Con veinticuatro votos a favor y doce en contra, fue rechazada la semana pasada la idea de legislar el proyecto de reforma constitucional sobre dominio y uso de aguas. Se selló, de esta manera, por lo menos momentáneamente, una larga tramitación originada en 2008, que pasó varias comisiones y donde el proyecto original fue refundido con otras iniciativas similares en 2016.
El rechazo de la reforma ocurre cuando Chile vive la peor sequía de su historia, la que está asociada a un escenario de cambio climático. En varios aspectos este largo proceso y su votación final refleja muchos de los problemas que provocaron la revuelta social en nuestro país y el descrédito de las instituciones de representatividad política como los partidos y el Congreso Nacional. Se puede observar aquí la falta de avances en la solución de problemáticas sociales críticos, la utilización de los quórums supra mayoritarios como parte del blindaje a la institucionalidad heredada de la dictadura y los conflictos de interés que presentan algunos parlamentarios, particularmente de senadores de derecha que votaron la negativa, pese a ser titulares privados de derechos de aprovechamiento de aguas en cantidades importantes[1].
El contenido del proyecto, cuando fue sometido a votación en el Senado la semana pasada para su posterior discusión en particular, consideraba importantes elementos para una revisión del régimen jurídico de las aguas contenido en la Constitución y el Código de Aguas de 1981.
Hoy existe una contradicción abierta entre el Código de Aguas de 1981 que reconoce a las aguas como un «bien público» ( “Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código” (Artículo 5º, Código de Aguas 1981)), y la prerrogativa del Estado – a través de la Dirección General de Aguas – que concede derechos de aprovechamiento de aguas con carácter gratuito y a perpetuidad a privados, amparado por la Constitución Política que consagra la propiedad privada del agua (”Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos” (Artículo 19, número 24, Constitución Política 1980).)
El proyecto rechazado establecía, en primer lugar, una consagración a nivel constitucional de las aguas, en cualquiera de sus estados, como bienes nacionales de uso público. Esta mención expresa, si bien aparentemente reiteraba lo ya dicho respecto de las aguas en la actualidad en el Código de Aguas y el Código Civil, cobra sentido si se analizan los contenidos a los que iba aparejado.
Entre esos contenidos encontramos la declaratoria de utilidad pública de los derechos ya constituidos sobre las aguas, que permitiría la eventual expropiación de los mismos para que a su vez se habiliten modificaciones en su régimen de administración. Esta medida iba más allá que la reforma al Código de Aguas que se tramita actualmente en el Senado, la cual, antes de las indicaciones que el gobierno del presidente Piñera introdujo para limitar los alcances del proyecto, establecía condiciones sólo para la caducidad de los derechos no constituidos, dejando fuera de ese alcance a los ya constituidos.
El proyecto rechazado contemplaba también, el mandato al legislador para regular la constitución, reconocimiento, ejercicio y extensión de los derechos y concesiones sobre las aguas, recalcando su carácter temporal, y ampliando el ámbito de atribuciones del poder público para establecer las necesarias regulaciones sobre las aguas.
Esto iría en sentido contrario a la discutida tesis actual de acuerdo a la cual el rol del poder público es el de un mero “distribuidor” de derechos, dejando en manos del mercado la gran mayoría de los aspectos vinculados al ejercicio de estos derechos – incluso la gestión de ellos-, y sin posibilidad de revocarlos ante el mal uso, agotamiento de cuencas o necesidad de atender consumos prioritarios.
Esta última materia estaba también expresamente mencionada en el proyecto rechazado: la consagración en la Carta Fundamental de la existencia de usos prioritarios para el agua, indicando como tales el consumo humano y doméstico y el saneamiento, resguardando también los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal mínimo ecológico.
Una disposición de este tipo, que no existe en el actual Código de Aguas, permitiría poner en entredicho, al menos parcialmente, las bases del modelo radical de mercado neoliberal vigente desde la dictadura, en el cual existe libertad de constitución de derechos (sin restringir según usos) y una posterior reasignación mediante la venta de los derechos de aprovechamiento, frente al cual el acceso al agua para necesidades básicas (reconocido en el plano internacional como derecho humano al agua y al saneamiento) queda, en muchos casos, postergado por usos económicos de carácter extractivista, como son la gran minería, agronegocios y monocultivos forestales a gran escala, entre otros usos primario-exportadores.
Por último, el proyecto rechazado establecía un régimen de gestión integrada y sustentable de las aguas en las cuencas, que asegure la participación e información de la ciudadanía; y una modificación a las normas del Recurso de Protección, para que este garantice también el derecho humano al agua y el saneamiento.
Si bien estos elementos pueden explicar, por sí mismos, las reticencias por parte de sectores políticos y económicos que se han beneficiado en los últimos 40 años del modelo de mercado neoliberal de aguas, no resulta aceptable, frente a los ojos y conciencia de la sociedad, la persistencia de un rechazo a los cambios en una materia tan sensible y urgente en nuestro país. Menos aun cuando, en nuestro actual contexto de movilizaciones ciudadanas, dicha demanda es una de las más sentidas y apoyadas por la población.
Al menos en lo que en esta materia se refiere, la actual Constitución ha demostrado estar completamente superada como marco de convivencia y solución de conflictos sociales y ambientales. Queda así, en manos del proceso constituyente que deberá abrirse tras el plebiscito de abril, la generación de un estatuto constitucional de las aguas acorde a los tiempos que vivimos, en los que la depredación, acaparamiento y la incertidumbre que imponen los extractivismos y el cambio climático empujan con urgencia hacia una regulación que en sus bases considere los elementos fundamentales de este proyecto recientemente rechazado.
El agua es un bien indispensable de sustento de la vida humana, de la biodiversidad natural y la supervivencia del planeta tierra. Este bien natural se encuentra fuertemente afectado, por el cambio climático. En el caso de Chile, el IPCC (Informe V, 2014)[2] sostiene que impactará considerablemente la disponibilidad de agua a las regiones centro-sur del país, las que ya están siendo afectadas por una megasequía que se prolonga por diez años. Finalmente, recordemos que Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 64/292[3] (28 de julio de 2010) reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, un derecho fundamental que la sociedad chilena también reclama para asegurar su sostenibilidad presente y futura.
En la crisis hídrica que vive nuestro país, las campañas de consumo reducido y duchas cortas como las que ha desplegado el gobierno actual y los anteriores han quedado completamente sobrepasadas, requiriéndose, por el contrario, urgentes cambios estructurales que empoderen a las comunidades, municipios y al Estado en el acceso, control y gestión colectiva del agua como un bien común.
Los autores de esta columna son:
Amaya Álvez Marín: Doctora en Derecho. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de Concepción. Investigadora Asociada del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería CRHIAM , Proyecto Conicyt/Fondap 15130015.
Rodrigo Castillo Jofré: Licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad de Concepción. Ayudante de investigación del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería CRHIAM , Proyecto Conicyt/Fondap 15130015.
José Luis Arumi Ribera: Doctor en Ingeniería. Facultad de Ingeniería Agrícola, Universidad de Concepción. Investigador Principal del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería CRHIAM , Proyecto Conicyt/Fondap 15130015.
Ricardo Barra Ríos: Doctor en Ciencias Ambientales. Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad de Concepción. Investigador Principal del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería CRHIAM , Proyecto Conicyt/Fondap 15130015.
Ricardo Figueroa Jara: Doctor en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad de Concepción. Investigador Asociado del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería CRHIAM , Proyecto Conicyt/Fondap 15130015.
Jorge Rojas Hernández: Doctor en Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Concepción. Investigador Asociado del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería CRHIAM , Proyecto Conicyt/Fondap 15130015.
Robinson Torres Salinas: Doctor en Sociología Ambiental. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Concepción. Investigador Asociado del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería CRHIAM , Proyecto Conicyt/Fondap 15130015.
Este artículo fue actualizado el lunes 20 de enero. El texto original contenía un error de redacción, en que se señalaba que los votos a favor del proyecto eran de senadores de la coalición de gobierno y la votación en contra de la oposición, cuando en realidad fue al revés. Lamentamos dicha confusión, que sin embargo, en nada afecta al argumentación desplegada en el texto.
[1] Al respecto, el artículo 5 letra B de la Ley Orgánica del Congreso Nacional dispone: Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. En este sentido, la senadora Yasna Provoste (DC) y el senador Carlos Bianchi (independiente), solicitaron a la Mesa del Senado a anular la votación que rechazó el proyecto que buscaba consagrar constitucionalmente el agua como un bien de uso público, argumentando que cuatro senadores oficialistas, que votaron en contra del proyecto, Juan Antonio Coloma y Alejandro García Huidobro (UDI) y Manuel José Ossandón y Juan Enrique Castro (RN), tienen conflictos de interés, dado que registran derechos de aprovechamiento privados de aguas y no los declararon en el debate del proyecto.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.
Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de cuatro centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) y el Observatorio del Gasto Fiscal. Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.
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CONTENIDO DESTACADO
El agua como bien público: análisis de lo que el Senado rechazó esta semana
Me gustaría saber cuánta gente ha sido perjudicada por falta de agua o cuantos animales mueren al año por falta de agua. Pero también me gustaría saber cuánta gente ha sido beneficiada por el hecho de que el mercado haya sido el más beneficiado con este "negocio". Preguntémosle al Estado cuánto han tributado las empresas que aprovechan el agua indiscriminadamente, como dicen. Sería buen ejercicio poder calcular eso. Lo que hemos crecido en los últimos 40 años no es que solo las cosas materiales hayan sido multiplicadas por 5, también hay avances sociales como por ejemplo llevar a la pobreza a sus niveles más bajos de nuestra historia.
Franco Catalán Aguillón | 11.11.2020
Siguen analizando sólo a la mitad del país para arriba... y la mitad del país para abajo? no se han preguntado a la cantidad de gente que tiene derechos de agua la que van a perjudicar? LA ESCASEZ HÃDRICA ES EN LA MITAD DEL PAÃS SOLAMENTE Y QUIEREN LEGISLAR CONSIDERANDO LA MITAD DEL PAÃS... somos uno de los países con más agua del mundo... Alguien acá ha viajado a la patagonia acaso??
Felipe S | 02.09.2020
Creo que el artículo tiene una idealización excesiva de la eficiencia y justicia del estado como administrador de un recurso vital como el agua. Hoy mismo el Estado cuenta con todas las herramientas para asegurar el suministro y acceso al agua, puede expropiar los derechos si es necesario. El acceso al agua en Chile es de los mejores de américa y eso ha sido fruto del trabajo público privado. Por último, mi duda tiene que ver con los criterios del Estado para asignar el recurso en caso de que se convierta en su exclusivo administrador. Temo que, más que criterios de justicia, se asignen con criterios de amiguismo, bajo rigor técnico y presiones. No parece prudente darle más facultades a alguien que no usa las herramientas con las que cuenta hoy.
Maria Pisani Stoka | 06.07.2020
seria conveniente aclarar
1 .- cuando y bajo que gobierno se vendio el agua.
2.- quien propuso y contacto a los adquirientes y realizo la operacion.
Reinaldo Castillo | 18.02.2020
Me parece muy interesante el articulo ,la confusion relativa a la votacion en la Camara del Senado es irrelevante ,todos conocemos el cuento de " La cueva del senado y los 40 senadores .
Mi comentario en todo caso tiene por objeto destacar la similitud del problema que enfrenta la poblacion chilena a la cual le han robado sus recursos hidricos con situaciones semejantes en otros paises en particular la lucha por " Le eau de Paris" , que termino cuando la Municipalidad de Paris tomo nuevamente la propiedad publica del agua para abastecer la ciudad.
Existen cientos de ejemplos en los ultimos 10 anos en que comunidades ,paises, poblaciones han iniciado procesos llamados remunicipalizacion para recuperar bienes y servicios que en manos privadas producen mas dano que servicio a la comunidad
Ref. Satoko Kishimoto, OliverPetitjean, " Re-municipalisation and public ownership"
Jorge Jara Ramírez | 30.01.2020
¿Por qué alguien puede vender - y a un muy alto precio- un bien nacional de uso público, entregado gratuitamente por el Estado de Chile (o por la corona española)? ¿Es de justicia que alguien pueda vender el agua con el que riega un predio agrícola, un agua que le fue entregada sin costo por los chilenos para fines productivos y no especulativos? ¿Es posible que alguien pueda decir: el agua es mía y yo hago lo que quiero con ella?
¿No debieran, acaso, todas esas personas agradecer a sus compatriotas el que les hayan otorgado y encargado un bien extremadamente valioso, para que lo cuiden y lo usen racional y beneficiosamente, como muestra de gratitud hacia toda la sociedad?
Creo que todos los chilenos debemos ponernos de acuerdo en qué es lo más justo y lo más razonable para nuestro país. Es que el agua que sacamos de los ríos cayeron a la forma de nieve en la cordillera a lo menos el invierno pasado; el agua que extraemos de pozos profundos demoró más de 100 años en recorrer el camino desde la roca porosa y fracturada de los Andes hasta las napas subterráneas.
pedro cuadra | 22.01.2020
No se puede hacer algo, siempre hay conflictos de interés de por medio.- Cómo cambiar la constitución si fué hecha por el PADRE FUNDADOR JAIME GUZMÃN, y tenemos a todos sus herederos gobernando. Somos ilusos totales, lo malo que los muertos,heridos y perseguidos han créido en pajaritos de cristal pensando que lograrían algo.- Triste espectaculo.- Da risa ver que un COMANDANTE EN JEFE DE NUESTRO GLORIOSO EJERCITO está preso por corrupcion y robo ( los otros están a la espera) y no pasará nada, sin condena, tranquilo y pensionado millonario. Mientras tanto un pendejo por protestar en la calle condenado a 5 años de cárcel.. Viva Chile.-
Rita ribas | 21.01.2020
Votaron 24 a favor y 12 en contra. .. pero. Si los senadores ..son 43 porque ,estos últimos 7 ,no se presentaron a votar... Tendrían intereses creado. Al igual que los 4 oficialistas .. que tenían derechos de agua. Y votaron en contra ..
Rosa | 20.01.2020
Es bueno divulgar los Parlamentarios y Ministros q tienen derechos de agua.. Entre ellos Ossaandon y el Ministro Moreno.
Alvaro Flores | 19.01.2020 | Socio/a 4 años
Es por esa razón que todos los cambios que requiere la actual constitución no son viables de lograr parchándola. Cada cambio requiere los 2/3 de los votos, algo inalcanzable. Nueva constitución ahora sin parlamentarios
Fernando. Flores. Jerez | 19.01.2020
Que se puede decir ya en este país en donde todo está vendido o privatizado, y de quien estos esto??.
De políticos y empresas extranjeras coluidas por los mismos políticos.
O por qué creen que la mayoría de estos políticos no la quiere cambiar??.
Señores no demos pie atrás y formemos una nueva Constitución justa y equitativa, sin estos corruptos actuales por que lo único que asen estos políticos es robar, y de el universo de ellos yo creo que se salvará un1, 5%de ellos y así recuperaremos nuestra agua y nuestra dignidad
Valabi | 19.01.2020
Buen articulo, sin embargo, en el inicio no queda claro el asunto d la votacion. Hubo 6 abstenciones? Son 43 senadores.
Jota hache eme eme | 18.01.2020
Impresentable es que no se hayan declarado incompatible quienes tienen intereses creados en el agua. Ahi se cayo Ossandon. Por todos lados Impresentable ¡ que verguenza !.
Cristina | 18.01.2020
Interesante artículo, impresionante darse cuenta que el chancho ya se pelo mal... la derecha no va a soltar nada porque su mente obtusa creen que el pueblo debería estar agradecido por todo lo que nos han dado!!!!! Jamás van aceptar que el agua, es un derecho humano.
ARTURO FLORES | 18.01.2020
El agua no puede ser privada desde ningún aspecto. Es propiedad de todos los chilenos. Es increible que exista un reparto legal entre particulares de un bien común. Nadie puede entenderlo. Nuevamente los congresistas votando a favor de unos pocos y olvidando a la mayoría, o sea, a quienes los eligieron. Debieran mostrar los nombres de quienes se opusieron y exponerlos públicamente cuando llegue el tiempo de las elecciones. Estamos donde mismo, no hemos avanzado nada. En pleno Siglo XXI
Mario Lopez | 18.01.2020
Estimados. En la nota se menciona que fueron 24 votos de gobierno y 12 de oposición.
Pero en los hechos fue al revés. Los 12 votos no fueron de oposición política, sino que en oposición al proyecto. Así, tampoco los 24 votos fueron de la coalición de gobierno.
Espero rectifiquen eso a la brevedad, para una información veraz y oportuna.
Saludos.
Juan Luis Tirado | 18.01.2020
Pense que era un medio serio y no desinformar a los lectores, el primer párrafo esta mal redactado se entiende que los senadores alineados con el gobierno votaron a favor 24 lo que es falso eso se convierte en una una noticia falsa?â€â™‚ï¸
Joaquin | 18.01.2020
Por favor, corrigan el error sobre la votacion de la camara al principio de la columna, fueron 24 a favor (oposicion) y 12 en contra (oficialismo)
Miguel Angel | 18.01.2020
Al inicio del artículo está invertido el resultado de la votacionn: debe decir 24 votos de la oposicion y 12 votos del oficialismo
Gustavo | 18.01.2020
Al inicio del texto, la caracterización de los votantes, creo que es errada.
Saludos
Marco | 18.01.2020
Me parece necesario explicitar los nombres y partidos de los senadores que votaron en favor y en contra de la idea de legislar.
Parece contradictorio que, habiendo estado vinculados los senadores de derecha (oficialistas) con derechos privados de aguas, sean los votos de la oposición los que terminen rechazando la idea de legislar.
Fernando Ihl | 17.01.2020
Hay un error en el resultado de la votación en la cámara.
Socio/a 4 años
