El legado en Cultura de Sebastián Piñera

«Han sido cuatro años complejos para las políticas culturales, tanto por las coyunturas externas como por la falta de ambición del gobierno saliente en este ámbito. Claramente la cultura no fue una cartera prioritaria para esta administración».

En la expectativa frente al próximo gobierno de Gabriel Boric, es importante también recapitular. Se abre un nuevo ciclo, y a la vez otro se cierra. Es tiempo de preguntarnos: ¿qué pasó con las políticas culturales en estos cuatro años? En el Observatorio de Políticas Culturales estamos desarrollando un análisis detallado, del que me interesa mostrar a continuación sus conclusiones más relevantes.

Sin duda, fueron años difíciles para el sector cultural. Una revuelta popular paralizó el país y dejó muchos espacios culturales maltrechos. Enseguida, una pandemia que va a cumplir dos años trajo consigo medidas de aislamiento y distanciamiento social que hicieron imposible el desarrollo de la vida cultural como la conocíamos. Es de esperar que gran parte de los esfuerzos de un gobierno en estos contextos sea para paliar la crisis y enfrentar la emergencia, por lo que se hace difícil medir a la administración saliente con la misma vara que las que le antecedieron.

Desde 2018 hasta ahora tuvimos tres cabezas en la cartera de Cultura: Alejandra Pérez duró cinco meses en el cargo; Mauricio Rojas ejerció entre el 9 y el 13 de agosto de 2018; y la actual ministra es Consuelo Valdés. Sólo esta última contaba con experiencia previa en la gestión cultural. Sus dos antecesores provenían del área de las comunicaciones corporativas y la asesoría política y labor académica.

Para 2022 los recursos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap) representan el 0,4% del gasto público total, exactamente el mismo porcentaje que cuando el gobierno asumió el poder, hace cuatro años (en 2021, la cifra incluso disminuyó a 0,3%). Comparando la Ley de Presupuesto 2018 con la del año que comienza, vemos que los montos destinados al Mincap crecieron un 14,4% en todo el período.

Si miramos en retrospectiva, vemos que en sus respectivos períodos, y comparando el inicio y el final de sus mandatos, durante el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) los recursos públicos para Cultura aumentaron en un 1.158%; en el de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), un 87%; en el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) subieron un 88%; y durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) se llegó a un 103% de aumento. Sin duda fueron años en que la institucionalidad cultural y las políticas culturales se robustecieron. El primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) hizo crecer el presupuesto en un 22%; y el segundo gobierno de Bachelet (2014-2018), en un 30%. Es decir, la administración saliente nos deja el menor aumento presupuestario desde el retorno a la democracia. 

Lo anterior no debiera sorprendernos. En los últimos cuatro años hemos sido testigos de una constante confrontación entre trabajadores e instituciones culturales, por un lado, y autoridades públicas, por el otro, para que no se llevaran a cabo las rebajas presupuestarias que cada año proponía el Ejecutivo. Incluso en los momentos más oscuros para trabajadores y empresarios del sector, cuando la pandemia había provocado una disminución de más del cincuenta por ciento de los empleos «en actividades artísticas, de entretenimiento y recreativa» (INE, 2020) [1], el gobierno presentó un proyecto de presupuesto para el año 2021 que disminuía entre un 10% y un 15% los recursos de todas las instituciones culturales que recibían transferencias directas del Estado. Ya la propuesta de presupuesto para 2019 contemplaba una rebaja del 30% a un grupo de instituciones culturales emblemáticas (luego retirada). La partida que fue aprobada para 2022, en tanto, implica una disminución del 4,5% del presupuesto del Mincap respecto al año previo.

Así, el discreto aumento presupuestario en Cultura de estos cuatro años benefició principalmente a la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y las instituciones vinculadas a ésta, que aumentaron sus recursos en un 40% (destacan el Consejo de Monumentos Nacionales, que duplicó sus recursos, el alza de un 77% al programa de la propia Subsecretaría y el Servicio Nacional del Patrimonio con una subida del 28%). También las transferencias a instituciones patrimoniales subieron un 38%, a través de la creación de un Fondo concursable del Patrimonio. Sin embargo, la institucionalidad patrimonial también sufrió recortes importantes, sobre todo en programas: los del Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional y el Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial tuvieron una disminución cercana al 55% en sus recursos; y se observan recortes importantes en el Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas, la Red de Bibliotecas, el Fondo del Patrimonio creado a partir de la Ley 21.045, el programa de Fomento y Difusión del Arte y Culturas de Pueblos Indígenas y el Centro Nacional del Patrimonio Mundial.

La Subsecretaría de las Culturas y las Artes, por su parte, creció un tímido 2,9%. Aquí, prácticamente todas las instituciones que recibían transferencias directas vía Ley de Presupuesto tuvieron recortes cercanos al 5%. Otras rebajas que destacan son las Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural (-38%), los Conjuntos Artísticos Estables (-12%), el Plan Nacional de Fomento a la Lectura (-12%) y el Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (-10%). Sí crecieron los programas Red Cultura (24%) y el de Financiamiento de Infraestructura Cultural Pública (18%), y el Fondo de Fomento Audiovisual (23%).

En términos legislativos, la agenda cultural del segundo gobierno de Piñera fue poco ambiciosa, y aun así no logró cumplirla. Su programa contemplaba sólo dos medidas que implicaban ley: 1)modificar la Ley de Monumentos Nacionales; y 2)establecer una subvención y reconocimiento especial para las escuelas artísticas. Se avanzó en la primera medida a través de la presentación de una indicación sustitutiva al proyecto de Ley de Patrimonio Cultural que el propio Presidente Piñera había presentado en el 2019. La indicación ingresó en marzo de 2021 y aún no sale de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados donde ingresó en primera instancia, pese a las urgencias reiteradas que ha tratado de imponer el Ejecutivo. El nulo avance del proyecto tiene relación con las fuertes críticas que ha suscitado desde distintos sectores, siendo considerada una iniciativa sin legitimidad por los agentes y organizaciones patrimoniales, ya que no contempló un proceso de consulta indígena previo ni está respetando el proceso constituyente. Por lo tanto, al igual que como ocurrió con la iniciativa presentada por Sebastián Piñera al final de su primer gobierno [2], esta nueva Ley de Patrimonio no tiene muchas esperanzas de ver la luz. En cuanto al segundo compromiso legislativo de su programa, éste no ha mostrado ningún tipo de avance, lo que nos deja con un nivel de cumplimiento de solo el 41% en medidas legislativas. 

Entre 2018 y 2022, el Ejecutivo presentó otros tres proyectos de ley en materia cultural no contemplados en el programa de gobierno: la aprobación de un acuerdo de coproducción de películas con Alemania, que ya terminó su tramitación en el Congreso; una modificación a la Ley del Libro (19.227) para incorporar a ésta el libro electrónico; y una declaratoria de feriado el 24 de junio por el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, que también fue aprobado en su totalidad.

El programa de gobierno 2018-2022 también comprometía otras diecisiete medidas programáticas en materia cultural, a las que se sumaron dos nuevas en las cuentas públicas anuales del presidente Piñera. De ellas, cuatro fueron implementadas en su totalidad; ocho se encuentran en proceso de implementación y siete no presentan avance o este es muy escaso. Entre estas últimas se encuentran algunas propuestas emblemáticas de su gobierno, tales como el «Vale Cultura» y lo de conectar a los espacios culturales por fibra óptica. Respecto a las medidas que se encuentran en proceso, destacan el Plan Nacional de Patrimonio Cultural, la instalación del Mincap, la construcción de museos regionales y la simplificación del sistema de postulación a los Fondos de Cultura. Por último, las medidas que sí fueron implementadas son la creación de la plataforma Elige Cultura, la nueva Unidad de Derechos de Autor dentro del Mincap, las Becas Chile Crea y los Premios Regionales de Arte y Cultura. 

En definitiva, han sido cuatro años complejos para las políticas culturales, tanto por las coyunturas externas como por la falta de ambición del gobierno saliente en este ámbito. Claramente la cultura no fue una cartera prioritaria para esta administración, ni hubo disposición para continuar el camino de transformaciones iniciado con el segundo mandato de Bachelet. Incluso si creyéramos que el progreso es un camino único y constante, se podría hablar de retroceso: retroceso en el porcentaje que se destina a cultura dentro del gasto público general; retroceso en la implementación de una agenda legislativa ambiciosa para el sector; retroceso en la creación y puesta en marcha de programas que escapen a la lógica concursable; retroceso en el diálogo intersectorial y retroceso en la generación de confianzas con el sector organizado. 

Pero el camino hacia una democracia cultural y una sociedad de respeto a los derechos culturales no es lineal ni depende únicamente de los logros de un gobierno en cuatro años. Entre 2018 y 2022, Chile ha dado pasos de gigante en este sentido, y no ha sido gracias a la administración saliente sino al proceso constituyente. Esperemos que el próximo gobierno lo facilite y retome el camino de transformaciones que el campo cultural necesita.

REFERENCIAS: