COLUMNA DE OPINIÓN
Perspectiva para una agenda educacional extraviada
27.02.2020
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COLUMNA DE OPINIÓN
27.02.2020
El autor despliega un sombrío balance sobre la gestión educacional del gobierno, pero estima que este año la educación estará en un lugar protagónico y tendremos la oportunidad de pensar políticas para los próximos años y décadas.
Nota de transparencia: el autor de esta columna fue jefe de de la División de Educación General del Ministerio de Educación de Chile durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
El inicio de un nuevo año escolar es momento pertinente para analizar el estado general del debate educacional, los cambios que el sector está experimentando y los ejes principales de una agenda de política que, por distintas razones, volverá a ser prioritaria este 2020.
Partamos por hacer un balance del momento actual y los dos primeros años del gobierno del presidente Piñera. Lo primero que debiéramos reconocer en este plano es que, a pesar de la promesa del programa de gobierno (“poner el foco en la calidad”), en lo que va de este período no se ha iniciado ni propuesto ninguna reforma ni proceso educacional a gran escala que permita evaluar favorablemente dicha promesa.
La agenda legislativa del gobierno ha sido pobre, el aumento de la inversión educacional se estancó y no hay sobre la mesa proposiciones sustantivas para afectar las variables clave que sabemos fortalecen el proceso educativo. La oposición ha hecho bien su trabajo en al menos evitar que el sistema escolar retroceda en materia de inclusión (ej: rechazo a la ley que debilitaba el sistema de admisión escolar y reintroducía la selección) o se profundice la mercantilización que tanto efecto nocivo ha tenido en materia de calidad y equidad (ej: subvenciones ahora para la educación inicial). Algunas de las leyes que sí se han aprobado, como “Aula Segura”, han demostrado su ineficacia.
Este nulo avance legislativo ha convivido con una implementación de baja intensidad y calidad de las reformas aprobadas en el gobierno anterior. La incomodidad de una coalición que ha tenido que ejecutar una agenda que no hubiera sido nunca la suya, ha sido evidente y ha tenido costos en el despliegue de leyes como la Nueva Educación Pública, Inclusión y Sistema de Desarrollo Docente, todas con problemas de implementación. Algo muy parecido ha ocurrido con los cambios a la educación superior.
Por su parte, el trabajo regular del Ministerio de Educación tampoco ha obtenido una nota alta, pues han primado en estos dos años los cambios de énfasis permanentes, el lanzamiento improvisado de programas de dudoso pronóstico y una falta de orientación general que el sistema educativo ha resentido. Temas cruciales han tenido poca prioridad y visibilidad. Un botón de muestra: los programas de estudio para el significativo cambio curricular que este año comienza a ejecutarse en 3ero y 4to medio (probablemente el cambio propiamente educativo más relevante de este período) acaban de conocerse en febrero, semanas antes de iniciar las clases.
La educación ha sido espacio de controversia permanente debido a la estrategia explícita de la Ministra Cubillos y el gobierno por hacer de esta cartera un espacio de trinchera y búsqueda de efectos de cortísimo plazo más que de diálogo y construcción de políticas de estado.
Casi contradictoriamente, todo lo anterior ocurre en un escenario donde la educación ha sido, al mismo tiempo, espacio de controversia permanente debido a la estrategia explícita de la Ministra Cubillos y el gobierno por hacer de esta cartera un espacio de trinchera y búsqueda de efectos de cortísimo plazo más que de diálogo y construcción de políticas de estado. Al contrario de lo que muchos creímos, esto no cambió e incluso se intensificó después del 18 de octubre. Las autoridades han invertido la mayor parte del tiempo y energía en cuestiones de alto impacto comunicacional y bajo efecto educacional, como acusar el supuesto adoctrinamiento político que realizarían los profesores, criticar el sistema de admisión escolar utilizando información parcial sobre sus resultados o utilizar una y otra vez el caso del Instituto Nacional para potenciar una agenda basada en el castigo en la educación general.
Fruto de estas decisiones, el gobierno perdió la oportunidad de plantear propuestas clave en momentos oportunos (como ocurrió recientemente con la PSU o hace algunos meses con los resultados de la prueba PISA), debilitó la institucionalidad del sistema educacional (que ofrece muchas más variantes que las que se han usado fruto del personalismo con el que se ha conducido esta área de gobierno) y el Ministerio de Educación, de forma inédita, perdió casi completamente su capacidad de diálogo, intercambio y construcción con el mundo educacional.
Hasta acá el balance es sombrío. Hoy tenemos básicamente un sistema educacional sin dirección ni estrategia de futuro. Y dos años prácticamente perdidos. Pero el año 2020 representa una oportunidad única para volver a centrar el debate educacional en lo que importa. Primero, porque se iniciará la discusión de fondo en torno a la nueva constitución, donde la educación ocupará un lugar protagónico. Segundo, porque este mismo proceso constituyente, junto a los primeros pasos de cara a una nueva elección presidencial, obligarán a los distintos actores y sectores a pensar en serio la trayectoria de política educacional para los próximos años y décadas.
Respecto al debate constitucional, será el 2020 el año donde se sentarán las bases de esta discusión, que luego deberá extenderse en la Convención Constitucional. Crucial será consensuar el contenido específico que tendrá en nuestro país el derecho a la educación, establecer un marco normativo que haga posible el fortalecimiento de la educación pública y recuperar la posibilidad de contar con un proyecto educativo nacional de largo plazo. Este debate, por cierto, no debiera circunscribirse únicamente a los constituyentes (donde es de esperar hayan varios representantes del mundo de la educación), sino que el sistema educacional en su conjunto debiera involucrarse en este diálogo sobre el país y la educación que queremos, proveyendo insumos al trabajo de la Convención. Si bien el MINEDUC seguramente no promoverá esta conversación, sostenedores, directivos y docentes tienen la suficiente autonomía (es momento de usar positivamente este principio tan importante para algunos actores) para transformar al proceso constituyente en una oportunidad de aprendizaje, desde la educación inicial hasta la superior.
Pero el proceso constitucional servirá también como telón de fondo para volver a discutir sobre las políticas educacionales que el país deberá priorizar en los próximos años y décadas. Lo lógico sería reabrir un debate racional (muy escaso por estos días) y en base a evidencia para establecer una hoja de ruta que potencie los cambios positivos que la educación chilena ha experimentado en el último tiempo, y que, además, resuelva las enormes deudas y problemas estructurales que nuestro sistema educacional tiene. Una estrategia de largo plazo debiera poner foco en la calidad integral de la educación y en la configuración de un sistema que contribuya a la cohesión social. Para ello, es indispensable dejar de confiar en las respuesta propias de la lógica de mercado (lo que implica, por ejemplo, modificar el sistema de financiamiento) y centrar los esfuerzos en lo que ya sabemos genera cambio educativo sustentable y equitativo: mejores condiciones y preparación para los profesionales de la educación, fortalecimiento de la oferta pública y sistemas de apoyo y acompañamiento en todos los niveles. Esto debiera estar acompañado de una revisión profunda del currículum nacional, que hoy más que nunca deberá evaluarse de acuerdo a su consistencia con el proyecto de país que el proceso constitucional ayudará a generar.
La educación volverá a estar en el centro del debate este 2020 y es responsabilidad de todos los actores de este sistema – también de los que en reiteradas ocasiones se han resistido a los cambios – contribuir a que éste salga de su estancamiento actual y se proyecte como uno de los pilares principales del proyecto de sociedad que construiremos colectivamente. Aún cuando las causas tras el estallido trascienden con creces la problemática educacional, es también cierto que sólo construiremos una sociedad justa y digna para todos y todas en la medida que el sistema educativo se oriente efectivamente a dicho objetivo. Y de eso todavía estamos muy lejos.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
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