Hasta ahora la discusión constitucional se ha concentrado en cómo lograr que la “convención” refleje la diversidad de Chile. El autor destaca aquí otros temas irresueltos, por ejemplo, que las candidaturas independientes a la convención recibirán menos financiamiento público que los postulantes de los partidos; y que los candidatos pueden recibir donaciones de privados. El autor sugiere medidas para “nivelar la cancha y estimular un debate programático”, tales como prohibir donaciones y aumentar el aporte público a las campañas independientes y financiar franjas radiales.
La protesta social abrió la puerta para una discusión profunda sobre la Constitución. Pero el modo en que evoluciona dicho proceso está siendo delineado y demarcado por quienes administran el poder. Y hasta hoy ese papel lo cumplen los partidos políticos.
La sociedad civil organizada ha insistido en cuatro asuntos sin duda gravitantes: paridad, escaños reservados para pueblos indígenas, acción afirmativa para personas con discapacidad y las condiciones de participación de independientes. El objetivo de tales demandas —todas ellas pendientes a ser discutidas y aprobadas por el Senado— es permitir que la futura Convención refleje del mejor modo posible la diversidad presente en la sociedad. La idea es contar con una Convención que sea un verdadero “espejo” de la diversidad de nuestra sociedad.
Pero la discusión sobre el proceso constituyente no acaba allí. La definición de las reglas del juego involucra no sólo el asunto de quiénes podrán sentarse en la mesa, sino que además, una serie de asuntos que valdría la pena mencionar ahora que se promulgó la ley 21.200 que habilitó el proceso constituyente.
“En las campañas de 'convencionales' se aplicará la misma regulación de financiamiento electoral que en las campañas de diputados. Esto significa que se permitirán la donación de privados”.
Dado que en pocas semanas se iniciará un proceso único e histórico, convendría advertir de una serie de otras condiciones y que tendrán un impacto significativo en el modo en que se desenvolverá el proceso.
El timing del proceso constituyente
Se escogió el 25 de octubre de 2020 como fecha para realizar la elección de la Convención. Lo anterior no es menor toda vez que simultáneamente se realizarán las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y de integrantes de la Convención. Por lo tanto, las elecciones locales y regionales serán la base operativa de muchos y muchas que aspiran a llegar a la Convención. Los partidos políticos con representación en municipios tendrán una ventaja territorial evidente respecto de grupos independientes que pretenden acceder a la Convención. Hay poco tiempo para darse a conocer y una de las principales ventajas de los partidos con más historia es la red pre-existente en prácticamente todas las regiones. Lo anterior implica un doble desafío para los independientes que deseen articularse en listas: coordinarse en pocas listas y articularse territorialmente a lo largo de todo el país.
El plebiscito de entrada sin regulación de financiamiento electoral
Una de las particularidades del plebiscito del 26 de abril de 2020 es que no presenta ninguna regulación específica asociada a financiamiento electoral, lo que le entrega una ventaja a los grupos de la sociedad que tiene mayor capacidad financiera para realizar propaganda.
La campaña de convencionales con normas de financiamiento electoral de los diputados
En las campañas de “convencionales” se aplicará la misma regulación de financiamiento electoral que en las campañas de diputados. Esto significa que se permitirán la donación de privados, se financiarán a los partidos en relación a votos obtenidos en elecciones anteriores, el aporte estatal a los partidos es superior a los independientes, las normas de transparencia y rendición de gastos son idénticas a las que operan con diputados. Esto implica que además de las ventajas evidentes para los partidos, las candidaturas independientes deberán familiarizarse con el sistema de rendiciones de cuentas para evitar dificultades con el SERVEL.
Las normas de propaganda son idénticas a las aplicadas con las elecciones de diputados
De nuevo aquí no se consideró que el escribir la Constitución fuera un proceso excepcional y extraordinario, sino que se le asimiló a un proceso político regular, como es la elección de diputados. Por lo mismo, no existen regulaciones extraordinarias como permitir franjas radiales o promover mecanismos para un voto más informado dada la particularidad del debate que se tendrá.
Se estableció un régimen de inhabilidades diferentes en las dos Convenciones propuestas
Como sabemos, en abril la ciudadanía tendrá la opción de elegir si quiere que una Convención Mixta (mitad parlamentarios/mitad ciudadanos electos), o una Convención Constitucional (100% electos por la ciudadanía), escriban la nueva Constitución. La ley recién aprobada establece que aquellos que participan de la Convención Mixta no tienen la inhabilidad de salida —esto es, tales convencionales podrían presentarse a elecciones en la elección siguiente sin mediar ningún impedimento. En tanto, si se opta por el camino de la Convención Constitucional, en este caso se trata de personas que sí tendrían una inhabilidad para competir en la siguiente elección. Se produce de este modo una curiosa situación donde la idea de la inhabilidad de salida —que es fundamental para garantizar que no existirá un conflicto de interés con las normas que se definen y si benefician a quienes las están escribiendo— solo se aplica a una de las fórmulas institucionales.
El voto obligatorio se establece solo en el plebiscito de salida
La lógica del legislador en este caso es que la decisión de tener una nueva Constitución es tan importante que el Estado puede obligar a la ciudadanía a participar de este proceso e incluso establecer multas por la no concurrencia. Sin embargo, esta misma lógica—que parece razonable—no se aplica con el plebiscito de entrada o con la elección de convencionales. Por lo demás, la legitimidad del proceso se vería seriamente cuestionada si en el plebiscito de abril participa poca gente. A ello debemos sumar el riesgo de reproducir prácticas de “acarreo”, muy presentes en un sistema con voto voluntario.
La personalización de las listas y el debate de ideas
Un problema del sistema actual es la ausencia de incentivos para promover el debate de ideas. En el actual esquema, se competirá en listas abiertas, es decir, usted tendrá que elegir a una persona de una lista (sea de partidos o lista de independientes si es que se aprueba la reforma), o bien a un independiente que decide competir fuera de cualquier pacto. La personalización del sistema es altísima toda vez que toda la elección depende de la persona por la que se está votando y no los programas que las listas promueven. Por tratarse de un proceso constituyente, debiese exigirse la presentación de programas constitucionales de modo que la ciudadanía pueda decidir no en base a candidaturas individuales, sino que de acuerdo a los programas que cada lista o candidatura presenta.
“Simultáneamente se realizarán las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y de integrantes de la Convención. (…) Los partidos políticos con representación en municipios tendrán una ventaja territorial evidente respecto de grupos independientes que pretenden acceder a la Convención”.
Aun es tiempo para alterar algunos de los riesgos que enfrenta el proceso constituyente. Además de la inclusión de los temas de paridad, discapacidad, escaños reservados para pueblos indígenas y listas de independientes podrían aprobarse medidas muy sencillas que permitirán nivelar la cancha y estimular un debate programático del proceso:
Establecer transporte público gratuito el día de los plebiscitos y elección de la Convención. Esta medida permitiría aumentar la participación ciudadana, reducir los costos de campaña, y evitar prácticas de acarreo.
Establecer el voto obligatorio para todo el proceso constituyente.
Prohibir las donaciones de privados a campañas de candidaturas a la Convención y aumentar el aporte público a campañas de pactos de partidos y de independientes.
Habilitar recintos de votación en las cárceles para permitir que personas privadas de libertad (no condenadas), puedan ejercer su derecho a voto.
Establecer financiamiento público para franjas radiales para el plebiscito y para la campaña de Convención.
Establecer la exigencia de las candidaturas por listas (de partidos e independientes) de un programa constitucional común a la lista; lo mismo debe exigirse a candidaturas de independientes fuera de pactos.
Aun hay tiempo para mejorar un proceso constituyente que debiese buscar ser inclusivo, participativo, organizado en torno al debate de ideas y que goce de la más alta legitimidad social posible.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.
Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de cuatro centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) y el Observatorio del Gasto Fiscal. Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.
Los partidos políticos,en general (de izquierdas, derechas y de centro) se han desprestigiado, por no promover ni hacer cambios fundamentales en los gobiernos pos dictadura.Por tal razón, carecen de credibilidad por parte de la ciudadanía.
De lo anterior se colige, que no deberían tener mayor financiamiento que los independientes, y miembros de la sociedad civil en el proceso de elección de convencionales o constituyentes. Eso conlleva una discriminación arbitraria que atenta y violenta al proceso democrático para una nueva constitución.
Incluso, debemos tener presente, que este proceso (nueva constitución) es consecuencia, del "estallido social" por parte de la ciudadanía sin conducción partidaria.
Fabian Flores | 29.12.2019
Comparto esta propuesta plenamente. Dejar en claro quienes están realmente apoyando y que es lo que realmente proponen los candidatos a cualquier instancia de representación popular resulta ser una cosa imprescindible para tener una democracia en serio.
Lisette | 27.12.2019
Que sea por número de rut sorteado en tombola. Cómo los premios del loto. Si la persona sorteada no responde al llamado o no quiere hacerlo que se sortee otro y así seria al azar y sin pensar que a la persona la manera un partido político..
