Cartas: Nueva Constitución, una invitación a cambios relevantes en educación

Señor director: La propuesta de nueva Constitución plantea que la educación debe orientarse a la calidad, entendida esta como el cumplimiento de sus fines y principios, los cuales se establecen con precisión en el texto. Sus fines son altamente consistentes con los estándares internacionales de derechos humanos en educación, al promover: una educación integral que considera las dimensiones cognitiva, física, social y emocional; el respeto por la naturaleza; la convivencia democrática entre los pueblos; y la prevención de la violencia y la discriminación. Sus principios incluyen la cooperación, la participación, la solidaridad, el pluralismo y la inclusión, entre otros, atendiendo a la pertinencia territorial, cultural y lingüística.

Con este nuevo marco de comprensión sobre la calidad de la educación, se nos abre la posibilidad de cambiar las dinámicas relacionales que se dan en nuestra escuelas, caracterizadas por la competencia entre estudiantes y docentes; la preocupación por los resultados por sobre la experiencia de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes; la discriminación y falta de reconocimiento hacia identidades diversas; y la proliferación de situaciones de violencia, cuestión que constituye el síntoma más claro de un sistema educativo enfermo. Solo como dato, de las 12.016 denuncias ingresadas a la Superintendencia de Educación en 2019, 5.037 corresponden a denuncias por maltrato físico o psicológico a estudiantes, es decir, una de las 21 materias sobre las cuales es factible denunciar se lleva casi el 42% de las denuncias.

El cambio no es fácil, porque supone modificar culturas instaladas que se han consolidado a través de los años, alimentadas por una concepción restringida de calidad y por políticas de rendición de cuentas e incentivos centrados en resultados y no en procesos. De esta forma, es fundamental que el Sistema Nacional de Educación se articule bajo el principio de colaboración y que su norte sea la experiencia de aprendizaje de los y las estudiantes, tal como lo propone el texto constitucional que se votará el 4 de septiembre. Asimismo, el Estado debe asumir un rol de coordinación y regulación, operacionalizando sus fines y principios en políticas coherentes con ellos, que promuevan prácticas relacionales de buen trato y solidaridad en las aulas y escuelas, para avanzar gradualmente hacia la construcción de culturas escolares inclusivas.