Los planes indígenas para la constituyente no son, necesariamente, los que discute el Congreso

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Desde el estallido social de octubre las banderas del pueblo mapuche se han convertido en uno de los íconos más representativos del descontento social. Pero a pesar de la masividad que ha alcanzado este símbolo, no está claro de qué manera una nueva Constitución resguardará los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo tribal afrodescendiente. ¿Qué lugar ocuparán en el nuevo escenario social y político que enfrentará el país? ¿Serán contempladas sus demandas y su reconocimiento en este proceso que llevará a una nueva Constitución? ¿Qué contenido tendrá, si se incluye, el concepto de Plurinacionalidad en el contexto chileno?

La experiencia latinoamericana evidencia que países que pasan de gobiernos dictatoriales a regímenes democráticos, promulgan constituciones que generan nuevos acuerdos sociales. En Chile, en cambio, al mantenerse la Constitución del 80, no hubo un acuerdo social amplio que amparara el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Se avanzó con la creación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) y con posterioridad, con la Ley 19.253 en 1993, la creación de la CONADI, en las políticas de la Interculturalidad y en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Hay que recordar que el Convenio 169 de la OIT sólo vino a ser ratificado por Chile hace once años, un evidente rezago respecto de la región. Con respecto a los afrodescendientes, recién en abril de este año fueron reconocidos a partir de una ley especial, lo que sin duda obliga a que sean contemplados en los nuevos acuerdos que se pretenden lograr.

Durante muchos años, los pueblos originarios han hecho visible su lucha que, en muchos puntos, se parece a la demanda que está detrás del actual estallido social. La militarización policial de sus territorios, la excesiva violencia y represión que se viven a diario en el Wallmapu, la falta de participación, de reconocimiento y de representación en diversas instancias, se suman a un enfrentamiento cotidiano con las fuerzas del capital, lo que se ha materializado en la lucha en contra de la instalación de centrales hidroeléctricas, empresas forestales y compañías mineras, con altos impactos para sus vidas cotidianas. Y a eso hay que sumarle que están en una situación de pobreza y tienen los mismos problemas de salud, educación y de pensiones míseras que el resto de los chilenos.

Para los pueblos indígenas y afrodescendientes no basta con la solución de sus problemas económicos y sociales. La cuestión del reconocimiento es de suma importancia y debe ser tratada en la actual Constitución. Sería impensable que no formaran parte, ni estuvieran contemplados en el proceso constituyente con sus propios protocolos, formas de participación y representación que permitan un nuevo acuerdo social.

Por lo mismo se necesita llevar este tema a la palestra pública y utilizar todos los espacios que puedan existir para colocar la cuestión de los pueblos indígenas y afrodescendiente. Lamentablemente hasta ahora la discusión se ha entrampado y podría terminar sin que fueran contemplados, ya que como se alega desde sectores como la UDI, partido que se ha negado a aceptar cuotas para los pueblos originarios, al igual que los escaños por género o el espacio para independientes, los pueblos indígenas y afrodescendientes no fueron incorporados en el acuerdo inicial.

Lo único que hay hasta el momento son declaraciones de buenas intenciones, las que no bastan para avanzar en un reconocimiento que les permita estar en la nueva Constitución y también conquistar la protección y el resguardo de la naturaleza, el derecho a una educación propia, la revitalización de las lenguas indígenas y formas propias de autogobierno y autonomía.

Creemos que es indispensable que los pueblos indígenas y el pueblo tribal afrodescendiente estén presentes en la discusión acerca de la nueva Constitución y una buena opción es lo que se está discutiendo ahora con respecto a escaños reservados en la Convención Constitucional. No obstante, desde el inicio de este proceso se les debió haber consultado acerca de cuál era el mecanismo más adecuado para asegurar su participación.

El camino correcto nos debería llevar a redescubrir formas propias de acción política en los territorios indígenas que permitan una convivencia con todos sus habitantes, pero con el reconocimiento político de los pueblos originarios y afrodescendientes. Dirigentes vinculados a la Alianza Territorial Mapuche o el mismo Aucán Huilcaman, han expresado que el pueblo mapuche debe luchar por su autonomía y que deben avanzar hacia su propia asamblea constituyente. En la misma línea el Trawun Territorios Mapuche por el Koyaqtun canalizarán sus “esfuerzos en diversos TXAWÜN (asambleas) para llegar a un FÜTXA KOYAQTUN (Parlamento Mapuche), que pretenden realizar los días 10-11 y 12 de Enero del 2020, de forma autónoma como Pueblo Mapuche”.

Otros actores, como es el caso de la académica Antonia Rivas de la UDP, han planteado un debate que debe ser realizado de manera paralela y presionar para que sus resultados sean incorporados en la discusión a través de establecer un padrón indígena especial, siguiendo el caso de Nueva Zelandia, mientras que otros como Claudio Fuentes y Sergio Caniuqueo han insistió en que se debe avanzar hacia la plurinacionalidad, eso sí, definiendo con claridad los alcances de este concepto. Para esto es fundamental que la cuestión indígena y afrodescendiente esté en la agenda y se lleguen a acuerdos que permitan saldar la deuda que se tiene con todos los pueblos originarios. Y para que esta demanda sea efectiva, la primera lucha es que los pueblos tengan representación en la Convención Constitucional, pero también avanzar hacia lo que ellos entienden como una participación justa y adecuada a su condición de pueblos.

Chile no se puede dar el lujo de que ante un acuerdo social de tamañas proporciones los únicos que finalmente no cuenten sean los indígenas y los afrodescendientes. De ser así, estaríamos frente a la mayor de las injusticias, ya que no han sido 30 pesos, ni treinta años de exclusión, sino quinientos años de dolor y sufrimiento que a partir de esta instancia pueden comenzar finalmente a ser reparados.

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