CONOCE LO ÚLTIMO DE LA DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL EN "LABOT CONSTITUYENTE":
🤖 Un mar de normas
11.03.2022
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CONOCE LO ÚLTIMO DE LA DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL EN "LABOT CONSTITUYENTE":
11.03.2022
El trabajo constituyente sigue a contrarreloj y la nueva Constitución va camino a convertirse en un texto bastante más voluminoso que el actual, que tiene 143 artículos. Sólo los primeros informes de las comisiones ya superan ese número.
¿Cuántos artículos van? #️⃣
Tras las votaciones del viernes 4 de marzo quedó aprobada una cincuentena de artículos en el borrador de la propuesta constitucional. Esta semana no hubo votaciones en particular, pero el jueves 10 se votaron en general 50 artículos de Derechos Fundamentales (se aprobaron 14, mientras 36 volvieron a comisión). Y este viernes ingresan al pleno 30 artículos de la comisión de Principios Constitucionales, mientras la comisión de Sistema Político prepara un informe que en su versión bruta (debiera ajustarse) tenía un centenar de normas. A eso hay que sumarle la segunda parte del primer informe de Sistemas de Justicia, con otros 23 artículos, y los informes de reemplazo de Sistemas de Conocimiento, que disminuyó de 21 a 12 sus artículos, y de Medio Ambiente, que aún debe reformular sus 40 artículos rechazados.
Sólo en esta primera etapa –en general a las comisiones les faltan aún dos informes–, podría haber hasta unos 300 artículos aprobados. Lo digo en condicional porque algunos se rechazarán, pero de cualquier forma será un volumen mucho mayor que el de la Constitución actual.
La propuesta de la Convención minimalista no será.
Bien no le fue, pero la evaluación es relativa. Aunque se aprobó en general el 28% de los 50 artículos propuestos, los coordinadores se mostraron satisfechos y dijeron que es la votación que esperaban. Y es que aunque le fue peor que a la mayoría de las comisiones, le fue mejor que a Medio Ambiente, que sólo consiguió la aprobación de un inciso o párrafo entre sus 40 artículos (más abajo puedes ver un gráfico que compara el desempeño de las comisiones en el pleno).
También hay que tomar en cuenta que aunque en este caso aún falta la votación en particular el próximo martes, la coordinación de la comisión pidió a los convencionales que por favor concentraran los rechazos en esta primera votación, pues eso les da más tiempo y flexibilidad para hacer las enmiendas posteriores. Por esta razón, es esperable que se apruebe buena parte de los artículos en particular, aunque no es descartable que de todos modos se rechacen algunos incisos.
Otra característica especial de esta votación es que el informe incluía 15 artículos relativos al debido proceso cuya redacción requería afinarse y que, además, se topan con las materias que aborda la Comisión de Sistemas de Justicia. Todos fueron rechazados –algunos con sólo 4 votos de apoyo, de un universo de 154– y existe un acuerdo preliminar para que en vez de retornar a Derechos Fundamentales, sean enviados a Justicia.
Respecto al resto del articulado, hubo cuestionamientos tanto de forma como de fondo. Entre los temas más delicados que deberán reformularse están los relativos al derecho de propiedad, la forma en que se calculan las expropiaciones y la restitución de tierras indígenas. También se rechazó la norma relativa a libertad de expresión, aunque lo que más concitó críticas fue la prohibición del negacionismo.
En el lado positivo, hubo un artículo que recibió el respaldo de los 154 convencionales: consagra el derecho a la integridad personal, explicitando la prohibición de la tortura y los tratos degradantes. También tuvieron apoyo amplio y transversal el derecho a la vida, con la explícita prohibición de la pena de muerte (145 votos), la prohibición de la desaparición forzada (141 votos) y el principio de progresividad de los derechos fundamentales (132 votos).
Sí, se aprobaron en general tanto el artículo sobre los derechos sexuales y reproductivos, que incluye la interrupción voluntaria del embarazo, como el derecho a una educación sexual integral. No olvides, eso sí, que para que esto quede plasmado en la propuesta de Constitución el pleno debe aprobar ambas normas en particular (acá puedes ver todos los artículos aprobados en general).
Durante la jornada, hubo manifestaciones feministas al exterior del ex Congreso, a la espera de una votación que nació en parte de una iniciativa popular de norma llamada “Será ley”.
Las comisiones recibieron cantidades muy distintas de normas y además organizaron su trabajo en bloques temáticos. Derechos Fundamentales, por ejemplo, fue lejos la que recibió más iniciativas: 503 en total, incluyendo las de convencionales, populares e indígenas. Les quedan tantas pendientes que para los dos informes faltantes que se van a dividir en dos subcomisiones para cumplir los plazos.
En el caso de Sistema Político, la comisión sólo consideró trabajar dos informes con normas para proponer al Pleno y el primero contempla el 80% del contenido total. La comisión votó este informe entre el lunes 28 de febrero y el miércoles 9 de marzo, incluyendo el sábado, para alcanzar a terminar la primera etapa, que incluye temas como Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, sistema electoral, organizaciones políticas y formación de ley.
Si bien para aprobar las normas requirieron construir mayorías dentro de la comisión, el principal consenso es que es poco probable que los temas más espinudos consigan dos tercios en el pleno. Eso significa que volverán a la comisión a una nueva ronda de negociaciones, en busca de acuerdo.
Respecto al Poder Legislativo persisten las diferencias entre las distintas izquierdas y la centro izquierda (unicameralistas vs. bicameralistas). Como recordarás, habían acordado que además del Congreso Plurinacional hubiera un Consejo Territorial con poder acotado, pero luego la centroizquierda y la derecha se unieron para entregarle más atribuciones a este órgano, lo que molestó a la izquierda. En ese sector advierten que no darán los votos para aprobar artículos que, desde su punto de vista, transformen ese Consejo en un nuevo Senado.
A comienzos de esta semana el Frente Amplio manifestó más abiertamente sus cuestionamientos al Colectivo Socialista, Independientes No Neutrales y el Colectivo del Apruebo, luego de que la comisión aprobara una indicación de la derecha que establece que si el Congreso no aprueba la Ley de Presupuestos, regirá la enviada por el Presidente. Esto modificó el texto original, que contemplaba que en ese caso operaría el presupuesto del año anterior, una forma de entregarle mayor poder de negociación al Congreso ante el Ejecutivo. “Están poniendo en juego la viabilidad del proceso constituyente, precisamente porque no podemos tener una nueva Constitución que no defina adecuadamente cómo se ejercen los tres grandes poderes del Estado”, llegó a decir Jaime Bassa ese día.
Aunque se espera que el pleno vote el informe el viernes 18, este lunes la comisión revisará el borrador propuesto por la coordinación. Ahí sus integrantes deberán zanjar un tema que puede tornarse complejo: como se aprobó tanto el nombre de Consejo Territorial (fruto del inicial acuerdo de las izquierdas) como el de Cámara Territorial, promovido por la derecha, deberán consensuar una denominación. Puede ser sólo un nombre, pero la segunda alternativa lleva implícita la idea de bicameralismo.
Hasta ahora está claro que tendremos un régimen presidencial más atenuado que el actual. La propuesta de la comisión es que opere con lo que se ha denominado un “triunvirato”: una Presidencia con la responsabilidad de ejecutar el programa, una Vicepresidencia a cargo de la coordinación territorial y un Ministerio de Gobierno que liderará la tramitación legislativa. Está por verse si el pleno apoya esta idea.
La propuesta también incluye una serie de cambios que buscan mejorar la coordinación entre Ejecutivo y Legislativo. Que la elección parlamentaria se realice después de la primera vuelta presidencial es un intento de incentivar la formación de coaliciones, mientras que modificaciones en el proceso legislativo buscan entregarle más poder al Congreso y hacer más expedita la tramitación de las leyes. Por ejemplo, el Presidente no podrá vetar leyes unilateralmente, pues el Congreso podría votar por cuatro séptimos para insistir en su propuesta. Es una de las pocas votaciones que no se definirá por mayoría: si el pleno apoya el trabajo de la comisión, las votaciones supramayoritarias serán una excepción muy menor si se comparan con la Constitución actual. El Congreso también podrá proponer leyes que hoy son de iniciativa exclusiva del Presidente, aunque en ese caso este último tendrá la palabra final para patrocinarlas.
La paridad llegó para quedarse, tanto en la dupla presidencial como en los órganos colegiados, donde la comisión aprobó que las mujeres ocupen al menos el 50% de los cargos. También habría un incremento de la participación electoral de los jóvenes, quienes podrían votar voluntariamente desde los 16 años, mientras que se propone que desde los 18 años el voto sea obligatorio.
Una innovación que ha generado ruido es la ampliación del concepto de organizaciones políticas, igualando a los partidos con los movimientos sociales.
Otros cambios significativos de la propuesta son el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y del pueblo tribal afrodescendiente. Además, la comisión aprobó que los primeros tengan escaños reservados en proporción a la población y los segundos cuenten con un representante fijo.
Sí, la Comisión de Sistemas de Justicia ya tiene lista la segunda parte de su primer informe. Ahí se ahonda un poco en cómo operaría el pluralismo jurídico. En particular se establece que cuando haya recursos de revisión de los fallos de la jurisdicción indígena, éstos deberán ser revisados por tribunales de integración plurinacional establecidos por ley. Pero dentro de la misma comisión esta redacción despierta dudas y se prevé que será rechazada, por lo que lo más probable es que se termine especificando que será la Corte Suprema la que hará la revisión final de los fallos de la justicia indígena.
El informe también ahonda en la paridad y el enfoque de género, ya aprobados en la primera fase. Incluye dos temas que corren peligro en el pleno: la denominación “justicia feminista” y la creación de salas especializadas en violencia de género.
Otro tema relevante que deberá abordar el pleno la próxima semana es la creación del Consejo de la Justicia, que se haría cargo de nombrar jueces, evaluar al personal judicial y otras tareas administrativas. Este órgano ha generado cierto debate entre los expertos del área y es posible que se caigan algunas de sus funciones o tareas en el pleno, como la “revisión integral” que debería hacer de los tribunales cada cinco años. En la comisión puntualizan que la idea en ningún caso es que el Consejo evalúe los fallos de los jueces.
Por mientras, esta comisión avanza en otros temas que ya generan noticia por involucrar a organismo autónomos, aunque todavía están en su etapa de definición.
Uno de ellos es el futuro del Tribunal Constitucional. Quizás recuerdes que se debatía la eliminación de la institución. Si bien sufrirá variaciones, como perder la facultad de controlar preventivamente las leyes, todo indica que se transformará en una Corte Constitucional.
En cuanto al Banco Central, está claro que mantendrá su independencia. Una posible innovación apunta a que la política monetaria no esté exclusivamente centrada en el control de precios, sino que considere otros factores, como el empleo o el medio ambiente.
Esta semana también se zanjaron en la comisión algunas propuestas polémicas. Por un lado, se aprobó en general la iniciativa popular de norma “Cárcel para Piñera”, que propone “garantía de justicia y no repetición, de que nunca más un presidente abuse de su poder y le declare la guerra a su propio pueblo”. En cambio, se rechazaron todas las normas transitorias, como aquella que proponía una amnistía para los presos del estallido, la que condonaba las deudas estudiantiles y la que establecía una evaluación a todos los jueces cuando entre en vigencia la Constitución.
La comisión revisará el informe rechazado recién la próxima semana. Estos días avanzó en el segundo bloque de normas relativas a la minería, bosques y territorio marítimo. También se presentaron iniciativas relacionadas con el modelo económico, aunque aún no se votan.
Por lo que se vio en los últimos días, los integrantes de la comisión no acusaron recibo del golpe que les propinó el pleno. Asumieron que el rechazo casi íntegro del primer informe se debió a problemas meramente formales. Así, siguieron avanzando en iniciativas radicales en cuanto a expropiación y control del Estado.
Uno de los focos centrales fueron normas que tienen como objetivo la nacionalización de las empresas mineras y el fin de las concesiones, pese a que ya se había aprobado una iniciativa en ese sentido hace algunas semanas en la misma comisión. Una de las propuestas que pasó el filtro inicial de la comisión dice que el Estado “tendrá dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todos los bienes públicos que sean establecidos por ley y, en particular, de las aguas y minas (…)”. Respecto a las posibles indemnizaciones por las expropiaciones estatales, una de las iniciativas aprobadas dice que no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos sobre sustancias minerales y de hidrocarburos. También se especifica que será el contralor quien determine el monto a pagar a las empresas nacionalizadas de acuerdo a un conjunto de reglas que deberán ser fijadas por ley.
La protección de los bosques a través de la estatización de empresas en el rubro forestal también fue una temática recurrente entre las propuestas aprobadas por Medio Ambiente. Una de ellas plantea que los territorios donde se haya sustituido el bosque nativo por monocultivos y que sean terrenos ancestrales de pueblos originarios, deberán ser transferidos a título gratuito para su recuperación y protección.
En cuanto a territorio marítimo, se aprobó de manera unánime el reconocimiento del Estado del océano chileno “como una reserva natural de carbono y de la biodiversidad, conformada por conjuntos de ecosistemas marinos que regulan el clima del planeta”. Además, hubo varias iniciativas relacionadas con la pesca artesanal y una sobre el reconocimiento constitucional sobre los humedales. Sobre actividad marítima portuaria se rechazó que el Estado es el dueño absoluto, perpetuo e inalienable de toda la infraestructura portuaria. Sin embargo, se aprobaron otros artículos que buscan mayor regulación de la actividad portuaria con la inclusión de un plan estatal para su desarrollo.
Aunque te he dicho que no leo el futuro, me atrevo a pronosticar que estas propuestas no concitarán suficiente apoyo en el pleno.
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