Cómo disminuir la segregación en el acceso a las universidades, sin renunciar a la inclusión escolar

La crítica al proyecto de “admisión justa” a los liceos se ha centrado en que, al reponer la selección meritocrática, el gobierno estaría reinstalando la selección por capital cultural, lo que implica castigar a los jóvenes pobres por su cuna. Poco se ha dicho sobre cómo la selección influye en la llegada de liceanos a las universidades de prestigio. El autor destaca que los liceos que seleccionan han sido una eficiente forma para que alumnos del 90% de menos recursos llegue a buenas universidades y estima que ese proceso democratizador puede dañarse si la Ley de Inclusión no se complementa. En esta columna se proponen varias medidas que no implican volver a segregar.

El gobierno ha presentado un proyecto de ley que dice promover una admisión justa en el sistema escolar, basada en el mérito de los estudiantes. La iniciativa del Ejecutivo ha generado –en buena hora- un conjunto de críticas en toda la oposición, las que imagino tendrán como consecuencia que, sin mediar una reconfiguración estructural del proyecto, se vote en contra de la idea de legislar.

Mi resumen de estas críticas es el siguiente: (1) no se selecciona por mérito, sino que por pruebas estandarizadas o notas; (2) las notas y las pruebas estandarizadas dependen solo  muy parcialmente del esfuerzo de los estudiantes; (3) aun cuando tal resultado dependiera solo del esfuerzo y la motivación, el esfuerzo de los estudiantes es también un producto social, y de ello el menor de edad solo es responsable parcialmente; (4) aun cuando el alumno fuera responsable de su esfuerzo y solo este factor determinara el resultado académico -es decir, nos olvidáramos de (2) y (3)- no es razonable estructurar el proceso educativo como un sistema de premios y castigos donde los “flojos” se eduquen en un lugar (con menos recursos) y los “esforzados” en otro (con más recursos), ya que así como lo suelen hacer las familias, como sociedad debemos entregar una educación de calidad para todas y todos, incluso haciendo un esfuerzo mayor por quienes quedan atrás, sobre todo en las primeras etapas de enseñanza; (5) en una sociedad democrática –y que quiere seguir siéndolo- es crucial que el sistema escolar sea un espacio de encuentro para aprender a vivir en sociedad.

Habiendo dicho lo anterior, hay una motivación para esta ley que merece una mayor atención: concentrar a los estudiantes más destacados del sistema público en los liceos de excelencia sería la mejor (o incluso la única) forma de lograr que un grupo considerable de jóvenes de familias del 90% de más bajos ingresos llegue a las universidades de mayor prestigio. En otras palabras, agrupar en un puñado de liceos a los mejores estudiantes que no acceden a los colegios privados pagados sería el mejor camino para ayudar -desde el sistema educativo- a democratizar las élites.

Antes de rebatir este argumento, vale la pena señalar tres asuntos. Primero, ésta es una motivación de naturaleza distinta a la comúnmente enfatizada en el debate público, pues no se trata del mérito de los estudiantes, sino que sobre la consecuencia positiva que tendría en el acceso más democrático a las universidades concentrar a las y los mejores estudiantes en unos pocos liceos. Segundo, éste sí me parece un objetivo muy loable. En efecto, si fuese cierto que la selección escolar es el único camino razonable para democratizar el acceso a las universidades de mayor prestigio y calidad, yo estaría dispuesto a perder inclusión en el sistema escolar con tal de ganar universidades más diversas. Tercero, aunque la evidencia internacional y nacional es contradictoria, mi lectura es que sí es cierto para el caso chileno que los liceos de excelencia tienen un efecto positivo (pequeño/mediano) en el desempeño de sus estudiantes (más allá del hecho de que seleccionen). Aun cuando ese efecto podría ser cierto para cualquier estudiante, solo para el grupo de los con mejor desempeño podría agregar el diferencial de puntaje suficiente para acceder vía PSU a las mejores universidades del país.

En otras palabras, si no complementamos la Ley de Inclusión con medidas que compensen este efecto negativo, es probable que la admisión a las mejores universidades vaya a ser aún más segregada en el futuro, cuando este sistema esté en régimen.

Habida cuenta de estas consideraciones, la pregunta relevante es si hay un conjunto de medidas razonables y compatibles con la Ley de Inclusión, que permitan mantener o, idealmente, acrecentar la representación de ese 90% en las mejores universidades del país. La respuesta a esta pregunta es claramente positiva y puede fundarse en un conjunto de experiencias exitosas, de Chile y del mundo.

El punto de partida no es el mejor, aunque –como dicen los médicos- el paciente está “estable dentro de su gravedad”. Es decir, las mejores universidades son muy elitistas, pero tal fenómeno no ha empeorado en los últimos años. En el caso de la Universidad de Chile, en 2011 el porcentaje de estudiantes de primer año que provenía de liceos municipales era 26,7%, y subió a 28,1% en 2017 (i.e., una leve mejora). En el caso de la Universidad Católica, en el año 2011 el porcentaje de estudiantes de primer año que provenía de liceos municipales era 12,9%, y en 2018 fue 12% (i.e., prácticamente estable).

En este contexto las estrategias de corto y mediano/largo plazo compatibles con la Ley de Inclusión que propongo, son las siguientes:

Fortalecer la educación pública (toda, no solo los emblemáticos): sin duda este es el mejor camino para tener un acceso más justo y menos elitista a las universidades de calidad. Lo único moralmente aceptable y razonable en educación es que todas y todos los niños tuvieran acceso a una formación de igual calidad, y cerca del lugar donde viven. Un espacio de encuentro entre todas las diversidades. Y aquello solo se ha desarrollado plenamente en los países donde existe un sistema de educación pública mayoritario, de calidad y bien financiado.

El problema es que, aunque partiéramos hoy, nos tomaría un buen tiempo lograrlo. Es un camino, a su vez, que requiere más recursos y una prioridad política que ni siquiera la centro izquierda tuvo en su momento, pues sigue pensando que el Estado no puede tener una preferencia por sus escuelas. Un camino que está en las antípodas de las prioridades de la derecha, la que prefiere disminuir en US$800 millones el impuesto a las grandes empresas, a ocupar esos recursos para mejorar la educación que imparten las escuelas públicas. En síntesis, este es el camino ideal y nunca debemos renunciar a él, pero no puede ser nuestra única estrategia, porque toma tiempo y porque es una disputa política crucial, pero difícil de ganar.

Aumentar el peso de las notas (vía ranking) en la admisión a la universidad: esta estrategia ha sido implementada en el último tiempo (con ciertos errores en su diseño inicial), pero todavía queda espacio para incrementar el peso del ranking de notas en el colegio en el puntaje final de acceso a las universidades. Si se piensa bien, esta medida es el complemento perfecto de la Ley de Inclusión, ya que si los estudiantes de mejor desempeño quedan ahora dispersos en diversos colegios, el que los mejores estudiantes de cada colegio tengan un puntaje extra para entrar a la universidad, puede compensar -o más que compensar- la pérdida de puntaje PSU asociada a que estos estudiantes no se concentren en los mejores liceos. A su vez, hay bastante evidencia de que los estudiantes que han entrado por efecto del ranking (y que por ende, tienen una menor PSU), logran un desempeño equivalente a quienes entran por el sistema normal, pues el ranking captura habilidades que son importantes para el buen desempeño en la universidad.

Cupos de admisión especial: las universidades más selectivas pueden reservar vacantes para personas que hayan cursado su enseñanza media en liceos públicos (ojo con beneficiar a alumnos que solo hayan hecho el último año en un colegio público). Aquello no significa necesariamente desechar la existencia de pruebas de admisión tipo PSU, sino que el ordenamiento en el acceso vía PSU se dé entre jóvenes que vienen del mismo tipo de colegios. En el extremo (la situación ideal en mi opinión), se podría asegurar que cada tipo de dependencia escolar -municipal, particular subvencionada y privada- o cada grupo socioeconómico estuviera representado de manera proporcional en cada universidad. De este modo las universidades tendrían una representación equilibrada de la sociedad.

Al respecto, cabe mencionar la experiencia del programa Sipee de la Universidad de Chile (Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa), el que ha tenido muy buenos resultados. A su vez, se debe considerar que este tipo de programas funciona mejor cuando quienes entran con PSU más bajas tienen tutorías de apoyo los primeros años y eso implica un costo económico que debe ser considerado por la política pública.

Red de universidades estatales no selectivas: debería existir un conjunto de universidades estatales con una alta calidad en docencia, con admisión libre. A su vez, estas universidades deberían estar conectadas con las universidades estatales selectivas de modo que los estudiantes de mejor desempeño pudieran transitar de un sistema al otro. De esta manera, se haría menos dramático el resultado en las pruebas de admisión al salir del colegio y se daría más tiempo para que los estudiantes pudieran desarrollar sus talentos diversos.

Mentorías: una consecuencia negativa de no permitir que los mejores estudiantes se junten en un solo liceo es que eso no permite que se desarrolle un entorno de alta motivación y foco en el logro educacional. Sin embargo, es posible buscar formas de suplir aquello sin segregar a los estudiantes. Una posibilidad es que un porcentaje de las y los estudiantes de mejor desempeño de cada establecimiento tengan una o un mentor, quien podría salir del cuerpo académico de las universidades de mayor prestigio y calidad del país. La idea sería que el estudiante se juntara regularmente con el académico desde tercero medio –o incluso antes- dos veces al mes, por ejemplo, a conversar sobre sus intereses, de las cosas aprendidas en el colegio, de lecturas complementarias, etc. De este modo, se intentaría desarrollar una motivación extra en este estudiante. Tiendo a pensar que la mayoría de los académicos de estas universidades estarían dispuestos a hacer algo así sin recibir remuneración.

Preuniversitarios públicos y gratuitos: el Estado debería tener una red nacional de preuniversitarios de alta calidad, a la que debería acceder gratuitamente un porcentaje de los mejores estudiantes de cada establecimiento público. Esto implicaría más recursos y también separar a los estudiantes en cierto momento del día durante cuarto medio. Sin ser mi medida favorita, pienso que eventualmente puede ser necesaria para asegurar una mayor diversidad en el acceso a las universidades de mayor prestigio. Los propedéuticos o lo realizado por el PACE (Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior del Ministerio de Educación) pueden ser otras alternativas.

Es evidente que tanto las mentorías como los preuniversitarios implican que, hacia el final del proceso educativo escolar, los estudiantes de mayor desempeño sí recibirían una mejor educación, pero aquello sería sin una segregación generalizada del sistema. A su vez, la diferenciación parcial con sus compañeros se haría lo más tarde posible con tal de lograr que esos buenos estudiantes puedan tener una competencia un poco más equilibrada con los provenientes de colegios particulares pagados. Por último, también los estudiantes que no participarían en estos programas especiales se verían beneficiados al interactuar con compañeros y compañeras más motivadas.

Como una sociedad que aspira a una democracia plena, no nos podemos permitir un aumento de la elitización de nuestras mejores universidades. Por suerte, es posible evitar aquello sin necesidad de volver –como quiere el gobierno- a segmentar todo nuestro sistema escolar.