La educación alternativa como un derecho
08.10.2021
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08.10.2021
Aquellos padres, madres, educadores y sostenedores interesados en desarrollar metodologías de enseñanza, evaluación y promoción distintas a las del modelo tradicional deben poder hacerlo en las condiciones justas, defiende el autor de esta columna, experto en Educación. Sin embargo, hoy en Chile «las reglas del juego educativo guían a las escuelas a un mismo tipo de esquema», sin reconocimiento estatal ni subvención a quienes optan por otros modelos.
De cara al proceso constituyente en Chile, es importante advertir los conflictos entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Si bien el Estado ha cumplido su función de proporcionar financiamiento a establecimientos mediante la subvención escolar y otros recursos destinados a lo/as alumno/as, ha descuidado el derecho a la educación de quienes quisieran optar por Escuelas Alternativas (EA), aquellas en que la comunidad educativa en su totalidad deliberadamente desarrolla metodologías de enseñanza, evaluación y promoción distintas a las que priman en el modelo tradicional, pues consideran que otros caminos conseguirán mejores y distintos resultados en sus estudiantes, hijos e hijas. También consideran diferentes visiones de la relación del adulto con los estudiantes y concepciones de sujeto en la sociedad. Las escuelas Montessori y Waldorf están entre las más conocidas, pero pueden funcionar otras con diferentes sellos y objetivos.
Las EA que existen en Chile, por regla general son particulares pagadas; el Estado no las reconoce ni subvenciona a sus estudiantes, por lo que buena parte de la población no podría acceder a ellas si así lo quisiera. Además, estudiantes que asisten a estas escuelas privadas, deben rendir exámenes libres a fin de año para validar sus estudios y ser promovidos de grado. No existe un registro oficial de cuántas EA funcionan hoy en nuestro país; aunque en la web aparecen una docena de escuelas Waldorf y sesenta Montessori, principalmente concentradas en la Región Metropolitana.
Quienes prefieren una educación en la que convivan elementos tales como un currículum diferente al mínimo obligatorio, proyectos acorde a los intereses de estudiantes, más tiempo de dedicación a oficios y talleres prácticos, y estimulación de la exploración y descubrimiento guiado a ritmo propio del niño o niña ―haciéndolos protagonistas de su aprendizaje y dejando al profesor como mediador― ven hoy bastante reducidas sus opciones de escoger libremente establecimientos educativos. Del mismo modo, los sostenedores dispuestos a una oferta en que, por ejemplo, los estudiantes asistan sin uniformes, en los grupos haya un criterio de separación distinto a la edad; o bien en la que el juego, la actividad física, artes y música tengan la misma relevancia que matemáticas y lenguaje en los primeros años, ven hoy dificultado mantener una organización subvencionada sustentable y sin fines de lucro.
Entre las razones principales que obstruyen el levantamiento y mantención de EA subvencionadas se encuentra que las condiciones exigidas no incluyen verdaderamente a comunidades que decidan desarrollar estrategias distintas a las que priman en la escolaridad tradicional, pues serían medidas con la misma vara que escuelas regulares. El SIMCE y la clasificación en categorías de desempeño a partir de los resultados son claros ejemplos de tales obstrucciones, pues no deberían influir en la autonomía para gestionar recursos ni arriesgar el reconocimiento oficial; menos aún, considerando la evidencia que relaciona los resultados de esta prueba con el nivel socioeconómico de los estudiantes. Es más: en escuelas regulares, el SIMCE ya genera un fenómeno conocido como «estrechamiento curricular»[1], cuya existencia y consiguiente presión sobre las EA sería aún más difícil de sobrellevar. En otras palabras, las reglas del juego educativo guían a las escuelas a un mismo tipo de educación, y niegan el ejercicio del derecho a la misma para quienes desean otras metodologías.
¿Cómo podría, entonces, evaluarse y asegurarse la calidad de estos proyectos si llegan a recibir subvención con recursos públicos? Generando nuevos estándares para la enseñanza, evaluación y promoción que realmente los incluyan, y así darles la posibilidad de sustentarse y funcionar con tranquilidad mientras cumplan con la legislación en materia de financiamiento y niveles de calidad educativa. Estándares que perfectamente podrían ser orientados, revisados e incluso visados bajo la normativa actual, por la Agencia de Calidad y el Consejo Nacional de Educación. Luego, su efectividad sería fiscalizada por la Superintendencia, de tal manera que realmente se asegure el derecho a educación de calidad a quienes se matriculen en estos establecimientos.
Incluso, si se contara con proyectos alternativos gratuitos en varias comunas, el vigente Sistema de Admisión Escolar (SAE) podría levantar señales de verdadero interés (o no) por parte de la población, información que además serviría de insumo para evaluar la magnitud del conflicto descrito sobre el derecho a la educación y elección de las familias por este tipo de escuelas.
La ley de inclusión escolar promulgada el año 2015 incluye modificaciones a la Ley General de Educación (LGE) que establecen que se debe promover y respetar la diversidad de proyectos educativos institucionales. Incorpora explícitamente conceptos como ‘diversidad’ y ‘flexibilidad’, señalando que, «el sistema debe permitir la adecuación del proceso [educativo] a la diversidad de realidades, asegurando la libertad de enseñanza y la posibilidad de existencia de proyectos educativos institucionales diversos» (Ley 20.845, 2015). Solo para dar cumplimiento a lo anterior, es necesario revisar el modelo de financiamiento, obtención de reconocimiento oficial y condiciones para mantener la subvención según lo presentado en párrafos anteriores.
En lo pedagógico, la incorporación del diseño universal de aprendizajes (DUA) puede leerse como una señal positiva de acercamiento, al reconocer la necesidad de diversificar las prácticas de aula y poner el foco en los aprendizajes por sobre estilos de enseñanza. Se han visto innovaciones como redes de tutoría, juegos de roles para la enseñanza, aplicación de evaluación auténtica, aprendizaje basado en proyectos, y un proyecto de ley que elimina las calificaciones de primero a cuarto básico, por mencionar algunas, perfectamente aplicables en EA. En el ámbito particular de la educación pública, incluirlas en los servicios locales puede ser una oportunidad de relevar el rol de las escuelas públicas como garantes del derecho a la educación y su enfoque de atención a la diversidad.
Si bien es lógico que un aumento de Escuelas Alternativas y el acceso a éstas no va a solucionar todos los problemas que afectan a nuestro modelo educativo, no deja de ser importante considerar la problemática en relación al derecho a la educación, libertad de las familias para elegir y existencia de diversidad de proyectos. Es necesario abrirse a esta diversidad en colegios subvencionados públicos y privados, para que todos y todas quienes deseen optar por educación distinta a la tradicional, seria y de calidad, también puedan ejercer su derecho a la educación y libertad de elegir escuelas.