Ley Marco de Cambio Climático: construyamos una institucionalidad con capacidad transformadora

Chile es un pequeño emisor de gases contaminantes, pero será uno de los países más afectados por la crisis climática. La ley de Cambio Climático debiera ayudar a enfrentar los graves escenarios que se prevén, entre ellos, la desertificación y las largas sequías, pero es una propuesta incompleta, afirma la autora. Entre otras cosas porque no asegura a la ciencia un rol clave en la toma de decisiones y no busca garantizar seguridad hídrica y alimentaria como meta. Asegurar acceso al agua y a los alimentos para todos los chilenos al 2050 debiera ser una meta.

Chile se encuentra en una paradoja: somos un pequeño país emisor de gases efecto invernadero –contribuyendo a apenas un 0.25% de las emisiones a nivel mundial-, pero seremos uno de los principales impactados por los efectos de la actual crisis climática. Chile es proclive a experimentar fenómenos como olas de calor, creciente desertificación, sequías de larga duración, riesgos a incendios forestales, aluviones y pérdida de glaciares de forma cada vez más frecuente e intensa. Las consecuencias de estos fenómenos a nivel económico y social son inciertos y dependerán en buena medida de la priorización de la urgencia de la adaptación climática como un criterio de política pública en todos los ámbitos de la gestión pública y privada.

El anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático, debiera ser un instrumento para fortalecer nuestras políticas, instrumentos e institucionalidad en torno a la posibilidad de adaptarnos a las nuevas condiciones que se nos imponen. Sin embargo, si queremos lograr detener, o al menos desacelerar la crisis climática que hoy enfrentamos (y asumimos que la ley debiera tener como norte dicho objetivo), es necesario revisar algunos aspectos pendientes del actual anteproyecto.

Sin duda, contar con una ley marco sobre cambio climático ayudará a ordenar un conjunto de acciones y programas dispersos y voluntarios que existen en la actualidad, otorgando directrices generales y, potencialmente, generando un mandato potente a todos los sectores y los tres niveles de gobierno a hacer propia la agenda nacional para la gestión de la emergencia climática. Con ese fin, el anteproyecto aborda un amplio espectro de temas, equivalente a lo realizado por otros países tales como Vietnam, México y Reino Unido, regulando el diseño institucional y la gobernanza, explicitando metas de mitigación y el rol de la ciencia, y proponiendo instrumentos de planificación sectorial.

Sin embargo, y como un aspecto deficitario clave, la ley no contempla metas de adaptación, proponiendo sólo una meta de mitigación: llegar a la “carbono neutralidad” al 2050, siguiendo la tendencia de países como Reino Unido. Aunque la imposición de una meta de mitigación a nivel legal puede servir de ejemplo para otros países- y permitirá demandar con mayor consistencia que los grandes emisores eleven la ambición de sus compromisos en el contexto de la próxima COP25- nuestra capacidad de maniobra en torno a la disminución de las emisiones a nivel mundial es relativamente limitada; en lo que nos compete como país, necesitamos orientar nuestras acciones hacia la adaptación y para ello, la explicitación de una meta en la ley permite otorgarle una jerarquía y funcionar como guía para las políticas públicas que de ella se deriven.

Así, se requiere como tema clave corregir el sesgo hacia la mitigación del anteproyecto de ley e integrar con mayor claridad y fuerza el objetivo de la adaptación como su eje orientador, por ejemplo, proponiendo la seguridad hídrica y alimentaria al 2050 como meta, es decir, estableciendo que para hacer frente a la crisis climática debemos generar condiciones que aseguren el acceso al agua y a los alimentos de los habitantes y territorios del país.

En conjunto, las metas de mitigación y adaptación permitirán que la Ley Marco aborde aspectos sustantivos de la crisis climática –especialmente en lo relativo al agua, bosques y la transición energética-, de modo que efectivamente se haga cargo del objetivo de transformarnos en una economía baja en carbono y resiliente. En última instancia, una ley fuerte en torno a esta materia nos permitirá relevar la discusión sobre nuestro modelo de desarrollo, pues si efectivamente queremos llegar a la “carbono neutralidad” y estar adaptados a la crisis climática, debemos cambiar el modo en que obtenemos energía, nos transportamos, pensamos las ciudades, y producimos y consumimos los bienes naturales.

Lo anterior, significa generar un “amarre institucional” entre lo que el anteproyecto de ley propone y la normativa vigente, integrando la dimensión del cambio climático a la lógica de funcionamiento del Código de Aguas, los instrumentos de planificación territorial y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, entendiendo que es en estos niveles donde se juega la correcta gestión de la crisis climática. Otras iniciativas también pueden ser creadas, tales como la promoción de la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles y moratorias a proyectos que pretenden explotar este tipo de recursos.

Un segundo aspecto a mejorar, dice relación con que la institucionalidad propuesta debe ser reforzada para asegurarle a la ciencia un rol central en la toma de decisiones. Considerando la magnitud de los cambios requeridos, contar con datos confiables y de calidad es central para poder establecer metas sectoriales que sean coherentes con la urgencia de la crisis. Chile ha sostenido a nivel internacional que “la ciencia no es negociable” y que debe configurarse como la fuente de la evidencia a partir de la cual se toman decisiones. Sin embargo, el hecho de que el Comité Científico Asesor sea ad-honorem, con sesiones trimestrales y sin claridad sobre si sus opiniones serán vinculantes, le resta potencia a su figura.

Finalmente, el anteproyecto debe reforzarse para que la crisis climática sea una prioridad para todos los sectores. Al respecto, existen sectores como Educación y la ONEMI que no se encuentran representados en la gobernanza propuesta. Asimismo, no queda claro si habrá financiamiento suficiente para implementar las medidas identificadas en los planes sectoriales de adaptación y mitigación que se establecen como los instrumentos legalmente formalizados, ya que quedará a criterio de cada sector, en un contexto en que no existen sanciones asociadas al incumplimiento de los objetivos acordados. En este sentido, no hay incentivos, pesos y contrapesos institucionales que permitan generar un escenario para que efectivamente el cambio climático y su gestión sean ejes orientadores de la política pública. Para ello, se debe explicitar las fuentes de financiamiento, proponiendo un fondo para la gestión de la crisis climática a nivel central que sea un porcentaje del presupuesto nacional.

Los puntos anteriores muestran que para contar con una ley que verdaderamente se haga cargo del desafío de gestionar la crisis climática en Chile, es necesario que ésta establezca como prioridades un modelo institucional y de financiamiento adecuado para cambiar de manera efectiva la conducta del Estado, el sector privado y los consumidores. De otra forma, los planes que se realicen no tendrán fuerza para implementarse y esta Ley Marco será la creación de una nueva institucionalidad sin las atribuciones, responsabilidades y recursos suficientes para enfrentar la urgencia que tenemos.

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