Nosotros no vivimos en democracia; vivimos sometidos a una plutocracia, que es el gobierno de los ricos, por los ricos y para los ricos. Esta es la verdad.
José Saramago
Si la democracia se asocia con la distribución de poder, en sociedades donde existe una alta concentración del poder económico resulta plausible que los poderosos ejerzan una fuerte presión respecto de los gobernantes. Las reglas aquí se adaptan o favorecen a quienes concentran los recursos económicos, pues son ellos quienes financian la actividad política y, en parte, determinan las opciones de crecimiento y desarrollo económico.
Analicemos lo sucedido con las reglas para controlar la colusión, un problema que se ha transformado en un tema particularmente sensible para la ciudadanía. Para ello, conviene eso sí dar cuenta de las condenas y denuncias por colusión en la última década, las que incluyen a médicos, farmacias, retail, transporte interurbano, productores avícolas, supermercados, radioemisoras, navieras, asfalto, papel higiénico y pañales, entre otras:
2008. La Corte Suprema confirmó la colusión de las empresas de retailFalabella y París que presionaron a proveedores para que no participaran en una feria donde se venderían TV plasma. La multa aplicada alcanzó a US$8 millones.
2008. La Corte Suprema confirmó la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de 74 médicos de Punta Arenas que establecían acuerdos para fijar precios de sus prestaciones médicas.
2009. La Corte Suprema confirmó la sentencia en contra de la Asociación Gremial de Buses Interbus por asignarse cuotas de mercado y excluir otras empresas del rubro.
Las tres farmacias que se coludieron – Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand
2012. La Corte Suprema confirmó la sentencia en contra de las farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand por fijación ilegal de precios entre 2007 y 2008. Fueron multadas por cerca de US$20 millones.
2012. La Corte Suprema confirmó la sentencia en contra de un grupo de radioemisoras que se concertó para eliminar la competencia en concursos públicos convocados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, con el objeto de adjudicarse concesiones radiales. Incluyó a las radios Valparaíso, Biobio y Corporación, entre otras. Se les aplicó multas por un total aproximado de US$500 mil.
2013. La Corte Suprema ratificó la decisión del TDLC y aplicó una multa por US$10 millones a Whirpool por participar de un esquema internacional de colusión en fabricación de refrigeradores, operación que se desarrolló entre 2004 y 2008.
2014. La Corte Suprema ratificó la condena en contra de tres empresas de buses interurbanos (Pullman Bus, Atevil Mecánica, Alejandro Cabello), por coludirse para repartir frecuencias y alzar tarifas. Se le aplicaron multas por poco más de US$1 millón a dos empresas, dado que la tercera se eximió por delación compensada. Ese mismo año la empresa Pullman Bus y Bahía azul fueron condenadas por alza concertada en los pasajes Santiago-Cartagena.
2015. El TDLC aplicó multas por cerca de US$3 millones a tres empresas proveedoras de asfalto (ACh, QLa, Dynal Industrial S.A.) por haber acordado asignarse la provisión de asfalto en obras entre 2011 y 2012. Una cuarta empresa, Enex, se cogió a la figura de delación compensada.
2015. La Corte Suprema confirma la sentencia por colusión del TDLC en contra de Agrosuper, APA, Ariztía y Don Pollo por colusión en el precio de la venta de pollos, condenándolas a pagar US$58 millones, cartel que se mantuvo por al menos 10 años.
2015. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó una acusación ante el TDLC en contra de seis empresas navieras por haberse concertado en el transporte marítimo de automóviles. El caso se encuentra pendiente en el tribunal.
2015. La Corte Suprema confirmó una sentencia en contra de tres empresas de buses que se coludieron para establecer alza de precios en la ruta Copiapó-Caldera, debiendo pagar multa de cerca de US$138 mil.
2016. La Corte Suprema ratificó la decisión del TDLC de condenar a 25 médicos ginecológicos en la provincia de Ñuble, por haberse coludido para fijar el precio de consultas médicos y de procedimientos quirúrgicos, lo que ocurrió desde 2012 a 2014. La multa total ascendió a US$63 mil.
2016. La FNE decidió cerrar la investigación por colusión en el mercado de los pañales entre la CMPC y Kimberly Clark aunque pudo comprobar contactos para alterar el precio de los pañales en el período 2002 y 2009. La prescripción de los delitos fue la causal para el cierre de la indagatoria.
Papel higiénico: CMPC y SCA fueron condenadas por fijar precios entre 2000 y 2011
2017. El TDLC condenó a la CMPC y SCA (Chile) por coludirse en la asignación de cuotas de participación en el mercado de venta de papel higiénico y fijar precios desde el año 2000 al 2011. Se aplicaron multas por US$18 millones y se eximió a CMPC del pago de multa por delación compensada.
2018. El TDLC acogió el requerimiento presentado en contra de los laboratorios Fresenius Kabi Chile, Sanderson y Biosano por coludirse para participar en licitaciones convocadas por la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional del Servicio de Salud de Chile, lo que habría ocurrido entre 1999 y 2013. Se aplicaron multas que ascendieron a US$27 millones. A Biosano no se le aplicó multa ya que se acogió a la delación compensada.
2018. La FNE presentó una denuncia por colusión en contra de Faasa Chile Servicios Aéreos y Martínez Ridao Chile por establecer un acuerdo para restringir la competencia en el combate y extinción de incendios forestales entre 2009 y 2015, afectando los precios del mercado de aviones cisterna.
2018. La FNE presentó una denuncia por colusión en contra de 111 médicos cirujanos de la Región de Valparaíso que desde por lo menos 1985 se han coludido para fijar precios de atenciones médicas y procedimientos quirúrgicos. Además, la asociación gremial de la región participaría de este esquema de fijación de precios.
2018. La FNE presentó un requerimiento al TDLC por eventual colusión de 11 empresas de transporte público en Temuco y Padre Las Casas que entre 2003 y 2017 buscaron limitar la cantidad máxima de buses y taxi-buses, limitando la libre competencia. El caso está bajo investigación.
La última condena del TDLC fue para Walmart, Cencosud y SMU, por fijar precios para la venta de pollo fresco
2019. El TDLC condenó a tres cadenas de supermercados (Cencosud, SMU y Walmart) por concertarse para fijar precios de venta de pollos frescos entre los años 2018 y 2011, aplicándoles una multa de US$12,4 millones.
El extenso listado refleja lo expandida que está esta práctica en el empresariado y la diversidad de rubros que abarca. Pero también demuestra la existencia de una institucionalidad que ha ido evolucionando para corregir estas “fallas” del mercado.
Tres transformaciones legales relevantes se han aprobado y puesto en vigencia en las últimas dos décadas. Primero, la Ley 19.610 del año 1999, que fortaleció la independencia de la Fiscalía Nacional Económica; segundo, la Ley 19.911 del año 2003, que estableció el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y que, además, eliminó las sanciones de cárcel, privilegiándose un incremento en las multas; y tercero, el establecimiento en el año 2009 de la figura de la delación compensada y se mejoraron las facultades de investigación de la FNE (Felipe Irarrázabal 2010. El sistema chileno de defensa de la libre competencia. Presentación en seminario: “Los nuevos desafíos de la política de competencia en Argentina”, Buenos Aires, 2010).
A partir de allí observamos un notable incremento de las investigaciones y sanciones en contra de acciones concertadas de empresarios que buscaban subrepticiamente regular precios, incidir en licitaciones y controlar mercados. Precisamente, ese mayor activismo investigativo expuso públicamente tanto los abusos de los empresarios como las propias limitaciones de la ley que se había establecido para combatirlos. Ahora la ciudadanía se enteraba de obscenas colusiones, y al mismo tiempo, observaba que ninguno de los responsables terminaba en la cárcel. Así, si en Puerto Natales condenaron a una persona a 150 días de cárcel por robar dos gallinas, alguien que robaba miles de millones de pesos no pasaría ni un día en prisión.
La sensación de injusticia creció particularmente con la colusión investigada y sancionada en farmacias, pollos y papel higiénico. Y fue en el año 2016 que se reformó la legislación para sancionar la colusión (Ley 20.945). Se incrementaron sustantivamente las multas; se eximió de responsabilidad penal a quienes aportasen en primer lugar pruebas, fortaleciendo la delación compensada; y se estableció la posibilidad de sanciones penales (desde 3 años y un día a 10 años de cárcel). ¿La limitación? La Fiscalía Nacional Económica tendría la facultad exclusiva de querellarse penalmente, en un plazo no superior a los seis meses desde que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia hubiese dictado una sentencia.
Inmediatamente surgieron cuestionamientos. Para algunos, resulta inadecuada la figura de la delación compensada que permite que al menos uno de los actores quede en una posición aventajada. Sus defensores plantean que esta figura es una eficiente herramienta para romper estructuras de colusión que de otro modo no se podrían conocer.
Otro de los cuestionamientos se refiere a depositar en la FNE la facultad exclusiva de presentar querellas penales, lo que en los hechos es una limitación para la autoridad del Ministerio Público. Además, tampoco se establecen sanciones asociadas a la prohibición para las empresas coludidas de firmar contratos con el Estado, aunque sí se establecen prohibiciones para limitar la participación de los responsables de la colusión en directorios de las empresas sancionadas.
Volvamos a la actualidad. Hace unas semanas, el TDLC condenó a tres cadenas de supermercados por coludirse en los precios de venta de pollos frescos. Aunque se incluye una multa por US$12 millones, los responsables no arriesgan penas de cárcel, por cuanto el hecho ocurrió antes de la aprobación de la ley en 2016. Como las leyes no son retroactivas, no podrán aplicarse las sanciones que impone para este delito la nueva ley. Pero, incluso si el caso hubiese sucedido después de 2016, la posibilidad de una sanción penal es mínima, pues la FNE no ha sido una institución proactiva en derivar casos hacia el Ministerio Público.
De este modo, sigue prevaleciendo en la opinión pública la idea que las leyes favorecen a los poderosos en perjuicio de los consumidores. En el intertanto, seguirán apareciendo casos que engrosarán la lista de este lindo país con vista al mar pero que en la percepción ciudadana y en los hechos está coludido.
REFERENCIAS
Ley 19.610 que fortalece las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica (19 de mayo, 1999).
Ley 19.911 que crea el Tribunal de Defensa de la libre competencia (14 de noviembre, 2003).
Ley 20.361 que modifica el Decreto con fuerza de ley Nº 1 del Ministerio de Economía de 2005 sobre Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (13 de julio, 2009).
Ley 20.945 que perfecciona el sistema de defensa de la libre competencia (30 de agosto 2016).
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Andrés Chadwick aceptó que la fiscalía acceda a sus cuentas bancarias y al contenido de su teléfono
Como puedo obtener la sentencia del TLC del 2008 contra los medicos coludidos en Punta Arenas
Necesito la lista de los "doctores".
Bte a l MMM | 24.05.2019
Tengo la impresión de que existe complicidad en el "robo" que hace CGE cuando todos los meses no reconoce las interrupciones de energía que suceden y hasta ahora...después tooooodos estos años NO HAY NINGUNA SANCION..es una burla y la Sub S...nunca ha hecho Nada...
IVÁN | 17.03.2019
Son todos unos sinverguenzas!
roberto gonzález toro | 17.03.2019
Nuestros grandes representantes del poder legislativo, deberían promover leyes de verdad contra todos los empresarios corruptos que se coluden para incrementar sus fortunas a costa de los ciudadanos, se debe eliminar las clases de ética, ¿que clase de ética nos puede entregar un corrupto?. Se de legislar en crear rápidamente leyes que los sancionen con multas considerables y años efectivos de prisión
Fernando | 14.03.2019
Y a propósito de tanto libertinaje empresarial, que ya se sacó de encima las sanciones penales, en el 2003, me pregunto: ¿Que institución, que obviamente debe contar com la aprobación de los coludidos, fiscaliza que estas multas sean pagadas pronto e integramente, porque también tienen la salida, por la tangente, de la prescripción si pasado un cierto plazo no son ejecutadas??
¿Que me cuentan ?
marcelo | 11.03.2019
Me da una tremenda satisfacción que al menos este diario de a conocer los detalles de bribonadas de los empresarios
Mauro | 08.03.2019
Aparte de todas las Coluciones descubiertas hasta el momento, habrá que ver si con el Asunto de los Medidores de Electricidad Inteligentes, no se habrán coludidos Empresas, Políticos y Comerciales para FREGARNOS una vez más, aparte que mas adelante nos cobrarán la Energía por Tramos, es decir Valle, punta y baja, porque viendo como se dan las cosas para allá va la Micro
David cereceda | 07.03.2019
En chile el empresario es amo y señor, los politicos son solo marionetas a la orden de estos, nosotros la gente comun y corriente no existimos
Rodrigo Jiménez | 07.03.2019
Los empresarios, en general, rompen vestiduras respecto a la libre competencia y su respectivo jingle "Market Know". Fuera de este planeta el que alguien piense, por un segundo, el que se fijen los precios. Evangelizadores del libre mercado.
Sin embargo, por convicción, eluden evaden o no pagan impuestos (eso va en contra de sus principios) y les encanta, les fascina los MONOPOLIOS, si este es vertical, mejor aún!
Además, nos han hecho creer que el único sistema económico es este, siendo el resto retrógrado o ineficiente.
Creo que es tiempo de eliminar estas aberraciones del mercado y ser duros con estas actitudes que van en contra de lo que ellos mismos predican.
Rodrigo | 07.03.2019
A propósito de la colusión, creo que sería tremendamente importante investigar y determinar si existe una colusión en estricto rigor de la palabra o, en su defecto, de una unión publico-privada para evitar y dilatar por todas las formas posibles, el desarrollo de proyectos ferroviarios que vayan en fomento del transporte de pasajeros y de carga, tomando en cuenta las experiencias de países desarrollados, las innegables externalidades positivas que están cuantificadas (lo que un país gana con ferrocarriles eficientes) y las experiencias negativas en calles, avenidas y carreteras ppr la excesiva congestión y contaminación, como producto de la ausencia de inversión necesaria en transporte público amigable con el medio ambiente y para todos o la mayoría de los chilenos, como lo es el ferrocarril. en todas sus variantes, tales como el ferrocarril de carga, los trenes de cercanías (Metrotrén, Merval, Biotrén), trenes urbanos (Metro, tranvía y/o monorriel), trenes regionales o Intercity, trenes de mediana y larga distancia, ya sean de alta prestación o de alta velocidad.
En la mira deberían estar las empresas y federaciones de camiones, de buses, aerolíneas y autopistas, todas con el respectivo lobby hacia las autoridades de turno.
No puede ser que proyectos como el tren de alta prestación a Valparaíso, se arrastre desde ca. 1945 vía La Dormida.
Tampoco que un gran porcentaje de chilenos no tengamos más opción a viajar que un bus, un avión o nuestro auto, pero pagando peajes en todas partes.
Ni hablar de la contradicción vital de pregonar a los 4 vientos nuestras buenas intenciones. medioambientales, pero simultáneamente subsidiando el impuesto al Diesel de los camioneros.
Somos un país OCDE, pero con ferrocarriles propios de un brutal subdesarrollo.
Gonzalo | 07.03.2019
En Chile no existe libre mercado, como les gusta decir a nuestros "líderes". Claramente hay duopolios u oligopolios que colocan fuertes barreras a la entrada, pero no de carácter tecnológica, de conocimiento o cualquier otra competitiva, sino que por colusiones o acciones reprochables... Lamentable.
EDO | 06.03.2019
Lo unico que puedo decir que la multa a los super mercados esta harto baja. Ya deben tener muy buenos abogados especialistas en el tema.
