“Los niños primero”, pero de verdad: el necesario pacto social con la infancia

La jueza de familia Mónica Jeldres trae al debate algo que se suele olvidar: la ONU ya estuvo en Chile para investigar y denunciar los abusos cometidos por el Estado contra la infancia; y señaló que la violencia era sistemática. La sociedad que hoy se levanta contra las injusticias, ha convivido por décadas con los abusos contra los niños. Jeldres argumenta que un nuevo pacto social debe proteger sin ambages a la infancia. No hacerlo es condenar al fracaso cualquier posibilidad de una vida social realmente más justa.

El terremoto social que comenzó el 18/10 ha puesto a prueba las bases de nuestra nación y ha evidenciado debilidades y carencias de las que estábamos conscientes, pero que nos negábamos a reconocer. Se trata de una verdadera revolución, que nos empuja a refundar nuestro pacto social desde un punto que nos identifique, un pacto que esta vez tengamos ocasión de discutir y suscribir democráticamente.

En esta columna espero transmitir, sin embargo, que si ese pacto social, que implica una nueva Constitución, se hace sin los niños, estará destinado al fracaso, pues perpetuará las desigualdades.

Hoy, en un intento de aplacar esta crisis, el ejecutivo ha puesto urgencia a distintos proyectos de ley, entre ellos la división de Sename, que se verá inminentemente en el Senado. Se busca mostrar logros, a sabiendas que por las falencias que tiene el proyecto tal como está, no garantizará derechos sociales, económicos y culturales de los niños, sino que perpetuará su desprotección.

La construcción y evolución de los derechos humanos, mucho le debe a los niños. El filósofo MacCormick en su artículo “Los derechos de los niños: una prueba de fuego para las teorías de los derechos” [1] explica cómo, a partir de entender que los niños tienen derechos, es posible encontrar una justificación de los mismos que no dependa de la voluntad para reconocerlos, sino del genuino interés que subyace en cada uno.

Hoy comprendemos que los niños son titulares de derechos, ¿pero cómo logramos que esto, en Chile, no siga siendo una mera declaración?

Si revisamos el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera con el que fue electo, se observa una larga lista de acciones y promesas respecto de la infancia. Sin embargo, no se ha avanzado mucho y ad portas del inicio del año 2020, queda poco tiempo para que aquellas promesas terminen de materializarse.

La situación de los niños está inherentemente ligada a todas las aspiraciones por las que hoy nuestra sociedad ha inundado las calles; se vincula con problemas en educación, salud, vivienda, seguridad, desarrollo, vida familiar y un sinnúmero de otras dimensiones que son precarias para muchos chilenos, pero especialmente graves para los niños. Solo por dar un ejemplo, el proyecto de 40 horas debería impactar precisamente en el mejoramiento de la vida familiar de los niños, al entregar a los padres trabajadores la posibilidad de llegar más temprano a sus hogares. Pero esas dimensiones se consideran poco o nada en el debate, como si la atención de los niños no fuera un asunto crucial que debiera influir en cómo organizamos nuestra vida social y económica.

Hoy estamos en un momento crítico en materia de infancia. Las reformas que se han impulsado y que se discuten en el Congreso, no son el resultado de que el aparato público y político haya tomado conciencia, espontáneamente de las graves vulneraciones que sufren los niños que el Estado atiende. Las reformas son el resultado de escándalos, de situaciones extremas donde el sufrimiento de niños y niñas y su exposición pública ha empujado al aparato a reaccionar.

Pero lo que observamos es una constante “posta de la ineficacia”, donde el gobierno saliente entrega el testimonio al entrante. Y casi como si obedecieran a un libreto, el que recibe la posta la bota y comienza todo de nuevo hasta que le corresponde entregar el testimonio al siguiente. Y así sucesivamente, por años.

Esta comedia/tragedia del absurdo ha impedido que leyes urgentes hace años se lleven adelante, como la ley de garantías, la eliminación de Sename, el perfeccionamiento de la ley de adopción y del sistema de protección, entre otros.

Demás está decir la irracional pérdida de recursos que este proceso genera.

En estos tiempos en que hemos escuchado repetidamente palabras como “generosidad”, lo que exige la infancia es justamente eso, pues las grandes transformaciones que se necesitan solo se consiguen en el largo plazo y eso implica asumir que lo que un gobierno haga, probablemente significará éxito y aplausos para otro. Esa generosidad implica también dejar de hacer cosas para mostrar resultados, sin pensar en su eficacia y en que los cambios mejoren permanentemente las condiciones de vida de los niños.

Por años hemos sido testigos de cómo quienes deben tomar decisiones de políticas públicas sobre infancia no siempre tienen las competencias, los conocimientos y experiencia requeridos; y también es una constante que muchas de las transformaciones tienen una vida efímera, pues están proyectadas solo para el corte de cinta y la foto oficial.

En infancia lo que observamos es improvisación. Parece ser un área donde quienes llegan a ejercer cargos lo hacen como plataforma para ganar experiencia política. Una muestra de lo que señalo se ve en las llamadas residencias familiares (RFA). La propuesta del gobierno es que este modelo reemplace a los CREAD, tristemente famosos sobre todo a partir de los abusos detectados en el CREAD de Playa Ancha y que llevaron a las Naciones Unidas a decir que Chile era un violador sistemático de los derechos humanos.

Pero solo hay cinco RFA con 64 niños en dos regiones para una población que debería al menos cubrir más de 600 niños que hoy se atienden en los CREAD y parte de los más de 800 que están en los REM/PER (residencia de protección para mayores con programa adosado).

Esto implica una enorme escasez de oferta especializada para casos complejos. La idea era resolver esa falta a través de las RAE (residencias altamente especializadas). Y si bien las RAE se inauguraron, al parecer no hay niños ingresados. Su importancia es vital para contribuir a la estabilización psicoemocional de los niños egresados de una unidad hospitalaria de cuidado intensivo psiquiátrico.

Los modelos de intervención que muchas veces se implementan, aparte de no ser evaluados ni estudiados previamente, van destinados a resolver una ínfima parte de la verdadera necesidad, tornándolos irrelevantes. Según cifras del Poder Judicial, a julio de 2019, 12.135 niños se encuentran en listas de espera, sin estrategias de priorización definidas y en curso, es decir la espera por un cupo hace que en la realidad un niño siga experimentando los efectos de la vulneración sin una atención adecuada y oportuna [2].

Los niños “primeros en la fila”, slogan que se repitió en el primer año de este gobierno, nunca dejó de ser solo un slogan. Esta vez no podemos desaprovechar la coyuntura. Se hace imprescindible que la infancia tenga un lugar destacado en este nuevo pacto social. Una nueva Constitución debe reconocer explícitamente los derechos y garantías de los niños y niñas, en especial, interés superior, autonomía progresiva y el reconocimiento de medidas tendientes a una protección especial que el Estado debe brindarles, orientados a alcanzar como objetivo esencial condiciones para una vida digna de ser vivida; básicamente, su acceso efectivo a la ciudadanía. En los niños se conjugan muchas dimensiones de vulnerabilidad: ser niño, la pobreza, la inseguridad, el maltrato, la explotación, la calle, etc. Es por eso que, si no se piensa cómo hacer que las transformaciones pro-equidad que se consigan a partir de este estallido lleguen efectivamente a ellos, este proceso de cambio fracasará.

El espacio de participación e incidencia de los niños en el pacto social debe quedar a salvo de populismos y de los oportunistas.

En mi experiencia como jueza de familia y luego de una participación activa en el debate legislativo y en el mundo de las organizaciones de infancia, estimo que hay algunos cambios esenciales. Uno de ellos es terminar con la nociva influencia de algunos Organismos Colaboradores (OCAS) que operan como verdaderos monopolios, concentrando gran parte de la oferta de cupos para la infancia, con programas mal evaluados, profesionales mal remunerados y que, no obstante, permanentemente son escuchados en el Congreso. Agrupados en bloques, estos OCAS ejercen una gran influencia a la hora de producir leyes, que muchas veces los favorecen, pese a que al Congreso se le ha advertido hasta el cansancio que son parte interesada porque reciben financiamiento del Estado.

Otro, es la necesidad de desjudicializar los problemas de los niños, que en gran medida tienen su origen en carencias sociales, en aquellos espacios en que es el Estado el llamado a actuar, y este fenómeno produce una burocracia excesiva y sustitución de competencias entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Esto se soluciona con el establecimiento de la protección administrativa como regla general de actuación en pos de la protección de derechos y de un sistema consistente de defensa jurídica para los niños en el proceso.

En momentos que al parecer veremos una actividad legislativa febril, debemos reflexionar sobre cómo trabajan los legisladores al abordar los problemas de infancia.

De seguro oiremos cantos de sirena y medidas de última hora que pueden producir el efecto único de aparecer como gestión de un ejecutivo en crisis.

Hay que pensar antes de actuar. Se requiere un Código de la Infancia que aglutine toda la legislación y que los proyectos se unifiquen en su tramitación en el Congreso, para obtener cuerpos legales coherentes. No obstante que el Ejecutivo impulse y urja por reformas a último minuto, debemos ser capaces de frenar tales avances en la medida que no resuelvan los problemas de fondo.

A raíz de esta crisis, Naciones Unidas vendrá a inspeccionar el estado de los derechos humanos. Me parece que es la ocasión de hacer presente la necesidad urgente de consolidar de buena forma las reformas esperadas en materia de infancia, lo que va a generar una particularidad especial en el hecho de que muchas de ellas se fraguaron durante el gobierno de Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU.

Hoy es tiempo de ser serios y actuar con perspectiva de futuro, de poner realmente a los niños en el lugar de relevancia que se merecen.

Notas

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.

Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de tres centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) y el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD). Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.