El abogado Claudio Nash ha analizado en CIPER los cuatro informes internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile a partir del 18/O. Cuando estamos a poco de completar el segundo mes de protesta, estos informes constituyen un registro doloroso, que nos avergonzará por décadas. Aquí, el autor examina el documento elaborado por la ONU, el cual coincide con los otros informes en muchos aspectos: uno ellos es que Carabineros de Chile ha actuado con brutalidad y debe ser reformado profundamente.
El viernes 13 de diciembre de 2019 fue un día del terror para el gobierno. Esa mañana, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) entregó su informe luego de una visita realizada por una misión a Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre. Este se suma a los dos del movimiento de DDHH (Amnistía Internacional y Human Rights Watch) y al de la CIDH.
El informe era muy esperado, no solo por la importancia del órgano que lo emitía, sino porque el gobierno se lo había pedido a un organismo internacional dirigido por la ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet. A todas luces, el informe ha sorprendido en Chile porque se ha transformado, a la fecha, en el informe más completo y lapidario para el gobierno.
El informe concluye que “se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos […] Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la Región Metropolitana y en contextos urbanos […] ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas”.
“El informe da cuenta de ejecuciones extrajudiciales y también que 'adolescentes y jóvenes constituyen la mayoría de las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos y se han visto especialmente afectados'.”
En consecuencia, se reitera la caracterización de las violaciones que hizo la CIDH: violaciones graves, masivas y reiteradas en el tiempo.
Las conclusiones contenidas en el informe tienen en común con los otros documentos conocidos la denuncia de casos de “uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias”. Asimismo, el informe da cuenta de ejecuciones extrajudiciales y también que “adolescentes y jóvenes constituyen la mayoría de las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos y se han visto especialmente afectados”.
El informe resalta algunas cuestiones que permiten dimensionar la gravedad de la crisis de DDHH en Chile. Se denuncia que respecto de las lesiones oculares “hubo una omisión por parte de los responsables al no adoptarse medidas eficaces, expeditas y oportunas para minimizar el riesgo para las personas”, y con ello la responsabilidad escala a las autoridades políticas a cargo del accionar policial (Ministerio del Interior y el propio Presidente Piñera). Además, se denuncia que un gran número de las personas arrestadas y detenidas fueron víctimas de maltratos (“incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían ‘desaparecidas’, que equivalen a tortura”); y, nuevamente, destaca la falta de medidas efectivas al señalar que “muchos de estos casos ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados”.
“El informe analiza la forma en que se ha actuado para investigar y sancionar estas graves violaciones de DDHH. Destaca el 'bajo número de formalizaciones contra presuntos autores de violaciones a los derechos humanos, pese al gran número de denuncias y acciones judiciales'.”
Decíamos que este informe es el más completo, no solo por la profundidad del análisis de casos, sino también porque amplía y profundiza los temas tratados en los otros informes. Así, desarrolla elementos sobre el contexto que origina el estallido social, relacionándolo a “una multiplicidad de causas, incluyendo la desigualdad social y económica” que configuran formas de violaciones de derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y formas de discriminación que ya habían sido denunciadas por los organismos de DDHH de la ONU. Además, trata en forma detallada la forma en que la violencia represiva ha afectado en forma diferenciada a grupos históricamente discriminados (LGBT, PPII, Mujeres y Personas en Situación de Discriminación).
Al igual que en todos los informes entregados a la fecha, este pone un fuerte énfasis en el rol de Carabineros como la institución con un mayor compromiso en las violaciones de DDHH. En sus conclusiones el informe señala que “la gestión de las manifestaciones por parte de Carabineros se ha llevado a cabo de manera fundamentalmente represiva”. Entre los incumplimientos, destaca “no haber distinguido entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente”; “utilizar fuerza no letal cuando las manifestaciones fueron pacíficas, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión”; «hacer un uso desproporcionado, indebido, indiscriminado y a veces innecesario de armas no letales» (escopetas antidisturbios y también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia). Finalmente, en la que debe ser la imputación más delicada, dice relación con el “número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara da cuenta de esta grave violación” y manifiesta preocupación por “la utilización de perdigones que contienen plomo”. Un duro recuento de los incumplimientos por parte de Carabineros.
El informe de la OACDH analiza a la forma en que se ha actuado para investigar y sancionar estas graves violaciones de DDHH. Destaca el “bajo número de formalizaciones contra presuntos autores de violaciones a los derechos humanos, pese al gran número de denuncias y acciones judiciales”. Por otra parte, releva las medidas para “garantizar la investigación” de las violaciones y respecto del rol de los tribunales señala que “han emitido fallos para proteger a las personas que ejercen sus derechos, incluida la reunión pacífica”. Mixto el resultado, medidas adecuadas para investigar, pero demora.
“Respecto de Carabineros, se recomiendan reformas estructurales 'para asegurar la supervisión civil y monitoreo independiente de sus actividades'; reformas al sistema de registros de detención; capacitación de vanguardia; regulaciones para protección de personas y grupos discriminados; utilización de identificación adecuada en actividades de seguridad pública”.
Acerca de las recomendaciones, estas son amplias y detalladas. Un grupo de ellas está destinado a medidas correctivas de la actuación del Estado en el contexto de las manifestaciones, las que están básicamente dirigidas al cumplimiento de la normativa interna e internacional. Respecto de Carabineros, se recomiendan reformas estructurales “para asegurar la supervisión civil y monitoreo independiente de sus actividades”; reformas al sistema de registros de detención; capacitación de vanguardia; regulaciones para protección de personas y grupos discriminados; utilización de identificación adecuada en actividades de seguridad pública.
Asimismo, se proponen medidas para evitar la impunidad en los casos de tortura y se propone el uso de los protocolos internacionales (Estambul y Minnesota) para las investigaciones; y, exámenes médicos después del arresto y mantención de registros médicos.
Lo más interesante de las recomendaciones es un grupo de medidas relacionadas con rendición de cuentas e investigación de violación de DDHH, donde se pide el reconocimiento de las violaciones de derechos por parte de Carabineros y el aceleramiento de las investigaciones garantizando el acceso a la justicia de las víctimas.
“El informe recomienda también asegurar un mecanismo paritario y con participación de pueblos indígenas y todos los sectores de la sociedad para generar un nueva Constitución”.
En cuanto a las medidas de protección, se recomienda que defensores de DDHH, periodistas y personas que brindan asistencia de salud puedan realizar sus labores. Además, recomienda que el derecho penal no se utilice para restringir a quienes ejercen su derecho a reunirse pacífica y libremente y en ningún caso “criminalizar la protesta”.
Finalmente, concordando con solicitudes de la sociedad civil y la academia, se propone la creación de un mecanismo para “recopilar, sistematizar y hacer pública la información” de las violaciones de DDHH. También se recomienda un mecanismo participativo para “identificar las causas estructurales de las protestas” y, en particular, las relacionadas con DESC y discriminación.
Entrando en un debate de gran actualidad, el informe recomienda asegurar un mecanismo paritario y con participación de pueblos indígenas y todos los sectores de la sociedad para generar un nueva Constitución.
La respuesta del gobierno tuvo una doble cara. Por una parte, se saludó el informe y por otra, se cuestionaron algunas cuestiones vinculadas con la información de base. Esto da cuenta que el gobierno ya no tiene espacio para segur discutiendo la gravedad de las violaciones, pero que aún no asume una agenda integral de cumplimiento de las recomendaciones que los cuatro informes entregados a la fecha le han hecho al Estado de Chile.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.
Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de cuatro centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) y el Observatorio del Gasto Fiscal. Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.
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Andrés Chadwick aceptó que la fiscalía acceda a sus cuentas bancarias y al contenido de su teléfono
Y el General Mario Rozas continua impunemente en su cargo. Espero que luego de todo lo que ha pasado nadie de Carabineros o del gobierno diga "nunca mas". Porque eso seria de un cinismo monumental y porque esto seguirá pasando.
Marcelo | 20.12.2019
Protestas pacificas ? ¿no ven los artificios que usan los protestantes para atacar a Carabineros? ,como se puede contener tanta barbarie sin uso de la fuerza, es doloroso pero la unica forma. Al Pdte. Le faltan pantalones para dirigir, es mejor culpar a quien puso al frente de Carabineros y esconder su debilidad
Eliana Fuenzalida | 18.12.2019
Por favor, que se cumplan las leyes y dejen de usar los perdigones, el agua con acidos, que los carabineros sean sancionados, que se puedan ver cambios que ayuden a los manifestantes que protestan pacificamente por sus Derechos Humanos a la protesta, al respeto que deben tener a los ciudadanos chilenos, jovenes, viejos, mujeres, estudiantes, trabajadores, indigenas, con quienes han actuado en forma violenta estos carabineros, mandados por el gobierno.
G. Chávez | 18.12.2019
Cuando el país es conducido por personas que no reúnen los mínimos requisitos de ética y probidad, y se aferran ciega y sobreideologizadamente a un modelo deshumanizado, herencia y lastre de un régimen delincuencial y terrorista como fue la Dictadura cívico-militar que sufrió Chile, entonces se corre el riesgo que ante la primera gran movilización o manifestación de descontento de la ciudadanía (archi justificada), se utilice a chilenos de uniforme para, por la (acostumbrada) vía del terror, atacar a los "otros" chilenos e intentar frenar el descontento.
Piñera mostró que el barniz de demócrata del que se auto elogiaba, sólo era eso, un barniz, una superficialidad, sólo sirve (le sirve) mientras la ciudadanía está silenciada. i
ANDRES | 17.12.2019
...Acaso no habra alguien que lidere una acusacion por delitos de Lesa Humanidad,ya sea en la OEA,ONU,CORTE INTERNACIONAL.....NO IMPUNIDAD...
Juan | 17.12.2019
Rosa G. Usted es un mal de esta sociedad. En su persona se refleja ese individualismo que antepone el miedo a los demás por sobre la justicia y la igualdad. Conceptos, estos últimos, que seguro le resuenan a comunista por su inhabilidad lectora que demuestra al tergiversar la declaración de Derechos Humanos en los artículos que ha citado.
Sólo le deseo un corto porvenir.
No así al equipo de CIPER, del que soy una gran admiradora.
Jaime goo | 17.12.2019
A mi opinión excelente análisis, pero resulta que aun continúa esto. Informenes de laboratorios indican q se está usando soda cáustica en él móvil que arroja agua, lo cual hay como tres análisis de distintos laboratorios y lo están negando. Q se investigue esto.
Jaime goo | 17.12.2019
Este informe. Puede condenar al gobierno a ser destituido, por que es bien lapidario. Eso es lo q él pueblo desea.
Lucas G | 17.12.2019
Rosa G. entiendo que la recomendación para la generación de la constitución es en caso de que se apruebe el plebiscito. Es una recomendación a futuro y creo que se debe entender como un "en caso de". Ten en cuenta que el tema de la participación de los pueblos indígenas ya se está discutiendo, aunque aún no se haga el plebiscito.
Rosa G | 16.12.2019
Espero que Carabineros adopte completa y totalmente las recomendaciones del informe. Asi, con el caos social que seguramente resultaria, espero que las organizaciones de derechos humanos se enfoquen en salvaguardar los derechos humanos de los millones de chilenos que hemos visto violados nuestros derechos expuestos en la Declaracion de Derechos Humanos articulos 3, 5, 12, 13 (1), 17 (2), 28, 29 y 30.
Rosa G | 16.12.2019
Es que la ONU ya decidio que tenemos que tener una nueva constitucion? Yo creia que la soberania de Chile se deriva de nosotros los ciudadanos chilenos. Cada dia se aprende algo nuevo!!
Victor Silva | 16.12.2019
En la frase que lleva al link para leer el informe se encuentra: "Sobre el informe del CDIH (aquí)". Debiera decir: "Sobre el informe del CIDH (aquí)".
