Economía y comunidad política en tiempos de pandemia

El coronavirus llegará a su peak en dos o tres semanas, dicen los expertos. En el corto plazo parece que nada evitará que muchos chilenos y chilenas mueran y que el resto sufra duras condiciones económicas. En esta columna los autores advierten que pueden haber efectos también en nuestra convivencia democrática, generando una crisis más grave de que la que vivimos el 18/O. Para evitar eso, se necesita “una política económica que asegure el bienestar de todas y todos”. Las políticas que se tomen hoy, “determinarán las opciones que tengamos mañana” y serán claves para “evitar la destrucción de nuestra comunidad política”.

“Los economistas se plantean una tarea demasiado fácil,

y demasiado inútil, si en cada tormenta lo único que nos dicen

es que cuando pase el temporal el océano otra vez estará tranquilo.”

John Maynard Keynes,

Breve tratado sobre la reforma monetaria, 1923.

La pandemia que nos golpea es un duro reto para la humanidad. Salvar la mayor cantidad de vidas posibles es el objetivo que debe ordenar todo debate de política pública en el presente inmediato. En consecuencia, la política económica tiene que generar las condiciones materiales para que la población pueda vivir razonablemente bien durante esta crisis y que la sociedad cuente con los medios materiales para afrontar las labores sanitarias. En este gran desafío (como en toda crisis sistémica), es principalmente el Estado quien tiene la capacidad organizativa, la logística y escala necesaria para conducir el proceso al ritmo que hoy necesitamos.

Reconocer lo anterior es únicamente el primer paso. El siguiente es preguntarnos qué medidas económicas corresponde tomar en esta crisis. Consideramos un ejercicio clave dividir los escenarios posibles en tres momentos: dos que suceden durante la crisis y uno en la post crisis. Como se verá más adelante, las políticas que son pertinentes en el primer momento de la crisis, pueden dejar de serlo en el siguiente.

Un primer momento, en el que estamos actualmente, se caracteriza por una reducción parcial de las tareas productivas y la existencia de stocks relevantes de bienes. En este estado de las cosas, la política económica debe entregar cuantiosos subsidios a las personas, para que la imposibilidad de trabajar no redunde en que éstas no puedan acceder a bienes y servicios de primera necesidad. La ayuda debe ser a prácticamente toda la población, dejando sólo fuera a personas de mayor riqueza y a quienes no vean alterados sus fuentes de ingreso.

Aquellas medidas tienen un objetivo inmediato: dar una clara señal de tranquilidad a la población. Únicamente así el mensaje del Estado será coherente: pidiendo a los ciudadanos que se queden en sus casas y generando las condiciones para que ello no ponga en riesgo su subsistencia material. La ayuda, a su vez, debe también ir a las empresas, toda vez que su quiebra masiva es una pérdida social relevante y haría más lenta la recuperación post crisis. Ahora bien, dicho salvataje al capital no puede repetir los errores de lo sucedido durante la crisis del 2008, donde países desarrollados inyectaron gigantes cantidades de recursos públicos para salvar al sector financiero, sin requisitos ni exigencias públicas. En el caso de las empresas de mayor tamaño y productividad, es de toda lógica que aquel rescate financiero implique una participación del Estado en la propiedad.

Esto último se justifica no solo por ser una dinámica común en las economías capitalistas que el aporte financiero de privados a empresas redunde en participación accionarial, sino porque permitirá mayor control público de la inversión para, resuelta esta coyuntura, tener la base institucional para replantear el actual patrón de desarrollo guiado-por-grandes-empresas hacia uno con mayor orientación pública.

Este “momento” de reducción parcial (gracias a la estratégica intervención pública) de tareas productivas será el primero y el último si la crisis sanitaria tiene una duración acotada, a saber, en un plazo de pocos meses el mundo científico encuentra una solución que permite que el grueso de la población pueda trabajar sin poner en riesgo su salud. Una vez terminada la crisis, es recomendable que todo este gran esfuerzo fiscal sea solventado no vía medidas de austeridad, sino a través de un alza de impuesto progresivo, por un tiempo acotado (dada la naturaleza “no permanente” del gasto incurrido). Dada su eficiencia y progresividad, una alternativa atractiva es un impuesto “de una vez” y sustantivo al patrimonio de las personas más ricas.

A diferencia del primero, un eventual segundo momento se caracteriza por una merma general de las tareas productivas, un drástico decaimiento del comercio internacional y la reducción significativa de los stocks. En otras palabras, una crisis generalizada de oferta. En ese severo contexto de escasez, a diferencia del momento anterior, el inyectar liquidez no solucionará nada, todo lo contrario: sólo hará que los pocos bienes que circulen en la economía se consuman rápidamente (o que los precios suban hasta que sólo las personas de más ingresos puedan solventar los gastos). Así, la tarea principal será cómo organizar la producción para que las pocas trabajadoras y trabajadores que se puedan desplazar dadas las restricciones de la política sanitaria, se enfoquen en producir los bienes y servicios de primera necesidad para el conjunto de la sociedad, así como los insumos que se requieran para afrontar las tareas sanitarias. A su vez, un segundo problema será cómo distribuir lo poco que se produce de una forma igualitaria, de modo de cuidar a toda la población y que no se genere un caos social que no sólo ponga en jaque la política sanitaria, sino que conlleve a desesperación, la proliferación de conductas anti sociales y violencia generalizada.

Es muy probable que el sistema de precios y la asignación focalizada de subsidios sean políticas ineficientes para estos efectos, ya que los sectores de mayor riqueza o cuyos ingresos no se vean alterados durante la crisis, tendrán suficiente capacidad de compra para quedarse con el grueso de la mermada producción, dejando al resto de la población sin los bienes para subsistir. Solucionar lo anterior vía cuotas máximas de compra o fuertes impuestos a tales grupos parecen técnica y políticamente inviable en la actualidad. Así, además de no tener la fuerza para reactivar la producción, el sistema de precios profundizaría aún más la escasez para la mayoría de la población. El resultado de aquello no solo sería socialmente draconiano, sino que profundizaría desigualdades de largo plazo insostenibles.

Por lo ya señalado, la política económica más adecuada en tal escenario será que, mientras dure la escasez extrema, el Estado (incluyendo municipios) organice directamente la distribución de lo producido de una forma que permita que todas y todos tengan lo necesario para subsistir. Por último, será necesario que el Estado logre de alguna manera concentrar el grueso de las pocas divisas que se generen en el período, con el fin de poder comprar en el extranjero los insumos o bienes necesarios para llevar a cabo este complejo y extremo plan.  En esto Keynes nos da luces importantes: para que las crisis no se lleven consigo las instituciones políticas de la república, es el Estado el que puede conducir fuerzas económicas que, de otra forma, no tendrían cómo asegurar la base material para salvaguardar las instituciones políticas claves de la vida moderna.

Aquello nos abre al tercer momento, el posterior a la crisis. En la medida que el mundo científico encuentre una vacuna o un tratamiento que disminuya sustantivamente la mortalidad del coronavirus, permitiendo que ya no sean necesarias las medidas de distanciamiento social, es muy probable que la economía se recupere con rapidez, sobre todo si como sociedad logramos evitar quiebras masivas y los escenarios de desintegración social ya descritos. Sin embargo, y he aquí un punto clave, las políticas que se tomen en los momentos presentes, moldeará las características del tercer momento. Qué se haga hoy determinará las opciones que tengamos mañana.

De esta forma, una política económica que, incluso en el momento más álgido de la crisis, asegure el bienestar de todas y todos es clave para evitar la destrucción de nuestra comunidad política. En otros términos, para que una crisis sanitaria no redunde en una crisis institucional y política de mucho mayor envergadura que la que hemos vivido desde octubre del año pasado. Evitar lo anterior requiere una rápida y estratégica política estatal que no sólo pueda impedir la profundización de la crisis, sino que construya las bases para replantear el modelo actual guiado por la gran empresa a uno con activa presencia pública. Así, salir unidos y cohesionados de este escenario puede ser un excelente punto de partida para que, al terminar esta crisis, podamos pensar un nuevo contrato social que permita una sociedad más igualitaria, con una distribución más equitativa del poder, innovadora y socialmente cohesionada.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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