A 10 años de la crisis financiera mundial: rebaja de impuestos corporativos amenaza la economía y la democracia

El ex ministro de Hacienda de Australia analiza las décadas de laxa regulación que detonaron la crisis financiera mundial y alerta sobre la amenaza para la democracia si no se frena la brega de poderosos grupos económicos por bajar el impuesto de las sociedades. La fuerza de multinacionales y su peso en los impuestos la grafica Wayne Swan así: parte de esas corporaciones cuentan con un patrimonio neto superior al PBI de algunas economías del G20. Otro dato: Gabriel Zucman demostró recientemente que el 40% de los beneficios de las multinacionales (US$600 mil millones) se transfieren cada año a paraísos fiscales. El autor explica: “una sociedad que permite que multimillonarios y multinacionales retengan el 10 % del PBI mundial en paraísos fiscales, es tóxica para la democracia”. Un debate que en Chile ya se inició.

Hace diez años el sistema financiero mundial se vio sacudido por la mayor crisis desde la Gran Depresión. El 15 de septiembre de 2008, el banco de inversión estadounidense Lehman Brothers se declaró en quiebra después de que su cartera de préstamos para la vivienda, muy apalancada, colapsara finalmente bajo el peso de los hipotecarios impagos generalizados.

La crisis que siguió fue la culminación casi inevitable de décadas de laxa regulación financiera. En el mundo entero cientos de miles de personas perdieron sus empleos, sus hogares y sus medios de subsistencia. La pérdida de producción potencial en las economías avanzadas en los años siguientes fue equivalente al PBI de Alemania.

Afortunadamente, una acción política rápida y coordinada –impulsada por el Grupo de los Veinte (G20)– evitó con éxito una recesión mundial más profunda y prolongada. En su intento por reconstruir una arquitectura financiera mundial más sólida, los pro-regulación han recuperado algo de terreno contra grupos de intereses poderosos. Pero, al mismo tiempo, se ha acelerado a nivel mundial una carrera para bajar el impuesto sobre las sociedades, con consecuencias que amenazan con ser tan duraderas como las de la crisis financiera.

Las tendencias son preocupantes. A fines de 2017, Donald Trump redujo las tasas del impuesto de sociedades de los Estados Unidos del 35 al 21 por ciento, impulsando la recompra récord de acciones y bonos de los directores ejecutivos, a expensas del crecimiento salarial para la fuerza laboral.

El Reino Unido está a punto de seguir adelante con su reducción de un punto porcentual anual en el tipo legal del impuesto de empresas, a pesar de que ya cuenta con el nivel más bajo del G7. Canadá, que redujo las tarifas corporativas a un ritmo similar entre 2000 y 2011, se encuentra bajo una presión renovada para reducirlas aún más. En Colombia, el nuevo Presidente proponer bajar los impuestos a las empresas, como ya lo ha hecho en 2017 Mauricio Macri en Argentina.

La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés), un grupo de líderes gubernamentales, académicos y de la sociedad civil, del cual soy miembro, está convencida de que poner fin a la carrera hacia la baja en el impuesto sobre las empresas es una cuestión de urgencia mundial.

Los impuestos no son solo el precio que pagamos por una sociedad civilizada, o lo que el sector privado debe pagar por una infraestructura pública de calidad y una mano de obra sana y bien educada. Los impuestos son también una válvula de seguridad esencial que permite a los gobiernos democráticos frenar el poder de los leviatanes corporativos no electos, algunos de los cuales ahora cuentan con un patrimonio neto superior al PBI de algunas economías del G20.

Bajar los impuestos corporativos priva a los gobiernos no solo de ingresos, sino también de una de las herramientas políticas más poderosas para reducir la desigualdad y promover la redistribución del ingreso. El economista Gabriel Zucman, también miembro del ICRICT, ha demostrado recientemente con un grupo de colegas que el 40% de los beneficios de las multinacionales, o sea US$600.000 millones, se transfieren cada año a paraísos fiscales. Para las economías avanzadas, recuperar su base impositiva de los paraísos fiscales puede ser más difícil, más costoso y más largo que simplemente reducir los tipos impositivos generales, pero es esencial.

El paquete de medidas para la reforma del sistema tributario mundial, conocido como el Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), que fue presentado hace tres años por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G20, es un paso en la dirección correcta, pero está lejos de ser suficiente.

Para el ICRICT, la base más justa y efectiva para decidir cómo las ganancias deben ser gravadas es que las multinacionales paguen impuestos como una sola empresa que realiza negocios a través de las fronteras internacionales. Las ganancias globales y los impuestos asociados podrían entonces asignarse de acuerdo con factores tales como las ventas, el empleo y los recursos utilizados por la empresa en cada país, en lugar de ubicarse en su sede central. Esta reforma global supondría un avance considerable para la justicia fiscal.

Sin respuestas globales como éstas, las economías pueden flaquear y las democracias fracasar. Una sociedad sesgada, que permite que multimillonarios y multinacionales retengan el 10 por ciento del PBI mundial en paraísos fiscales, es tóxica para la democracia y fomenta el tipo de reacción populista que permite que florezca el autoritarismo. Al continuar con la carrera hacia la baja en el impuesto de sociedades, los gobiernos huyen de sus responsabilidades democráticas y se lanzan de cabeza a la próxima crisis mundial.