Corte Penal Internacional, ¿justicia para Palestina?

En medio de la Pandemia que en estos días azota al mundo, surge una noticia de esperanza para la paz y la justicia.

La Corte Penal Internacional (CPI) tendría jurisdicción para perseguir Crímenes de Guerra de Israel en contra de los palestinos. Con ello se abre una nueva arista entre la desesperanza, el sufrimiento y despojo que se ha perpetuado por más de setenta años.

Ciertamente en algún tiempo indefinido, tres jueces deberán ratificar o rechazar esta potestad de la CPI. Los jueces del tribunal ante los cuales recae esta responsabilidad son Péter Kovács de Hungría, Marc Perrin de Francia y Reine Adélaide de Benin. Ellos muy posiblemente estén soportando la presión de actores interesados en no innovar y mantener el statu quo.

Por parte de los palestinos, quienes de tanto esperar justicia y sufrir la ocupación, les cuesta pensar que en el régimen internacional de protección de los derechos humanos se haya incluido a los palestinos como parte del género humano, ya que siempre son una excepción.

Israel no sostiene que las acusaciones sean falsas, pues no tendría como hacerlo. Su fundamento jurídico se ampara en que la CPI no tiene jurisdicción frente a un Estado Palestino con carácter de observador, por lo que las competencias exclusivas serían para la potencia ocupante de aquellos territorios. En definitiva, Israel argumenta que los palestinos no tendrían soberanía para solicitar que la corte investigue delitos de lesa humanidad.

El sionismo debe estar movilizando sus influencias para convencer o condicionar a los jueces para que no se inmiscuyan en los asuntos internos de Israel, Estado que desde hace décadas ha conseguido neutralizar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, especialmente a través del veto de Estados Unidos. Con ello, ha mantenido invariable la construcción de su Estado Nación por medio del desplazamiento de la población autóctona y ampliación de la colonización del territorio ocupado. Recordemos que, desde los Acuerdos de Oslo a la fecha (1993), se han implantado más de 600 mil colonos en territorio ocupado, además de desplazar y expulsar a cientos de miles de palestinos.

En definitiva, Israel se siente impune para seguir aplicando sus razones de Estado. Si el sistema penal internacional renuncia a su función de impartir justicia por razones formales, la esperanza en un juicio que recobre la legitimidad del imperio del derecho, releve al sistema internacional y, sobre todo, nos permita renovar la credibilidad en las instituciones, se convertirá en una pesadilla de post verdad, y acelerará el fin de la protección efectiva de la dignidad humana.

En consecuencia, cuando los líderes mundiales parecieran que no comprenden qué sucede con los ciudadanos que no respetan su autoridad, podrían reflexionar acerca de cómo se legitima ella. Esta no se funda únicamente en la obtención legítima de un cargo que habilita un mandato ante una nación o institución interestatal, sino que ella muy posiblemente se respetará y reconocerá como tal en su ejercicio, el cual debe guiarse en atención a los compromisos con ciertos principios y valores básicos de humanidad, en la decencia de sus actos y en el respeto a los acuerdos, y, sobre todo, discernir y actuar en justicia.

Los actos de Estado en contra de los hombres y mujeres en Palestina no son un contencioso por asuntos administrativos o civiles, son por asuntos tipificados en el derecho internacional como Crímenes de Guerra o de Lesa Humanidad. Será posible que ello sea sólo de interés para quienes padecen estos ilícitos. ¿Estaremos en presencia del fin del respeto por los derechos humanos, o tal vez los líderes actuales prefieran cautelar sus intereses?

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