Cambiar de opinión. Política y razón pública

«Ni en el caso de los retiros ni en el del Estado de Excepción se han presentado argumentos públicos que permitan justificar el cambio de opinión de las autoridades. Y cuando faltan argumentos públicos, hay una sospecha plausible de que existan argumentos privados.»

Todos tenemos derecho a cambiar de opinión. A veces cambian nuestras ideas; a veces, las circunstancias. Y a veces aprendemos cosas que antes desconocíamos. En cualquier caso, está bien decir: «Me equivoqué, las cosas no son así como pensaba…».

También en política es correcto cambiar de opinión, pero allí algunos estándares son mayores que en nuestra vida privada; en específico, se requiere que los cambios cumplan los estándares de la razón pública.

El gobierno de Boric ha cambiado recientemente de opinión en dos asuntos fundamentales: la política de retiros desde las AFP y la declaración de excepción constitucional en la macrozona sur. Aunque tales decisiones puedan ser en última instancia adecuadas, el cambio de opinión no cumple hasta la fecha con los requisitos de la razón pública, lo cual afecta la credibilidad del gobierno. En esta columna argumentaré por qué.

La razón pública es uno de los pilares estructurantes de un Estado de Derecho, y exige que las autoridades den razón o justifiquen sus decisiones. Este requisito no existe en sistemas autocráticos. Si Kim Jong Un decide mañana que es buena idea establecer un número limitado de peinados aceptables, no es necesario que dé razón de aquello, basta con que lo decrete. Pero en una democracia las cosas son distintas. Las decisiones deben justificarse mediante argumentos; y dichos argumentos, ser públicos. Es decir, deben ser razones sobre asuntos públicos entregadas de manera transparente en la esfera colectiva, para que, aunque estén en desacuerdo con ellos, los miembros de una comunidad puedan comprenderlos y evaluarlos. Deben además estar orientados al bien común o al bienestar general de la población, pues si sólo benefician a grupos particulares en perjuicio de los demás —o, peor aún, sólo benefician al político de turno—, estamos frente a un argumento privado.

Los argumentos públicos se contrastan, así, con los privados. Una política pública no es aceptable si está respaldada sólo por argumentos privados, o por ningún argumento en absoluto. Por ejemplo, si se decide detener la construcción de un puente entre dos localidades, la población está en su derecho de exigir argumentos públicos que respalden esa decisión. No dar argumentos es una falta contra la razón pública, pero dar sólo argumentos privados es quizás peor. Un argumento público sería «el proyecto es muy caro y, dada la situación económica, no alcanza el presupuesto»; y uno privado: «… si construimos el puente se perjudicará a los dueños de los ferries, que han apoyado mi campaña». Si la autoridad guarda silencio respecto a sus argumentos, surgirá en la población la justa sospecha de que hay argumentos privados que desconocemos («algo se traen entre manos»; «alguien los sobornó»; «solo piensan en su propio beneficio…», etc.).

La demagogia no es otra cosa que poner argumentos privados («hago esto porque me permitirá ganar la elección») por delante de los públicos («hago esto porque beneficiará a la gente»), buscando que parezca justo lo contrario.

Visto lo anterior, los cambios de opinión son buenos y deseables en política, pero se exige que estén respaldados por razones públicas . Si éstas faltan, se puede sospechar plausiblemente que o bien la antigua posición o bien la nueva se respaldan más bien en razones privadas. Si yo digo que hay que hacer A y al año siguiente digo que hay que hacer B, se me ocurren sólo las siguientes justificaciones como razones públicas: i)mis creencias o valores han cambiado, lo que me hace cambiar de opinión; ii)las circunstancias han cambiado, por lo que corresponde cambiar de opinión; o iii) tenemos ahora información más acabada que la que teníamos hace un año, por lo que corresponde cambiar de opinión.

Veamos los dos casos en cuestión. El 3 de diciembre de 2021 el entonces diputado Gabriel Boric votaba a favor del cuarto retiro de las AFP, argumentando que, pese a que era una mala política para las pensiones, «el IFE se acaba ahora, por lo que es necesaria». En contraste, el 19 de abril de 2022 el presidente Gabriel Boric argumentaba que el gobierno se oponía a los retiros, pues «es necesario terminar la pretensión de que a través de los ahorros personales de los ciudadanos se pueden resolver crisis o desigualdades estructurales».

¿Cuál de las anteriores causales justifica este cambio de opinión? ¿Cambiaron sus creencias o valores, las circunstancias, o acaso el Presidente ahora sabe algo que antes no sabía? En este caso, al menos, no es claro ni se ha hecho público.

Respecto a la Macrozona Sur, en noviembre de 2021 el diputado y candidato presidencial Boric votó en contra del Estado de Excepción de Piñera, argumentando que «nosotros no podemos seguir con las mismas recetas que han profundizado la violencia que hoy se vive [allí]». Pero el presidente Boric ha cambiado de opinión, argumentando a través de su ministra del Interior que «es evidente que en el último tiempo hemos tenido aumento de actos de violencia en las rutas». El gobierno presenta así un argumento público; en específico, el que antes se señaló con el número ii) («han cambiado las circunstancias»). Sin embargo, hasta la fecha no se ha demostrado que entre marzo y mayo de 2022 haya habido más incidentes violentos que en los meses y años anteriores, por lo que ese argumento pierde fuerza, a menos que se descargue la carga de la prueba por parte de las autoridades.

En definitiva, ni en el caso de los retiros de fondos previsionales ni en el del Estado de Excepción se han presentado argumentos públicos que permitan justificar el cambio de opinión de las autoridades. Y cuando faltan argumentos públicos, hay una sospecha plausible de que existan argumentos privados. En estos dos casos, uno se preguntaría si las opiniones vertidas antes de asumir el mandato no respondían quizás a razones electorales más que a políticas públicas enfocadas en el bien común. En otras palabras: habrían utilizado argumentos privados en lugar de argumentos públicos, la definición de demagogia.

La razón pública persigue dos fines: un fin epistémico y un fin político-social. El fin epistémico implica que la decisión tomada sea la mejor posible en el caso particular. La presentación, evaluación, y discusión de argumentos públicos asegura que nos aproximemos lo más posible a ese fin. El fin político-social implica que la decisión tomada sea aceptable para la comunidad, y no afecte la credibilidad de las autoridades. Los cambios de opinión de Boric pueden ser buenos para el país si los resultados los respaldan, pero en cuanto no se cumplan los requisitos de la razón pública, la credibilidad de su gobierno seguirá a la baja.