El día después del 5 de octubre

A días de la conmemoración de los 30 años del plebiscito de 1988, CIPER ofrece a sus lectores un extracto del libro de Claudio Fuentes ¿Cuándo se jodió Chile? Memorias para la democracia, publicado en 2016. En este capítulo Fuentes detalla la lucha que se desató en la Democracia Cristiana para la nominación del candidato que competiría en las elecciones presidenciales de 1990. Un episodio marcado por operaciones mañosas y adulteración de votaciones internas que para el autor sentaron un precedente: “Quizás aquel día se jodió todo. Se jodió porque una forma de hacer política predominó en los partidos (…). Un modo tosco, rudo, mañoso. La democracia chilena se inauguraba con un incidente, con un talón de Aquiles que la acompañaría durante toda la transición“.

La gente salió espontáneamente a la calle al día siguiente del plebiscito de 1988. Celebraban una victoria que parecía increíble. “Corrió solo y llegó segundo”, titularía el Fortín Mapocho unos días después. Pero aquella sensación de liberación, de alegría, de goce por un triunfo sobre la dictadura daría paso a una de las luchas de poder más encarnizadas de la transición. Mientras en las calles se vivía un sentimiento de solidaridad entre las fuerzas opositoras, los actores políticos comenzaban a mover sus piezas.

Y la primera señal la daría Patricio Aylwin, en ese entonces presidente de la DC y líder del comando por el “NO”. En una entrevista, aparecida en El Mercurio el domingo después del plebiscito, afirmaba categóricamente respecto de la posibilidad de ser candidato presidencial: “¡Dios me libre!, no me pongo en ese caso”.

Parece que Dios no existe, pues no se libró de aquella batalla por el poder. La DC tenía previstas para el 27 de noviembre las elecciones internas donde seleccionaría a su precandidato presidencial. Y los interesados en competir eran Gabriel Valdés, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el propio Aylwin.

La elección era indirecta. En ella seleccionarían a los delegados que posteriormente escogerían su candidato presidencial en una Junta Nacional que estaba planificada para el verano de 1989. Sin embargo, el proceso electoral se vería tan tensionado, que hasta intervino la Iglesia Católica. Había tanto en juego que ningún actor estaba dispuesto a sacrificar el momento por un escándalo de votos. Entre octubre y enero veríamos cómo se fue desenvolviendo una tragedia.

Aquel 27 de noviembre, en la fiesta democrática de la DC, tempranamente comenzaron a denunciarse irregularidades que involucraban la adulteración de al menos cinco mil inscripciones de militantes. Se descubrió, además, a dos militantes del partido (Juan Osses y Eugenio Yáñez) ingresando en las oficinas de la sede partidista ubicada en Carmen 8 (octavo piso), al lugar donde se encontraban las fichas de militantes. Gutenberg Martínez -secretario nacional del partido en ese entonces- se encontraba en el primer piso del edificio. Esta incursión fue lo que más llamó la atención, y de ahí que el caso se denominara el “Carmengate”. Sin embargo, aquel incidente era tan solo la punta del iceberg de una operación de proporciones y que marcaría el destino del país.

El 7 de diciembre de 1988, Aylwin recibió una carta de un grupo de connotados consejeros nacionales del partido, que incluía a Eduardo Cerda, Ricardo Hormazábal, Claudio Huepe, Eugenio Ortega, Andrés Palma, Arturo Frei, Felipe Sandoval, Renán Fuentealba y Genaro Arriagada. En doce páginas expusieron una serie de hechos muy poco conocidos en el país, pero que remecerían el debate de la oposición. El encabezado se iniciaba con un juicio categórico:

“El desarrollo del acontecer político de los últimos meses nos ha colocado en la situación moral y política de demostrar ante el pueblo de Chile que somos capaces de practicar internamente la democracia que decimos querer con tanto ahínco para el país… de manera tal que la elección duramente aprendida bajo la dictadura nos sirviera de antecedente para organizar un acto democrático pleno de garantías, totalmente transparente, de forma y fondo, y cuyos resultados fueran indiscutiblemente legítimos y representativos del voto emitido”.

“Ello no ha ocurrido”, señalaban.

La nota se explayaba respecto de los hechos. Partieron señalando que existieron “graves irregularidades” en la confección del padrón electoral y que incluyeron la entrega de un padrón provisorio a las diferentes candidaturas, que difería del padrón final con que se realizó el proceso electoral. Sostenían que el padrón final solo fue conocido algunas horas antes de iniciarse la elección. Según los estatutos del partido, el padrón debía entregarse el 5 de noviembre, pero aquello no ocurrió. Esto impidió verificar si las personas en las listas eran efectivamente militantes del partido y cumplían con los plazos de premilitancia también establecidos por la normativa interna.

Patricio Aylwin

A lo anterior se agregó la negativa a suspender por una semana el proceso electoral para resolver los problemas que contenía dicho padrón. Esto llevó a que las candidaturas de Valdés y Frei presentaran quejas formales, particularmente a las irregularidades no corregidas de los padrones de Valparaíso y Antofagasta que no fueron atendidas por el Tribunal Nacional Electoral -en ese entonces controlado por el sector aylwinista-. El problema mayor fue la diferencia que existía entre los militantes originales y aquellos registrados en los últimos meses antes de verificarse la elección interna.

Pero la denuncia no solo se asociaba con la existencia de estos dos padrones, sino además con serios cuestionamientos al procedimiento mismo. Una vez realizado el acto electoral, se presentaron denuncias en al menos veintiuna provincias, lo que involucró un cuestionamiento a la inscripción irregular de varios miles de supuestos militantes que no estaban considerados en el primer padrón provisorio que conocieron las candidaturas. Se informaba en la carta que el Tribunal Nacional Electoral reconoció irregularidades en los padrones de Santiago Centro y Santiago Oeste. “Es evidente -señalaba la carta- que ha habido una grave manipulación del padrón electoral considerado como un todo, no como parcialidades a las que se refieren las denuncias ya hechas”.

Entre las irregularidades detectadas se mencionan: exclusión de militantes activos del padrón en Arica, Iquique, Elqui, Curicó, Linares, Osorno, Melipilla, Chacabuco, Santiago Norte, Santiago Sur, Valparaíso, Los Andes y Santiago Sur-Oriente; la inclusión de nombres o personas desconocidos para el partido en Arica, Iquique, Chañaral, Valparaíso, San Antonio, Curicó, Biobío, Cautín, Talca, Maipo, Melipilla, Chacabuco y en las seis áreas de la Región Metropolitana. Se denunciaban además falsificaciones de firmas y adulteraciones de domicilios.

Otras situaciones irregulares que se describen son el uso de un padrón en la provincia de Iquique que estaba en mano de una de las candidaturas y que llegó veinticuatro horas después de realizada la elección a manos del Tribunal Electoral. En Chañaral, el padrón no fue entregado al tribunal, sino que al candidato que iba a la reelección y que, por lo demás, lo escondió del resto de la militancia. En Cabrero, se votó con una lista confeccionada por el propio comunal luego de que recibiera una comunicación ordenándole agregar doscientos tres nombres al padrón original. El resultado allí otorgó 156 votos al candidato que apoyaba a Aylwin.

Pero se hicieron denuncias más serias. En primer lugar, resultaba grave, según los denunciantes, que personas ajenas al proceso electoral hayan sido descubiertas en el lugar donde se encontraban las fichas de militantes del partido (en calle Carmen 8) cuando se sabía que se impugnarían algunas provincias donde se suspendió la elección. A ello se sumaba la presencia en padrones de personas que fueron registradas después del 20 de octubre de 1987, acuerdo que se había establecido para asegurar que pudiesen votar miembros del partido con al menos un año de militancia. Al menos dos mil personas que ingresaron al partido después de la citada fecha participaron del proceso electoral, con la anuencia de la entidad a cargo de controlar dicho proceso (la Comisión de Organización y Control).

El 28 de noviembre se reunieron Eduardo Frei, Gabriel Valdés y Patricio Aylwin. Ese día los tres habían recibido una carta del sacerdote Percival Cowley instándolos a pensar en el bien de Chile. Al finalizar este encuentro, concordaron en establecer una Comisión Especial que revisaría las fichas de los militantes y los padrones para identificar las irregularidades. Al menos eso fue lo que entendió Frei de aquella cita y que quedó registrado en una carta que dirigió al propio Aylwin y Valdés.

El 30 de noviembre, Gabriel Valdés sostuvo un intercambio epistolar con Aylwin. En la primera nota lo convocaba a resolver el problema a partir de un diálogo fraterno. Sin embargo, después los medios informaban que Aylwin había sostenido que era desproporcionada la opinión de los dos contrincantes sobre lo que calificó como “supuestas irregularidades” y los conminaba a esperar el veredicto del Tribunal Nacional Electoral.

En una segunda carta, Valdés le escribe con dureza, encarándolo por su doble condición de actual presidente del partido y candidato. Y agrega: “Nos cierras la posibilidad de acceder a las fuentes de las alteraciones de padrones y otros vicios del proceso que se encuentran en la administración del partido”. Valdés sostenía que ni los candidatos ni el propio tribunal tendrían la capacidad para realizar una investigación a fondo de los padrones, por lo que le solicitaba establecer una comisión investigadora interna independiente.

El conflicto rápidamente escaló. Aylwin acusaba a Frei públicamente, indicándole que “sus reflexiones acusadoras son absolutamente impertinentes” (La Segunda, 9 de diciembre, 1988). El Tribunal Nacional Electoral del PDC ordenó realizar las elecciones que habían sido suspendidas porque reconoció problemas en algunas provincias, pero Gutemberg Martínez sostenía que correspondería a las instancias formales del partido observar la veracidad de las acusaciones. La idea de establecer una comisión especial fue sepultada por la máquina del partido.

El Consejo Nacional del PDC -controlado en su mayoría por el aylwinismo- iniciaba extensas discusiones para responder a esta crisis. A mediados de diciembre del ‘88 incluso intervendría la propia Iglesia Católica, que buscó acercar las posiciones de los tres candidatos. El presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos González, informaba el 13 de diciembre que había fracasado el intento de resolver el conflicto luego de una extensa reunión privada con ellos.

Pocos días más tarde, Hugo Trivelli (quien presidía el Tribunal Nacional Electoral) informaba del triunfo inapelable de Patricio Aylwin en veinte de las 49 provincias que elegirían representantes para la Junta Nacional del mes de enero y donde se resolvería la definición del PDC sobre la candidatura presidencial. Informaba del triunfo avasallador de Aylwin en 13 provincias, seguido de Frei en cinco, y de Valdés en solo dos.

La situación se encrespó todavía más cuando públicamente Aylwin indicó que la opción presidencial de Valdés “generaba anticuerpos en el mundo uniformado”, criticando de este modo la posibilidad de que Valdés -que representaba a un sector más de izquierda en la DC- pudiese acceder a la Presidencia de la República. Valdés estaba indignado. Emitió una declaración pública el 21 de diciembre en la que se pregunta: “¿Por qué tanto odio? Jamás en mis cincuenta años de militancia he visto a una autoridad del partido referirse de este modo a un camarada que lo precedió en el cargo”.

Aylwin anunció su disposición a bajar su candidatura y a buscar una de consenso, mencionando los nombres de Andrés Zaldívar y Sergio Molina. En el mes de enero una serie de declaraciones se darían a conocer, tratando de alcanzar una salida al conflicto político.

(…)

La resolución al conflicto vino a inicios de febrero del año 1989. En Talagante se reunió la Junta Nacional del PDC. En los días previos había surgido la candidatura de consenso de Andrés Zaldívar. Gabriel Valdés aceptó bajar su candidatura. Aylwin dijo que también bajaría la suya si Frei y Zaldívar hacían lo propio. Pero cuando aquello ocurrió, Aylwin no lo hizo. Finalmente, Valdés terminaría aceptando la proclamación de Aylwin en dicha Junta.

Al contabilizar los votos de la Junta, Valdés se dio cuenta de que el aylwinismo controlaba al menos el 55% de sus representantes, por lo que no existía opción de resultar nominado. Sus partidarios registraron a los 286 delegados, y al menos 159 de ellos apoyarían definitivamente a Aylwin. La mesa nacional, compuesta por Aylwin, Zaldívar, Irureta, Boeninger y Martínez, lo favorecía. Pero también gran parte de los consejeros nacionales, incluyendo a Juan Hamilton, Jorge Pizarro, Carlos Dupré, Hernán Bosselin, Enrique Krauss y Adolfo Zaldívar. Aylwin controlaba la mesa, pero también la Junta Nacional que se reunió ese caluroso día a comienzos de febrero.

Portada del libro «¿Cuándo se jodió Chile? Memorias para la democracia».

Quizás aquel día se jodió todo. Se jodió porque una forma de hacer política predominó en los partidos. Predominó un modo de hacer las cosas. Un modo tosco, rudo, mañoso. La democracia chilena se inauguraba con un incidente, con un talón de Aquiles que la acompañaría durante toda la transición. Esta nueva democracia conoció las operaciones políticas, las máquinas, desde su génesis. Porque lo que estaba en juego era demasiado relevante para sus intereses. Quizás, entonces, por allá por noviembre de 1988 se jodió todo.

*Citas de cartas y documentos y material de prensa de la época extractados de archivo público “Gabriel Valdés Subercaseaux”.