Apartheid socioeconómico y nueva Constitución

Tener un Estado subsidiario “le cuesta caro a Chile”, afirma en esta columna la doctora en ciencias políticas Camila Vergara. Examinando el acuerdo al que llegó el gobierno con los deudores del TAG y el reciente anuncio de reforma a Fonasa, muestra que el Estado termina subsidiando a los privados para que provean servicios insuficientes para los usuarios y costosos para el Fisco. Argumenta que revocar y reemplazar la Constitución actual es el único camino para cambiar este rol limitado del Estado.

En Santiago, el epicentro del levantamiento popular^[1] del 18/O, la desigualdad golpea a la gente a diario. Por ejemplo, mientras los que pueden pagar carreteras privadas compran viajes diarios más cortos, 36% de los santiaguinos se demora una hora o más en llegar a su trabajo en el atestado transporte público. Algo parecido ocurre con la salud. Un buen plan de Isapre garantiza a los más ricos, así como a una parte de las clases medias acomodadas, acceso a una atención de lujo on demand, con precios cada vez más altos y planes con menos cobertura, mientras que el resto está atrapado en largas listas de espera en el sistema público. La desigualdad es tan dramática, que una mujer en Vitacura, una de las comunas más ricas de la capital, vive en promedio 18 años más que una mujer en una comuna más pobre como la La Pintana.

Los chilenos han estado viviendo en un apartheid socioeconómico —un sistema que segrega a la sociedad basado en los recursos económicos— no sólo en términos de transporte y salud, sino que también en educación, pensiones y el vital acceso al agua. Quienes no tienen recursos para financiar lo que ofrece el sector privado, no tienen otra opción que perder horas en el taco, morir esperando una cirugía, ser excluido de la educación superior, vivir como jubilado en la pobreza o sufrir de sed.

Aunque estos temas parecieran ser exclusivamente problemas de política pública, no lo son. El apartheid socioeconómico está amparado en la actual Constitución, la que permite su reproducción y lo protege de los intentos de desmantelamiento.

La dependencia generalizada del Estado hacia empresas privadas para construir infraestructura y proporcionar servicios no es simplemente una decisión política, sino más bien una restricción constitucional. El Artículo 19 N°21 permite al Estado y sus agencias “desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza”. Esta restricción del poder estatal en la economía se combina con un robusto derecho a la propiedad privada en el Artículo 24, el cual establece que “nadie puede, en ningún caso, ser privado de su propiedad” excepto por una ley que autorice la expropiación. Por lo tanto, el Ejecutivo necesitaría la aprobación del Congreso para confiscar cualquier tipo de propiedad o negocio. Esto ha significado una garantía sólida para los inversionistas de que sus fondos y utilidades futuras no serán nacionalizadas.[1]

El hecho de que solo una ley pueda aprobar la expropiación y que el Congreso necesite examinar si la propiedad en cuestión es realmente necesaria para “uso público” o para el “interés nacional”, hace que el ejercicio de expropiación por parte del Estado chileno sea muy improbable. Por ello, cuando el Presidente abordó la demanda de los transportistas de abolir los peajes en las autopistas urbanas (no +TAG), en vez de evaluar romper el contrato que tiene el Estado con las concesionarias y transferir anticipadamente las carreteras al manejo público —lo que habría necesitado de un permiso legislativo para ‘expropiar’ las autopistas— decidió negociar con las compañías. Ello, para “estabilizar” futuras subidas de precios y condonar las deudas del TAG. Esta última “solución” tiene un costo social relevante. Mientras el congelamiento de los precios depende de la buena voluntad de las concesionarias, la socialización de la deuda del TAG —que va al bolsillo de los actuales dueños de las carreteras— implica que todos los chilenos pagarán por una deuda que tienen solo las clases medias que usan las carreteras de Santiago para comprar viajes más cortos.

La limitación constitucional a la intervención estatal en la economía le cuesta caro a Chile. Al reducir el Estado a un rol subsidiario, lo que se hace es parchar sistemas privados basados en seguros individuales precarios. En el sector salud, por ejemplo, mientras la mayoría de las personas “menos caras” (jóvenes y personas sin enfermedades crónicas) está en Isapres, Fonasa financia la salud del 80% de la población y las personas “más caras” (los de escasos recursos, los más viejos y las personas con enfermedades incurables). Esto drena al sector público de recursos y garantiza a las aseguradoras privadas utilidades anuales de 64 mil millones de pesos.

Siguiendo el mismo patrón de dependencia, la reforma al sistema de salud propuesta por el Presidente Piñera a comienzos de enero, apunta a solucionar la precariedad de la salud pública estableciendo un Plan Único de Salud más barato que incluye prestadores públicos y privados, haciendo accesible prestaciones en clínicas privadas a más personas. Aunque esto soluciona temporalmente embotellamientos en la atención pública, el no tener control sobre los precios de las prestaciones y, por tanto, sobre lo que el sector público tiene que pagarle a privados por proveer de salud, empobrece al Estado y expande el sistema privado y sus ganancias. Esta estrategia de subsidio destina más recursos a costear salud privada en vez de invertir en doctores, enfermeras e insumos médicos en el sistema público, y por lo tanto no resuelve el problema estructural de una salud pública desfinanciada y desigual.

El levantamiento popular pone de manifiesto que el modelo neoliberal de Estado subsidiario está en crisis, que la caja constitucional en el que está empotrado está haciendo agua, y que el costo de seguir parchando sus trizaduras es demasiado alto. Revocar y reemplazar la actual Constitución neoliberal es crucial para cambiar el papel que el Estado debe tener en la sociedad, así como la influencia que tendrán los súper ricos y sus corporaciones para asegurar ganancias en detrimento del bienestar del pueblo. El apartheid socioeconómico en que han vivido los chilenos por más de 30 años, construido a través de múltiples leyes y políticas públicas que lo reproducen y refuerzan, sólo podrá comenzar a ser desmantelado con una nueva Constitución que contenga derechos sociales y económicos que le exijan al Estado garantizar a todas las personas una vida digna.

NOTAS

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