El Informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas traerá consecuencias. Que un órgano de Derechos Humanos, encargado de la cautela de un tratado internacional, sostenga que existen violaciones en un país, es algo per se relevante. Marca la imagen internacional de un Estado en el tiempo presente y su futuro. De ahora en adelante, Chile está etiquetado como violador de Derechos Humanos de los niños y niñas residentes en el Sename, y no hay otra interpretación frente a la contundencia de ese expediente.
El reciente Informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas no debería ser considerado como una radiografía más de la cruda realidad de los niños y niñas bajo la protección del Sename. Entre otras cosas, porque reafirma la realidad dolorosa constatada en los hallazgos del Informe Jeldres (2013), de los Informes de las dos comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (2018).
Además, el Informe del comité de la ONU aporta nuevas consideraciones -que no son triviales- para caracterizar la crisis del Sistema de Protección. Tampoco resultan triviales frente al desafío de diseñar las soluciones que debe -y con premura- instaurar el Estado de Chile, ya que fija de un modo directo la responsabilidad estatal a través de dos de sus actores más relevantes: Sename y Poder Judicial.
En específico, el Comité de Derechos del Niño señala que existen graves y sistemáticas violaciones de derechos garantizados en la Convención de Derechos del Niño en perjuicio de los niños y niñas a cargo de la supervisión del Sename. Son violaciones graves, por el gran daño que miles de niños que han transitado por el sistema han sufrido en las últimas décadas. Son violaciones sistemáticas, por su persistencia en el tiempo en un sistema de protección asistencialista y paternalista, y por la inacción del Estado frente a la necesidad urgente de cambiar leyes, políticas y prácticas violatorias, ampliamente conocidas.
Que un órgano de derechos humanos de Naciones Unidas, encargado de la cautela de un tratado internacional, sostenga que existen violaciones en un país, es algo per se relevante. Marca la imagen internacional de un Estado en el tiempo presente y su futuro. De ahora en adelante, Chile está etiquetado como violador de Derechos Humanos de los niños y niñas residentes en el Sename, y no hay otra interpretación frente a la contundencia de ese informe.
No es tampoco trivial recordar que la última vez que un organismo internacional nos tachó de manera semejante fue por los crímenes ocurridos en dictadura.
Como la entidad de las violaciones de derechos adquiere características graves y sistemáticas, ellas evidencian un fracaso total del Estado en la materia. Y, más allá de las consideraciones teóricas sobre lo que constituye una violación grave y sistemática, lo cierto es que un órgano internacional competente ha determinado la existencia de aquellas en Chile.
Además, cuando se habla de graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos de los niños y niñas en el Sename, las víctimas, que se cuentan por miles a lo largo de las décadas, son personas más cercanas a las víctimas de la dictadura chilena que a las que sufren los efectos de un delito común. Es una fuerte conclusión, pero está fundamentada: porque lo que esos niños y niñas han experimentado no ha obedecido a una persecución política orquestada por un gobierno ilegítimo, sino a una reiterada inacción que comenzó en el Sename de la dictadura y se mantuvo en los gobiernos democráticos.
De esa violación de Derechos Humanos nace la obligación del Estado de reparar a las víctimas de manera integral. En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
“La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones a derechos humanos, el Tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron”.
Estas medidas de reparación son variables y dependerán en gran medida del caso de que se trate, pero también dependen, por sobre toda otra consideración, del tipo de naturaleza de la vulneración. No es lo mismo reparar una violación aislada que una violación grave y sistemática.
En el caso del Sename, dadas las características del tipo de violación en que se ha incurrido, no basta con la mera indemnización. Lo que aquí corresponde son medidas mucho más profundas, considerando que las violaciones se sustentan en estructuras arraigadas en el sistema y en la inacción del Estado.
Si bien el Informe del comité de la ONU orienta algunas medidas de reparación, el Estado de Chile debería contemplar acciones más globales, basadas en el desarrollo de la Justicia de Transición, estructuradas en cuatro grupos:
Primer grupo de medidas: ya en marcha, están lideradas principalmente por el fiscal regional de Los Lagos, y tienen como objetivo investigar, enjuiciar y sancionar a todos y todas las responsables individuales o institucionales que han permitido que estas violaciones ocurran.
La responsabilidad que se debe perseguir no solo son las penales, sino también las administrativas y políticas que correspondan, ya que lo que interesa saber es quién pudo haber hecho algo y, finalmente, dejó que esto ocurriera. Esto es lo que en Justicia de Transición se conoce como las “medidas de justicia”.
En este punto habrá que esperar que se determine no solo la responsabilidad de los autores directos, sino -y quizá lo más relevante- la responsabilidad de quienes dirigen, ejecutan y aplican políticas y medidas en las instituciones vinculadas a la protección en Chile, especialmente del sistema residencial. En este contexto, importan tanto las responsabilidades administrativas como judiciales, puesto que así aparece vinculada tal responsabilidad en el Informe de la ONU.
Segundo grupo de medidas: parcialmente realizadas a través de los Informes de Diagnóstico de la realidad del Sename. Aquí lo que se busca establecer es la verdad de lo que ocurrió en el Sename, los hechos, las falencias y las consecuencias que los niños y niñas cargan por su paso por el sistema. Estas son conocidas como las “medidas de verdad”, que involucran una amplia gama de acciones, pero principalmente se centran en el desarrollo de instancias de esclarecimiento histórico o Comisiones de Verdad.
En este punto, se llega un debate pendiente y que debemos iniciar: si necesitamos una Comisión de Verdad sobre lo ocurrido con los niños y niñas bajo la protección del Sename. Todo indica que la respuesta debe ser sí, el país la necesita.
Tercer grupo de medidas: están destinadas a la rehabilitación o reparación propiamente tal de los niños y niñas dañados por su paso por el Sename, incluso, si ya son adultos. Estas medidas, llamadas de “reparación”, son esenciales para reintegrar a las víctimas a su proyecto de vida. Están detalladas por el comité de la ONU en su informe, solicitando un “plan de acción de reparación que incluya acciones en salud, especialmente tratamiento psicológico, educación, vivienda, justicia y, en su caso, indemnización económica”.
Esa indemnización económica, ya sea en forma de pago único o pensión por un determinado tiempo (o vitalicia), es solo una parte de las medidas de reparación, pero que siempre focaliza la atención pública. No debería ser la reparación económica lo único que guíe este grupo de medidas, y si se otorga, debería estar destinada principalmente a los niños afectados y no necesariamente a sus familias, que en algunos casos son la causa de la institucionalización.
Cuarto grupo de medidas: conocidas en la Justicia de Transición como de “Reforma Estructural” o de “No Repetición”, son un grupo no homogéneo de acciones, identificadas como de vital importancia en todos los organismos internacionales, desde el Comité de Derechos del Niño de la ONU hasta tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este grupo de medidas está desarrollado extensamente en el Informe del Comité de Derechos del Niño, y están relacionadas directamente con las causas estructurales: (1) persistente visión tutelar de la infancia; (2) una incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado; (3) excesiva judicialización del sistema y (4) insuficiencia de recursos humanos, técnicos y financieros del sistema.
Todas estas acciones, que deben ser ejecutadas de manera urgente y eficaz por parte del Estado, no se basan en medidas que competan solo al Poder Ejecutivo, sino que también a los poderes Legislativo y Judicial, y entran en la órbita de competencias de organismos autónomos, como el Ministerio Público, Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría de los Derechos de la Niñez.
El Informe de la ONU tiene y tendrá muchas consecuencias en la forma en que el Estado debe abordar la niñez vulnerada, pero su efecto más relevante son los antecedentes que aporta para caracterizar esta crisis: su definición de grave y sistemática. Una etiqueta que le infiere al Estado de Chile un gran daño a su reputación y que le impone asumir acciones urgentes con miras a reparar a los miles de niños y niñas vulnerados por el sistema que debía protegerlos.
Se abre ahora un horizonte de hechos difícil de precisar. Resultará especialmente interesante ver cómo se organizarán las acciones de defensa y de seguimiento efectivo de la responsabilidad imputada a nuestro país, y también cómo se organizarán las entidades de defensa de derechos. Allí seguramente el litigio estratégico jugará un rol fundamental con miras a obtener sanciones y reparación para miles de niños, niñas y adolescentes.
COMPARTIR
CONTENIDO DESTACADO
Andrés Chadwick aceptó que la fiscalía acceda a sus cuentas bancarias y al contenido de su teléfono
Hola, muy bueno el artículo. Bueno de bien escrito, porque es indignante. Quería preguntarles dónde puedo conseguir el Informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas que mencionan. Muchas gracias!
Horacio | 18.08.2018
un dato, averigüen como termina el ciclo de las multas resultado de sumarios realizados por funcionarios idóneos del Sename a las instituciones "colaboradoras" del organismo (privadas y generalmente dirigidas por políticos). También averigüen quienes han sido los últimos directores del Sename, su idoneidad en el cargo, su participación y compromiso en esta función, sumarios, etc.
Cesar | 13.08.2018
Seria interesante notificar a los campeones de los derechos humanos de este problema, parece que ninguno se ha dado cuenta. Pero bueno, no se le puede pedir mucho a nuestra clase política.
Siempre me he preguntado, ¿cuanto tiempo gastan nuestros politicos peleando por temas de la dictadura vs el tiempo que pasan tratando de solucionar nuestros problemas actuales?
Eliana pozop@gmail.com | 10.08.2018 | Socio/a 3 años y 1 mes
Sería interesante indagaran acerca de la consistencia de Bachelet como celosa protectora de los derechos humanos, si fue una transgresora de ellos.
Comentario: siempre he votado por ella.pero me molestan los arreglines de baja política.
Pedro Vergara | 09.08.2018
Podemos vestir un muerto con traje de fiesta,pero su hedor delata su putrefacto estado. No es una reforma real y verdadero si solo cambiamos un nombre y firmamos una declaracion de buenas intenciones. Lo que debe hacer el estado y sus poderes es deshacerse del cadáver y proteger realmente a nuestros niños con una institución depurada y con la ética acordé a un estado humanista.
Rodrigo | 08.08.2018
Esto fue noticia y se destapo públicamente en el gobierno de la señora Bachelet, que solo se preocupo de blindar a los responsables y no hizo absolutamente nada por los niños, es mas a los responsables como la señora blanco se fue premiada de por vida al CDE, y la ex- presidenta ahora la vitorean en la ONU como la gran defensora de los niños, y los derechos humanos, tanto que ahora viaja a otro paises a dar cátedra, es como si el negro piñera enseñara a prevenir el abuso de drogas, es por eso que quisiera saber como esto ha sucedido, porque los peores son premiados, me parece el mundo al revés, los curas violando niños, trump obtendra el novel de la paz, Lula sera electo y gobernara desde la carcel, la señora K mata a un fiscal y nada, probablemente sea reelegida, Señores de Ciper iluminen este presente sombrío, expliquenos que pasa? Por que los malos ganan y los honestos solo sobreviven deslomandose en sus trabajos sin pena ni gloria ah? Personajes que viven de lo que producen otros, y ofrecen "generosamente" lo que no es de ellos y proyectan un falso halo de empatia y generosidad con lo ajeno, robándose para ellos hasta la tapa del water. Ustedes son quienes pueden resolver esta maraña de podredumbre con que engañan a casi todos, y que permita que la gente se de cuenta, falta para que toda la ecuación este visible, Sera que siempre ha sido y será así, o pasamos por un mal momento.?
maria | 06.08.2018
no hay que cerrar el sename si no donde quedan los niños? piensen un poco..
Héctor | 06.08.2018
Esta errado el título del artículo........No somos un país que viola los derechos de los niños......los que participan de esta labor humanitaria devenida en negociado son instituciones particulares lucrando en desmedro de los menores, los dueños y administradores de esas mismas instituciones que también lucran recortando los beneficios hacia los menores para beneficio personal... Se reconoce todo un Estado trás un modelo económico determinado, se reconoce la participación de instituciones privadas y públicas, manejadas por personajes públicos y privados entrelazados ellos dentro de un enmarañado de procedimientos inoperantes, fútiles a los cuales les sacan provecho, senadores, diputados y sus leyes "chantas", jueces, ministros y presidentes incluidos......ELLOS son los violadores de los derechos de los niños...ellos han trastocado derechos fundamentales en mercancia y dinero fácil..... NO es el país....NO es la inmensa mayoría de personas decentes de Chile......el verdadera telón de todo esto son malas leyes, cero responsabilidad de los legisladores, robo impúdico de dineros públicos, abogados y leguleyos de mala calaña husmeando el sofisma y el vacio legal para meter su poruña, políticos coludidos afanados en enriquecerse amparados en las mismas malas leyes que producen..........Piñera acaba de decretar el cierre del Sename...habra pues que seguirle la pista al dinero que habrá detras de las nuevas directrices......sino hay responsabilidad y deberes claros desde el legislador hacia abajo en estos quehaceres, los niños seguiran sumidos en sus desgracias........Transparencia y Responsabilidad es los que nos toca exigir, donde estas no existen, es nuestro deber luchar para que nazcan, asumiendonos personas decentes.........Nuevamente NO, no somos un pais de violadores de derechos de nuestro niños, es solo un puñado grande de inoficiosos que nos proyectan sus sombras de maldad.
fabio depaoli | 05.08.2018
Sería interesante analizar quién o quiénes asumirán las responsabilidades políticas de esta situación, sugiero para fines prácticos asumir dichas responsabilidades a partir de la fecha que el estado chileno se hace partícipe de la declaración de los derechos del niño.
Pablovski | 05.08.2018
Excelente artículo. Felicito a los autores y a Ciper por haberlo publicado, ya que es una forma de relevar esta crisis.
Quiero terminar diciendo que esta lectura me ha hecho sentir mucha vergüenza, pues el Estado de Chile lo hacemos todas y todos. Se torna muy desagradable vivir en un Estado que por su inacción permitió que se violaran sistemáticamente los derechos humanos de los niños y niñas que debía cuidar y proteger, nuestros niños y niñas. Y además con una iglesia católica que ha hecho lo propio con niños y jóvenes de nuestro país.
No sé si se puede caer más bajo. Ya es hora de que el Estado asuma esta crisis e inicie un programa integral de reparación a las víctimas y determinación de responsabilidades.
Socio/a 3 años y 1 mes
