Para una Constitución que no se olvide de la voluntad soberana

We the people, con estas palabras comienza la Constitución de Estados Unidos, la primera Constitución del planeta y que, pese a sus variadas modificaciones o enmiendas, se mantiene hasta hoy. Dicha frase no es solo estética, sino una verdadera declaración de principios. Iniciar el texto que constituye lo político o las relaciones de poder en una sociedad, atribuyéndole al pueblo y no a la nación, a la asamblea o cualquier otro ente, el origen mismo de ese orden que se han dado, es vital. Es reconocer en el pueblo, en el demos, el verdadero origen de la soberanía, en ese poder de instituir el orden de las cosas y las reglas del juego. Significa asimismo establecer un principio excluyente. El principio que todo poder emana del pueblo y no de otros, y que tan solo en cuanto emane de él es legítimo o válido, por tanto, no puede ser delegado ni ejercido por otros, es inalienable. La representatividad a ese respecto no es más que una forma de ejercer ese poder, pero no la delegación del mismo.

Creo que estas ideas son vitales para el proceso constituyente que se viene y para la elaboración de la nueva Constitución. La crisis de legitimidad que afecta a la democracia debe ser abordada solo desde ella misma, con tal de hacerse cargo de los modernos fenómenos que influyen en su desprestigio, para profundizarla, expandirla y legitimarla, jamás para reemplazarla. Si se considera que la clase política no “representa” o que esta cooptada por poderes fácticos o contra mayoritarios, solo resta volver al origen del poder y no pretender suplantarlo por iluminados o auto atribuidos de la voz popular.

El hecho vital que se acordara un plebiscito tanto de entrada como de salida para el proceso constituyente, marca ese reconocimiento de que precisamente el poder y la decisión última emana del pueblo. En este sentido debemos valorarlo y dotarlo de contenido para que no solo tenga un origen democrático, sino también un contenido que le otorgue legitimidad.

En ese marco, en ese dotarlo de contenido, resulta imprescindible que la nueva constitución incorpore una declaración similar a la carta fundamental de los Estados Unidos, para que reconozca en ella ese origen que, por primera vez en Chile, emana del pueblo. Renglón seguido también debe hacer carne esa declaración estableciendo, a diferencia de la actual, de manera sencilla y eficaz, que la soberanía se expresa mediante plebiscito para la propia modificación de ese texto fundamental.

Luego, también es preciso que la Constitución deje la puerta abierta a esta soberanía, de manera de hacerse cargo de uno de los grandes problemas actuales, a saber, la falta de conexión entre los gobernantes y gobernados, en este sentido resulta imprescindible que se establezcan mecanismos de consulta ciudadana y la posibilidad de mociones populares o iniciativas legislativas populares siguiendo el ejemplo del derecho comparado, con exigencias razonables y seguras. Profundizar la democracia es vital para no perderla.

Siguiendo a Mouffe, creo importante no olvidar en este proceso que lo político y la política son inherentes a la sociedad y en tal sentido resulta necesario reconocer que carecen de una solución o pauta rígida. Si bien la Constitución es y debe ser una norma de clausura no puede ella misma clausurarse, como ha sucedido en los último 30 años en Chile. Dado que lo político es algo dinámico y eternamente en movimiento, y que el conflicto como elemento constituyente de él no puede ser erradicado, es que la norma fundamental debe prever no solo su propia modificación que, acatando las reglas de la mayoría y el respeto de las minorías, permita los cambios políticos que se necesiten, sino también que asegure que ellos mismos responden a la voluntad general y no den pie siquiera a la sospecha de un arreglo o concesiones políticas, o la famosa cocina. En este mismo aspecto, cabe recalcar que se deberá prever un control constitucional moderado y delimitado específicamente, con tal de evitar el hipertrofiado Tribunal Constitucional actual, sobretodo procurando prohibir la revisión constitucional de proyectos de ley.

Y como la legitimidad democrática no se reduce tan solo a votaciones, resulta imprescindible que se haga al menos un reconocimiento a los mecanismos de deliberación popular, como las agrupaciones vecinales o las consultas a los pueblos originarios, únicos entes en los que en la actualidad se articulan las luchas y resistencias a los avances del capital y la depredación de la naturaleza.

Por último, es importante considerar y discutir la radicalidad del principio de soberanía popular que estamos dispuestos a asumir. ¿Llevar dicho principio a sus últimas consecuencias significará respetar esa voluntad general incluso en aquellos casos que sea abiertamente xenofóbica, nacionalista o “injusta”? o, por el contrario, ¿será necesario reconocer aspectos que queden excluidos de ella totalmente, como ciertos mínimos civilizatorios, o algunos otros con barreras complejas para su modificación como una carta de derechos fundamentales? Las respuestas a esas interrogantes por cierto significan tomar posición, cuestión particularmente compleja para la izquierda que deberá reconocer esa complicada relación binaria y paradójica entre el principio de soberanía popular y democracia liberal, así como asumir que en la política no siempre triunfa la racionalidad, sino que muchas veces priman las pasiones, y que, lamentablemente, no se puede gobernar sin las mayorías. Piénsese, por ejemplo, en las luchas necesarias y totalmente justificadas por la inclusión de los pueblos originarios en el debate por la nueva Constitución, o de la necesaria influencia del movimiento feminista en ella. Finalmente, a nuestro pesar, ¿no son acasos estas cuestiones ajenas a los grandes intereses de la mayoría?

Como dicen, una democracia perfecta solo se destruiría a sí misma. Lo que no es otra cosa que reconocer que la democracia es un proyecto de la humanidad siempre inconcluso.

Tomás Cornejo Cuevas

Abogado