El ministro de la Corte de Apelaciones Jaime Balmaceda habla por primera vez sobre la investigación que lleva con dedicación exclusiva: la causa ya acumula 500 denuncias por presunta sustracción de niños entregados a matrimonios extranjeros. Hasta ahora ha ordenado más de 1.500 diligencias y ha oficiado a hospitales, cementerios y tribunales, para que entreguen información. No asegura que los responsables sean condenados, pues el tiempo transcurrido puede forzar la prescripción, pero esa limitante no correría si se determina que son delitos de lesa humanidad. Asegura que no tiene reparos en investigar a jueces que hayan participado en los ilícitos.
Desde mayo pasado el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jaime Balmaceda, está investigando con dedicación exclusiva las adopciones ilegales ocurridas en Chile entre las décadas del 60 y del 2000. Ha sido como una avalancha: van cerca de 500 denuncias y la cifra seguirá creciendo. Aunque la justicia ya había investigado algunos casos puntuales, incluso durante la dictadura, ninguna de esas indagatorias llegó a puerto y las causas se sobreseyeron sin responsables. Pero, a partir de 2014, cuando CIPER reveló las adopciones ilegales facilitadas por el sacerdote Gerardo Joannon, cientos de madres que habían permanecido en silencio comenzaron a exigir justicia por la sustracción de sus hijos.
Los primeros casos de mujeres que se reencontraron con hijos que vivían fuera de Chile, porque habían sido entregados ilegalmente a familias adoptivas extranjeras, alentaron la esperanza de todas las madres a las que les dijeron que sus niños habían nacido muertos o que vieron desaparecer a sus guaguas desde hogares de menores sin explicación. Adolescentes, solas y pobres, ese era el perfil de las mujeres que fueron víctimas del tráfico de menores.
Jaime Balmaceda junto a dirigentas de la agrupación «Hijos y Madres del Silencio».
En estos cuatro meses desde que recibió la causa, el ministro Balmaceda ha encargado más de 1.500 diligencias que incluyen oficios a hospitales y cementerios, exhortos a tribunales de familia para que remitan causas que parecían olvidadas y órdenes de investigar impartidas a un equipo especial de seis detectives de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. El magistrado trabaja también con una abogada y asistente social, tres actuarios y un experto informático que elabora bases de datos para ordenar el amplio caudal de información.
A mediados de este año estuvo en Chile Gertrudis Kuijpers, monja holandesa que reconoció haber tramitado 99 adopciones de niños chilenos durante la dictadura. Su último paso por el país no fue grato: estuvo con arraigo y no pudo salir de Chile hasta que se le tomaron varias declaraciones, las que incluyeron careos con personas que la denuncian por haber facilitado adopciones ilegales. Estas diligencias fueron una excepción, porque el ministro aún no inicia la toma de declaraciones a los involucrados, pero aprovechó la presencia de la religiosa para adelantar un trabajo que se habría hecho mucho más dificultoso con ella en Holanda.
Hasta ahora, Balmaceda se ha dedicado a ordenar las causas y a recopilar toda la información disponible. Cada uno de los casos tiene su propio expediente y como semanalmente ingresan nuevas denuncias, ha sido un trabajo arduo.
Familias organizadas en la agrupación “Hijos y Madres del Silencio” marchan por el centro de Santiago. Foto: Jorge Vargas | Migrar Photo.
Lo primero que el ministro destaca es que la recopilación de antecedentes en que ha estado empeñado en estos meses, ha rendido buenos frutos. Eso, dice, “pese a que la documentación que se requiere en general tiene ya varios años, sobre todo la médica, donde existen reglamentaciones que permiten incinerar documentos que tienen un determinado tiempo. Se trata de fichas clínicas de más de 15 años. Eso ha costado a veces, pero hay hospitales que tienen sus libros de parto y otros registros que han ido remitiendo. En los tribunales y el Archivo Judicial hemos tenido bastante éxito con el desarchivo de causas antiguas, sobre tuición y autorización de salida del país. La PDI también ha respondido los oficios cuando se ha requerido información respecto de entrada y salida del país de personas incluidas en la investigación”.
Sobre los documentos que ha requerido a los juzgados de familia –herederos de los antiguos juzgados de menores–, dice que “en algunos ha costado más que en otros, pero al final se han ubicado. No todos, obviamente, pero se han recibido muchos expedientes”. Y eso ha resultado clave, relata, porque “han servido para explicar el modus operandi de muchos de los casos”.
– ¿Las investigaciones que lleva adelante las abrió por oficio o fueron originadas por denuncias?
La mayoría se iniciaron por denuncias de personas que se acercaron al tribunal o a la PDI o a Carabineros. Otras han llegado desde el extranjero a un correo electrónico habilitado por la PDI. A veces, durante la investigación, nos hemos dado cuenta de que el niño involucrado tenía un hermano que también era adoptado, y ahí el tribunal ha actuado de oficio cuando ha estimado que hay un hecho que reviste caracteres de delito y, como ordena la ley, ha decidido instruir un sumario y formar un cuaderno separado. Hay causas en que hay querellantes, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y otras que se han iniciado en virtud de la remisión de documentos que hizo la autoridad sueca para el derecho a familia, que es una especie de Sename sueco, lo que motivó que el tribunal también de oficio ordenara instruir sumario.
– ¿Usted cree que las denuncias van a seguir llegando? Porque las agrupaciones de madres dicen que son miles los casos de adopciones ilegales en Chile.
Sí. Nos siguen llegando denuncias nuevas. Lo que hay no es solamente lo que en su momento tramitó el ministro Mario Carroza, sino que desde que él dejó la investigación y la asumí yo el 6 de mayo han llegado varias denuncias nuevas. Y todas las semanas llegan. Esta semana han llegado como 14. De repente, coincide con que hay un reportaje periodístico y la gente se informa y toma la decisión de denunciar. Es muy difícil decir “mire, van a llegar tantas”.
– ¿Y cómo va a ordenar la investigación? Porque las denuncias podrían seguir llegando durante años y su plazo para investigar las adopciones ilegales con dedicación exclusiva termina en noviembre.
El tribunal no puede cerrarse a recibir las denuncias. Mi plazo es solo para efectos de la dedicación exclusiva, o sea para no integrar sala ni pleno en la corte, pero esta causa no termina con el cumplimiento de un plazo, sino con la dictación de una resolución que sobresea o absuelva o condene. Eso puede durar muchos años, independiente de que yo esté exclusivamente dedicado a esto o que en paralelo siga con mi función como ministro, integrando salas.
Pasaporte de Daniel, el hijo de Patricia Sánchez. El documento fue elaborado pocos días después de que a su madre le dijeran que había nacido muerto.
– Cuando la investigación estaba en manos del ministro Carroza se habló mucho de los casos ocurridos durante la dictadura, pero con el tiempo ha surgido nueva información que da cuenta que estas adopciones ilegales partieron mucho antes de 1973 y que continuaron post dictadura.
Dentro de las cerca de 500 causas que llevo, yo tengo casos de los años 60 hasta la década del 2000. Cuando Mario Carroza investigó, pudo constatar que había muchas denuncias que no decían relación con agentes del Estado involucrados o que se pudiera decir que eran causas de violación de derechos humanos. Él hizo presente eso a la Corte Suprema, porque su competencia es para investigar solo ese tipo de procesos (de violaciones a derechos humanos). Entonces, la Corte Suprema dijo “bueno, aquellas que tengan efectivamente vinculación con violación de derechos humanos en el periodo 73-90, relacionadas con agentes del Estado, las investiga Mario Carroza, y todas las otras las investiga otro ministro”. Y se me designó a mí. Y entiendo que Mario Carroza debe tener 10 o 12 causas, creo que no son muchas más.
– Según lo que usted ha podido ver en las denuncias, ¿en el periodo de la dictadura hay un incremento de las adopciones ilegales?
No, por lo que yo he visto no me parece que se haya aprovechado el periodo en el que Chile se encontraba para hacer más adopciones irregulares. Lo que pasa es que la legislación chilena era muy permisiva y el cambio de esa legislación coincide con el fin de la dictadura. Las causas, en general, no son de adopciones irregulares, porque a los niños los adoptaron en el extranjero regularmente de acuerdo a la ley del país al que llegaban. El punto es cómo ese matrimonio extranjero se hacía de ese niño y lograba llevárselo al extranjero, cómo se les entregaba la tuición de una manera muy expedita y, ya teniendo la tuición, conseguir la autorización de salida del país era solo un trámite. El problema era cómo había quedado el niño a disposición del tribunal que entregó la tuición, si porque la mamá lo entregaba voluntariamente o porque la engañaban y se lo sustraían.
– Hay casos en que un matrimonio extranjero ingresó la solicitud de tuición y a los dos días les daban el permiso y el niño ya estaba fuera de Chile.
Sí, era bien fácil, se pedían pocos trámites. Bastaba un informe social de un par de fojas sobre lo bueno que era el matrimonio extranjero, de lo conveniente que era para el niño y de lo precaria que sería su situación si no se entregaba a este matrimonio, porque quedaría internado en un hogar, la mamá no lo podía tener o lo abandonó.
– En la investigación de CIPER detectamos que había distintas redes operando en todo el país, y que en ellas estaban involucrados médicos, guardadoras, asistentes sociales y abogados. ¿En su investigación han aparecido estas redes que operaban para vender niños y sacarlos del país?
Yo no podría adelantarle eso. No soy ciego y a medida que voy leyendo las causas, voy viendo que hay nombres que se repiten. Eso es indudable. Y si hay un patrón de conducta común en que intervienen más o menos las mismas personas, uno puede concluir que había algo más que mera coincidencia y era, como usted dice, algo como una red. Pero hay muchas diligencias pendientes todavía como para afirmarlo. Porque usted me puede decir “esta jueza aparece siempre”, pero es que era la jueza de menores en ese lugar y en esa época del año, entonces es obvio que va a salir siempre y que todas las resoluciones van a estar firmadas por ella, las buenas y las malas.
Foto: Jorge Vargas | Migrar Photo.
– Pero es un indicador que una jueza aparezca en tantas denuncias, ¿no?
Obvio que sí. Al punto que voy es que no solo por el hecho de que un nombre se repita, voy a concluir necesariamente que esto era una red y que tenían este armado completo… tiene que haber algo más que le dé forma, verosimilitud y credibilidad, a esa afirmación.
– ¿Se puede decir que se configuraron asociaciones ilícitas en torno a estas adopciones ilegales?
Tengo mi opinión jurídica sobre el asunto de las asociaciones ilícitas, porque una cosa es una asociación ilícita y otra es un problema de participación criminal. Los delitos pueden ser cometidos por más de una persona y eso se llama coautoría. Y no toda coautoría es una asociación ilícita. Entonces, es muy preliminar por ahora decir “sí, hubo una asociación ilícita”, porque en la ley la asociación ilícita tiene una descripción muy específica y exigente. Lo que más podría advertir sería que, habiendo casos en que hubo más de un partícipe, hay casos de coautoría, de complicidad y de encubrimiento, pero hablar en este momento de asociación ilícita es aventurado.
– ¿Y sobre la participación de agentes del Estado en los procesos que usted está investigando?
En los que yo tengo, no. Tal vez habría que precisar qué se entiende por agentes del Estado. Los agentes del Estado a los que se refirió la resolución de la Corte Suprema para dividir la investigación y entregársela a un ministro u a otro, se referían en general a militares, por el periodo que se estaba viviendo. Y no solo eso, sino que se aprovecharan de su condición de militares y la impunidad que reinaba en esa época.
– ¿Y los jueces involucrados, no eran agentes del Estado?
Claro, por eso le hacía la precisión, porque hay casos en que se repiten los nombres de jueces y tanta repetición puede parecer un poco sospechosa y, al menos, se justifica investigar un poco más y no contentarse, como le dije antes, con la afirmación “es que era el juez de la época”.
– ¿Le complica investigar a personas que han sido parte del Poder Judicial?
La respuesta para la galería y de buena crianza es decir “por supuesto que no, aquí se va a investigar a todos”. Pero eso es cierto. Yo no tengo ningún compromiso especial con ninguna de esas personas que aparecen mencionadas. Claro, me duele. Me avergüenza como institución que a lo mejor pueda llegar a concluir que hubo funcionarios del Poder Judicial involucrados. Eso sería bien triste.
– ¿No ha habido presiones?
No, cero. Ninguna presión, no he recibido ningún llamado de nadie. Es cierto que todavía no hemos llamado a declarar, pero no he recibido presiones.
Ficha de Ivonne Gutiérrez en el Poder Judicial.
– ¿Va a llamar a declarar a quienes fueron jueces y aparecen en las denuncias?
Seguro que sí. Primero, estoy en un proceso de recopilación de todos los antecedentes documentales, para en una segunda etapa empezar a interrogar a las personas que aparecen mencionadas en esos documentos y confrontarlas con lo que esos documentos dicen, para ver cómo justifican aquello que aparecen haciendo.
– ¿Es posible que estas investigaciones concluyan con personas procesadas?
No podría adelantar eso. Si se dan los supuestos para el procesamiento yo tengo que evaluar no solo la evidencia que dé cuenta de la existencia de un hecho punible y de participación de una persona como autor, cómplice o encubridor, sino también algo que no puedo soslayar: el transcurso del tiempo. Aquí hubo, en su momento, una causa de investigación por cuestiones vinculadas a adopciones en la que hubo una persona más o menos conocida que fue querellado y que terminó sobreseído definitivamente por prescripción del delito.
– El sacerdote Gerardo Joannon.
Exacto. Esa es otra cuestión que está latente. Yo, en cumplimiento de la ley, voy a investigar y cuando esté absolutamente todo investigado y aclarado qué pasó y cuándo pasó –porque un presupuesto esencial de la prescripción es saber cuándo pasaron las cosas–, ahí voy a decidir si eventualmente proceso a alguien o se sobresee sin procesados porque los delitos están prescritos.
– ¿Eran delitos de lesa humanidad?
Esa es una definición que no le podría adelantar, porque puede influir en la determinación que tome. Usted me lo pregunta porque los delitos de lesa humanidad se dice que no prescriben. Entonces, si yo le dijera que es un delito de lesa humanidad estaría descartando desde ya la prescripción. Y si le dijera que no, le estaría diciendo “mire, va a prescribir”.
– ¿De qué va a depender?
Depende un poco de la concepción que tenga yo como juez de lo que es un delito de lesa humanidad y de si los hechos, lo que ocurrió en este caso, son subsumibles en aquello que yo entiendo como delito de lesa humanidad. Y no solo lo que entiendo yo, sino que también lo que la doctrina y la jurisprudencia han entendido. No cualquier delito, por feo que sea, es de lesa humanidad. Hay precisiones jurisprudenciales y doctrinarias que yo tengo que ver si se aplican o no a lo que pasó en los casos que tengo.
Foto: Jorge Vargas | Migrar Photo.
– ¿Se ha formado una idea al respecto?
No, la verdad es que no tengo una idea formada todavía. No lo he estudiado. Lo único que he hecho ha sido recopilar bibliografía y la tengo ahí para leerla en algún momento de paz y calma. Más que a autores, tengo jurisprudencia de la Corte Suprema y de tribunales internacionales. Mi equipo de ayudantes me ha ido recopilando y haciendo un dossier de cosas de las que en su momento me voy a instruir.
– ¿Tiene fecha para empezar a tomar declaraciones?
No tengo una fecha que sea aplicable a todos los casos. Por ejemplo, si en alguno me llegó toda la información que requería, ese caso va a estar en condiciones de que se cite a las personas mencionadas. En una causa, circunstancialmente, la policía me informó que una persona de nacionalidad extranjera había ingresado a Chile y aparecía mencionada. Y a esa persona se la interrogó en varias de las causas en las que aparecía mencionada y se le careó con denunciantes. De hecho, estuvo arraigada algunos días para que se cumplieran las diligencias que se habían decretado y después, obviamente, se alzó su arraigo porque no se justificaba mantenerlo.
– Su dedicación exclusiva en este caso dura hasta noviembre. ¿Va a pedir prórroga?
No lo tengo claro, porque cuando pedí la primera prórroga de la dedicación exclusiva fue cuando estaba en el proceso de formación de los expedientes y estudios de todo lo que había. Ahora ese proceso está prácticamente terminado y el trabajo que demanda la investigación no es tan apremiante como lo fue en su momento. Creo que perfectamente puedo estar integrando la corte con mi trabajo en la sala y viendo la causa después.
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Yo soy querellante y desglisaro mi caso por lo tanto con mi abogado sabemo que en que terreno estamos. YO SIEMPRE HE QUERIIDO RESOLUCION JUDICIAL. MUY CONTENTA CON TODO.
