Con las mujeres mayores al centro

Más pobreza, bajas pensiones, discapacidad y enfermedades crónicas que los hombres de su misma edad es la dramática estadística que muestran las mujeres chilenas mayores de 60 años. La autora de esta columna para CIPER, doctora en Sociología, comparte reflexiones y tres propuestas de ayuda a una situación insuficientemente considerada por el debate y la política pública.

El género de toda persona es central en cualquier investigación, política gubernamental, consultoría y política pública. Pero también lo son la edad, identidad sexual y de género, situación socioeconómica o condición física. La combinación de estas categorías es recibida por la sociedad de forma distinta, y cuando ocurren casos de exclusión, esas categorías se suman, generando una situación de mayor o menor desventaja entre una persona y otra. Esto es lo que se ha llamado «interseccionalidad» (Crenshaw, 1989), y en Chile se puede apreciar muy claramente en el caso de las mujeres mayores. 

La combinación de ser mujer de 60 años o más, según la situación puede significar vivir constantemente con más desventaja respecto a los hombres mayores. Podemos ver esto en Chile en varios aspectos. 

(i) Si medimos la pobreza de forma multidimensional, sin considerar el entorno ni las redes de las personas, al año 2017 un 18,6% del total de personas en Chile en esa categoría eran hombres y mujeres con 60 ó más años. Si a ese segmento se le incorporan los recursos de su entorno y redes, la cifra aumenta a un 20,7% 22,1% en el caso de las personas mayores.  [Fuente: CASEN, 2017].

Lo anterior demuestra una evidente desigualdad con respecto a la edad en Chile. Se trata de una realidad que es distinta según el género de la persona mayor. El porcentaje de hogares en situación de pobreza por ingresos es más alto cuando hay una mujer mayor como jefa de hogar (7,7%), en comparación con un hombre mayor en ese mismo rol (6,6%) [SENAMA, s/f].

(ii) En el ámbito laboral ocurre algo similar. Un 20% de las mujeres mayores en 2017 no trabajaban, ni tampoco recibían pensión o jubilación; a diferencia del 8,5% de los hombres mayores [CASEN, 2017]. Esto deja abierta la pregunta: ¿de qué forma logran esas personas, especialmente mujeres, financiarse y obtener recursos? 

(iii) También existe una mayor prevalencia de discapacidad entre mujeres mayores (44,3%), que en hombres mayores (30,3%) [SENADIS, 2015]. Además, un 70% de las mujeres mayores tiene alguna enfermedad crónica; mientras que, entre hombres mayores, ese porcentaje baja a un 46,7% [MINSAL, 2016]. 

¿Qué hacer para corregir esta doble vulneración de las mujeres mayores en Chile?

Primero, es vital reconocer y visibilizar esta realidad más allá de la anécdota, para lo que son necesarios más estudios e investigaciones en esta materia. En concreto, se podría partir con agregar estas dos variables (el género y la edad) en la recopilación de datos de cualquier investigación, además de incorporarlas en los análisis de dicha evidencia. Organizaciones como SENAMA han logrado incorporar esto hasta ahora sobre todo a nivel macro, pero sugerimos que sea información integrada a todas las estadísticas disponibles. Consideremos que la sociedad no sólo está estratificada por género sino también por edad. En el debate constituyente en desarrollo, la idea de cuidados ha cobrado relevancia. Sería coherente con esa promoción, una visión ética que dé respuesta a la crisis que hoy vemos al respecto. 

Segundo, podemos ayudar a la promoción de un ambiente seguro y de apoyo para las mujeres mayores, con sistemas que identifiquen información relevante para ellas y que cuenten con una adecuada difusión. Un ejemplo a seguir pueden ser los centros comunitarios y la promoción de actividades o talleres, donde se ofrecen instancias seguras de recreación en las que además se pueden entablar relaciones de apoyo. La lógica detrás de estos establecimientos es digna de ser replicada, dado su poder de convocatoria y su potencial de difusión de información en sus propias redes.

Por último, debemos procurar que las políticas públicas consideren la edad y el género de manera transversal. Esto permite una mejor focalización de recursos, por ejemplo, hacia ese 20% de mujeres mayores que en 2017 no estaba trabajando ni recibiendo pensión o jubilación.