Tras la caída de Evo Morales, el largo y letal camino de Bolivia hacia nuevas elecciones

La paz en Bolivia pende de un hilo. El 22 de enero Evo Morales –actualmente refugiado en Argentina -, debería haber terminado su tercer mandado: sus partidarios han anunciado movilizaciones, mientras  que la presidenta interina -Jeanine Áñez-, advirtió que responderá con fuerza. Desde octubre, mientras Chile y Colombia marchan, 35 personas han muerto en protestas iniciadas cuando la OEA acusó a Morales de manipular las elecciones. En esta detallada columna el sociólogo boliviano Jorge Derpic, repasa cómo Morales – en su obsesión por seguir en la presidencia por un cuarto período–  forzó la Constitución que él mismo impulsó; y explica que el aparato represivo estatal que hoy usa Añez en contra de la población, fue creado por el mismo Morales en sus 13 años de poder incontrarrestable sobre Bolivia.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia eligió el 3 de mayo próximo como la fecha en que tendrán las nuevas elecciones generales. Con esta decisión, empieza una nueva fase dentro de un período crítico de casi cuatro años que, en gran medida, es resultado de las decisiones y los errores políticos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Este período se inició con el referéndum constitucional de 2016 y tuvo su crisis más violenta luego de las fallidas elecciones generales del 20 de octubre pasado. El binomio del MAS, representado por Evo Morales y Álvaro García, ganó las elecciones generales en primera vuelta, pero una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada a pedido del gobierno boliviano, encontró manipulaciones dolosas (con la intención de cometer fraude) en el proceso electoral y en los resultados. Así, el 10 de noviembre, la OEA recomendó nuevas elecciones y aunque Morales las convocó a las pocas horas, la escalada de violencia los obligó a él y a varias autoridades del MAS a renunciar.

Morales denunció un golpe de Estado y, al día siguiente, dejó el país con rumbo a México, acompañado por su vicepresidente de 13 años, Álvaro García, con quien compartió el estatus de asilado. El 12 de noviembre, Jeanine Añez, hasta entonces casi desconocida segunda vicepresidenta del senado, asumió la presidencia del Estado en una controversial sesión sin la presencia de los representantes MAS, pero que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) convalidó.

En medio, la quema de la wiphala, la bandera de los pueblos indígenas, y el retorno de la biblia al palacio de gobierno en manos de Añez en su primera aparición pública, exacerbaron las tensiones étnicas en el país.

A dos meses del cambio de mando, la violencia letal ha cesado pero la incertidumbre continúa. El TCP validó que Añez y los representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) continúen en sus cargos luego del 22 de enero, fecha en que Morales debía terminar su tercer mandato. Pero esta “estabilidad” puede  terminar pronto pues la ALP analizará la renuncia de Morales.

Si la ALP rechaza su renuncia, a pesar de que el senado ya la aceptó, el país podría iniciar un nuevo ciclo de violencia en las calles.

En las últimas semanas, grupos paraestatales opuestos al MAS atacaron a indígenas en las calles, sin que el gobierno reaccionara. Al mismo tiempo, como lo hizo el MAS en su momento, el nuevo gobierno ha desplegado a las fuerzas armadas en las calles como “medida preventiva” para proteger a la población que todavía siente el trauma de los eventos violentos de la crisis post-electoral, pero que también tiene una larga historia de rechazo hacia las movilizaciones populares.

Reclamando su dominio territorial sobre la geografía del Estado, el nuevo gobierno reaviva los temores de nuevas masacres como las de la ciudad de El Alto y la de Sacaba que causaron 19 muertes y más de 400 heridos, los cuales forman parte de un total de 35 muertes y más de 800 heridos desde que el conflicto empezó en octubre. La violenta respuesta gubernamental se produjo luego de un momento de vacío de poder, en el que grupos de opositores y afines al MAS incrementaron sus ataques. Mientras los opositores saquearon la residencia de Morales en Cochabamba y la de su hermana en Oruro, grupos afines al MAS incendiaron estaciones policiales en El Alto, La Paz y Cochabamba. También destruyeron propiedad municipal y privada de figuras críticas al MAS y de periodistas de medios opositores en La Paz.

Además de reprimir la protesta, la nueva administración ha dado continuidad, tal vez con mayor severidad, a la estrategia de persecución política iniciada por el MAS. Lo hace aprovechando la estructura legal, represiva y comunicacional que el partido de Morales construyó durante la última década para encarcelar, vigilar y desacreditar a sus adversarios.

Así, el gobierno de Áñez ha dado continuidad a las investigaciones y encarcelamiento de ex funcionarios estatales. A diferencia de la última década, ahora los perseguidos son partidarios del MAS, a quienes el gobierno actual acusa de corrupción, abuso de bienes del Estado, sedición y terrorismo. El ex Ministro de Gobierno, Carlos Romero, se convirtió en la primera autoridad de alto rango del MAS en ser encarcelada. Además de Romero, el gobierno investiga a varias otras autoridades que trabajaron durante el mandato del MAS y al propio ex presidente Morales, quien desde Buenos Aires, donde llegó a principios de diciembre pasado, rechazó las acusaciones.

UNA CRISIS DE CUATRO AÑOS

La convulsión social de octubre y noviembre de 2019 que dio lugar a este período de incertidumbre, tuvo su origen en el referéndum del 21 de febrero de 2016. En esa ocasión, Evo Morales perdió su apuesta de eliminar el límite de dos mandatos consecutivos, que rige desde la Constitución de 2010, para presentarse a una nueva candidatura. Al principio, el MAS aceptó la derrota, pero pronto la atribuyó a una supuesta campaña de desinformación desplegada por medios de comunicación opositores. Según el MAS, la campaña consistió en denunciar que Morales tuvo un hijo con Gabriela Zapata, gerente comercial de una compañía China que había recibido varios contratos del Estado. Zapata fue condenada a 10 años de cárcel en mayo de 2017 por, entre otros delitos, asociación delictuosa y uso de instrumento falsificado. Aunque Morales inicialmente aceptó la existencia del supuesto hijo, éste nunca apareció.

A continuación, el MAS desplegó una maniobra jurídica para que Morales pueda presentarse a su tercer mandato. Un grupo de congresistas solicitó al Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional, controlado por el MAS, pronunciarse sobre si Morales tenía el derecho humano de presentarse como candidato, tal como lo establece el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta convención, firmada por Estados miembros de la OEA a fines de los años 60, entró en vigencia en 1978, durante el dominio regional de las dictaduras militares. El TCP dio curso a la reelección a fines de 2017 y, un año después, el TSE, también controlado por el MAS, aprobó la participación del binomio de Morales y García en las inéditas elecciones primarias de enero de 2019.

DOLO Y PROTESTA

La misión de expertos electorales de la Unión Europea estableció en su reporte final que el proceso hacia las elecciones del 20 de octubre fue desigual y estuvo marcado por sospechas de fraude y desconfianza hacia el TSE. Por ejemplo, el TSE no permitió la publicación de una encuesta desfavorable a Morales; explicó tarde el crecimiento inusual del padrón electoral; y no sancionó al MAS por usar recursos estatales para su campaña.

La decisión del TSE de detener el reporte preliminar de resultados al 83 por ciento la noche de las elecciones para reanudarlo al día siguiente al 95 por ciento, incrementaron la desconfianza. El cambio de tendencia que determinó la victoria de Morales en primera vuelta, cuando el día anterior todo indicaba una segunda vuelta, dio inició al conflicto que terminaría en la renuncia de Morales tres semanas más tarde. En ese lapso, el escenario político se modificó sustancialmente. La oposición fue ganando espacios y modificó sus demandas. Con masivas concentraciones en ciudades capitales y, a veces, con violencia, la oposición pidió, primero, una segunda vuelta; luego, nuevas elecciones; y, finalmente, que Morales diera un paso al costado. Los partidos políticos perdieron el liderazgo frente a dos líderes cívicos, el conservador Luis Camacho, de Santa Cruz, y Marcos Pumari, de Potosí.

Mientras tanto, la legitimidad del MAS para gobernar se erosionó casi por completo.

El 10 de noviembre, la misión de expertos de la OEA presentó los hallazgos preliminares de la auditoría vinculante encargada por el propio gobierno de Evo Morales. Dicho informe ratificó que el cambio de tendencia en los datos preliminares era altamente improbable y encontró serias irregularidades en las actas y en el conteo final de los resultados preliminares y oficiales. Así, la OEA recomendó nuevas elecciones y la conformación de un nuevo tribunal electoral, aunque en el informe final de la auditoría la misión electoral encontraría todavía más irregularidades y dolo (la intención de cometer fraude).

Entre los actos más relevantes están la introducción de servidores no declarados y la contratación de un funcionario con antecedentes de malos manejos en las elecciones de 2014, quien se fugó del país luego de la renuncia de Morales.

LA CAÍDA DEL MAS

El mismo domingo 10 de noviembre en la mañana, Morales aceptó anular las elecciones y conformar un nuevo tribunal electoral. Sin embargo, ya era tarde. Casi al mismo tiempo de su conferencia de prensa, supuestos partidarios del MAS emboscaron y dispararon armas de fuego contra mineros cooperativistas que viajaban desde Potosí a La Paz para pedir la renuncia de Morales. Esta noticia, sumada a la de otra emboscada el día anterior, en la que un grupo de estudiantes universitarias denunciaron que fueron abusadas sexualmente, desató una nueva ola de ira colectiva. En Potosí, turbas incendiaron las casas del presidente de diputados, Víctor Borda, y del ministro de minería, César Navarro. Fueron los primeros en renunciar en las primeras horas de la tarde del domingo. La renuncia de Borda sería clave en la posterior sucesión presidencial. En menos de tres horas, siguieron su ejemplo casi veinte autoridades, entre ellas, Rubén Medinaceli, primer vicepresidente del senado.

Cuando el avión presidencial que llevaba a Morales despegó de El Alto con destino al bastión cocalero de Chapare, su renuncia parecía inminente. Había perdido parte del control de las fuerzas represivas del Estado mientras la violencia entre partidarios y opositores a su gobierno iba en aumento. Varias unidades policiales continuaban amotinadas y las Fuerzas Armadas seguían firmes en su intención de no reprimir la protesta. Con el antecedente de los mandos militares encarcelados luego de la represión de octubre de 2003, durante la Guerra del Gas, el Alto Mando militar necesitaba una orden escrita y con instrucciones explícitas del presidente o del Ministro de Defensa para actuar. Entre tanto, las demandas de renuncia crecían. Opositores, instituciones mediadoras, como la Conferencia Episcopal, además de organizaciones aliadas al gobierno, como la Central Obrera Boliviana y la Federación de Cooperativas Mineras, sugirieron a Morales que dejara el cargo para pacificar el país.

Hasta ese momento, el desenlace de la crisis electoral se parecía mucho al colapso del gobierno del ex presidente Sánchez de Lozada durante la Guerra del Gas. Sin embargo, a poco de que los medios reportaran la llegada de Morales al aeropuerto de Chimoré, en Chapare, la crisis dio un giro que sirvió para sustentar las denuncias de golpe de Estado. El comandante general de las Fuerzas Armadas, Gral. Williams Kaliman, le sugirió al presidente que renunciara para pacificar el país. Media hora más tarde, el comandante de la policía, Gral. Yuri Calderón, hizo lo propio. A diez minutos de las 5 de la tarde, Morales renunció en una conferencia de prensa. Sin mencionar en ningún momento al Alto Mando militar, afirmó: “Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía [que] puede plegarse”.

La presidenta del senado, Adriana Salvatierra, la primera autoridad sobre quien debía recaer la sucesión presidencial después de Morales de García, y la mayoría de los ministros de Estado, renunciaron entre la noche del domingo y el lunes. Siguieron dos días de vacío de poder, violencia en las calles y negociaciones entre autoridades de alto nivel. Ante las renuncias de las máximas autoridades en senadores y diputados, los representantes del MAS se comprometieron a aceptar la sucesión constitucional para que la oposición minoritaria asuma la presidencia. A cambio, pedían que Morales saliera del país. Sin embargo, a pesar de recibir la oferta de un bus para llegar a palacio cuando Morales ya había llegado a México, la bancada del MAS argumentó falta de garantías y no se presentó a la sesión del 12 de noviembre, convocada por Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del senado.

Áñez tomó el mando del gobierno en la noche del martes 12 en ausencia del MAS y sin quórum. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, elegido durante la gestión de Morales, convalidó la posesión presidencial mediante una compleja maniobra constitucional. Por un lado, una resolución constitucional de 2001 le permitió a Áñez obviar el requisito del quórum para instalar la sesión legislativa en la que tomó el mando. Por otro lado, como Morales y García pidieron asilo y se ausentaron definitivamente del país, dejaron sus cargos vacantes. Por lo tanto, no era necesario que la Asamblea instalara una sesión para aceptar sus renuncias. Finalmente, las renuncias públicas de las máximas autoridades del senado y de diputados le permitieron a Áñez, la siguiente en la línea de sucesión del senado, tomar posesión ipso facto de la presidencia del senado y luego del Estado. Al día siguiente de la posesión, la policía impidió momentáneamente el ingreso de algunos representantes del MAS al palacio legislativo. Sin embargo, el jueves 14 el MAS pudo elegir a sus representantes para dirigir las cámaras de senadores y diputados. Diez días después, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) anuló las elecciones de octubre y aprobó una ley para convocar a nuevas elecciones, prohibiendo las candidaturas de Morales y García.

VIOLENCIA Y PERSECUCIÓN POLÍTICA

El gobierno de Áñez puso en marcha una estrategia en varios frentes. Reprimió con fuerza la protesta social. Lo hizo para retomar el “orden” y denunciando los ataques de partidarios del MAS a la infraestructura policial y a la propiedad pública y privada luego de la renuncia de Morales. A continuación, el gobierno empezó a desmantelar el aparato político del MAS, especialmente sus alianzas con Venezuela y Cuba, e inició un acercamiento con el gobierno de Estados Unidos.

Así, expulsó del país a médicos cubanos y diplomáticos venezolanos, suspendió la señal de Telesur, y estableció alianzas con partidos conservadores europeos, como el español Vox. En días pasados, el gobierno reestableció relaciones con la agencia de cooperación estadounidense USAID, la cual brindará apoyo logístico y financiero para las próximas elecciones a pesar de haber sido expulsada de Bolivia en 2011.

Al mismo tiempo, la administración Áñez cambió la orientación de la infraestructura comunicacional y jurídica construida durante el gobierno del MAS y la usó para perseguir a los funcionarios salientes. Por ejemplo, el Ministerio de Comunicación transformó la imagen de los medios estatales y suspendió el apoyo financiero que el gobierno del MAS le otorgaba a la red nacional de radios comunitarias que amplificaba los mensajes de los medios estatales. También, a enero de 2020, la administración de Áñez inició investigaciones o arrestó a más de 100 ex funcionarios del MAS, acusándolos, en muchos casos, de terrorismo y sedición. Recientemente, el Ministerio de Justicia anunció que investigará por corrupción a casi 600 ministros, viceministros, directores – y sus familias – de la administración anterior. Finalmente, el Fiscal General solicitó a Interpol arrestar a Morales, acusado de terrorismo y sedición, mientras nueve altos ex funcionarios del gobierno del MAS continúan asilados en la embajada de México en La Paz. El Ministerio de Relaciones Exteriores les negó a estos ex funcionarios los salvoconductos para salir del país debido a las denuncias de fraude electoral y terrorismo que existen en su contra.

Al margen de las disputas entre el MAS y el actual gobierno, las organizaciones y los líderes sociales que se alinearon con el proyecto de Evo Morales, pero que luego sufrieron cárcel y persecuciones durante su gobierno, han encontrado un pequeño, aunque incierto, espacio de apertura. Han logrado denunciar públicamente los abusos del pasado, establecer nuevas alianzas y retomar el control de sus proyectos. Sin embargo, la actitud represiva de la nueva administración tampoco les augura un futuro del todo promisorio.

Del mismo modo, los nuevos liderazgos que emergieron dentro del MAS empezaron a criticar públicamente la discriminación interna y los errores del círculo más cercano a Morales. Estos liderazgos, junto a las organizaciones sociales del MAS, debaten si deben facilitar las próximas elecciones desde el congreso o tomar medidas en calles y carreteras para frenar la persecución política del nuevo gobierno. La administración de Áñez, por su parte, insiste en que logró pacificar el país y trajo de vuelta la democracia, mientras aprovecha las divisiones del MAS y el amplio rechazo de buena parte de la población hacia el MAS por la violencia y las provocaciones de este partido durante la última crisis electoral.

HACIA UNA NUEVA CONTIENDA

A pesar de la situación adversa, el MAS aparece como favorito para ganar las próximas elecciones, aunque difícilmente llegue a la presidencia y deberá luchar para mantener la unidad de sus bases. Para ganar en primera vuelta debería obtener el 40 por ciento de los votos con una diferencia de 10 por ciento sobre el segundo, lo cual parece lejano, incluso una vez que defina sus candidatos. Además, la decisión de nombrar a  Luis Arce, ex Ministro de Economía, y David Choquehuanca como candidatos a presidente y vicepresidente, respectivamente, ha generado malestar en las organizaciones sociales del Pacto de Unidad. El jueves pasado, estas organizaciones decidieron respaldar las candidaturas Choquehuanca y del emergente líder cocalero Andrónico Rodríguez. Por su parte, la oposición continúa en el camino hacia mayor fragmentación con seis candidaturas confirmadas y otras posibles. Destacan las de Carlos Mesa, quien habría confrontado a Morales en una segunda vuelta luego de las elecciones de octubre, y la del binomio de los líderes cívicos Luis Camacho y Marcos Pumari, que perdieron terreno luego de cometer costosos errores políticos luego de la renuncia de Morales.

El ex presidente Jorge Quiroga, actor clave en la estrategia constitucional que le permitió a Áñez tomar el poder, también anunció su candidatura con la cual busca revertir su decadente desempeño electoral entre 2006 y 2014. Podría sumarse a esta lista Samuel Doria Medina, segundo de Morales a gran distancia en las elecciones de 2014 y que declinó su participación en octubre para apoyar a Carlos Mesa. En cualquier caso, el candidato opositor mejor posicionado en la primera vuelta tendrá grandes posibilidades de llegar a la presidencia en el balotaje.

Si Morales y García declinaban su candidatura luego de perder el referéndum de 2016, probablemente Bolivia habría tenido un escenario electoral similar pero con mayor fortaleza del MAS y una todavía y marginal oposición conservadora. Dicho de otro modo, este momento de inestabilidad política, con muertos, heridos y persecución política revanchista incluidos, es el resultado de las estrategias y los errores políticos del MAS. La repostulación de Morales, desoyendo el referéndum de 2016 y la constitución política; la persecución política generalizada, incluyendo la de líderes de organizaciones sociales disidentes; las dolosas irregularidades de las últimas elecciones; la exacerbación de la violencia financiada desde instituciones del Estado durante la última crisis; y la incapacidad para controlar la convulsión social, dieron lugar a un desenlace violento e impensado.

Por un lado, las organizaciones cívicas conservadoras, como el Comité pro Santa Cruz, que el MAS había casi pulverizado durante su primer mandato, retornaron con fuerza. Lo hicieron flameando la bandera de la democracia y atribuyéndose decisiones de las Fuerzas Armadas y la policía que bien responden a la normativa vigente y a la pérdida de legitimidad que afectó al gobierno. De igual modo, los errores del MAS le abrieron la puerta del poder a una oposición que durante trece años se había caracterizado más por su incapacidad y división que por generarle cualquier desafío serio a la hegemonía del MAS. Paradójicamente, la estructura de persecución política y de silenciamiento de las voces disidentes que el MAS construyó y desplegó durante su tiempo en el poder, y sobre la que, incomprensiblemente, la izquierda internacional se mantuvo en silencio durante una década, terminaron en manos de los oponentes que más la habían sufrido y que ahora la utilizan, tal vez, con mayor ensañamiento.

Dentro de esta estructura se encuentran unas Fuerzas Armadas fortalecidas; medios estatales que legitiman la violencia estatal y deshumanizan a sus oponentes; las tácticas de vigilancia y represión del Ministerio de Gobierno; y, en el caso específico de la figura penal de terrorismo, del marco legal que el propio MAS diseñó y puso en práctica para perseguir políticamente a sus adversarios.

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