COLUMNA DE OPINIÓN
Piñera y el desgaste del sistema
24.02.2020
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COLUMNA DE OPINIÓN
24.02.2020
“Aunque Piñera no sea la causa de la crisis, pues ésta es resultado de tendencias de desgaste sistémico de mediana duración, su liderazgo actuará como un acelerante de la corrosión institucional. El mayor problema para Piñera es que, en el contexto del decaimiento del sistema político, su liderazgo representa los símbolos del malestar y el cuestionamiento social”. Opinión del politólogo Marcelo Mella Polanco para CIPER/Académico.
Hace pocos años Peter Mair publicó su libro “Gobernando el vacío” donde analizaba la crisis de la democracia de partidos y de la representación política. El politólogo irlandés argumentaba que la actual crisis de la democracia representativa es producida por un doble fracaso experimentado por los partidos en su función de intermediación: a) su incapacidad de atraer o movilizar a los electores, especialmente a los jóvenes, b) la predisposición de sus líderes a refugiarse en los espacios institucionales en su papel de mandatarios o gobernantes.
Subyace a ese trabajo la creencia de que la democracia tal como la conocemos, se encuentra en un momento de crisis y su desenlace no está escrito a priori. Los factores que Mair destaca están presentes en la crisis política chilena: el derrumbe de la credibilidad de todos los partidos y el repliegue de Piñera al espacio institucional-administrativo como “última ratio” para hacer frente al derrumbe de los apoyos más seguros en su sector.
En una perspectiva semejante, aunque bajo un ánimo todavía más apocalíptico, un número importante de publicaciones del clero politológico analizan la declinación, ocaso o muerte de la democracia liberal a nivel global. Entre estas se encuentran “El invierno de la democracia” de Guy Hermet, “Como mueren las democracias” de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, “Así termina la democracia” de David Runciman, además del libro de Mair ya referido.
Analizar la crisis política chilena incorporando una perspectiva comparada y de mediano plazo, resulta más inquietante (y menos conveniente políticamente) que explicar el origen de todos los males como resultado del deficiente gobierno de Sebastián Piñera y su coalición Chile Vamos.
En el periodo 2004 a 2018 un 71% de los chilenos dijo que los gobiernos toman decisiones en favor de los intereses de los grupos poderosos, mientras un 23% opinó que lo hacen en favor del pueblo. En los años de Bachelet, hubo una disminución de esta percepción referida al gobierno de la oligarquía
Si la causa de la crisis fuera la administración de Piñera, los problemas debieran terminar cambiando al gobierno. Todo parece indicar, sin embargo, que la crisis es más compleja y tiene mayor profundidad. La expresión “no son treinta pesos, son treinta años” evoca precisamente esa dimensión.
En nuestra opinión, Piñera enfrenta tres vacíos de poder que deterioran el régimen democrático chileno y que la élite en su momento no quiso o no supo ver. El vacío derivado de una fuerte cultura anti oligárquica (Gráfico 1), el vacío por la perdida de articulación con la ciudadanía (manifestado en participación electoral decreciente, gráfico 2 y caída en el apoyo de la opinión pública, gráfico 4); y el vacío por la hiperfragmentación del sistema de partidos y su efecto en los gobiernos (Gráfico 3). ¿Es probable que el liderazgo del presidente, destacado idiosincráticamente por aprovechar “oportunidades”, logre gobernar exitosamente desde las “restricciones” que impone el contexto político actual?
Decir que estamos ante una crisis mediano plazo no implica que el segundo gobierno de Piñera no tenga incidencia frente al agravamiento de la crisis. Por el contrario. Las actuaciones fallidas del Gobierno han tenido efectos catastróficos sobre el apoyo presidencial llegando a menos de 10% en enero de 2020. Lo paradojal de esta situación es que, aunque Piñera no sea la causa de la crisis, pues ésta es resultado de tendencias de desgaste sistémico de mediana duración, su liderazgo difícilmente modificará dichas tendencias y solo actuará como un acelerante de corrosión institucional.
El mayor problema para Piñera es que, en el contexto del decaimiento del sistema político chileno, su liderazgo representa con nitidez aquellos símbolos del malestar y el cuestionamiento social. ¿Cómo un liderazgo centrado en el éxito económico puede ser legitimado por una crisis generada por aquellos que se autoperciben como “abandonados” por el sistema? Gran parte de los chilenos cree en la actualidad que la democracia encubre un sistema desigual y “cartelizado” que convierte al juego democrático en una experiencia superflua. Como ha dicho recientemente Luigi Zingales Chile sería un “Capitalismo de Amigotes”.
La percepción de que la democracia no elimina el gobierno de la oligarquía se encuentra arraigada en América Latina. Chile por cierto no es la excepción. Los datos de la encuesta Latinobarómetro muestran que para el periodo 2004 a 2018 un 71% de los chilenos creen que los gobiernos toman decisiones en favor de los intereses de los grupos poderosos, mientras un 23% cree lo hacen en favor del pueblo. Durante los años donde gobernó Bachelet, se observa una disminución de esta percepción referida al gobierno de la oligarquía. Sin embargo, los lentos avances de la reforma a la educación superior, además de los efectos en la opinión pública de múltiples hechos de corrupción, refuerzan la percepción sobre la oligarquización de la democracia chilena.
Los datos muestran que al menos para el caso de Chile la creencia en la oligarquización de la democracia es de larga data si se considera que esta opinión antecede a las protestas estudiantiles de 2011 e incluso de los años 2008 y 2006.
Gráfico 1: Oligarquización de la democracia en Chile (2004-2018)
Pregunta: “País para todos o para los poderosos”.
En subsidio de lo anterior, la historiografía (con autores como Alberto Edwards y su libro “La fronda aristocrática”), ha mostrado que este país se ha caracterizado por creencias anti oligárquicas arraigadas que fortalecen el hiperpresidencialismo y una desconfianza persistente frente a la elite política y económica.
Por tanto, no existe evidencia para sostener que el aumento de las opiniones antioligárquicas en Chile favorezca una solución popular o participativa. La teoría política señala que las instituciones tienden a repetir las fórmulas que les han resultado exitosas en otros momentos (operando el llamado path dependence). Si eso se aplica a nuestra situación, la balanza debiera inclinarse hacia salidas que incluyen refuerzo del presidencialismo incluyendo fórmulas populistas o autoritarias orientadas al restablecimiento del orden público.
Otra tendencia que incide en el vacío de poder que afecta a Piñera y que probablemente se relaciona con la percepción anterior, es la declinación de la participación electoral desde 1989. En relación con este punto, el porcentaje de ciudadanos que participan en las elecciones presidenciales respecto de la población en edad de votar, ha disminuido sistemáticamente desde la recuperación de la democracia, lo que evidencia el envejecimiento del padrón electoral y el escaso atractivo que posee la oferta política para los jóvenes.
Los datos muestran que al menos para el caso de Chile la creencia en la oligarquización de la democracia es de larga data si se considera que esta opinión antecede a las protestas estudiantiles de 2011 e incluso de los años 2008 y 2006
De acuerdo con el gráfico siguiente (Gráfico 2), la participación de la población en edad de votar disminuyó desde 86,3% en 1989 a 45,7% en 2013. Considerando esta tendencia, la decisión de implementar el voto voluntario con inscripción automática resulta una medida controvertida, que no obstante sus implicancias a mediano o largo plazo, en lo inmediato debilita aún más la posición de los partidos carentes de anclaje social.
Con todo, la evolución de la participación en Chile muestra que existe un leve aumento en 2017 (en relación a 2013) con un 49,7% bajo régimen de voto voluntario.
Gráfico 2: Participación electoral en Chile
El gráfico siguiente (Gráfico 3) muestra las condiciones para la toma de decisiones de los gobiernos chilenos desde 1989.
Condiciones básicas para determinar la capacidad gubernamental son los niveles de fragmentación del sistema (NEPs) y la cantidad de escaños que controla el partido del presidente. Ambos factores hacen posible estimar la necesidad de disponer de una coalición por parte de los gobiernos desde Patricio Aylwin hasta la segunda administración de Piñera. Al respecto, se observa que cada gobierno ha tenido mayor necesidad de contar con una coalición de respaldo, cuando existe una tendencia al aumento del número efectivo de partidos (fragmentación del sistema) y disminuye el porcentaje de escaños que controla el partido del presidente (la estimación se hizo en base a resultados de la Cámara de Diputados).
Gráfico 3: Necesidad de Coalición en Chile
Específicamente, desde el gobierno de Ricardo Lagos (1999-2005), aumentó la necesidad de una coalición parlamentaria de respaldo, encargada de asegurar productividad legislativa del Ejecutivo y establecer un escudo parlamentario destinado a inmunizar al Presidente y su gabinete frente a posibles acusaciones desde la oposición. Aunque la cantidad de escaños del partido del Presidente disminuyó de manera significativa en el paso de los gobiernos del PDC a los del eje PPD-PS (1999), Lagos dispuso de suficiente apoyo en el Congreso para lograr controlar las turbulencias del caso MOP-GATE y terminar su administración con buenos niveles de apoyo (ver Gráfico 4).
Del mismo modo, el primer gobierno de Bachelet (2006 a 2010) mantuvo un índice de necesidad “coalicional” similar al de su antecesor y aunque enfrentó las movilizaciones estudiantiles de 2006 (“Pinguinazo”), culminó su administración con altos niveles de apoyo.
Si bien es cierto que en su primer gobierno Sebastián Piñera (2010-2014) se benefició de oportunidades no previstas para fortalecer su apoyo en la opinión pública con el Plan de Reconstrucción y el rescate de los 33 mineros durante el 2010, las movilizaciones lideradas por la CONFECH que se inician el 2011 y se prolongarán hasta 2015, establecieron un daño irrecuperable para la legitimidad de este gobierno y de las administraciones siguientes.
No existe evidencia para sostener que el aumento de las opiniones antioligárquicas en Chile favorezca una solución popular o participativa. A partir La balanza debiera inclinarse hacia salidas que incluyen refuerzo del presidencialismo incluyendo fórmulas populistas o autoritarias orientadas al restablecimiento del orden público
Cosa distinta ocurrió en los gobiernos posteriores a la crisis política generada por la movilización estudiantil de 2011 y las reformas al sistema electoral iniciada el 2013 con la implementación de la inscripción automática y el voto voluntario. Tanto en las elecciones de 2013 como en la de 2017 aumentó el índice de necesidad “coalicional” (INC) influido por el aumento en el número efectivo de partidos (línea verde punteada con valores en segundo eje).
Los segundos gobiernos de Bachelet y Piñera, por distintas razones, enfrentaron correlaciones más complejas, por ejemplo, la fragmentación creciente del Congreso y el número de escaños controlados por el partido del presidente. Estos cambios en el funcionamiento del sistema político generados por las movilizaciones de 2011, determinaron mayores dificultades para gestionar una relación colaborativa entre el ejecutivo y el legislativo, así como crecientes problemas para mantener los apoyos en la opinión pública para los gobiernos de turno.
Los gobiernos, desde las movilizaciones estudiantiles del ciclo 2011-2015, debieron elaborar políticas en contextos marcados por el desgaste acelerado en la aprobación presidencial. En este sentido, los efectos corrosivos para la política institucional por el mantenimiento y profundización del modelo capitalista aplicado a la educación, donde predominan los intereses individuales y la debilidad del regulador se perciben desde hace alrededor de una década.
La primera caída relevante en la aprobación presidencial (Gráfico 4) ocurrió debido a los efectos residuales de la crisis económica internacional que afectó al gobierno de Eduardo Frei R-T (1988-1999) y que significó una caída al 28% de apoyo en septiembre-octubre de 1999. Posteriormente, la siguiente caída en la aprobación ocurrió durante los primeros años del gobierno de Bachelet I. En esta administración, el año 2006 llego a 44%, el 2007 a 38% y el 2008 a 39%. Sin duda, el desplome más importante en la aprobación presidencial ocurrió a comienzos del gobierno de Piñera I provocado por las protestas estudiantiles del 2011 en adelante, pasando de un 44% a un 22% de apoyo en un año. Posteriormente en julio de 2016, Michele Bachelet II cae en su apoyo al 15%, su nivel más bajo, por los efectos del caso CAVAL que involucró a su hijo y nuera, acarreando un severo deterioro en la imagen y respaldo de la presidenta. En ambos casos, la caída en el apoyo fue mas abrupta que en gobiernos anteriores.
Gráfico 4. Apoyo presidencial Chile (1990 a 2020) [2]
Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta CEP y CADEM para el caso de Piñera II.
El desgaste sostenido de los gobiernos estuvo acompañado, después de 2011, por una variación significativa en el apoyo desde el segundo año de cada periodo. Esta condición dificultó los respaldos estratégicos para el cumplimiento del programa presidencial, aumentando las brechas entre el programa y las prioridades marcadas por la contingencia. Esta distancia entre los compromisos en el programa presidencial y las nuevas prioridades que aparecen en el ejercicio del mandato ha sido otro factor que contribuyó al malestar ciudadano.
Para el primer gobierno de Bachelet (2006-2010), las movilizaciones estudiantiles tuvieron la fuerza para desplazar el eje de las prioridades políticas, lo propio ocurrió con el terremoto de 2010 para la primera administración de Piñera (2010-2014) y los escándalos de corrupción para Bachelet II (2014-2018). La explosión social de octubre de 2019 ha desplazado telúricamente las prioridades del segundo gobierno de Piñera y del conjunto del sistema político, pero de un modo distinto. No se trata de una problemática específica o sectorial, sino de una agenda de temas en crecimiento que incluye un componente de critica anti oligárquica, a los modos de hacer política y al sistema institucional en su conjunto.
El presidente Piñera al parecer ha optado por la táctica del presidente liberal Ramon Barros Luco (1910-1915) bajo condiciones históricas y políticas muy diferentes: “No hay sino dos clases de problemas en política: los que se resuelven solos y los que no tienen solución
De acuerdo con la última encuesta del CEP, el porcentaje de encuestados que se identifican con algún partido baja desde un 53% en diciembre de 2006 (Bachelet I) a un 14% en diciembre de 2019 (Piñera II). Por su parte, el porcentaje de encuestados que no se identifica con ninguna posición política sube de un 44% en diciembre de 2006 a 72% en diciembre de 2019. Pero el dato más dramático sin duda es la pérdida de apoyo del gobierno de Piñera que alcanza los 31 puntos porcentuales en menos de cuatro meses (desde 37% en octubre de 2019 a 6% en enero de 2020).
Este derrumbe del apoyo del gobierno de Piñera en los tres meses siguientes a octubre de 2019 es principalmente resultado de la ausencia de decisiones en asuntos críticos que surgen con la explosión del 18-O y que han debilitado su “escudo parlamentario”. Una aplicación equivocada de la “política de la no política”. Producto de este “dejar hacer” se ha señalado en los meses transcurrido desde la crisis de octubre que el régimen presidencial chileno se ha “parlamentarizado en la práctica”.
El problema heurístico del gobierno que afecta su capacidad de tomar decisiones oportunas y eficaces tiene dos componentes que no son sencillos de resolver. Por una parte, los marcos interpretativos y sesgos ideológicos (monocromáticos) del gobierno, elaborados desde una lógica promercado y de alta personalización del poder (por las características idiosincráticas del liderazgo de Piñera), no entregan recursos analíticos suficientes para leer en su cabal complejidad el proceso que vive el país. Por otra parte, tanto el centro de gobierno, como el contingente de ministros y expertos sectoriales carecen de experiencia prolongada en el sector público, lo que dificulta la gestión de aquellos factores institucionalmente corrosivos de esta crisis que conducen al régimen político en su conjunto a una inédita pérdida de sustentabilidad social.
El presidente Piñera al parecer ha optado por la táctica del presidente liberal Ramon Barros Luco (1910-1915) bajo condiciones históricas y políticas muy diferentes: “No hay sino dos clases de problemas en política: los que se resuelven solos y los que no tienen solución”.
[1] Este índice se obtiene multiplicando el Número Efectivo de Partidos calculado por escaños (NEPs) por el inverso del porcentaje de escaños ocupados por el partido del presidente y, posteriormente, el resultado se divide por 10 (Chaisty, et. al. 2012, p. 7). Para el cálculo del Número Efectivo de Partidos (NEP) se ha utilizado la fórmula clásica de Markku Laakso y Rein Taagepera (1979) NEP=1/∑pi2, donde pi es la proporción de votos (o escaños) obtenidos por el partido.
[2] Se ha incluido un gráfico final con datos de encuesta CADEM que posee muestras mensuales y permite un seguimiento más detallado del apoyo de Piñera II. La encuesta del CEP (Dos o tres aplicaciones por año) consiste en aplicación de entrevistas individuales cara a cara con cuestionario estructurado. La encuesta CADEM se aplica mediante entrevista telefónica utilizando sistema CATI. Para Piñera II la encuesta CEP posee hasta enero 2020 cuatro mediciones, mientras CADEM posee veintitrés mediciones.
Chaisty, P.; Cheeseman, N. y Power, T. (2012, agosto). Rethinking the ‘Presidentialism Debate’: Conceptualizing Coalitional Politics in Cross-Regional Perspective. Democratization. Londres: Routledge.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
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