Cartas: Las desigualdades del cambio climático

Desde el pasado lunes, los más de cien jefes de Estado están reunidos en la Conferencia de las Partes (COP), en Glasgow, bajo la promesa de pasar a la acción. «El tiempo de las sutilezas diplomáticas ya pasó», dijo el secretario general de la ONU hace unos días. La negociación es en extremo compleja por una simple razón: las desigualdades presentes en la discusión.

La alta disparidad de emisiones entre países es la primera fuente de desigualdad. Por ejemplo, mientras China y Estados Unidos son responsables de más del 40% de las 57.000 millones de toneladas de CO2 que se emiten anualmente, Chile aporta con un 0,25%. La segunda desigualdad es intergeneracional: las consecuencias del daño que estamos infringiendo hoy al planeta serán aún más intensas para las generaciones futuras.

Hay una tercera fuente de desigualdad que usualmente no recibe la misma atención que las dos primeras, pero que es igual o más relevante: no todas las personas contaminan de igual manera el planeta y no todas las personas están igualmente protegidas de los riesgos del cambio climático.

Por un lado, aquellas con mayor poder adquisitivo contaminan más. Los deciles de mayor ingreso usan más el auto privado que el transporte público; consumen más energía y utilizan, en general, una infraestructura más contaminante. En su libro Unsustainable Inequalities, el economista francés Lucas Chancel señala que, tanto en Francia como en India, el consumo energético del decil más rico es entre 4 y 5 veces mayor que el consumo del decil más pobre.

Por otro lado, la población más vulnerable es la que siente (y seguirá sintiendo) con más fuerza los efectos negativos del cambio climático. Son los pequeños agricultores y ganaderos los que han sufrido más con las prolongadas sequías; son las comunidades rurales las que ven mermado su acceso al agua potable; y son las familias con viviendas precarias y con menos acceso a servicios básicos las que están más expuestas ante desastres naturales como aluviones o marejadas.

La injusticia socioambiental, por lo tanto, es doble: los que más contaminan son típicamente los menos afectados por las consecuencias del cambio climático. La existencia de esta externalidad negativa —la contaminación afecta más a terceros que al que la produce— justifica su corrección a través de la política pública. Por lo tanto, debemos integrar la protección medioambiental como parte de nuestra política social y avanzar hacia una lógica complementaria para lograr ambos objetivos: (i) reducir la pobreza y desigualdad, y (ii) cuidar el medioambiente.

Deberíamos empujar, entonces, que la política social incluya en su focalización variables como los riesgos ante catástrofes climáticas, y el nivel de acceso a energía y agua. Junto con esto, profesionalizar la administración y propiedad de las comunidades de agua potable rural (APR); subsidiar el transporte público limpio (rebajar la tarifa un 50% podría financiarse aumentando el impuesto específico al diésel al doble y eliminando el reintegro); e implementar potentes planes de inversión pública con foco en proyectos «verdes». Todo esto, acompañado de políticas educativas y campañas de comunicación para impulsar un cambio cultural para que comprendamos que la naturaleza, su biodiversidad y los seres humanos, subsistimos gracias a nuestra relación de interdependencia.

Desde Horizontal hemos querido contribuir a este debate —a través de nuestras publicaciones «Por una Constitución Sustentable» y «Crisis Hídrica: panorama actual, oportunidades y desafíos para Chile»— y seguiremos haciéndolo activamente con la firme convicción de que Chile debe encontrar un justo equilibrio entre el desarrollo económico, social y el cuidado del medioambiente. Hoy, al alero de la redacción de una nueva Constitución, Chile tiene la oportunidad de situarse como un referente mundial en la lucha contra el cambio climático. Es de esperar que el mundo político considere las desigualdades aquí expuestas y genere las condiciones para que la política social de este nuevo ciclo cumpla el doble objetivo de reducir la pobreza y desigualdad, y cuidar el medio ambiente.