno había comunicado su decisión de extender la medida por otros quince días (1 de junio). Sin embargo, ya el 15 de este mes tendrá que hacer pasar una eventual nueva extensión del Estado de excepción por el Congreso.

El gobierno deberá poner nuevamente a prueba su capacidad de construir mayorías parlamentarias. En el segundo gobierno de Sebastián Piñera hubo momentos de «parlamentarización de facto» (por ejemplo, en el caso de los retiros de los fondos previsionales). En el caso de la actual administración, se añade como aditivo que estas importantes tramitaciones se comenzarán a dar en paralelo a la discusión de las denominadas Normas Transitorias, proceso que ha mostrado las tensiones institucionales que existen entre el Ejecutivo, el Congreso y la Convención Constitucional.

4. CON LA MIRADA PUESTA EN EL PLEBISCITO
El cuarto eje, en tanto, tuvo como propósito abrir un diálogo entre el gobierno y la Convención Constitucional,  además de promover —respetando los límites contemplados en la ley— la opción por el Apruebo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Una fecha propicia para rastrear algunos alcances de este eje estratégico fue el pasado 16 de mayo, fecha en que la CC publicó el primer borrador con 499 normas constitucionales. De las tres comisiones ahora a cargo de cerrar el proceso de elaboración de la propuesta constitucional, es la de Normas Transitorias la que genera mayor atención. Esto, debido a la apuesta del gobierno de efectuar algunas recomendaciones; entre ellas, la mantención del Congreso actual hasta el 2026, pero haciendo cumplir a los parlamentarios las nuevas reglas de quórum que fija el borrador. Esta opción, a juicio del gobierno, podría derribar algunas trabas que impondría la actual Constitución a una agenda transformadora. El jueves 2, un día después del discurso presidencial, el pleno de la Convención Constitucional rechazó la norma que ponía fin al Senado el 2026. Lo mismo sucedió con el quórum de 2/3 para reformar la nueva Constitución en el caso de que sea aprobada.

Más allá de la resolución de estas normas en la última fase de trabajo de la Convención, lo cierto es que la última batalla del proceso constituyente se inicia formalmente con la disolución de la CC el próximo 4 de julio, día en que sus representantes entregarán la nueva propuesta constitucional al presidente. Los partidos de oposición reunidos en Chile Vamos ya han definido su apuesta por el Rechazo, mientras el gobierno tiene clara conciencia que la victoria de la opción «Apruebo» en el plebiscito del 4 septiembre es condición sine qua non para superar el turbulento despegue de los primeros meses de gobierno y avanzar hacia la consolidación de su programa.