El alto costo de la desregulación en el uso de plaguicidas

Tanto la seguridad alimentaria como la salud de la población y el cuidado del medioambiente se encuentran en riesgo en Chile por la falta de vigilancia, cumplimiento y toma de decisiones sobre restricción y prohibición de plaguicidas, denuncia esta columna para CIPER junto a diversas estadísticas que así lo prueban. «El uso de plaguicidas en Chile no solo se ha incrementado a través del tiempo, sino que también es alto en comparación con otros países», señalan los autores, que entre otras derivadas comentan que el cumplimiento de la norma es más estricto en el caso de productos agrícolas de exportación que entre aquellos para el consumo interno.

Durante las últimas décadas, y debido al incremento sostenido de la producción agrícola, el uso de plaguicidas ha aumentado rápidamente en Chile. Sólo en los años 90 las importaciones aumentaron en casi un cincuenta por ciento. Esto es aun más evidente en períodos recientes. Como se muestra en la Figura 1, el uso de plaguicidas (medido por toneladas de ingredientes activos) y la producción agrícola (medido por un índice de producción agrícola) han aumentado de forma pronunciada y constante: por ejemplo, en 2015 se utilizó seis veces más plaguicida que en 1990 (en contraste, el índice de producción agrícola se incrementó aproximadamente en 80% entre 1990 y 2015). Por otra parte, la proporción de suelo total dedicada a actividades agrícolas se ha mantenido bastante estable durante el mismo período. Esto quiere decir que la intensidad de uso de plaguicidas se ha incrementado más que proporcionalmente a la producción agrícola (margen intensivo) y al uso del suelo (margen extensivo). De acuerdo con los datos, un aumento del 1,0% en el índice de producción agrícola está asociado con un aumento del 2,37% en el uso de plaguicidas.

Figura 1: Uso de plaguicidas vs. producción agrícola y tierra agrícola. Chile 1990-2015. [Fuente: FAO-2018.

El uso de plaguicidas en Chile no solo se ha incrementado a través del tiempo, sino que también es alto en comparación con otros países. Por ejemplo, las ventas de plaguicidas en los países de la OCDE promediaron 0,93 kg. por hectárea en el período 2011-2015, pero en Chile fueron de 2,68 kg/ha. Este aumento ha ocurrido en un ambiente de libre venta y fácil acceso, acompañado de una falta de conocimiento sobre el impacto de los plaguicidas en la salud humana y el medioambiente. Actualmente, la única normativa en Chile para el control de residuos de plaguicidas está relacionada con los productos alimenticios, la cual es adoptada del CODEX Alimentarius Internacional. Sin embargo, matrices ambientales tales como aire, suelo, agua para riego o consumo humano no están reguladas ni monitoreadas. Estudios académicos han encontrado altos niveles de plaguicidas en los cuerpos de agua en áreas agricolas [ver RETAMAL et al.; MONTORY et al.; CLIMENT et al.; y CLIMENT et al.]. Adicionalmente, altas concentraciones de plaguicidas organoclorados prohibidos en nuestro país han sido encontrados sistemáticamente en cuerpos de agua en zonas agrícolas de Chile. 

RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN FRUTAS Y HORTALIZAS

Las altas concentraciones de plaguicidas no solo se observan en los cuerpos de agua, sino también en hortalizas frescas en varias regiones del país [ver ELGUETA et al. en 1, 2, 3 y 4] e incluso en hortalizas congeladas en venta en distintos mercados nacionales.

El Ministerio de Agricultura monitorea los residuos de plaguicidas en los alimentos a través del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y el Instituto de Salud Pública (ISP). La Agencia Chilena de Inocuidad y Calidad de los Alimentos (Achipia) compila los resultados de esta vigilancia y encarga su publicación anual al programa Red de Información y Alertas Alimentarias (RIAL). El último informe oficial RIAL publicado en 2020 presentó los resultados de 1.306 muestras de hortalizas frescas (407) y frutas (899) tomadas en 2018. El muestreo se realiza en todo Chile por inspectores del SAG. Entre las muestras de hortalizas evaluadas, casi el 19% de las hortalizas excedieron los Límites Máximos de Residuos (LMR) permitidos por la ley, mientras que casi el 9% contenían plaguicidas no autorizados [ver Tabla 1]. También se observó un bajo nivel de cumplimiento en el informe publicado, según el cual casi el 17% de las hortalizas superaba los LMRs permitidos y casi el 7% contenía plaguicidas no autorizados. Entre aquellos con concentraciones mayores a la norma se encuentran el metamidofós, linurón, clorotalonil, chlorpirifos, acetamiprid y ditiocarbamatos (todos ellos con efectos significativos sobre la salud y el medioambiente). 

En contraste, el monitoreo de residuos de plaguicidas en las exportaciones agrícolas muestra una tasa de cumplimiento muy alta. Por ejemplo, en 2009-2010, el SAG analizó 1639 muestras de exportación [ver SAG, Achipia y más], de las cuales el 99% cumplió con los LMR. Adicionalmente, las muestras solo contenían residuos de plaguicidas autorizados. El hecho de que se encuentren altos niveles de residuos de plaguicidas principalmente en productos destinados al consumo interno, indica una falta de vigilancia, cumplimiento y toma de decisiones respecto de la restricción o prohibición de plaguicidas dentro de Chile. 

INTOXICACIONES

El uso agrícola generalizado de plaguicidas organofosforados en la agricultura, su venta —en gran medida— sin restricciones y el conocimiento insuficiente de los riesgos de una aplicación inadecuada han resultado también en intoxicaciones agudas y efectos crónicos en la salud en trabajadores agrícolas y no agrícolas, e incluso en escolares de zonas rurales expuestos a altas concentraciones de plaguicidas a través de su dieta y de fumigaciones en áreas cercanas a las escuelas o áreas de residencia [ver más: 1, 2, 3, 4]. 

Las estadísticas recabadas por el Sistema de Monitoreo de Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas (REVEP) indican que entre aquellas reportadas en los registros oficiales durante el período 2008-2018, el 35,5% de las muertes fueron causadas por los plaguicidas Ia y Ib. Éstos son altamente eficientes, de bajo costo y sumamente tóxicos, lo que explica la incidencia de intoxicaciones entre los trabajadores agrícolas chilenos. En 2018, los principales plaguicidas relacionados con intoxicaciones agudas fueron la lambda-cihalotrina (17,5%), clorpirifós (17,5%), cipermetrina (5,2%) y metamidofós (5,1%) [fuente].

FACTORES DE EXPLICACIÓN

•Intensificación de las actividades agrícolas: reducir la dependencia de los plaguicidas requiere un cambio hacia el manejo integrado de plagas, que armonice los controles biológicos en lugar de depender completamente de plaguicidas químicos. En tal sentido, existe una falla del mercado, ya que los productores agrícolas no toman en cuenta las externalidades negativas del uso excesivo de plaguicidas en sus decisiones. 

•Falta de información relacionada con los efectos potenciales del uso de plaguicidas en la salud humana y en el medioambiente: muchos pequeños agricultores perciben los potenciales riesgos generados por el uso de plaguicidas como «un mal necesario», el cual es comparativamente menor a la necesidad económica de producir y trabajar. Los agricultores prefieren usar plaguicidas químicos debido a su eficacia, sin comprender cómo su dependencia puede conducir a la pérdida de enemigos naturales de las plagas, el desarrollo de resistencia a los plaguicidas y a la consecuente necesidad de usarlos con más frecuencia en el futuro [ver más en SILVA et al., 2016]. 

•Vigilancia y cumplimiento de las reglamentaciones: la evidencia presentada sugiere una falta de control adecuado de las reglamentaciones sobre plaguicidas, así como de un procedimiento moderno de aprobación/registro. Para alcanzar los estándares de los países desarrollados se deben implementar requisitos más estrictos para la compra de  plaguicidas, así como registros de aplicación y de capacitación, de modo que hacer posible la trazabilidad de su uso. Además, para el control de la venta de plaguicidas en el mercado local las autoridades deben implementar una certificación que identifique a todos los actores involucrados en la cadena de valor; así como el proceso de registro, almacenamiento, comercialización y cliente final.

También el SAG debiera mejorar la disponibilidad de información sobre las declaraciones de ventas de plaguicidas por año, que actualmente está disponible con un desfase temporal entre que se realizan las ventas y la disponibilidad pública de esos datos. Dicha información permitiría realizar evaluaciones y tomar mejores decisiones sobre políticas públicas requeridas para el control del uso de plaguicidas. La misma situación se presenta con el ISP, el cual no publica la información de la vigilancia nacional. La evidencia ha demostrado que al respecto no existe coordinación entre el Ministerio de Agricultura y el de Salud, principalmente por el traslape de las regulaciones respecto de los registros de autorización de uso y la falta de comunicación entre servicios. Esto genera una deficiente toma de decisiones para restringir, prohibir o cancelar el registro de un plaguicida en Chile.

Cabe destacar que, en la actualidad, internacionalmente existen «recetas» escritas por un asesor calificado y acreditado para vender plaguicidas. Éstas especifican tipo de producto y cantidad, al menos para aquellos que tienen un nivel más alto de toxicidad. En Chile, en cambio, se pueden comprar sin una recomendación técnica justificada. Cualquier persona en el país puede comprar plaguicidas con principios activos Ia y Ib, considerados altamente tóxicos por la Organización Mundial de la Salud.

•Bajo costos: el uso de plaguicidas está asociado a muchas externalidades negativas que no se toman en cuenta en las decisiones de política. En Chile, como en muchos otros países, se observa una gran reticencia a restringir el uso de plaguicidas por temor a afectar la producción o precios domésticos de alimentos, o reducir los ingresos por exportaciones agrícolas. Estos temores, a menudo no consideran los costos que sobre la salud y el medioambiente tiene el (sobre) consumo de plaguicidas. En ausencia de dicho análisis, los debates de política sobre plaguicidas son vulnerables a la influencia de la ideología e intereses comerciales.

CONCLUSIONES

Chile produce y exporta hoy más alimentos que nunca antes en su historia. Al mismo tiempo, la evidencia demuestra que las regulaciones actuales no son suficientes para garantizar la inocuidad de los productos agrícolas que se consumen en el país, debido al uso creciente e inadecuado de plaguicidas. Su exposición afecta la salud, y no solo la de los trabajadores agrícolas. La exposición ambiental a los plaguicidas organofosforados se produce, por ejemplo, a través de residuos en frutas y hortalizas, fumigaciones cerca de suelos de cultivo, y residuos en agua y suelo. 

Los consumidores en general desconocen los riesgos potenciales en los alimentos que consumen, así como muchos agricultores carecen de conocimiento y capacitación sobre las medidas de seguridad necesarias en su trabajo [ver más]. La capacitación y la educación son cruciales: promueven el interés de los agricultores en métodos alternativos de protección contra plagas, crean apoyo político para la implementación de las políticas públicas e influyen para que los consumidores exijan alimentos seguros. También es importante mejorar la comprensión de los agricultores sobre la ecología del manejo de plagas, así como los efectos negativos no deseados de los plaguicidas sobre los depredadores naturales de las plagas. Cuando, a través de buenas prácticas agrícolas, los agricultores están bien informados sobre el uso de plaguicidas y sus efectos es menos probable que infrinjan las regulaciones.

Si bien la educación y mayor información pueden ayudar a aumentar la conciencia pública sobre los riesgos asociados al uso excesivo de plaguicidas, también se necesitan regulaciones más estrictas sobre su uso y venta, además de mejoras en el monitoreo. El MINAGRI, a través del SAG, regula lo relacionado con la importación y comercialización de plaguicidas de uso agrícola. La falta de información actualizada no permite determinar con certeza el alcance de la exposición ocupacional y ambiental a los plaguicidas y los efectos adversos para la salud pública. Además, existe la preocupación de que se estén utilizando plaguicidas altamente peligrosos sin un control adecuado. Sobre la base de los datos actuales publicados por RIAL y REVEP se deberían retirar del mercado chileno algunos plaguicidas altamente peligrosos, tales como clorpirifós y metomilo; los cuales se encuentran en alimentos frescos en concentraciones que superan los LMRs. Chile debería avanzar en la trazabilidad de los plaguicidas a través de requisitos más estrictos para la compra de productos y la implementación de un sistema para documentar las solicitudes de venta y uso.

La coordinación y colaboración entre el SAG y el MINSAL es fundamental para incrementar la eficacia de la vigilancia y el cumplimiento de las normativas existentes. Garantizar un nivel adecuado de protección requiere una supervisión eficaz, una legislación actualizada y evaluaciones periódicas. Adicionalmente, existe una necesidad evidente de crear sistemas de monitoreo para rastrear los residuos de plaguicidas en el aire, en el suelo y en el agua para riego y consumo humano. Deben desarrollarse herramientas prácticas para monitorear y regular el comercio, y además la lista de plaguicidas registrados debe revisarse y actualizarse periódicamente, con el objetivo de reducir su uso de alto riesgo y promover el uso de alternativas ecológicas en la agricultura.

Chile depende en gran medida de la agricultura, y por ello es importante mejorar la gestión que asegure su sostenibilidad. Las mejores prácticas agrícolas no solo pueden reducir los impactos negativos sobre la salud y el medioambiente, sino también abrir el acceso a mercados más rentables que requieren altos niveles de seguridad alimentaria y trazabilidad de plaguicidas.