La tragedia de querer cambiarlo todo y no lograr hacerlo

Para el autor estamos ante un evento que rara vez ocurre en la historia: poder decidir entre una sociedad “mercado-céntrica, centralista y unitaria” y otra más “estatista, participativa, descentralizada y diversa”. Para que esta última opción avance, los actores que buscan el cambio deben tener audacia “de renunciar a sus intereses personales y pensar en un proyecto colectivo”. Advierte que “mientras más se dividan las fuerzas políticas y sociales que promueven el cambio, más probable es que las cosas no cambien”.

El debate constitucional actual remece pilares fundamentales que organizan la vida republicana desde la Independencia. Hoy se cuestiona, primero, la vigencia del “Estado centralista y unitario” que se proclama en la Constitución desde 1833. Esta unidad monolítica se resquebrajó lentamente y cobrará especial simbolismo el próximo 23 de octubre de 2020. Además de la elección de la Convención que revisará la Constitución, se elegirá por primera vez por voto popular a la autoridad máxima de las regiones.

Un segundo cuestionamiento se refiere a la idea dominante del “Estado-Nación” como unidad monolítica, que es desafiada por una visión plural y diversa de las relaciones sociales. Aquí, el debate apunta a si es factible que en un Estado puedan convivir varias naciones (la plurinacionalidad).

El tercer cuestionamiento se relaciona con el rol del Estado en la economía y en la protección de los derechos sociales, donde la idea de un Estado neoliberal es desafiada por un Estado de bienestar social.

El problema constitucional entonces, abre la compuerta al modo en que deseamos convivir, revisando o cuestionando los fundamentos matrices que han organizado la vida social por los últimos, no treinta, sino doscientos años. Lo que está en cuestión es un modo de organizar el Estado y es precisamente aquello lo que se jugará en el proceso constituyente que se avecina.

¿Será, entonces, factible dar un giro en el modo en que se han estructurado las relaciones de poder por varias decenas de años? Depende. Hoy más que nunca depende de la capacidad de articular una convergencia social y política que pueda tener la suficiente fuerza para impulsar estos cambios. Las ideas y presiones sociales de la última década sin duda que apuntan en la dirección de revisar la relación Estado-derechos sociales; han colocado como un eje del debate el reconocimiento de pueblos indígenas; también apuntan a permitir una ciudadanía más incidente en la toma de decisiones; y sin duda que también se orientan a reducir el pesado poder de un Estado centralista.

Pero sabemos que la presión social por si sola no garantiza que avancemos hacia un nuevo modelo de sociedad; una sociedad por ejemplo plurinacional, federal, con mecanismos de democracia participativa, con regulaciones de mercado que impidan los oligopolios, y con un Estado de bienestar en forma. Además de esta presión social, en una sociedad democrática se requiere transformar aquellas fuerzas en poder político y aquello usualmente se evidencia a través de las elecciones. El poder social requiere convertirse en poder político, de otro modo los cambios no se materializarán.

La coyuntura actual provee una oportunidad única para agregar poder, primero en la decisión del plebiscito para cambiar la Constitución, y luego en la elección de delegados y delegadas para una Convención (sea esta Mixta o Constituyente). Se trata de un evento que rara vez ocurre en las sociedades y que en Chile podría darse por primera vez en su historia republicana. Puestos en la encrucijada, se delineará la confrontación de modelos de sociedad, uno más mercado-céntrico, centralista y unitario, y otro modelo estatista, participativo, descentralizado y diverso.

Pero esta coyuntura requiere de una condición básica: que aquellos actores que visibilizan una oportunidad de cambio tengan la audacia de renunciar a sus intereses personales y se animen a pensar en un proyecto colectivo que sea capaz de agregar fuerza política y social. Y este es el principal talón de Aquiles de este momento crucial: aunque las fuerzas pro-cambio son mayoría en el Congreso (de hecho lo han sido desde las votaciones parlamentarias del año 2013), su fragmentación social y política inhibe la posibilidad de alterar el status quo.

Lo anterior se hace evidente de tres modos:

1. La crisis por la que atraviesa el país ha generado no un aglutinamiento sino que más bien una tendencia hacia la fragmentación en la emergente coalición del Frente Amplio, y entre varios partidos progresistas. Las divergencias entre el Partido Comunista y el resto de la izquierda son evidentes. Así, la crisis no hace más que desatar fuerzas centrífugas que limitan las opciones de alcanzar acuerdos para, por ejemplo, actuar con ciertos objetivos comunes con miras a una Convención Constituyente. Domina la desconfianza y la recriminación. La política se transforma en un ciclo interminable de fracturas y divisiones que diluyen cualquier intento de construir una mayoría electoral y política que permita cambiar la Constitución.
2. La ruptura entre los actores sociales organizados y la política institucional (representativa) se hace evidente en cada decisión. La crisis de representación de los partidos eleva la relevancia de otros actores sociales organizados que reclaman legitimidad a partir de su acción en las manifestaciones. Se produce una competencia por acceder y disputar espacios de poder entre estos actores sociales y los presentantes políticos. A veces, se trata de una dinámica absurda por cuanto varios de los actores sociales también tienen militancia política. Pero puestos en una lógica de crisis social, adquieren mayor relevancia ciertos roles gremiales más que ideológico-políticos.  El resultado es una competencia por dominar y controlar espacios de poder desde las trincheras de cada gremio o partido.
3. Las representaciones sociales y políticas se tornan extremadamente difusas. Los partidos y representantes electos representan un segmento minoritario del espectro social. A ello debemos sumar que los actores sociales organizados (gremios, asociaciones de estudiantes, movimientos), tampoco alcanzan a representar al conjunto de la sociedad. La crisis de representación es precisamente eso: ningún actor social o político logra representar a un sector mayoritario de la sociedad. La ausencia de un movimiento organizado que articule las demandas provoca una constante disputa por la “real” representación ciudadana que nunca logra satisfacerse. Todos dicen representar al pueblo pero nadie consigue hacerlo.

Esta fragmentación tendrá efectos inmediatos en los eventos que seguramente vendrán. Un indicador evidente ha sido la marcada división que se observa en la oposición respecto del Acuerdo Político para una nueva Constitución. La DC, el PS-PPD-PRSD, y el Frente Amplio no lograron ponerse de acuerdo para presentar un mínimo de reformas procedimentales que son claves para el proceso constituyente. Por su parte, el Partido Comunista quedó fuera de aquello y planteó otras alternativas reflejando la incapacidad de los actores para establecer mínimos comunes denominadores. En tanto, los sindicatos y movimientos sociales organizaron una huelga general para rechazar las reglas del juego definidas por el Acuerdo Político indicando que es excluyente para con ellos. Cada cual jugando su juego e intentando ganar espacios de poder. Domina la atomización y no la cooperación.

Lo anterior tendrá un efecto directo en la conformación de la Convención. Como seguramente se aprobará la idea que compitan listas de independientes a la par de los pactos de partidos políticos, el escenario más probable que se avizora es una alta fragmentación política y social de las fuerzas de centro-izquierda o progresistas que presentarán varias listas. Por su parte, las fuerzas de derecha alentarán un extremo nivel de unidad. Como el sistema proporcional premia a las fuerzas que actúan en coalición, la representación de la derecha en la Convención probablemente será mayor a los votos que efectivamente obtendrá. Puesto de otro modo, mientras más se dividan las fuerzas políticas y sociales que promueven el cambio, más probable es que las cosas no cambien.

Así, aunque la mayoría de los chilenos demanda mayores niveles de estatalidad, pide participar en mayor medida de las decisiones políticas e incluso pueda hasta favorecer con su voto a las fuerzas “progresistas”, el escenario actual de fragmentación a nivel político y social, hace prever que no necesariamente esa fuerza electoral se traducirá en una fuerza política que domine la Convención.

En momentos en que se necesita agregar poder, cunde la competencia y la fragmentación. La ironía de todo esto es que muy probablemente será la división de las fuerzas de cambio la principal responsable que el status quo se mantenga. Cuando más se requiere una convergencia social y política para promover cambios, mayores son las divisiones y pugnas dentro de las fuerzas políticas y entre éstas y los actores sociales.

Si alzamos la vista esto mismo ha sucedido en el pasado cercano España, Italia y en un sinnúmero de países donde “las izquierdas” han optado por el camino de la recriminación y la fragmentación. ¿Por qué este autoflagelarse que parece suicida? ¿Por qué esta epidemia con ancla a cada grupo, a cada piño político a su propia verdad, a su propia “autonomía”? ¿Es factible cambiar el curso de la historia y generar procesos virtuosos de diálogo y entendimiento entre facciones que ya ni se hablan? ¿O simplemente esto se debe a una repetición histórica que tiende a agrupar a los pocos que tienen mucho poder y a dispersar a los muchos con poco poder?

La izquierda, los movimientos sociales, el “progresismo” enfrentan una oportunidad histórica para alcanzar un objetivo político relevante: escribir una nueva Constitución. Lo crucial aquí, lo gravitante es entender la relevancia histórica del momento, alzar la vista y desprenderse de los intereses personales para avanzar intereses colectivos de transformación social.

En el futuro esta generación será juzgada por su capacidad (o incapacidad) de establecer un nuevo contrato social, por sentar las bases de un nuevo modo de convivir en la sociedad: más fraterno, más justo, más diverso, más humano.  A esta generación le llegó su oportunidad. Veremos, en las próximas semanas, si es capaz de aprovecharla o, por el contrario, será otro momento desechado.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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