Estado y narcotráfico: desmintiendo el sentido común

Creemos que más policías es garantía de menos narcotráfico. Pero, usando mapas elaborados con testimonios e información provista por vecinos de una comuna de la zona sur de Santiago, los autores de esta columna de opinión muestran que la presencia de un retén no necesariamente da más seguridad e, incluso, puede disminuir la tranquilidad. La repetida idea de que el narco aparece donde el Estado no está o que la seguridad está asociada a zonas ‘militarizadas’ parece hoy una mirada simple que no representa la dinámica de las relaciones entre redes criminales y Estado, explican los autores.

Por Camila Bertranou, Vanessa Gonzalez y Gustavo Valenzuela*

Durante un año un grupo de alumnos de la PUC investigó la penetración de las redes del narcotráfico en una comuna de la zona sur de Santiago (el nombre se mantiene en reserva para evitar su doble estigmatización). Buscamos conocer como la presencia y dominio territorial del narco se vincula con el Estado y algunos de sus representantes. ¿Se trata de zonas que el narco ocupa cuando el Estado retrocede, como se repite constantemente en el debate público? ¿O se trata de zonas donde el Estado está presente y sus funcionarios conviven, negocian y omiten la realidad de la ilegalidad?

Frente a la magnitud de la crisis de corrupción en Carabineros, el académico Matías Dewey se preguntaba un año atrás, ¿en qué momento nos comenzamos a transformar en México? Y, a pesar de que Chile está lejos todavía de esta realidad, fraudes como el Pacogate, y los casos de uniformados involucrados en redes de narcotráfico a nivel territorial (como los carabineros condenados por tráfico y robo en La Pintana), nos permiten cuestionar el rol de las fuerzas de orden del Estado en los problemas de seguridad pública.

Lo que es seguro es que cada vez hay más evidencia de que las relaciones entre el Estado y las dimensiones de ilegalidad son fluidas, contradiciendo la idea de que el dominio de actores como el narco sólo surge cuando el aparato estatal no está presente o se ha retirado de los territorios. Lo que arrojan nuestros resultados de un año de investigación es que las dinámicas de los actores frente al crimen son complejas, haciendo necesario reconceptualizar y revisar en profundidad el concepto de zona ocupada, que todavía pareciera dirigir las decisiones de política pública. Además, el explosivo aumento de casos de corrupción e involucramiento con redes ilegales de Carabineros y las Fuerzas Armadas, nos dice a gritos que los problemas no son tan simples como para pensar que una mayor presencia del Estado lleve necesariamente a que se repliegue el delito.

Sin  embargo, la solución más recurrente en Chile para el problema narco ha sido la introducción de más fuerzas policiales al territorio, pensando que estas serían capaces de llenar el vacío de Estado. Bajo la misma lógica el presidente Sebastián Piñera justifica el reciente decreto que autoriza la militarización de la frontera. Pero si ni las policías, que en teoría deberían estar preparadas para la lucha frontal contra el crimen organizado, logran resolver los problemas de seguridad pública en las poblaciones, ¿por qué se piensa que una institución ajena a la lucha contra el narcotráfico lo logrará en las fronteras?

La experiencia de la Población Legua de Emergencia, en la comuna de San Joaquín es un caso emblemático para ilustrar el fracaso del aumento cuantitativo de fuerzas policiales en el problema narco. El presidente del Comité de Derechos Humanos de la población aseguró que el plan de intervención puesto en marcha el año 2001 fracasó de manera rotunda, e incluso señaló que los niveles de narcotráfico se elevaron.

Nuestra investigación, que integró y utilizó como fuente principal las vivencias de las comunidades, arrojó resultados igual de complejos. A través de la cartografía crítica como principal herramienta metodológica, mapeamos en base al conocimiento de los habitantes las áreas donde hay mayor presencia de tráfico, consumo, inseguridad y presencia estatal en la comuna. El producto final de este proceso mostró que el narcotráfico se expresa de una manera mucho más difusa y compleja, donde no se puede asumir una ausencia del Estado, desmitificando la categorización del territorio como una zona ocupada por el crimen como realidad paralela al control estatal.

La evidencia que recopilamos, por ejemplo, demuestra que la presencia de un cuartel policial no logra disminuir a pocas cuadras de su ubicación los altos niveles de violencia y tráfico. Por el contrario, los vecinos mencionaron reiteradas veces que las fuerzas policiales están presentes y tienen conocimiento de lo que ocurre, pero que casi nunca actúan o cuando lo hacen han introducido aún más violencia. Diversos miembros de las comunidades manifestaron que cada vez más prefieren no hacer denuncias a Carabineros dada al ineficaz y hasta contraproducente carácter de sus intervenciones.

Otra dinámica que registramos, y brinda un escenario opaco de la compleja relación entre el crimen y el Estado, fue la existencia de mayor seguridad en zonas con una gran presencia de bandas de crimen organizado. Los vecinos identificaron ciertas cuadras, dominadas territorialmente por narcotraficantes, como zonas seguras. Si bien existía un amplio conocimiento de la constante presencia de tráfico, esos sectores eran conocidos como los más seguros de la zona. Además, es importante mencionar que, a poca distancia, se encuentra la dependencia de la Policía de Investigaciones (PDI). Ya que el conocimiento de la presencia de organizaciones criminales en estos sectores de la comuna es vasta entre la comunidad, es difícil creer que el Estado no tiene la misma información, dando espacio para todo tipo de hipótesis, especialmente las conspirativas.

Por una parte, se podría pensar que la presencia de una dotación de la PDI constriñe a los traficantes a mantenerse en mayor medida fuera de su margen de acción; y que esto es lo que genera la percepción de seguridad en la comunidad.

Es posible, también, que la PDI haga caso omiso a estas dinámicas de tráfico y violencia para no desatar un conflicto de mayor magnitud con los narcotraficantes; y que la sensación de seguridad sea simplemente provocada por la ausencia de casos de violencia extrema.

Por último, una inferencia más compleja sugiere que existe la posibilidad de nexos directos entre la PDI y narcos dentro de esta “zona segura”, lo que promovería mayor tranquilidad a cambio de impunidad.

El principal hallazgo fue justamente demostrar que la presencia de PDI o Carabineros en un territorio no tiene el impacto esperado. La presencia del Estado a través de sus fuerzas de orden puede aumentar pero muchas veces también disminuir la percepción de seguridad de las comunidades, por la complejidad de sus relaciones con redes criminales. Lo que hicimos fue agregar más evidencia a lo que expertos y académicos han estado estudiando y reiterando a los tomadores de políticas públicas hace años, que más carabineros o procesos de militarización no se traducen necesariamente en mejores respuestas a los problemas de seguridad pública.

Evidencia concreta de comunas como Maipú, una de las que exhibe la menor presencia de carabineros por persona y que no presenta situaciones tan complejas relacionadas con el crimen organizado y narcotráfico, también desmitifican esta idea.

Como han sostenido, también, múltiples actores de la sociedad civil involucrados en temas de seguridad como Paz Ciudadana,“Se sabe que más que la cantidad de policías, lo que importa es la acción que realizan en el territorio”.

Así, estamos seguros que se requiere más investigación en terreno, que escuche las voces de la comunidad y reconozca las diversos elementos socioterritoriales en las diversas comunas del país. Debemos dejar de pensar la violencia como algo que puede ser delimitado con tanta facilidad -incluso llegando a definir su presencia territorial con tal exactitud-, y aceptar la complejidad y multicausalidad del fenómeno. Como menciona Dewey, la solución no está en la incorporación de las fuerzas del orden a los territorios simplemente porque son conceptualizadas como el enemigo natural al crimen.

Por este motivo, es necesario salir de retóricas como la de zonas ocupadas, que aumentan la estigmatización y nos entregan una falsa percepción de entendimiento de lo que está ocurriendo. Esto es lo que nos llevará a desarrollar políticas basadas en un verdadero conocimiento que haga más efectiva la solución a los más graves problemas de seguridad pública como es el narcotráfico.

*Nota de la Redacción: los autores son alumnos de quinto año de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica. Esta columna forma parte del taller de investigación aplicada, donde alumnos del profesor Juan Pablo Luna recibieron orientación de Mónica González para transformar sus investigaciones académicas en textos para medios masivos.

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