Una idea domina el debate sobre la adopción: que miles de niños abandonados no consiguen ser adoptados por culpa de la burocracia. La jueza Mónica Jeldres y el sicólogo Matías Marchant sostienen que ello es falso: los niños del Sename no están abandonados, sino vinculados emocionalmente con sus familias. El problema es que esas familias son precarias y no logran proteger a sus hijos. Jeldres y Marchant sostienen que el Estado debiera ayudarlas y no aprobar normas que faciliten arrebatarles a sus hijos, como lo hace el reciente proyecto que modifica la Ley de Adopción. En un debate dominado por la adopción homoparental, los autores piden enfocarse en la violencia con que el sistema trata a las familias pobres, la mayoría de ellas encabezadas por mujeres solas.
Cuando se discute sobre adopción en Chile el debate se suele centrar equivocadamente en tres puntos:
1) La lentitud del proceso para declarar a un niño o niña susceptible de ser adoptado.
2) Lo engorroso y lento que es para los postulantes a la adopción ser considerados idóneos.
3) Si nuestro país se abre o no a que las familias homoparentales puedan adoptar. Este último argumento es el que hoy mueve más a la prensa y los congresistas.
Lamentablemente estos focos han eclipsado los verdaderos problemas del sistema. Y dado que el diagnóstico es errado, las últimas tres administraciones de gobierno han impulsado reformas a la Ley de Adopciones que no resuelven el fondo del asunto.
Recientemente, por ejemplo, el Ejecutivo presentó una indicación sobre adopción al Congreso que consiste en acelerar los procesos de declaración de susceptibilidad. Dicha propuesta, en nuestra opinión, agrava la situación de los niños que el sistema busca proteger, y también daña el derecho que tienen las familias de origen para poder llevar a cabo un proceso de reparación y revinculación familiar.
Esta columna busca mostrar los errores que contiene esa reforma y, al mismo tiempo, llamar la atención de medios y legisladores hacia lo relevante: el papel que debe cumplir el Estado ante un niño o niña que ha sido vulnerado en sus derechos.
BORRANDO A LA FAMILIA DE ORIGEN
Una buena síntesis del mal diagnóstico que está haciendo la autoridad, se observa en una reciente nota de El Mercurio que da cuenta de una baja sostenida de los enlaces adoptivos en los últimos seis años: mientras en 2011 se registraron 660 adopciones, el año pasado hubo sólo 428. En ese artículo, la actual directora del Sename, Susana Tonda, explicó que, entre otras causas, la baja se debía a la tendencia a privilegiar “el vínculo del niño con su familia biológica más que el derecho de ese niño a vivir en familia”.
La afirmación de la directora del Sename es una idea extendida entre los organismos de infancia (Sename, colaboradores, Residencias de Protección y, en parte, los Tribunales de Familia), para los cuales hay una tensión y oposición entre familia biológica y la potencial familia adoptiva. En nombre del interés superior del niño, este argumento lleva a pensar que la familia de origen debe ser de algún modo borrada.
Sostenemos aquí que esa tensión es completamente artificial. Nuestro orden jurídico señala claramente la preeminencia y exclusividad de la familia biológica como entidad natural (o prioritaria) de desarrollo de los niños, otorgando un rol preferente a los padres y demás miembros de la familia extensa y comunidad de origen en cuanto al ejercicio de la crianza de sus integrantes. Por ello, la ley reiteradamente declara que es un deber primordial del Estado velar por la protección del rol preferente de los padres. Solo en carácter supletorio, excepcional y básicamente provisional, la familia nuclear puede ser sustituida por otras formas, como lo son la colocación familiar y la adopción.
“De ser aprobada la última indicación ingresada por el Ejecutivo al Congreso aumentará la probabilidad de que los más pobres sean privados de sus hijos, sin tener oportunidad real de fortalecer su habilidad de cuidar y proteger”.
Esta preeminencia y exclusividad de la familia biológica está consagrada también en el sistema internacional de los Derechos Humanos, respecto del cual nuestro sistema normativo es tributario. Ese sistema relega la adopción a un rol residual, como una medida de última ratio y solo a condición de que se haya agotado totalmente toda posibilidad de que el niño retorne a su familia de origen.
Tal declaración impone al Estado una serie de deberes de protección, apoyo y fortalecimiento de las familias de origen, de modo de procurar que los padres superen sus debilidades y deficiencias. Esto debiera traducirse en programas eficientes y suficientes, inversión de recursos, acceso a sistemas de apoyo social y comunitario y, fundamentalmente, oportunidades que permitan restituirle al niño o niña sus derechos, privilegiando el contacto estrecho con la comunidad y grupos familiares de donde proviene.
En ese sentido, la afirmación de Susana Tonda resulta preocupante. Aparte de subvertir el orden normativo que emana de los tratados y órganos a los que nos sometemos como Estado, sugiere que el vínculo del niño o niña con su familia biológica no tendría relación alguna con el derecho de vivir en familia. Con ello olvida que este derecho consiste en vivir con su familia y comunidad de origen y no en otras soluciones que, por más bien intencionadas que sean, no son prioritarias.
En ese discurso de Tonda hay claramente una descalificación de las familias de los niños y niñas que forman parte del sistema de protección de nuestro país. Al darles primacía a unas familias por sobre otras hay también un sesgo que es a la vez de clase, moral y político.
EL ESCENARIO IRREAL
Tomando en cuenta lo anterior, la baja en materia de adopción registrada en los últimos seis años, podría indicar que más niños han vuelto a vivir con sus familias de origen; lo cual debería llevarnos a suponer que más familias han repotenciado sus habilidades de crianza. Si eso fuera así, sería una buena noticia. Pero esto no ha ocurrido.
El gran problema del sistema de adopción en Chile radica en que se ha creado un escenario irreal: que existen niños abandonados y que hay cientos de familias deseosas de acogerlos que ven frustrados sus deseos por la ineficacia del Estado.
Las estadísticas confirman, por el contrario, que el abandono como causa de ingreso al sistema de protección es absolutamente marginal. Es decir, el sistema de protección atiende a cerca de 10.000 niños y niñas que mantienen un vínculo con su familia de origen. La primera y más importante causa por la que ingresan a la red es la “negligencia parental”. A pesar de que las personas comunes asocian ese término con violencia y abuso dentro de la familia, el rótulo esencialmente enmascara la pobreza, exclusión e injustica de la que son víctimas las familias más vulnerables.
En un país donde -según un reciente estudio de la OECD– a una familia pobre le toma seis generaciones salir de esa situación, las condiciones de falta de trabajo y acceso a servicios de calidad llevan a que miles de hogares monoparentales, a cargo de una mujer, generen consustancialmente situaciones de desprotección que no dependen de una voluntad negligente, sino que son el resultado de un sistema fundamentalmente injusto.
“La afirmación de Susana Tonda resulta preocupante pues olvida que el derecho de los niños consiste en vivir con su familia y comunidad de origen y no en otras soluciones que, por más bien intencionadas que sean, no son prioritarias”.
Los inmigrantes empiezan a experimentar este trágico modo de funcionamiento de nuestro sistema al verse cuestionados y cercenados de todos sus vínculos de origen. Los operadores del sistema son muchas veces ciegos respecto a sus propios prejuicios y de los estigmas que le son impuestos a los grupos familiares que están en dificultad. La nueva Ley de Adopción no hace más que reforzar esta tendencia.
Lo que queremos remarcar es que la negligencia parental es, en muchos casos, el final de un proceso en el que las familias se enfrentan a un sistema que las expulsa, las desarraiga y les arrebata todo. En ese proceso, se observa la total ausencia del Estado en su rol de protección y deber de fortalecimiento de las redes comunitarias. Muchas familias, por ejemplo, no saben cómo reaccionar cuando sus hijos se acercan al consumo de drogas, o cuando presentan conductas desafiantes hacia sus padres, desertan de la escuela, se relacionan con personas de un entorno social conflictivo, etc.
Esas familias permanecen abandonadas en sus realidades sociales hasta que se deja caer sobre ellas el Estado a través de las conocidas medidas de protección. Cuando esto ocurre, ya se ha perdido un tiempo valioso y las familias deben enfrentarse al poder estatal sin defensa jurídica efectiva, sometidas a un procedimiento que no garantiza sus derechos, y, en muchos casos, ni siquiera el debido proceso.
Son familias precarizadas, que desean asumir el cuidado de sus hijos, pero no lo pueden hacer porque sencillamente el Estado ha sido negligente en su deber de apoyarlas cuando ellas están en problemas.
Es en estas condiciones cuando se inicia el proceso con miras a declarar la adopción de los niños y niñas de nuestro país.
RESPONSABILIDAD PÚBLICA
Resulta legítimo entonces preguntarse si el Estado puede hacer un reproche a las familias que él mismo no ayudó.
Quienes están a cargo del sistema de adopción debiesen analizar si efectivamente el Estado cumple con el deber de fortalecer a la familia y de habilitar a los padres para conservar la custodia de sus hijos. Y también, si existen programas y trabajo previo para que las familias y comunidades de origen puedan volver a ofrecer un contexto bien-tratante y de cuidados.
Estas preguntas se vuelven urgentes al observar la última indicación ingresada por el Ejecutivo al Congreso. Al mismo tiempo que oculta la inacción sostenida del Estado en materia de fortalecimiento familiar, el proyecto castiga a las familias que requieren ayuda, planteando como causales para la adopción la negligencia parental (e incluso la presunción de negligencia). De ser aprobada, dicha indicación aumentará la probabilidad de que los más pobres sean privados de sus hijos, sin tener oportunidad real de fortalecer su habilidad de cuidar y proteger y así, recuperar a sus hijos.
Hoy miles de familias pobres y vulnerables que han sido privadas de sus hijos, sienten que los órganos del Estado intervienen desmedidamente en su ámbito familiar y les imponen exigencias y pautas de crianza desconectadas de su realidad y contexto. Ellas perciben que sus modos de vida y conductas son vistos como reflejo de negligencia, porque se los escruta desde una posición de perfeccionismo moral que nadie que está dentro del sistema puede tener.
Por ejemplo, se reprocha que una madre o abuela vinculada con el niño internado, destine más tiempo a cuidar los hijos de sus patrones que los propios. Con ello se argumenta un supuesto desinterés en el niño internado, siendo que el trabajo de asesora del hogar es el único modo de subsistencia que ellas han podido encontrar.
“El sistema de protección atiende a cerca de 10.000 niños y niñas que NO están abandonados, sino que mantienen un vínculo con su familia de origen”.
La realidad es que centros residenciales que han mostrado prácticas maltratantes con los niños que tienen a su cargo, también lo hacen de forma sistemática y crónica con sus familias de origen, reforzando aún más su exclusión. Al respecto se sugiere revisar los resultados de informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre la manera en que las familias son impedidas de volver a vincularse con sus hijos para apoyar procesos más rápidos de egresos. Lo que esta actitud no toma en cuenta es que la nueva vinculación del niño o niña con una familia adoptiva se vuelve imposible, porque en vez de tener una actitud reparatoria se tiene una acción mutiladora de los orígenes y la historia del niño.
Dicho de otra manera, adopciones “a la rápida” prolongan el sufrimiento de los niños/as y favorecen el fracaso post adoptivo, pues dejan inconclusos los necesarios procesos de duelo para la integración del niño a una nueva familia. Esta es posiblemente la razón de base de los fracasos en los enlaces adoptivos conocidos en la prensa, como por ejemplo, la niña chilena abandonada por su familia adoptiva italiana.
La adopción no se resuelve inhabilitando rápidamente a las familias de origen, sino interviniendo con los recursos necesarios para que las familias excluidas por el sistema no sean nuevamente vulneradas y puedan asumir responsablemente la mejor opción para el niño que está en dificultad.
En ese sentido, preocupa que miembros de organismos acreditados para llevar adelante procesos de adopción, consideren que “se ha ido instalando una mirada extremadamente biologicista que a toda costa busca que los niños permanezcan con su familia biológica”, como sostiene, en la citada nota de El Mercurio, la directora de adopción de Fundación Mi Casa, Raquel Morales. Si todo el sistema normativo pone a la familia biológica y especialmente a los padres como el foco del esfuerzo que debe hacer el Estado por fortalecer la dimensión de cuidado y crianza de los hijos, la imputación de “biologicismo” carece de justificación.
LO QUE PROPONEMOS
La falta de un diagnóstico adecuado en el tema de adopción hace que la reforma a la ley que se ha presentado reproduzca la segregación social, cultural y económica de nuestro país.
Por ello, proponemos una nueva ley que sea capaz de entender la honda fractura social, económica y cultural que nos atraviesa. La reforma debe incluir el trabajo con la familia de origen del niño o niña y la posibilidad permanente de que mantenga vínculos con su comunidad de origen y no esperar a que ello sea tan solo el resultado del esfuerzo que, individualmente, cada niño o niña adoptado debe emprender a solas cuando deviene adulto.
“En un país donde a una familia pobre le toma seis generaciones salir de esa situación, la falta de trabajo y acceso a servicios de calidad llevan a que miles de hogares monoparentales, a cargo de una mujer, generen situaciones de desprotección que son el resultado de un sistema fundamentalmente injusto”.
La adopción no debe entenderse nunca como un trabajo de desvinculación, sino, por el contrario, como una labor de protección de los vínculos, de manera tal de crear puentes sobre una división nacional que no puede seguir reproduciéndose a través de nuestras leyes.
En ese sentido, es necesario remarcar que los procesos de adopción no pueden contener un trabajo de desvinculación de los niños con sus hermanos, que es lo que se ha venido haciendo hasta hoy. Una situación de negligencia parental no debe tener como consecuencia adicional la aniquilación del vínculo fraterno, que es de lo poco que subsiste luego de una tragedia en el seno de la familia de origen. Tal vez sea hora de pensar incluso, en legislar sobre la figura de la “adopción abierta” (aquella que mantiene los vínculos de origen), como una alternativa para aquellos casos en que el niño que va a ser adoptado pueda a la vez mantener los vínculos con su familia de origen.
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Ustedes, si quienes hacen defensa corporativa de la red sename, son una tropa de pelotudos, no han entendido nada, hoy por hoy mucho de quienes estuvimos, estamos y estaremos no es solo por ser pobre (De hecho en puente alto eran solo 5 niñas las que estaban por escasos recursos), la realidad es que las competencias parentales ni siquiera estan definidas por ley ,lo cual por historia se ha prestado para abusos del sistema juridico Chileno, mención aparte el hecho de que la mayoría de quenes vivimos en la red sename estamos por vulneracion grave de derechos, hablamos de que a principios de los 90 era avalado el golpear a un niño y cuando se derogo esa regla, ni siquiera hubo una campaña decente de apoyo parental para que esa derogacion tuviera efecto cultural, paea que vamos a hablar de la bajisima penalizacion por el incesto y el estupro y ni hacer mención de que no hay una penalidad efectiva paea los adultos que se agencian niños para la comisión de delitos...En serio, no se puede construir leyes de protección de infancia alguna sin limpiar y hacer cimientos nuevos, mas cuandonlos que vivimos en esa red no llegamos por ser pobres, llegamos por ser violentados y no por que hayan familiares violentos, los trabajadores sociales, psicologos y trabajadores del poder judicial van a seguir descalificando a nuestros familiares que si son capaces solo por no tener esa pieza extra si ni de broma prestaran el apoyo para lograr las condiciones que exigen.
Paula | 24.05.2019
El bien superior del niño que viene de familias disfuncionales debería ser lo importante, el poder crecer dentro de un buen ambiente familiar, dónde sean amados.
Muchas veces hay varios niños de la misma familia en el sistema, lo que es preocupante que esperen años a ser susceptibles de ser adoptados porque intentan que la familia de origen pueda hacerse cargo. Crecen dentro de centros , y cuando pasan cierto rango de edad, ya es sólo posible que los adopten extranjeros.
Debería haber más facilidad para las parejas que desean adoptar.
Lidia | 07.01.2019
Que mejor adopcion de un niño(a) con el programa de familia guardadora..van evaluando en situ a los futuros padres..pero esa posibilidad no se les da..ni de chiste..hay que buscar soluciones cortas y presisas..
Maria Jose Labayru | 05.12.2018
Curioso, el artículo habla como si la infancia fuera tan larga y los niños tuvieran mucho tiempo para poder esperar ser amados y sentirse seguros en una familia.
Daphne Liebig | 05.12.2018
Creo que esta mirada está totalmente distorcionada.Nosotros con mi marido llevamos un año en el proceso de adopción a travéz del famoso sename. Ya no confiamos en el sistema, ya que lo que menos ejecutan es el ejercicio facilitador del proceso de adopción. Falta absoluta de empatía, falta de claridad y comunicación de los profesionales complementarios del sistema operativo, tremendamente caro en sus valores lo que se traduce en una espera tortuosa en varios sentidos y que además no te asegura absolutamente nada a futuro tampoco. Lo que destacamos inconcebible es que tengan porfesionales incompetentes de comunicar procesos que son requisitos para seguir el proceso y te dejan perdiendo tantas semanas cuando todo esto tiene plazo con vencimiento. Pues nos sentimos muy desepcionados y lamentamos que funcione asi. Pues desisitmos de ello por todo esto.
Paula Meneses Flores | 04.11.2018
Nada exime, como objetivo primordial, al estado sobre proponer estrategias de intervención con las familias de origen, de niñas y niños vulnerados en sus derechos, y otorgar las competencias parentales necesarias que les permitan cuidar de sus hijos e hijas, garantizando su interés superior.
JBM | 05.07.2018
Comparto plenamente la idea de que el bienestar de un niño es lo primero. Llegar a ello desde la familia biológica sería lo ideal, pero en la práctica parece que no es lo que acontece. En la práctica los niños y niñas se eternizan en los hogares, de lo cual, únicamente se benefician los hogares en los que los "cuidan". Creo que efectivamente hay que evaluar caso a caso y dejar las generalizaciones para otros temas, porque estamos hablando de seres humanos completamente vulnerables.
Ximena Saric | 04.07.2018
Soy abogada y trabajé durante 10 años en el Sename, 8 de los cuales me desempeñé en el Departamento de Adopción, en distintas áreas entre ellas la adopción internacional, tramitación de los procedimientos de adopción ante los tribunales de familia y relación con los equipos psico-sociales de las residencias. Puedo hablar con conocimiento de causa de la cantidad de niños/as institucionalizados con familias biológicas disfuncionales que esperan eternamente por recuperar el derecho a vivir en una familia sea esta biológica o adoptiva. Creo que el artículo publicado denota una mirada adultista y utópica de la infancia vulnerada, ya que aún cuando comparto la postura que el Estado debe propender a la habilitación de dichas familias, son situaciones estructurales de difícil solución a corto plazo que tiene que ver con políticas públicas que superan una ley de adopción y los niños no pueden esperar eternamente por la habilitación de sus familias biológicas. Un principio fundamental consagrado en la Convención de los Derechos del Niño es el interés superior del mismo, lo que se traduce en que debe tenerse como consideración primordial para tomar una decisión sobre el futuro de un niño, su derecho a vivir en una familia en el más corto plazo posible, ya que la infancia es corta y es en ese período de la vida en el cual se forma y adquiere todo el andamiaje emocional para llegar a ser un adulto sano y responsable. Por lo tanto, debieramos dejar de lado posturas reduccionistas y sesgadas sobre la infancia y legislar tomando en cuenta el interés superior del niño, sea que se encuentre en una familia adoptiva o biológica.
igor cerda neira | 04.07.2018
Excelente articulo!
un analisis que cambia la perspectiva en que se entienden problemas sociales. Y es muy curioso leer algunas opiniones a partir de la lectura del tema. Dan a entender bastante bien que esto no se ha discutido profundamente y que el tema esta inundado por visiones basadas en ideologias que cada cual pretende imponer para hacer la "realidad" mas aceptable
Buen trabajo CIPER!
Felicitaciones!
Sofía | 04.07.2018
Lamentable leer esta columna, queda claro por qué los procesos de adopción han disminuido, todo gracias a jueces como la Sra. Jeldres, que creen que progenitores que han vulnerado gravemente a sus hijos, pueden mediante talleres financiados por el estado, lograr ser realmente padres.
Como varios comentarios señalan, acá no se está castigando la pobreza, lo que se intenta es brindar al niño o niña una familia que lo ame y le proporcione condiciones de vida que su familia de origen no quiere brindarle. ¿Debemos acaso esperar a que un padre o madre policonsumidora se "rehabilite" después de varios años de terapia para que por fin pueda ser una buena madre o padre? ¿Y el niño dónde queda? Mientras su padres "ven la luz" gracias a programas psicoeducativos de baja adhesión y resultados, ese niño se ve sometido a vivir en hogares de sename sin amor, probablemente medicado y con secuelas para toda su vida. No señora Jeldres, no es justo para el niño, lo justo es que crezca con alguien que lo ame de verdad, no alguien que lo violente, lo abuse o lo abandone, y eso no tiene que ver con pobreza.
Con esa lógica lo único que veremos aumentar serán casos como los de Sophie y Ambar. No queremos más niños vejados, abusados y asesinados por quienes biológicamente son padres, pero vincular y emocionalmente son su verdugos.
Claudia Cotapos | 03.07.2018
Mónica, estoy 100 % de acuerdo contigo.
Las familias vulnerables deben recibir verdadero apoyo, educación y asesoría para mantener el núcleo familiar en lo posible.
Yo sé que es posible, y sé que no sólo el Estado puede lograrlo, sino la implementación de medidas municipales, del servicio de salud y comunidad en general. No olvidar que no estamos solos, que cerca nuestro hay alguien que necesita nuestra ayuda y no me refiero al dinero, sino a actos tan sencillos como orientar a una familia en los recursos de los que puede disponer para solucionar sus propios problemas.
Andrea | 03.07.2018
No estoy de acuerdo con generalizar que el problema de los niños bajo el sistema de protección del Estado, lo están por temas de "pobreza". Sería bueno conocer cifras. Qué porcentaje de esos niños corresponde a menores que pueden volver a su seno biológico. Creo que es ver una parte del problema si se piensa que con recursos económicos un padre desarrolla habilidades parentales, si no las tiene, no conoce o no está interesado en aprender. Creo que las habilidades parentales para cuidar un niño no surgen por magia, ni por plata., menos cuando se ha repetido abuso por generaciones, descuidos, malas prácticas, etc.
En fin, me pregunto Sra. Jeldres si usted está hablando de muchos niños institucionalizados, o de una mínima fracción.
Jorge Henríquez | 02.07.2018
Por gente como la que escribe esta columna es que los niños se eternizan en hogares y en el Sename. Gente que insiste en dar infinitas oportunidades a familias disfuncionales, que ven la marginalidad con una visión casi utópica y romántica, y que, por una convicción ya sea religiosa o de otro tipo (convenientemente la columna omite el hecho que para los hogares es mucho más conveniente que los niños NO se vayan en adopción, y que, cuando lo hacen, lo hacen a través de fundaciones que son casi un factoring de esos mismos hogares, o que muchos hogares están ligados a tendencias religiosas extremistas), se encarnizan en mantener a los niños artificialmente vinculados a familias que no tienen NINGÚN deseo de mejorar y ninguna esperanza de cambiar. Por priorizar a esos padres, dejan de pensar en el bienestar del niño, que pasa años en los hogares hasta que se vuelve, literalmente, un cacho para ellos, y entonces si desean a toda costa deshacerse de ellos (pues a esa edad ya son inadoptables y por tanto, tal como dijo una inefable ex-ministra, "stock").
¿Qué culpa tienen los niños de tener padres drogadictos, alcohólicos o delincuentes? ¿Por qué han dichos padres de tener más derechos y oportunidades que sus propios hijos? Es cosa de ir a la realidad, visitar un hogar y escuchar de quienes ahí trabajan, quienes señalan que para muchos de esos padres, los hogares no son más que guarderías, que hacen la pega que esos padres no quieren hacer (es decir, cuidar al niño), y que cuando tienen tiempo de sobra, o bien, alguna lejana amenaza de un tribunal de familia de ceder al niño en adopción, hacen acto de presencia para asegurarse que el menor siga eternamente ahí, pero sin tener JAMÃS el real deseo de querer mejorar para cuidar realmente de él.
Por otro lado, los autores omiten el hecho que hogares e instituciones demonizan a los padres adoptivos, a quienes someten a pruebas vejatorias a las que JAMÃS han sometido a los padres biológicos (como si entregar un poco de ADN convirtiera a alguien en un ser sagrado), muchas veces a tal punto que logran aburrir a quienes desean adoptar, proceso del que casi se enorgullecen con el argumento de que "esos padres no estaban convencidos de la adopción", como si el hecho de ser sometidos a tests sicológicos de dudosa validez científica y ser cuestionado en cada uno de los aspectos de su vida no fueran denigrantes.
Lamentablemente, teniendo en cuenta que quienes escriben representan la institucionalidad vigente, el panorama es desalentador, pues, en lugar de privilegiar la existencia de familias guardadoras, que luego puedan convertirse en adoptivas (probablemente la figura más demonizada por esta institucionalidad, pese a ser la utilizada en países desarrollados, con la ventaja de mantener a los niños en núcleos familiares reales, siendo cuidados personalmente y no como ganado), su propuesta va por el otro lado, reafirmar lazos con la familia de origen, lo que puede sonar muy poético en el papel, pero en la realidad sólo asegura eternización de los niños en el sistema, o incluso peor, ser devueltos a hogares donde se les vulnera, maltrata y en el peor de los casos, se les mata.
Juan Paulo Ide | 01.07.2018
Señora Mónica, usted cumple un rol como defensora pública de la infancia recién asignada y está bien que así sea, pero creo que los árboles no la están dejando ver el bosque. Aquí no se trata de querer castigar a los más pobres ni querer quitarles a sus hijos. Cuando hablamos de niños susceptibles de ser adoptados hablamos de casos extremos, realmente extremos, historias dramáticas de vulneraciones graves de derechos de los niños. Usted como ex-jueza de familia lo debiera saber. Es muy peligroso y grave lo que usted plantea, pues en nombre de la bandera de los esfuerzos que supuestamente debe hacer el estado para revincular a esos niños con sus familias de origen, usualmente muy pero muy dañadas y que probablemente no se recuperarán de sus problemas crónicos con ninguna intervención que.se haga, se pierde el tiempo y la oportunidad de darle una buena familia a ese niño (recordemos que pasada cierta edad ya nadie quiere adoptar a esos niños). Aquí no se trata de querer desvincular a nadie. El bienestar superior del niño es lo primordial y un niño simplemente no puede estar esperando a que su familia multiproblematica cronica se recupere. En defensa de la bandera de los mas pobres se puede dañar mucho a un niño. Espero sea conciente de ello. Por eso se debe evaluar caso a caso y no abanderizarse a priori por nadie. Lo de usted también es un prejuicio inverso y también es ideológico: básicamente que ser pobre es culpa del estado y que por ser pobre una familia está justificada a actuar como actúa. Prejuicio abajista lo llamaría yo.
Andrea | 30.06.2018
Soy perito dam, continuamente me piden evaluaciones de padres en causas de adopcion. Es muy perverso el sistema, te piden evaluar competencias parentales de padres que no están ejerciendo el cuidado, lo cual es una aberracion y por otro lado son padres que no han tenido procesos reparatorios o de habilitación para la crianza. Mas aun se nos pide evaluar vinculo en relaciones muchas veces suspendidas como medidas de castigo por diferentes motivos y finalmente se termina declarando la susceptibilidad en base a prejuicios. A valoraciones de competencia insostenibles por cuanto son construidas desde las dificultades pasadas y a valoraciones tramposas de vinculacion. En la logica del bien superior del niño. Si fuera por eso todos los niños podrían estar mejor con mas plata, mas acceso a educacion etc. o sea se menosprecia la pobreza y se encubre esta concepcion mediante la elevacion artificiosa de exigencias para recuperar el cuidado de los hijos. A mi me toca pelear esta posicion en tribunales y con sename y es agotador (disculpar redaccion fue escrito en cel)
