Explicaciones y silencios del Canciller Ribera ante la comunidad internacional

“El Canciller insiste en las violaciones a los DDHH ocurridas en Chile desde el 18/O, han sido ‘individuales y no sistemáticas ni generalizadas’. La mejor respuesta a esa pretensión es la que han dado los dos organismos intergubernamentales, quienes han calificado las violaciones como ‘graves’, ‘en elevado número’ y ‘repetitivas’ (CIDH) y ‘graves’, ‘en elevado número’ y ‘reiteradas en el tiempo y en el espacio’ (ACNUDH). El intento de relativizar la gravedad de la situación tiene el único fin de poder evadir responsabilidades políticas y penales.” Opinión del Académico Claudio Nash para CIPER/Académico.

El estallido social y la crisis más grande de derechos humanos (DDHH) que ha vivido el país desde el fin de la dictadura, ameritaba una buena explicación a la comunidad internacional.

La respuesta del Canciller Teodoro Ribera, a través de su cuenta de Twitter, da cuenta de la posición oficial de Chile ante la comunidad internacional y, por ello, es necesario analizarla en profundidad.

Luego de cuatro informes internacionales sobre la situación de los derechos humanos en Chile (Amnistía Internacional [AI], Human Rights Watch [HRW], Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] y Alto Comisionado para los Derechos Humanos [ACNUDH]), duros pronunciamientos de gobiernos y organismos internacionales (Alemania, Parlamento Europeo, entre otros) y explícitos reportajes de grandes medios internacionales (BBC, El País, The Guardian, entre otros), es evidente que el prestigio del gobierno está en su peor momento y con muy escasas posibilidades de restablecerse. La respuesta del Canciller en nada ayuda.

Los primeros párrafos de la publicación del Canciller describen una autocomplaciente imagen de la realidad en Chile y una descripción antojadiza de lo vivido en el país desde el 18 de octubre de 2019 (18/O).

Si bien la carta hace referencia a las “inequidades, injusticias y abusos de poder” que el “crecimiento económico” no ha podido solucionar en Chile, no hay ninguna mención a que el estallido social que vive el país es un reclamo ciudadano contra las bases del modelo que viola derechos económicos y sociales, y que genera graves discriminaciones y exclusiones sociales tal como da cuenta el informe ACNUDH.

Sobre las situaciones de violencia vivida los días posteriores al 18/O, se insiste en la existencia de un movimiento destinado a “desestabilizar la democracia” (sin identificar a ningún responsable a la fecha) y con “participación extranjera”, respecto del cual no se ha entregado ninguna prueba (salvo un estudio de redes sociales acusando a grupos de pop coreano, en lo que debe ser el momento más delirante de estos últimos dos meses).

En definitiva, se insiste en una versión criminal de un estallido social que se ha expresado mayoritariamente en movilizaciones ciudadanas pacíficas, multitudinarias y que se han mantenido en el tiempo a lo largo de todo el país.

Luego, el Canciller señala que lo que ha llamado la atención de la comunidad internacional, sería la “violencia y destrucción” y si Chile volverá “a ser el mismo”. Una omisión marca este planteamiento. Lo que ha escandalizado al mundo son las violaciones de DDHH en que han incurrido las Fuerzas Armadas y de Orden bajo el amparo de las autoridades civiles. Se trata de violaciones de DDHH propias de una dictadura (ejecuciones, torturas, vejaciones sexuales, mutilaciones), que se dan en un contexto democrático (con poderes independientes, estado de derecho y elecciones regulares).

Esta forma de violar los DDHH ha activado una alerta en la comunidad internacional en el sentido de que, si no se fortalecen los mecanismos de control nacional e internacional, las salvaguardas propias de la democracia pueden no ser insuficientes para proteger los DDHH. Chile se ha transformado en un caso que deja en evidencia las amenazas que penden sobre todas las democracias construidas sobre profundos conflictos sociales sin resolver. Ese es el motivo por el que el grueso de la declaración del Canciller está destinado a hacerse cargo del tema de los Derechos Humanos.

El Canciller destaca que fue el gobierno quien invitó a los organismos internacionales a Chile y fue proveyó toda la información requerida. Además, señala que se estarían cumpliendo algunas recomendaciones del informe del ACNUDH, pero se omite señalar cómo, cuándo y de qué forma se han cumplido. Además, omite cualquier referencia a las recomendaciones de los otros informes. Esto es grave, porque el compromiso de Chile con la comunidad internacional es cumplir de buena fe con sus obligaciones y no elegir cuáles, cuándo y cómo se cumplirán.

En la parte central de la defensa que despliega el Canciller, se pone en duda la gravedad de las violaciones de DDHH. Insiste en una tesis que, a estas alturas, es completamente peregrina: de que las violaciones han sido “individuales y no sistemáticas ni generalizadas”. La mejor respuesta a esta pretensión es la que han dado los dos organismos intergubernamentales de DDHH, quienes han calificado las violaciones de DDHH en Chile como “graves”, “en elevado número” y “repetitivas” (CIDH) y “graves”, “en elevado número” y “reiteradas en el tiempo y en el espacio” (ACNUDH). Este intento por relativizar la gravedad de la situación tiene el único fin de poder evadir responsabilidades políticas y penales.

Asimismo, el Canciller omite cualquier referencia a medidas eficaces y oportunas que haya tomado la autoridad para evitar la continuidad de las violaciones durante estos dos meses. Esto configura un complejo escenario judicial pues las omisiones de la autoridad, estando advertida de los abusos, pueden activar los mecanismos penales (nacionales, internacionales y de jurisdicción universal). Esto es una amenaza concreta sobre las autoridades estatales chilenas. Insistir en negar lo evidente no parece ser la mejor política por parte de las autoridades chilenas.

Para terminar su declaración, el ministro Ribera hace referencia a la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho. ¿Quién podría estar en desacuerdo?

Empero, nuevamente, las omisiones son las relevantes. Frente a las graves violaciones de DDHH que se viven en Chile desde 18/O uno esperaría una batería sólida de medidas. Veamos algunas. Fortalecer el estado de derecho es fortalecer la protección de DDHH y, para ello, es necesario revisar la legislación sobre estados de excepción que demostró no garantizar la vigencia de la Constitución; tomar medidas efectivas y oportunas para prevenir y sancionar los graves hechos de tortura, violencia sexual, lesiones oculares, atropellamientos criminales y detenciones arbitrarias; garantizar una respuesta judicial rápida y proporcional a la gravedad de la situación; mejorar el acceso a la justicia de las víctimas debidamente representadas; avanzar en una reparación integral de las violaciones de DDHH vividas por miles de personas en Chile; estudiar una ley de víctimas de violación de DDHH, entre otras medidas. Nada de esto se discute hoy en Chile. Una extraña forma de entender el estado de derecho la del gobierno de Chile.

Lo que omite completamente el Canciller es señalar qué medidas está tomando el gobierno para el cese de las violaciones de DDHH, tal como lo ha exigido la comunidad internacional (continúan los arrestos arbitrarios, denuncias de tortura, violencia sexual, lesiones oculares, uso desproporcionado y criminal de la fuerza, entre otras).

Peor aún, estos días se ha vivido un retroceso en la política del gobierno frente a las movilizaciones ciudadanas. El Intendente de Santiago, con pleno aval del ministro del Interior y del Presidente, está implementando lo que han denominado “Plan Tolerancia 0” frente a las movilizaciones ciudadanas.

Este plan (que hace referencia a una política antidelincuencia de mano dura en Nueva York) busca evitar -mediante ocupamiento de espacios públicos por la fuerza pública- que las personas transiten libremente, se reúnan pacíficamente y ejerzan derechos garantizados constitucional e internacionalmente.

Esta medida de restricción de derechos no tiene base normativa (no se basa en una ley, sino que en un Decreto de la dictadura militar), es desproporcionada (anula completamente el ejercicio de DDHH) y criminaliza el ejercicio de derechos (incompatible con una sociedad democrática); un verdadero estado de sitio de facto.

Este Plan ya ha ocasionado graves situaciones de violaciones de DDHH por el actuar “brutal” de Carabineros (expresión usada por JM Vivanco director de HRW), cuyos responsables son las autoridades civiles que generaron el ambiente propicio para que estas se dieran (Intendente), y pese a ser previsibles, no las evitaron (ministro del Interior y Presidente).

En definitiva, estamos ante una respuesta del Canciller a las preocupaciones de la comunidad internacional que incurre en graves omisiones, tergiversa la realidad y no da cuenta de una política exterior seria y responsable.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.

Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de cuatro centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) y el Observatorio del Gasto Fiscal. Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.