Carta abierta del Programa de Justicia Restaurativa y Paz Social

Como académicos y profesionales comprometidos con los procesos de promoción de paz y reparación de víctimas de hechos violentos, y frente los preocupantes informes redactados por organizaciones de derechos humanos que se han dado a conocer recientemente, nos sentimos en la obligación de entregar nuestra perspectiva respecto del proceso de crisis social que afecta gravemente la convivencia nacional, con la esperanza de que nuestras palabras sean oídas por las máximas autoridades que componen y representan los diferentes poderes del Estado en Chile.

Frente a la violencia que progresivamente se ha venido manifestando desde que se iniciara el estallido social, desde diversos sectores, y en especial desde las fuerzas de orden y seguridad del Estado, se plantea la necesidad de instaurar la paz. Sin embargo, “lograr la paz” no se trata sólo de detener la violencia e imponer el orden público. En un sentido positivo, la paz social implica que los diferentes grupos de la sociedad logran convivir en respeto, afrontando constructivamente los conflictos.

La paz no se gana, sino que se construye. La paz emerge de una serie de procesos de los que todos formamos parte y con los cuales nos comprometemos responsable y activamente. Implica llevar a cabo procesos de diálogo y escucha, de empatía y respeto, de reparación y justicia.

Para comenzar el camino hacia la paz y promover la reparación de los vínculos del tejido social afectados por la violencia, creemos que un primer paso es el reconocimiento de los daños producidos por los aparatos del Estado. No puede haber paz sin reparación y no puede haber reparación sin reconocimiento. Este reconocimiento implica que las máximas autoridades del Gobierno, en su calidad de representantes del Estado, asuman públicamente la responsabilidad por los daños causados a los ciudadanos que han visto vulnerados sus derechos, ya sea por el ejercicio abusivo de la fuerza en las medidas adoptadas para el control de orden público en la crisis, así como por la implementación sostenida de políticas públicas que han profundizado las inequidades sociales en el país. En otras palabras, reconocer los daños producidos implica asumir que, por acción u omisión, el Estado ha incumplido deberes que involucran diversos aspectos de la convivencia social.

Desde nuestra perspectiva, los daños más importantes que se deben reconocer son los siguientes:

1) La desigualdad social. Se debe reconocer que la desigualdad que caracteriza actualmente nuestro país se profundizó en democracia y ha sido el resultado de un modelo de desarrollo en el cual la actividad económica ha sido más importante que la dignidad de las personas. Durante décadas el Estado chileno ha permitido que el crecimiento económico del país beneficie a un sector reducido de la población, dejando a otro mayoritariamente desprovisto de sus derechos sociales más básicos, lo cual ha primado en las políticas de previsión social, salud, educación, justicia y medio ambiente, así como también en la relación del Estado con los pueblos originarios.

2) La violencia policial y el abuso de poder desde sus agentes. El Estado debe reconocer seriamente y sin contradicciones entre sus autoridades e instituciones (Presidente, ministros, Poder Legislativo, jefes de las Fuerzas Armadas y de Orden, etc.) que desde los agentes del Estado se han producido graves daños a la población civil, en varios casos irreparables, a niños, niñas, mujeres y hombres que han sufrido el abuso de poder policial o militar. Este daño es real, y debe ser reconocido y reparado. El gobierno debe, además, tomar medidas rigurosas y efectivas para que dicha violencia cese en forma inmediata y no se vuelva a repetir en ninguna parte del país, más allá de la contingencia que vivimos en el presente.

3) La negligencia del Estado en el manejo de las fuerzas de seguridad y orden público. El Estado debe reconocer que no ha sido una prioridad mejorar los procesos de formación de la policía, ni generar mecanismos eficientes o efectivos de gestión y control de su funcionamiento. Debe reconocer que los programas de formación de las policías no han sido suficientes para reconstruir una nueva cultura institucional y promover una policía más cercana a la ciudadanía y con una cultura organizacional que esté acorde a un país en democracia y con pleno respeto de los derechos fundamentales. Esta negligencia daña profundamente la confianza de la población en dichas instituciones.

Estimamos que cualquier medida que se proponga para avanzar en una agenda social desde el poder Ejecutivo o Legislativo, será considerada carente de significancia si no existe primero un reconocimiento de la responsabilidad que al Estado le compete en los daños a los cuales ya nos hemos referido. En otras palabras, dicho reconocimiento es fundamental para dar un sentido a las medidas que puedan integrar la agenda social y para promover que el Estado tome responsabilidad activamente, es decir, se haga cargo y enmiende lo causado a través de acciones concretas de alto impacto.

El Estado sólo tiene autoridad moral para promover la responsabilización de individuos cuando es capaz de actuar en consistencia con la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales. Por lo tanto, este reconocimiento también es fundamental para abrir y dar sentido a la búsqueda de responsabilidades individuales para el control del orden público. Nos referimos tanto al carabinero que hirió gravemente a un manifestante como al ciudadano que comenzó un incendio o saqueó una tienda. También nos referimos al grupo de personas que violentó un carro policial o al vecino que disparó su arma contra manifestantes.

Finalmente, este reconocimiento es indispensable para instalar la confianza mínima necesaria para abrir instancias de diálogo y de encuentro con la ciudadanía desde diferentes sectores. Debemos reconocer que tenemos un país polarizado, ciudades divididas y familias que han deteriorado sus relaciones. En estos espacios de encuentro debieran participar actores de la sociedad civil que estén dispuestos a poner de su parte para avanzar hacia la paz, siendo facilitados por personas externas, neutrales y entrenadas para generar el reconocimiento mutuo y la empatía, lo cual contribuiría a recomponer el tejido social dañado.

Como profesionales y académicos reconocemos que todos tenemos una tarea que cumplir en esta misión y nos ponemos al servicio del país para apoyar en esta labor.

FIRMANTES PROGRAMA DE JUSTICIA RESTAURATIVA Y PAZ SOCIAL (PJR&PS), DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL UC

Bianca Baracho, asistente de Coordinación

Daniela Bolívar, coordinadora del Programa y académica

Humberto Camarena, académico

Jorge Farah, académico

Valentina Garrido, profesional

Liliana Guerra, académica

Paula Miranda, académica

Claudia Reyes Quilodrán, académica

FIRMANTES MIEMBROS DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL EN APOYO A ESTA CARTA

Cecilia Ceruti, profesional

Olaya Grau, académica

Paola Marchant, académica

Ana Parraguez, académica

Alicia Razeto, académica

Beatriz Taborda, administrativa

Felipe Gallardo, profesional

Alexandra Gajardo, académica