Coimas en el Minvu: dueños de empresa investigada registran sociedad en paraíso fiscal

Altiuz SpA recibió $5.036 millones de entidades públicas entre 2017 y 2019. El Ministerio Público indaga esas transferencias tras formalizar a 21 personas por licitaciones arregladas en las que participó Altiuz y otras cuatro empresas. En 2017 los controladores de Altiuz abrieron una sociedad en Panamá, jurisdicción reconocida como paraíso fiscal. Uno de los delitos que se pesquisan es lavado de activos, por lo que este nuevo antecedente abre una arista internacional para el caso. El fraude se habría iniciado en el Ministerio de Vivienda a comienzos del gobierno de la Nueva Mayoría y se investiga su extensión hasta 2019. La Fiscalía pesquisa otras reparticiones afectadas, como la Presidencia, Ministerio de Educación y Subsecretaría de Prevención del Delito.   

La mañana del 4 de mayo de 2017, dos hombres se reunieron en la notaría de Norma Marlenis Velasco, en la avenida Samuel Lewis, corazón del distrito financiero de Ciudad de Panamá. Eran Juan Raúl Sevillano y Eduardo Achurra, ambos del bufete “especializado en inversiones extranjeras” Pardini y Asociados. Los abogados panameños habían llegado hasta esa oficina para sellar la constitución en ese país de, precisamente, una sociedad de inversión extranjera: Altiuz Centroamérica S.A.

En el documento que registró esa cita quedó consignado que los abogados iban en representación de extranjeros que habían contratado sus servicios. Los mandantes eran los chilenos José Alejandro Gálvez Vizcaíno (46), Francisco Javier Marambio Crichton (39) y Francisco Javier Henríquez Maldonado (38). Desde ese día conformarían el directorio de Altiuz Centroamérica.

En Chile, los tres ingenieros –junto a Renato Andrés Cisternas Giménez (47) – ya estaban a la cabeza de Soluciones Tecnológicas de Negocios SpA, una compañía que también usa el nombre Altiuz SpA. Esta última es una de las cinco empresas que están bajo la lupa del Ministerio Público por los delitos de fraude al Fisco, cohecho y lavado de activos en el caso conocido como el fraude del Minvu. Se les  investiga por licitaciones “arregladas” que inicialmente emergieron en el Ministerio de Vivienda (Minvu), pero ya se pesquisa la extensión del esquema fraudulento a distintas instituciones públicas. Los investigadores calculan que solo en coimas a tres de los funcionarios involucrados las firmas desembolsaron más de $660 millones.

En su web, Altiuz se jactaba de haber trabajado con instituciones públicas especializadas en el control de delitos, fraudes e irregularidades administrativas: Carabineros, Contraloría General de la República y la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Desde esta última se emitió el reporte que originó la investigación del Ministerio Público. Los registros de Mercado Público indican que también vendió servicios al Ejército, a la Armada, al Servicio de Impuestos Internos, al Ministerio de Obras Públicas y a la Tesorería General de la República, entre otras entidades.

La sucursal panameña podría arrojar pistas sobre los movimientos de dinero del brazo chileno de Altiuz. Panamá es un territorio reconocido como paraíso fiscal. Aunque el Servicio de Impuestos Internos desde 2018 ya no lo tiene en su nómina de jurisdicciones con “régimen fiscal preferencial”, la Unión Europea lo sigue considerando un territorio offshore.

Ximena Chong, una de las fiscales a cargo de la indagatoria.

Altiuz, junto a las otras cuatro empresas acusadas de participar en licitaciones amañadas, es investigada desde octubre de 2018 por los fiscales de Alta Complejidad Francisco Ledezma y Ximena Chong. La lista se completa con GPlus Ingeniería, Ingenieros Consultores (Consux), Megadata y la española Emergya Ingeniería.

Las pesquisas del Ministerio Público, que ahora deberán extenderse hasta Panamá, buscan desenredar la madeja del caso de corrupción que opera desde los inicios del gobierno anterior y que se extendió al menos por cinco años. La indagatoria, hasta el momento, sitúa en 2014 el origen del fraude en el Ministerio de Vivienda. Entre otras dependencias del Estado donde se indagan operaciones similares se cuentan el Ministerio de Educación, la Presidencia, la Secretaría General de Gobierno y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Hasta ahora, la Fiscalía tiene 21 formalizados, seis de ellos funcionarios públicos.

CIPER revisó documentos del Registro Público de Panamá, del Diario Oficial, del índice de comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) y de la plataforma Mercado Público para reconstruir esta historia offshore.

PANAMÁ: “POSICIÓN ESTRATÉGICA”

En 2017, cuando Altiuz Centroamérica fue constituida con un capital de US$10 mil ($6,6 millones a esa fecha), su par chilena se afianzaba como proveedora del Estado. Entre 2006 -en que inició sus operaciones- y esa mañana panameña, la compañía había vendido más de $1.050 millones en servicios de informática a ocho instituciones públicas. Cerraron ese año con un total de $885,8 millones en órdenes de compra, según los registros de Mercado Público revisados por CIPER.

De ahí en adelante las cifras solo mejoraron: según las órdenes de compra emitidas entre febrero de 2017 y noviembre de 2019 (el periodo que investiga el Ministerio Público), Altiuz SpA recibió $5.036 millones del Estado. Las escrituras disponibles en el Diario Oficial y el CBRS, muestran un movimiento coordinado de las sociedades de José Gálvez, Francisco Marambio, Francisco Henríquez y Renato Cisternas.

Página web de Altiuz.

El 10 de mayo de 2016, en la notaría de Antonieta Mendoza Escalas, Altiuz -que hasta entonces era Limitada- pasó a ser una Sociedad por Acciones (SpA). Idéntica operación hizo otra empresa de los mismos socios: Altiuz Soporte Tecnologías de Información. En esa jornada los cuatro controladores constituyeron la Inmobiliaria Zuitla SpA (Altiuz, al revés). El 9 y el 18 de agosto de 2017, tres de los ingenieros constituyeron cada uno una nueva empresa: Cisternas, Inversiones don Facundo; Marambio, Inversiones Santa Rafaela; y Gálvez, Inversiones Nueva Sago.

Según expertos consultados por CIPER, una “sociedad por acciones” –la figura escogida por los dueños de Altiuz para reordenar sus negocios– es un tipo de persona jurídica que combina elementos muy atractivos si lo que se busca es “privacidad”. Por ejemplo, el propietario de todas las acciones puede ser otra empresa (y de esta, otra compañía, y así), lo que hace más difícil rastrear a los dueños finales. También entrega beneficios, como ventajas tributarias o facilidades para modificar los estatutos. Si, además, se trata de sociedades inmobiliarias (como Zuitla SpA), los radares de Impuestos Internos se activan. Esto, porque las inmobiliarias se pueden usar en diversas estructuras potencialmente elusivas, como explica el catálogo de esquemas tributarios del SII publicado hace algunos días.

Según el SII, solo en 2018, 285 contribuyentes realizaron operaciones con empresas en paraísos fiscales por 2,5 billones de pesos. Aunque en 2019 Panamá adoptó una serie de compromisos con la OCDE para salir de la “lista negra” de paraísos fiscales, aún está en la nómina de la Unión Europea. En su Resolución 55, de 2018, el SII ya no incluyó a ese territorio centroamericano en su nómina de jurisdicciones con un “régimen fiscal preferencial”, pero hasta 2017 (vea la Resolución 124 de ese año) sí estaba. Y fue precisamente en 2017 cuando Altiuz Centroamérica se constituyó en Ciudad de Panamá.

El 7 de junio de 2018, Altiuz dio el salto. Hacía un año que Altiuz Centroamérica ya estaba registrada en Panamá, pero faltaba lanzarla oficialmente. Ese día se hizo el “exitoso lanzamiento” de su sede oficial en Panamá, con un “maravilloso desayuno en el Business Conference del prestigioso Sortis Hotel”. En el evento, José Gálvez -quien oficiaba de gerente general de la oficina en ese país-, dijo: “En Panamá encontramos estabilidad tanto política como económica, es sin duda una posición estratégica”.

Poco después, en septiembre, las empresas de los socios de Altiuz -Santa Rafaela, Don Facundo y Nueva Sago- formaron Grupo Altiuz SpA. Un mes más tarde, el 25 de octubre, la Fiscalía comenzó a investigar el fraude en el Minvu por un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) emitido por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda. Al tirar la madeja de las órdenes de compra del Minvu apareció la primera venta de Altiuz a esa institución, en 2017. Ahí, la empresa quedó bajo la lupa.

EL FRAUDE

Altiuz se jugó su reputación en su sitio web: “Estamos presentes en MercadoPúblico”, anuncia una de sus páginas. La empresa explica ahí que participan en “los tres convenios más grandes de tecnología en Chile”. Dos de ellos están siendo investigados hoy por los fiscales de Alta Complejidad Francisco Ledezma y Ximena Chong.

Se trata de Convenios Marco de Mercado Público que eran usados por los funcionarios involucrados en el fraude para escoger a la empresa que querían que ganara. En todos los casos la fórmula fue más o menos similar: los funcionarios hacían las bases de licitación para que se ajustaran a la empresa favorecida o bien llenaban ellos mismos las fichas técnicas de postulación, o calificaban favorablemente a la empresa si eran parte de la comisión evaluadora.

Formalización de los 21 imputados en el fraude, el pasado 14 y 15 de diciembre.

El mecanismo se echó a andar en 2014. Ese año, Willy Conejeros Gajardo, gerente general de Ingeniería y Servicios, una empresa que no reunía las condiciones para participar en el Convenio Marco de estos proyectos informáticos, se puso en contacto con el español Antonio Fernández Nacarino. Así, consiguió que la empresa española Emergya Ingeniería –que sí estaba inscrita y calificada para participar en el Convenio Marco del Minvu– le prestara su razón social, sus certificaciones y casillas de correo electrónico, para que Conejeros y su empresa presentaran la documentación necesaria en las licitaciones.

En el Minvu, cuatro funcionarios del Departamento de Informática –Marco Rivas Rivas, María Cristina González Ilarrázabal, Alejandro Jara Arriagada y Cristian Felipe Labra Peña– están acusados de haber usado distintas técnicas para asegurar que las licitaciones se adjudicaran a Emergya.

El mecanismo fue similar en cada caso según investigado hasta ahora por la Fiscalía. Lo que empezó con Willy Conejeros y la española Emergya en 2014, se propagó a Consux, GPlus y Altiuz. En el caso de Altiuz, no habría sido Conejeros sino que Mariela Elizabeth Elgueta Rosas (en representación de la empresa Fase Ingeniería de Proyectos) quien coordinaba la jugada. Su empresa, según los antecedentes pesquisados hasta ahora, habría prestado los servicios usando el nombre, el correo, la certificación y los documentos de Altiuz para que, cuando llegara a la evaluación del Minvu, los funcionarios coludidos le adjudicaran la licitación. Las investigaciones indican que Fase le habría dejaba hasta un 20% del valor del contrato a Altiuz y le habría pagado a los funcionarios del Minvu que hacían posible el arreglo.

Una de las licitaciones arregladas, relatada por el Ministerio Público en la audiencia de formalización de los 21 imputados realizada a mediados de diciembre, involucró un total de $162 millones. En este caso el servicio se prestó y la factura se pagó. El problema, dijo en la audiencia el fiscal Daniel Vidal, es que Altiuz ganó “aunque no reunía los requisitos, no había presentado todos los documentos de respaldo que dieran cuenta que los profesionales tenían los conocimientos específicos solicitados, por lo que no debería haber siquiera sido considerada”.