En los últimos pasos antes de su aprobación final se encuentra la actualización del Plan Regulador Comunal (PRC) de Puerto Varas. Entre otros efectos cuestionables, el proyecto impulsado por el municipio, tal cual está hasta ahora, permitiría aumentar más de cinco veces la densidad del centro de la ciudad –sin considerar la ampliación de infraestructura sanitaria– y construir en zonas que hoy están reservadas para parque urbano y áreas verdes. La periodista Constanza Hitschfeld explica, en esta columna, el “opaco proceso” de tramitación del PRC y sus posibles efectos nocivos en la comuna.
En Puerto Varas existe la necesidad imperiosa de actualizar el Plan Regulador Comunal (PRC) para producir cambios profundos que tiendan a la conservación del patrimonio cultural y natural. Así podría evitarse lo que ocurre hoy: que las condiciones permisivas del plan vigente sean un llamado abierto a las inmobiliarias para levantar nuevas construcciones, invitando con ello a más personas a vivir a la ciudad sin que la infraestructura vial, de redes de alcantarillado y agua potable, sean suficientes.
Unas semanas atrás, el 7 de diciembre, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu) de la Región de Los Lagos envió un oficio a la Municipalidad de Puerto Varas respecto del proyecto de actualización del PRC que se analiza por estos días. El documento hace observaciones técnicas, de forma y de fondo, respecto de varias de las exigencias para el proyecto, como la memoria, los planos, el Estudio Fundado de Riesgos, de Capacidad Vial, de Equipamiento Comunal y de Factibilidad Sanitaria y Patrimonio, según las exigencias normativas establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y su Ordenanza (OGUC).
El informe exhibe también la falta de prolijidad en la etapa de consulta ciudadana, de audiencias públicas, de notificaciones por cartas certificadas y en la presentación de las observaciones ciudadanas, algunas de las cuales, además, fueron aprobadas o rechazadas en más de una oportunidad por el Concejo Municipal.
Este opaco proceso tiene efectos que podrían ser perjudiciales para la comuna: por un lado, la nueva norma permitiría densificar considerablemente la zona centro y el Centro Cívico de Puerto Varas. En estos sectores se pasó de 70 habitantes por hectárea a 400. Además se plantea el desarrollo de un enlace para la ruta Puerto Varas–Llanquihue con calle Santa Rosa, lo que podría beneficiar a grandes proyectos inmobiliarios, a pesar de las de cartas enviadas por los vecinos de la comuna.
VOTACIÓN EXPRÉS
El 11 de septiembre de 2018 el Concejo Municipal de Puerto Varas debía aprobar o rechazar el nuevo PRC. Durante la sesión, el alcalde Ramón Bahamonde (IND, ex UDI) informó que no se votaría el documento puesto que la consultora a cargo –Surplan– no habría incorporado algunas observaciones aprobadas por los concejales.
Recién el 2 de octubre, tres semanas después, el concejo analizó la última versión del PRC. Ese mismo día, al entrar a la sesión, los concejales recibieron el informe final, de innegable complejidad. A pesar de que era prácticamente imposible tener una opinión fundada respecto del documento, éste se aprobó con cinco votos a favor, un rechazo y una abstención por ausencia.
Renato Aichele (RN) fue el único concejal que rechazó el proyecto. Sobre su decisión, explicó: “Estos temas requieren formalidad y responsabilidad. El mes pasado, cuando se bajó la votación, manifesté en forma pública y privada al director de la Secretaría de Planificación Municipal (Secpla) y al asesor urbanista que se debía realizar una comisión informativa para asegurar que lo que estamos votando es lo que corresponde”.
Consultado el concejal Luis Becerra (IND) sobre si conocía detalladamente el documento en forma previa a la votación, respondió a la autora: “Lo que hice fue votar las observaciones que se realizaron hasta mayo del presente año. Confío plenamente en el trabajo del equipo de Secpla que me señaló que las modificaciones (que se incorporaron en el último periodo) tienen que ver (solo) con ensanches en sectores vulnerables de la ciudad”.
Por su parte, el concejal Marcelo Salazar (UDI) sobre lo mismo aseveró: “Asistí a un par de reuniones con Andrés Saldivia (asesor urbanista de la Municipalidad de Puerto Varas) para hacer las consultas respectivas sobre cuáles eran los problemas que existían y me explicaron el detalle de las modificaciones”. Según la información recabada para este artículo, fue el único que se asesoró con Saldivia.
El 11 de octubre el alcalde continuó la tramitación del PRC, ingresándolo a la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Los Lagos. Seis días después, dicho organismo técnico devolvió el expediente al municipio por contener errores formales. La municipalidad subsanó las faltas y reingresó el documento al Minvu el 6 de noviembre.
Un mes después, el 7 de diciembre, el Minvu envió a la Municipalidad de Puerto Varas un oficio con más de 150 observaciones de “forma y fondo” realizadas al expediente. Rodrigo Wainraight, Seremi Minvu de Los Lagos, declaró para este artículo que el documento “no cumplía con requisitos propios de las consultas ciudadanas, como las notificaciones a los vecinos”. Entre otras observaciones se verificó falta de prolijidad en las actas de las audiencias públicas, en la entrega de cartas certificadas y en la exposición del proyecto a la comunidad.
En un período de casi dos años Secpla Puerto Varas dijo haber realizado 12 instancias de participación ciudadana, ocho reuniones de cuadrante, dos audiencias públicas y dos etapas de observaciones ciudadanas al PRC. La primera de ellas en diciembre de 2017, en la que recibió 120 cartas que contenían 600 observaciones, y la segunda en junio de 2018, solo para nuevos gravámenes o afectaciones.
Los días 5, 7 y 8 de febrero de 2018 el concejo aprobó unas y rechazó otras observaciones ciudadanas, algunas de las cuales fueron votadas en más de una oportunidad y con opuestos resultados. Un botón de muestra: el 5 de febrero los concejales rechazaron la observación que solicitaba que la ruta de conexión Puerto Varas–Llanquihue no enlazara con calle Santa Rosa. Dos días después la misma solicitud fue aprobada.
“Efectivamente, al recibir 120 cartas con alrededor de 600 observaciones, distribuidas por diferentes personas, en algún momento estábamos votando las mismas. Se expuso los casos al concejo y básicamente ahí nosotros determinados, en razón del bien común, cuál es la observación que queda mejor para los intereses de Puerto Varas. Nosotros tomamos la mejor decisión, lo dejamos a criterio técnico” dijo Ignacio Chávez –director de Secpla– en entrevista con el Diario de Puerto Varas, al consultarle sobre esas votaciones dobles.
Finalmente, el proyecto sí contempla el enlace de la ruta Puerto Varas–Llanquihue con calle Santa Rosa, lo que podría beneficiar a proyectos que necesiten mayor capacidad de carga en esa calle. Las organizaciones que realizaron dicha observación solo conocieron el resultado cuando el municipio subió el expediente a su web, días después de su aprobación.
El artículo 2.1.11 de la OGUC indica que en este proceso se debe informar a los vecinos, especialmente a los afectados, acerca de las principales características del instrumento de planificación territorial propuesto y de sus efectos, según los criterios adoptados respecto de cada uno de los contenidos del PRC.
En sus observaciones al PRC, los vecinos de Parque Ivian I solicitaron eliminar la calle Nueva 7. El 5 de febrero el concejo aprobó su observación. Sin embargo, la propuesta nuevamente contempla esa vía, ahora con el nombre de Borde Cerro 1.
“Al ser una observación aprobada en el proceso anterior y reincorporada en la propuesta, se consideró un nuevo gravamen por lo cual se sometió nuevamente a votación”, dice la carta firmada por el alcalde, con fecha 31 de octubre 2018, indicando que su observación fue rechazada y haciendo referencia a una nueva votación.
Carta a la Junta de Vecinos del Parque Ivian I
“El alcalde está obligado a respetar los acuerdos del Concejo Municipal en los casos requeridos por la ley, principio de juridicidad, artículos 6° y 7° de la Constitución”, ordena la Contraloría General de la República en su dictamen N° 71.916 de 2012.
Los artículos 43 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) contemplan el procedimiento para la elaboración y aprobación del PRC. La ley indica:
“Tal información deberá entregarse, al menos mediante carta certificada a las organizaciones territoriales legalmente constituidas que estén involucradas y, a través de un aviso de prensa en un medio de amplia difusión en la comuna, se pondrá en conocimiento de los vecinos dicha información, acompañada de la memoria explicativa, estará a si disposición para su retiro gratuito, en el lugar que allí se especifique. En ese mismo aviso se indicará el lugar y fecha en que se realizarán las audiencias públicas”.
La carta (exhibida arriba) que recibió la Junta de Vecinos Parque Ivian I no especifica claramente las nuevas modificaciones de vialidad que afectarían a numerosos predios en futuras expropiaciones. No contiene memoria explicativa, fechas, ni lugar en el que se realizarán las audiencias públicas. Los vecinos perdieron toda oportunidad de reclamar una modificación que no sabían que existía.
“El municipio habría omitido un requisito esencial como lo es la notificación de un acto administrativo en plena formación. En consecuencia se habría causado un perjuicio a las personas y organizaciones, por cuanto no pudieron ejercitar su derecho de formular observaciones al PRC”, explicó para este artículo Óscar Zenteno, abogado Master en Medio Ambiente de la Fundación Geute Conservación Sur.
Mapa Plan Regulador Comunal de Puerto Varas
En relación con las modificaciones efectuadas al PRC en octubre, Paulina Rica –arquitecta urbanista y asesora de la Mesa Ciudadana de Puerto Varas– expuso a la autora de esta columna que “hubo un aumento significativo de la densidad de edificación. Es decir, un incremento en el número de habitantes por hectárea, que en varias zonas es de más del doble. En zona ZC de 75 a 400; ZCC de 75 a 300; ZH1 de 12 a 32; ZMT de 100 a 200 y en ZES de 0 a 28 habitantes por hectárea. Esta normativa permitirá densificar considerablemente la Zona Centro (ZC) y Centro Cívico (ZCC) de la ciudad. En estos sectores se pasó de 70 a 400 habitantes por hectárea, basados en unas pocas peticiones ciudadanas, por sobre el estudio y acuerdo de todo un proceso participativo que se desarrolló durante dos años”.
Zona ZC-Centro Patrimonial y Zona ZCC-Centro Colón
PROBLEMAS AMBIENTALES
El reglamento de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) establece que se debe someter a revisión el anteproyecto una vez concluida la etapa de diseño de PRC, antes de realizar el proyecto final. La OGUC establece que solo una vez emitida la resolución de término de la EAE se pueden iniciar los trámites de consulta y aprobación.
El propio Seremi de Medio Ambiente de Los Lagos, Klauss Kosiel, cuando aprobó la EAE el 5 de abril de 2018, presentó en su resolución (Ordinario Nº 000104) que “de acuerdo con los artículos 26 y 27 del reglamento, una vez concluida la EAE mediante resolución de término, el órgano responsable (Municipalidad de Puerto Varas) podrá pasar a la etapa de aprobación del proyecto”.
En Puerto Varas se habrían aplicado en menor medida los criterios necesarios para lograr un desarrollo urbano amigable con el medio ambiente. La arquitecta urbanista Paulina Rica explicó a la autora:
-En mayo de 2018, después de haber sido presentado el PRC al concejo y votado, se aumentó en forma inexplicable en numerosas zonas la densidad de la población, es decir, el número de habitantes por hectárea. En la última versión del PRC, de octubre del mismo año, se disminuyeron considerablemente las áreas verdes, en contraposición a lo que la EAE indica en sus recomendaciones, con el objetivo de aumentar las zonas habitacionales. Esto representa un riesgo ambiental y de identidad patrimonial de la ciudad, debido a que se incentiva la construcción de edificios en las zonas de alto valor patrimonial, además de la expansión y densificación de los bordes de Puerto Varas, permitiendo que zonas de parque urbano y áreas verdes sean construidas, generando un grave riesgo a la biodiversidad de la comuna, eliminando bosques y humedales.
El otro problema que surge está relacionado con las factibilidades de agua potable consideradas en el nuevo PRC. En la actual EAE se especifica que se deberá verificar que se cuenta con la factibilidad de servicios sanitarios para el radio urbano y la densidad de población propuestos. Según la arquitecta urbanista Paulina Rica “a la fecha, la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal) ha tenido grandes conflictos para cubrir el aumento de población en los últimos años. Los estudios presentados a la fecha estaban basados en una densidad habitacional menor a la que está resultando en la versión final”.
En octubre de 2018 Essal suspendió las solicitudes de ampliación territorial, es decir, de factibilidades sanitarias fuera de su radio operacional en las regiones de Los Ríos y Los Lagos. La falta de infraestructura sanitaria y de aguas lluvia afecta directamente al lago Llanquihue y a sus habitantes.
Según los resultados del Informe Microbiológico y Físico-Químico de las playas de la comuna de Puerto Varas –hecho por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Lagos, con muestras tomadas entre octubre y noviembre de 2018–, las playas de los sectores muelle y ex hotel Licarayén presentan 1.700ger/100 y 3.500 ger/100 ml de NMP de coliformes fecales respectivamente. Estos resultados superan la Norma Chilena de Calidad para la Protección de Las Aguas Marinas y Estuarias Aptas para Actividades de Recreación con Contacto Directo (Nº 1.333 decreto 144/2009), que establece como valor máximo 1.000 coliformes fecales/100 ml de agua. El año anterior las muestras arrojaron resultados que superaron 16 veces la normativa vigente. En este sentido, la medida de la empresa responde a la necesidad planteada por la comunidad en defensa de su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
El PRC es confeccionado en calidad de función privativa por el municipio, lo que quiere decir que la responsabilidad de su elaboración recae en el alcalde como su representante legal. Un buen PRC confeccionado bajo los preceptos de la transparencia y probidad permitiría ordenar y reorientar el desarrollo urbano de la comuna, definiendo el uso del suelo y sus características. A pesar del largo tiempo de tramitación, su actualización pareciera que no estará a tiempo para hacerse cargo del creciente y exponencial deterioro de Puerto Varas.
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En el comienzo de estos comentarios debí felicitar a Constanza Hitschfeld por su columna e investigación, por su preocupación e interés por la planificación urbana y su gran impacto social y en el desarrollo sustentable en ciudades, regiones, país, planeta. No es tema de investigación y reportaje muy común en periodistas. Poco nos informamos de lo que ocurre en los procedimientos de aprobación de los Planes Reguladores Comunales, ni siquiera los de las comunas más ricas de Santiago, con más prensa. La felicito por sus logros y le deseamos tenga un éxito en sus propósitos y como editora del digital Diario Puerto Varas
JUAN PABLO VIGNEAUX BRAVO | 30.12.2018
Que la Contraloría General no haga prevalecer el Estado de Derecho es extremadamente grave, se daña brutalmente el bien común y se pierde confianza en las normas de planificación urbana por parte de la ciudadanía, se termina perdiendo la “seguridad jurídica†que deben brindar los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT), y como último efecto o consecuencia es que se imposibilita la planificación territorial y urbana
En consecuencia, también parece ser aconsejable el que el Contralor General volviera a ser un profesional funcionario, abogado de preferencia, que ha pasado por todas las Divisiones internas de la Contraloría General de la República, con carrera funcionaria, y reconocimiento interno y público de sus capacidades. El mejor.
Se le debe otorgar a la Contraloría General mayores atribuciones sumando auditorias o contralorías de conveniencia y resultados, mayor independencia del Ejecutivo , mayor presupuesto para contratación de los mejores profesionales y su necesaria planta en sus Divisiones operativas, y, muy importante, mayor poder para sancionar, incluyendo la acusación constitucional a las autoridades administrativas por faltas a sus obligaciones con el Estado, o a la destitución y/o prohibición por algunos años de prestar un servicio en la administración pública de funcionarios subalternos si la gravedad de la falta lo amerita, pudiendo fijarse estas sanciones y motivos por ley. Sin excluir el pago de una multa.
Sostenemos que un Estado subsidiario como el establecido en la Constitución de la República de 1980 necesaria e imperativamente necesita una Contraloría General muy distinta a la actual, en que " la función de esta se queda en la cáscara y no en el contenido", , según propias palabras del ex Contralor General Arturo Aylwin A. , requiere de una Contraloría General de la República propia de países con instituciones públicas sólidas y democracias avanzadas.
JUAN PABLO VIGNEAUX BRAVO | 30.12.2018
En esto hay una enorme responsabilidad de la Contraloría General de la República. Y esto lo sostengo por los siguiente:
Por Dictamen Oficio N°041722 de fecha 03/AGO/09, de Contraloría General de la Republica, firmado por el ex contralor Ramiro Mendoza., Ante denuncia con fundamentos y pruebas presentada para que revocara o invalidara de acuerdo a Art..53 de la Ley 19.880/2003 el Decreto Alcaldicio Ex. N°131 de 2007 de Providencia, Nuevo Plan Regulador Comunal 2007 (en consecuencia, también el “informe técnico favorable†de la Seremi Metropolitana MINVU), consultó a estos organismos y respondió y resolvió de acuerdo a lo que éstos informaron: que se habían ajustado en el procedimiento en todo, las alturas de edificación se bajaron lo que se presentaba en el nuevo PRC expuesto a público –de 5 a 3, de 7 a 5, de 12 a 7, de 20 a 12 pisos--porque los residentes lo solicitaron durante el período de observaciones. : La Contraloría no resolvió sobre prueba presentada que confirmaba una enorme afectación a propietarios y proyectos inmobiliarios - también se bajaban coeficientes de constructibilidad de 1,2 a 0,7; antejardines aumentaban de 3 a 5 m, etc.-, que obligaban a un nuevo periodo de exposición y observaciones, como lo obligaba el a art, 43 de La LGUC y el art. 2.1.11. de la OGUC
JUAN PABLO VIGNEAUX BRAVO | 30.12.2018
Estamos, según entiendo lo que señala, absolutamente de acuerdo con arquitecta urbanista y asesora Paulina Rica.
Es inadmisible e “ilegal†que los Alcaldes y su Consejo modifiquen por una minoría de peticiones ciudadanas el Plan Regulador Comunal expuesto a público, PRC que ha significado años de estudios y acuerdos de todo un proceso participativo desarrollado durante años -minoría comparada al universo de ciudadanos o residentes que son afectados gravemente, y que probablemente no participaron con observaciones, también por estar de acuerdo con lo expuesto-, y no puede permitirse, No se permite por art.43 de L.GUC y el Art. 2.1.11 OGUC., que señalan que cuando se “afecte significativamente a residentesâ€, se obliga al Municipio a rehacer el Plan Regulador Comunal y a un nuevo período de observaciones. El significado de “afecte significativamente†ha sido motivo de burlarlo, pero esto quedó de alguna manera zanjado por DDU ESPECIFICA N° 29 / 2009, Circular ORD. N°0473 de fecha 14.JUL.2009.
Lamentablemente es frecuente que se promulguen Planos Reguladores Comunales sin respetar la legislación urbanística– territorial, de derecho medioambiental, de procedimiento administrativo, etc.,. Sostenemos que esto ocurre porque jamás se ha sabido de una “invalidación†y fuerte sanción para los Seremi de Vivienda y Urbanismo que firman Oficios ORD. (Resoluciones) de “Informes técnicos favorables†de un ya promulgado Decreto Alcaldicio Exento (de Alcalde y Consejo Comunal) de un Plan Regulador que no ha cumplido con la legislación y/o el procedimiento exigido, , que ha transgredido el Estado de Derecho.
FRANCISCO | 28.12.2018
bueno leyendo la información, y los " cotidianos " errores de estos proyectos, debo resaltar los últimos párrafos, que hacen mención a la alta contaminación del lago, uno de los responsables es ESSAL, históricamente la sanitaria no ha tenido ni ha mostrado la capacidad de mejorar su infraestructura , ni tampoco se le obligado, por lo que aumentando la densidad en el centro de la ciudad, cae de cajón el aumento de estos problemas, casi mismo en Puerto Montt, solo que por condiciones de mar y no presencia de playas frente a la costanera , esto pasa desapercibido. pero es un error y vergüenza permanente el manejo de intereses..
Juan Canales | 22.12.2018
El Concejo Municipal ha caído en grave falta al no velar por los intereses del bien común general y aprobar un proyecto malo que demuestra incompetencia de equipo contratado.
Además dentro de las consultas ciudadanas no se hizo lo propio con el COSOC localcomo lo señala ley de municipios, como paso previo a la votación del Concejo. Fueron omitidos groseramente. Incluso alcalde tramitó y demoró la conformación de este cuerpo colegiado sin motivo aparente alguno. Votación invalidada.
Deben despedir asesores por incompetencia y reiteradas fallas ya que tuvieron 1 año congelados los nuevos permisos de edificación en espera de tramitación del proyecto y no fueron capaces de cumplir los plazos hasta ahora.
Monica lopez | 21.12.2018
Como vecinos del loteo los laureles, especificamente hicimos un reclamo al Minvu por el permiso de edificacion otorgado a Tres edificios de 20 mts . De alto sobre el predio que esta al lado de Essal por av Vicente Perez Rosales y se conecta a calle Traumen, lo que provocara sombras -a las casas vecinas, saturacion del alcantarillado existente y baja de presion de agua, ademas del colapso vial sobre av los colonos y la Costanera, con un deterioro de la calidad de vida horrible para los vecinos, y e l aprovechamiento de inmobiliarias foraneas que usan y abusan de la comuna de puerto varas, y no hay remedio para este tremendo daño que estan ocasionando a la bella puerto varas.
