El plebiscito y la desconfianza social

Una detallada revisión de cómo se instaló en la prensa la idea de posponer el plebiscito lleva al autor de esta columna, el politólogo Claudio Fuentes, a poner una alerta sobre las verdaderas intenciones de esta medida. No solo porque está asentada la desconfianza en la elite política y económica chilena, sorprendida en reiteradas ilegalidades; sino porque esta idea es impulsada por los partidarios del rechazo. “Si el mensajero de la eventual postergación pertenece al grupo que defiende la continuidad de la Constitución, si los criterios que las autoridades plantean para resolver el asunto son contradictorios (crisis económica vs. crisis sanitaria), y si la autoridad plantea resolver el tema anticipadamente, resulta lógico que surja la sospecha sobre las verdaderas intenciones de este debate público”, escribe.

Vivimos en la sociedad de la desconfianza. Pero esta desconfianza no encuentra su fundamento en una transformación cultural o una nueva subjetividad social más individualista, sino que en prácticas muy concretas que han ido socavando las bases de nuestras interacciones sociales. Partimos con los escándalos de las colusiones de grandes empresas, siguieron los abusos de representantes de la Iglesia Católica,  luego vinieron los escándalos de financiamiento ilegal de campañas políticas, continuamos con escándalos de corrupción en Carabineros y el Ejército. Suma y sigue.

Las élites, los actores espirituales, políticos y económicos han defraudado las expectativas ciudadanas. Nadie les cree.

Y entonces, cuando se abre la discusión sobre un eventual aplazamiento del plebiscito, reemerge esta sensación de desazón, de desconfianza, de duda metódica respecto de cualquier cosa que anuncie la autoridad.

Analicemos los principales hechos.

12 de abril.  El Presidente Piñera plantea en entrevista a El Mercurio que “yo espero que hacia octubre de este año, Chile esté en una situación que permita un plebiscito”.

15 de abril. El Diario Financiero publica una nota periodística donde a una gama de analistas se les consulta sobre la conveniencia o no de postergar (nuevamente) el plebiscito de octubre.  ¿Por qué se publica la nota? Porque, de acuerdo a la interpretación de la periodista, el presidente Piñera en la entrevista recién citada habría deslizado la idea que no existe total certeza que el referendo se llegara a concretar.

Se sostiene en la nota un eventual aplazamiento era “algo que de manera privado ya han planteado desde algunos sectores del oficialismo”.

La diputada Sofía Cid (RN) planteaba allí que con la crisis sanitaria ya nadie pensaba en el plebiscito y que “en los hecho se ha demostrado que con la Constitución que tenemos no hay problema para avanzar en materia legislativa”.

24 de abril. Reaparece el ex ministro Andrés Chadwick en un foro organizado por Libertad y Desarrollo. Recordemos que Chadwick es parte del corazón de la UDI y que en torno a Libertad y Desarrollo se ha articulado un grupo que busca defender los principios fundantes de la Constitución de 1980. El foro, que era reservado, fue dado a conocer a través de La Tercera PM ese mismo día. El ex ministro planteó que existía “una probabilidad cierta que en esa fecha [25 de octubre] no podamos tener plebiscito”. Sostuvo que parecía un tema tabú, pero “todos saben que esta probabilidad existe, pero como que nadie se atreve a hablar del tema, porque se puede pensar que uno no quiere, y no. Si lo que uno quiere es que ante la eventualidad cierta que sea imposible (hacer un plebiscito) que exista un Plan B conversado con anticipación”.

La última parte de sus declaraciones parecían razonables. De continuar la pandemia en agosto o septiembre en los niveles que hoy enfrenta el país, nadie en su sano juicio querría hacer el plebiscito.

La desconfianza se instalaba en otra parte.

Primero, el ex ministro hablaba de una “probabilidad cierta” de su postergación, cuando nadie en realidad sabe la evolución que tendrá la pandemia y cuando el propio gobierno estaba iniciando una campaña por el retorno seguro.

Segundo, el debate sobre esta cuestión la instalaba un emblemático actor de la UDI y desde la institución que se estaba organizando para defender la opción “rechazo”.

Tercero, el tema se colocaba en agenda ahora y no en dos o tres meses más que es cuando correspondía evaluar la procedencia del plebiscito.

26 de abril. Se publica en La Tercera una entrevista al ministro del Interior. Interrogado sobre si existían condiciones para realizar el plebiscito, sostuvo que el calendario constitucional se encontraba vigente y que “en su minuto debemos evaluarlo, conversar públicamente en función de la realidad sanitaria y lo primero, insisto, es cuidar la vida y la salud de las personas”.

26 de abril. El mismo día, se da a conocer la entrevista al Presidente Piñera y en la que indica que “yo pienso, y estamos especulando, de que quizás la recesión económica va a ser tan grande, va a poner tantos desafíos a todos los países, incluido Chile, que este es un tema que quizás se va a volver a discutir”.

27 de abril. El ministro de Salud Jaime Mañalich sostiene que la decisión va a depender “enormemente de las circunstancias epidemiológicas en ese momento y sobre todo, cuál sea la percepción de la gente respecto de la pandemia (…). Estas decisiones requieren consenso, requieren diálogo y algunas de ellas se tienen que tomar a más tardar en un mes más porque después se gatilla el proceso de propaganda e información”.

De izquierda a derecha: Jaime Mañalich, Sebastián Piñera y Arturo Zúñiga.

Llama la atención la diferencia de criterios para definir una eventual postergación por parte de la autoridad política. Mientras el presidente Piñera basa su argumentación en razones económicas, sus ministros lo hacen en base a criterios sanitarios.

Resulta sorprendente, en realidad, que se establezca como criterio una crisis económica como elemento explicativo de una eventual postergación. ¿Cuáles serían los indicadores económicos que harían factible la realización de un plebiscito? ¿Tasa de pobreza o desempleo menor de dos dígitos? ¿Índice de crecimiento económico positivos? ¿Bajo qué parámetro se justificaría una eventual postergación?

Pero, además, llama también la atención el interés del ministro Mañalich de zanjar el tema al 28 de mayo, en un mes más, cuando en realidad la fecha relevante será el 26 de agosto, en cuatro meses más,  que es el momento de inicio de las campañas electorales.

¿Por qué las autoridades quieren resolver el tema antes del 28 de mayo si perfectamente se podría evaluar la situación sanitaria hacia fines de julio?

Si en menos de una semana se produjo un acuerdo político para realizar la primera modificación del plebiscito, ¿por qué el interés de las autoridades de resolver el tema con tanta celeridad?

30 DE OCTUBRE DE 2019/VALPARAISO
Marcha pacifica por las calles de Valparaiso.
FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Si el mensajero de la eventual postergación pertenece al grupo que defiende la continuidad de la Constitución, si los criterios que las autoridades plantean para resolver el asunto son contradictorios (crisis económica vs. crisis sanitaria), y si la autoridad plantea resolver el tema anticipadamente dentro del próximo mes, resulta lógico que surja la sospecha sobre las verdaderas intenciones de este debate público.

Lo que sí pareciera razonable es mantenerse atento a los indicadores de la pandemia para generar condiciones para un plebiscito seguro.

Si las condiciones sanitarias permiten que se lleve a cabo, debiesen establecerse protocolos para un adecuado funcionamiento de este acto electoral lo que incluye ampliar el número de mesas, permitir que personas en edad de riesgo se excluyan como vocales, asegurar un distanciamiento social el día del referendo, y generar condiciones de higiene adecuadas para que toda la población pueda concurrir de modo seguro.

No cabe duda que tarde o temprano la salud de la democracia también se pondrá a prueba en Chile y se hará a través de un procedimiento democrático e institucionalizado.  Aquello abrirá un fructífero espacio para debatir sobre el modo en que queremos convivir y relacionarnos como sociedad. Qué mejor momento que en una circunstancia donde precisamente se problematiza el rol del Estado, del mercado, los poderes presidenciales, y la cuestión de los derechos sociales.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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