El despertar de Chile en un territorio donde el Estado ya no existe: La Bandera

Carabineros resguarda el Costanera Center, la torre símbolo del sector oriente de Santiago, mientras la estación intermodal de La Cisterna -estratégica para el sector sur- es saqueada en completa desprotección. El autor de esta columna, nacido en La Bandera, comuna de San Ramón, escribe desde esa diferencia: “Nacer en los márgenes significa que la ciudad, el Estado y los otros se ven muy lejos. Está lejos la salud, los remedios, fin de mes, la playa en vacaciones, la universidad”, dice. La Bandera fue abandonada por la policía hace tiempo. Antes, lo hicieron el Estado y la Iglesia Católica. Hasta el 18/O solo quedaba el control narco y el acceso a bienes básicos, pagando con tarjeta Líder. Pero ahora que saquearon el Líder, solo quedan los narcos.

Luisa Riveros en 1987 se paró frente al Papa Juan Pablo II en el parque La Bandera y le pidió que intercediera para que dejara de correr sangre en las poblaciones del país. La represión de la dictadura de Pinochet fue brutal en los sectores más pobres. 32 años después, Luisa dijo en TVN que a esos mismos pobres el toque de queda decretado por el gobierno de Sebastián Piñera no los sorprendió, porque viven en toque de queda permanente debido a los narcotraficantes que controlan los territorios y determinan cómo se mueven las personas en ellos. “El narco domina y aplasta”, concluyó Luisa.

Cuando ella pronunció su discurso yo tenía seis años y La Bandera estaba revolucionada por la visita del Papa. Casi todas nuestras madres -muchos no conocíamos padres- eran católicas de la Iglesia Católica combativa de los 80. Recuerdo cómo corrimos desesperadamente por pasajes polvorientos para ver pasar el papamóvil por una de las pocas calles pavimentadas de la población. Lo vimos pasar rápido, tan rápido como la alegría que prometió el triunfo del NO. De la euforia del plebiscito pasamos al letargo de los 90, como resultado de una política de desmovilización diseñada por los primeros gobiernos de la Concertación. La resistencia de las poblaciones tan funcional para derrotar a Pinochet no lo era para la débil democracia de la transición que, pareciera, llegará a su fin con la nueva Constitución.

Mientras escribo este texto, los noticieros informan que el Hospital Padre Hurtado de San Ramón ha recibido seis impactos de bala en 24 horas. Mi familia vive a 5 minutos caminando de allí y esas balas han sonado varias veces mientras tomamos once o almorzamos cuando voy de visita. Ya no vivo en La Bandera, pero mis amigos y familiares son mi fuente principal para entender cómo se vive hoy en la periferia sur de Santiago. Desde ese lugar hablo y de aquellas voces se nutre también este relato, que tuvo como primera inspiración la imagen de niños y niñas corriendo en el que fue mi colegio para protegerse de las lacrimógenas que Carabineros utilizó el 26 de noviembre pasado para dispersar una protesta en la intersección de Santa Rosa y Américo Vespucio. Luego hubo saqueos y graves disturbios, pero Fuerzas Especiales ya no estaban en el lugar.

Ese extraño comportamiento de Carabineros que reprime una manifestación, pero no detiene un saqueo, se parece mucho al repliegue del Estado producto de las políticas desmovilizadoras de los años 90, que terminó con la participación ciudadana reducida a fondos concursables para construir una plaza. También se replegó la Iglesia Católica, que olvidó su rol social para transformarse en guardiana de la moral y terminar paradójicamente encubriendo abusos sexuales. A la par se debilitó la organización barrial, que se disolvió en el “rascarse con las propias uñas” del neoliberalismo. Frente a ese abandono generalizado, ingresó con fuerza el mercado con sus tarjetas de crédito y gratificación del consumo instantáneo; y el narcotráfico con su manejo fascista del espacio, amedrentamiento permanente y recompensa de dinero fácil, pero también con la promesa de entregar estatus y reconocimiento a quienes siempre han sido invisibles. Ser soldado o pareja de un narco da una consideración social que una sociedad tan clasista como la chilena jamás le entregaría a un pobre.

Mientras el Estado se achicaba, silenciosamente primero y ahora de un modo pirotécnicamente vistoso, el narcotráfico se fue apoderando de varias zonas en el país. En Chile, 1,5 millones de personas viven a merced de bandas narco. Es un problema social grave que estuvo ausente del debate durante el estallido del 18-O hasta que los saqueos comenzaron a causar alarma pública. Los narcos podrían estar involucrados en los disturbios y saqueos sobre todo para asegurar su control territorial. Son “emprendedores” y se les abrió una oportunidad de negocio con total impunidad. Ellos quieren un Estado débil.

Al parecer, a nadie le preocupaban realmente las balas locas, los ajustes de cuenta, las balaceras diarias, los niños drogados, las niñas prostituidas, los barrios secuestrados, el tejido social destruido y todas las “externalidades” del narco hasta que vimos saqueos en vivo y en directo. Ese desinterés es una muestra más del abandono del Estado neoliberal y de sus promotores, quienes nos hicieron creer que terminar con la pobreza implica tener acceso a la tarjeta Presto del Líder para comprar en 6 cuotas una salsa de tomates y un paquete de tallarines. Así eran algunas compras en el supermercado de San Ramón que fue incendiado el mismo día de las lacrimógenas a los niños y niñas de mi liceo.

La Bandera y otras poblaciones similares son lugares pobres, con acceso limitado a servicios, pocas áreas verdes, altos niveles de violencia, drogadicción y graves problemas de salud mental. En estos sectores, también, se experimentan ataques homofóbicos, violencia contra la mujer y maltrato a menores. Las poblaciones son parte de la sociedad, con sus mismas falencias y carencias. Hoy, en medio del estallido social, algunos adoptan una visión romántica o interesadamente ingenua de ellas, suponiendo que ahí encontramos la representación genuina del pueblo “puro” y virtuoso. Es una visión condescendiente y clasista desde el privilegio con culpa. En las poblaciones existen las mismas contradicciones que en otros sectores sociales, salvo que acá están mediadas o explicadas por la extrema desigualdad y marginalidad.

Nacer en los márgenes significa que la ciudad, el Estado y los otros se ven muy lejos. Está lejos la salud, los remedios, fin de mes, la playa en vacaciones, la universidad… todo parece siempre estar a una distancia muy grande. La integración territorial (metro, autopistas) no implica necesariamente integración social. El estigma es muy poderoso para sacudirse de la carga de los márgenes. Ese estigma que, por ejemplo, clientes del mall Portal La Dehesa le refregaron en la cara a los manifestantes.

Por eso, en las poblaciones ha sonado con tanta fuerza el reclamo por una vida digna y por un trato digno. La dignidad ha sido pisoteada con sueldos de miseria, pensiones de 100 lucas y salud con listas de espera de varios meses. Todos parecemos entenderlo, pero muy distinto es vivirlo por largos años. La rabia estaba ahí, creciendo latente, pero las balas de los narcos no permitían escucharla.

Frente al ruido de esa rabia y de esas balas, ya no es posible ser sordo. El Estado debe recuperar su espacio en esos territorios -poco ayuda a este propósito la creciente deslegitimidad de Carabineros, que debe ser reformado- y emprender políticas públicas estructurales para recuperar el tejido social dañado por el narcotráfico y la miseria.

Un nuevo pacto social debe incluir a los pobladores y pobladoras. Su voz debe escucharse tan fuerte como aquel discurso de Luisa Riveros en el parque La Bandera.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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