Emergencia climática, aluviones y Alto Maipo: alerta roja para la nueva Constitución Chilena
12.02.2021
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12.02.2021
El pasado frente de mal tiempo dejó 1.300 familias aisladas, más de 32 mil viviendas sin energía eléctrica y al menos 50 casas con algún tipo de desperfecto, producto de los aluviones y de las inundaciones registradas en la zona precordillerana de la Región Metropolitana. Al respecto, el Ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno, señaló lo siguiente: “Todo esto proviene en realidad del cambio climático. Hay que estar preparados, ya no podemos mirar hacia atrás. Hay que mirar hacia adelante, dado que tendremos eventos de clima mucho más duros”.
Lo que indica el Ministro Moreno coincide, efectivamente, con expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, cuando advierten: “La crisis climática está produciendo desafíos acelerados, progresivos e impredecibles a nivel global”. Vale decir, cambios en el clima y en el aumento de la temperatura alterarán los sistemas naturales. Sin embargo, aunque Chile cuenta con una ambiciosa agenda nacional contra la crisis climática, se torna urgente revisar las decisiones y acciones del pasado, en esta materia, para entender qué factores estarían amplificando el impacto de inusuales sistemas frontales veraniegos – no vistos en Chile desde el año 1911– como los acontecidos en las localidades de San Alfonso y Malloa.
Muchos coinciden en que la emergencia climática se posiciona como la mayor amenaza para la biodiversidad del país, afectando profundamente derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida y el acceso a alimentación, a la salud, vivienda y el derecho al agua, recientemente cotizado en la bolsa de Wall Street en Nueva York, bajo una lógica de mercado incomprensible por parte de inversionistas especuladores. A la vez, los sistemas naturales también se ven afectados y muchas organizaciones internacionales coinciden en que es necesario que se realice una fuerte y temprana inversión en acciones de adaptación y mitigación basadas en el desarrollo sostenible, como lo han propuesto, por ejemplo, las Naciones Unidas, a través de la “Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030” (ONU, 2020) y la agenda de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Sin embargo, dichas medidas y agendas tanto a nivel global como local requieren reconsideraciones críticas y radicales sobre cómo los sistemas socioeconómicos (actuales y pasados) contribuyeron o fueron la base que cimentó este escenario, debido a que los eventos ambientales extremos y adversos pueden explicarse en gran medida como resultado del capitalismo, la acumulación de riqueza y los procesos específicos de neoliberalización (Harvey, 2005).
En este sentido, un ejemplo que viene a representar cómo decisiones pasadas se hacen presente en la intensificación de los efectos del cambio climático en Chile, es Alto Maipo; un proyecto llevado a cabo por la transnacional AES Gener S.A. (perteneciente a la estadounidense AES Corporation) y cuya inversión es cercana a los US$ 1.000 millones. El proyecto Alto Maipo, que comienza a implementarse en diferentes ríos del sector cordillerano de El Volcán y termina en el sector de Las Lajas en la ribera norte del río Maipo, implicó la construcción de una mega central hidroeléctrica con un sistema de túneles de más de 70 kilómetros, el cual, según la asesora técnica y vocera de la Red Metropolitana No Alto Maipo, María Jesús Martínez “no ha hecho más que agudizar todos los efectos del cambio climático en el territorio y sector de San José de Maipo, cambiando el curso natural de las aguas provocando y agudizando la desertificación, interviniendo la zona alta de los glaciares con el túnel bajo ellos”.
Controversialmente, la ribera norte del río Maipo, la más afectada por este frente de mal tiempo, es precisamente el área donde se expande y tiene presencia el proyecto Alto Maipo. En esta misma zona, es en donde se verifican, además, tronaduras las 24 horas del día lo que redunda en inestabilidad en los suelos y laderas de los cerros. Lo anterior, nos hace reflexionar sobre la pertinencia de mirar solamente hacia el futuro en relación a las políticas socioambientales y derechos del agua. En consecuencia, ¿no deberíamos, a diferencia de lo que propone el Ministro Moreno, reevaluar decisiones pasadas sobre el código de aguas en nuestro país? (políticas que, por cierto, nos rigen desde tiempos de Pinochet y consagran el agua como objeto del mercado que puede ser vendido, rentado y enajenado de cualquier manera, como ocurre con Alto Maipo; ¿no será necesario también evaluar dictámenes pasados e ir más allá considerando los derechos de la naturaleza, a nivel Constitucional?
Constituciones de países como Bolivia, Ecuador y Colombia ya incluyen el reconocimiento bioético a derechos de conservación y protección integral de los sistemas naturales como el derecho a la restauración; precaución de extinción de especies; la no introducción de organismos genéticamente modificados; y la no apropiación de servicios ambientales. Considerando que el pasado 25 de octubre de 2020 los chilenos y chilenas decidieron redactar una nueva Constitución, tenemos una oportunidad única de avanzar en un cambio ontológico con miras a un nuevo paradigma, respecto a cómo entendemos la relación humano-naturaleza y cómo consideramos a nivel constitucional, legal y a nivel jurisprudencial los derechos de la naturaleza, otorgándole, por ejemplo, personalidad jurídica propia y reconociendo -como ya lo hicieron países vecinos- a la naturaleza como sujeto de derecho.
Como lo ha anticipado el Movimiento por la Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (MODATIMA), el impacto de este tipo de fenómenos en Chile continuará ocurriendo y sin ninguna medida de mitigación el resultado será devastador, dado que el país cumple con la mayoría de los nueve criterios de vulnerabilidad establecidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: zonas costeras bajas; zonas áridas y semiáridas; áreas forestales; territorio susceptible a desastres naturales; zonas propensas a la sequía y la desertificación; áreas urbanas con problemas de contaminación del aire; y ecosistemas montañosos. En consecuencia, Chile tendrá que lidiar con importantes implicaciones para la generación de electricidad, el suministro de agua, la agricultura y salud pública. Sin embargo, quedó demostrado con el caso del proyecto Alto Maipo queda en evidencia que no basta con mirar solo hacia adelante. Por lo contrario, es necesario y urgente mirar hacia atrás. De lo contrario, nuestro país continuará en alerta roja.