Por primera vez un tribunal reconoce que los fondos de pensiones perdieron plata por las operaciones bursátiles que permitieron a Julio Ponce mantener el control de SQM. El 24 Juzgado Civil de Santiago estimó en US$8,2 millones el daño a los ahorros de los 3 millones de afiliados de AFP Provida. Días antes el Tribunal Constitucional benefició a Ponce Lerou rebajando en US$72 millones la multa que le aplicó la SVS. El peritaje del experto Matko Koljatic fue clave en el fallo de la jueza Patricia Ortiz: describió el mecanismo del fraude y cuantificó los daños. Mientras, las AFP siguen invirtiendo en SQM.
Las complejas operaciones bursátiles que entre 2009 y 2011 le dieron forma a lo que se llamó después el “Caso Cascadas”, y que le permitieron a Julio Ponce Lerou mantener el control de Soquimich (SQM), sí dañaron los fondos de pensiones de los chilenos afiliados al sistema de AFP. El 24° Juzgado Civil de Santiago dictaminó el 16 de mayo que los afiliados a la AFP Provida perdieron UF 186.954 (US$8,3 millones) de sus ahorros previsionales.
Julio Ponce y Patricio Contesse
El forado fue provocado por la manipulación del precio de las acciones de las sociedades a través de las cuales Ponce Lerou controla SQM, utilizando un esquema de compras y ventas que en 2014 fue objeto de una millonaria multa por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), hoy Comisión del Mercado Financiero (CMF).
El tribunal acogió la demanda presentada en 2015 por Provida -la mayor AFP del país con 3 millones de afiliados-, en contra de Julio Ponce Lerou, Aldo Motta, Patricio Contesse Fica, Roberto Guzmán Lyon; y también acusó a las corredoras de Leonidas Vial y Alberto Le Blanc de haber liderado esas transacciones. A todos ellos el fallo de primera instancia los obliga a restituir a la AFP Provida las mismas UF 186.954 por los perjuicios ocasionados a sus afiliados.
El fallo echó por tierra tres sentencias anteriores que desestimaron sucesivamente la existencia de perjuicios a los ahorros previsionales de los trabajadores en las operaciones Cascadas, ejecutadas por el grupo de Julio Ponce en SQM. El dictamen de la jueza del 24° Juzgado Civil se basó en la multa por US$164 millones que en 2014 la SVS le aplicó a los mismos personeros de SQM y a la corredora de bolsa Larraín Vial. Hay que tener presente que, acorde a todos los fallos que ha dictado el Tribunal Constitucional (TC) en relación a los delitos que se le imputan a SQM, este año el TC volvió a favorecer a la minera al rebajar en un 93% la multa de US$164 millones.
El 30 de mayo pasado, las defensas de los controladores y ejecutivos de SQM apelaron al dictamen. Mientras, las AFP siguen invirtiendo en SQM y las Cascadas.
LAS AFP NO ACUSAN EL GOLPE
Fue en septiembre de 2014 cuando la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (actual CMF) dio a conocer la resolución que castigó con una multa de US$164 millones(UF 4 millones) al controlador y seis ejecutivos de SQM, además de la corredora de bolsa Larraín Vial. El regulador del mercado de valores acusó a todos ellos de haber participado en un esquema bursátil que permitió manipular el precio de las acciones de las sociedades que controlan SQM, entre 2009 y 2011. Todo ello con el fin de garantizar el control de esas sociedades por parte de Julio Ponce Lerou.
Los argumentos esgrimidos por la SVS fueron cuestionados y minimizados por todos los protagonistas del escándalo bursátil, incluida la propia Superintendencia de Pensiones. De hecho, el entonces presidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez Mackenna (hoy director de Unimarc, Salfa y BTG Pactual Chile), aseguró que solo el 0,1% de los fondos previsionales de los trabajadores estaba invertido en las “sociedades cascadas” de SQM. Pérez Mackenna justificó así la no defensa de los intereses de sus afiliados.
Fernando Coloma
Debieron transcurrir dos años para que, finalmente, en noviembre de 2016, y luego de una solicitud del entonces fiscal Andrés Montes, la entidad reguladora de los fondos de pensiones chilenos fijara entre US$31,46 millones y US$43,86 millones el daño ocasionado a los trabajadores por esa manipulación bursátil.
Para arribar a ese cálculo, la Superintendencia de Pensiones también se basó en la multa de la SVS. “Es una cifra referencial, pues es competencia de los tribunales de justicia determinar si efectivamente se produjeron perjuicios para los fondos de pensiones y, en tal caso, su cuantía”, afirmó el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, a La Tercera en esos días. Y eso fue lo que hizo la jueza del 24° Juzgado Civil de Santiago, Patricia Ortiz.
La multa de la SVS, que hasta ahora era la mayor aplicada en el mercado local de valores, sancionó con UF 200 mil (US$ 8 millones) a la corredora LarrainVial y a su gerente general Manuel Bulnes; mientras que a Alberto Le Blanc (ex dueño de la corredora Transcorp) y a Felipe Errázuriz (gerente de Distribución de LarrainVial) los sancionó con UF 100 mil (US$4,1 millones) a cada uno. A Leonidas Vial (socio de LarrainVial) la SVS lo multó con UF 500 mil (US$20,5 millones), mientras que a Patricio Contesse Fica (gerente general de Potasios entre septiembre de 2011 y diciembre de 2012) y Aldo Motta (gerente general de Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera) se les aplicó una sanción de UF 600 mil a cada uno (US$ 24,5 millones).
El abogado Roberto Guzmán Lyon (asesor histórico de Julio Ponce) fue multado con UF 550 mil (US$22,5 millones) y Julio Ponce Lerou (presidente y controlador de Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, Potasios, Nitratos, Inversiones SQ e Inversiones SQYA) recibió la sanción más alta: UF 1.700.000 (US$75,5 millones).
La SVS -entonces encabezada por Fernando Coloma– acusó a Ponce Lerou de haber sido el ideólogo y promotor del esquema de fraude, valiéndose de su rol de presidente de las “sociedades cascadas”, de sus nexos comerciales, financieros e incluso de amistad con las personas que participaron de estas operaciones.
Los cálculos y estudios de la SVS arrojaron que las sociedades que participaron en este esquema fraudulento transaron el 70,2% de las acciones A de Calichera en 2009, el 86,4% en 2010 y el 88,5% en 2011. Con la misma fórmula, esas mismas sociedades negociaron el 73,8% de los papeles de Oro Blanco en 2009, el 34,9% en 2010 y el 10,3% en 2011.
La SVS concluyó que la enorme cuantía de estas transacciones, efectuadas mediante fórmulas que al final beneficiaban directamente a Julio Ponce, afectaron el correcto funcionamiento del mercado, especialmente a dos de sus pilares básicos: confianza y transparencia. Ello, porque el esquema incluyó compras y ventas a valores menores que los del mercado y en condiciones que dificultaron o directamente impidieron que otros inversionistas participaran de esas operaciones bursátiles.
Pese a la postura inicial de las AFP de subestimar el daño a los fondos previsionales de los trabajadores, entre 2014 y 2015 las AFP Habitat, Provida, Cuprum y Capital presentaron acciones judiciales por perjuicios y demandaron indemnización. Todas ellas, salvo el fallo de estos días que favorece a Provida, fueron rechazadas en primera instancia y hoy se encuentran en la Corte de Apelaciones.
EL REGALO DEL TC A SQM: US$152 MILLONES
Al describir el mecanismo en que se basó el esquema utilizado por Ponce Lerou para mantener el control de SQM, la SVS afirmó que el ex yerno de Pinochet se valió de empresas que él mismo controlaba; con las que mantenía vínculos directos (operadas por Roberto Guzmán Lyon) o que le servían para hacer las ventas de acciones (controladas por Leonidas Vial y Alberto Le Blanc).
Todos ellos actuaron de manera coordinada en un esquema de negocios que le generó a las “sociedades cascadas” de SQM costos por US$300 millones, los que finalmente, debieron pagar todos sus accionistas. Al mismo tiempo, esas mismas operaciones bursátiles le generaron ganancias por US$332 millones, las que beneficiaban a Ponce y los demás partícipes del esquema.
No obstante la solidez de la sanción aplicada por la SVS, en mayo de este año el Tribunal Constitucional rebajó las multas a casi todos los involucrados. El último en recibir este beneficio fue el propio Julio Ponce Lerou: se ahorró US$72 millones luego de que el TC decidiera que las multas no pueden superar el 30% del valor de la “operación irregular” realizada.
Aunque solo falta que el TC se pronuncie sobre la situación de Aldo Motta y Patricio Contesse Fica, con la drástica disminución de las sanciones aplicadas por la SVS, la que fuera la mayor multa en la historia del mercado de valores chileno, bajó de US$164 millones a menos de US$12,8 millones.
UN FALLO QUE HARÁ HISTORIA
Solo días después del nuevo fallo del 24° Juzgado Civil de Santiago, el 24 de mayo el TC benefició nuevamente a Julio Ponce Lerou y a sus socios por los ilícitos del “Caso Cascadas”. Un pronunciamiento que vuelve a poner en tela de juicio la idoneidad del Tribunal Constitucional.
Uno de los principales argumentos del fallo de la jueza Ortiz apunta a que las cuestionadas operaciones bursátiles del “Caso Cascada” fueron realizadas “con el interés de favorecer a los controladores principales de esas sociedades, en desmedro de esas mismas sociedades y de sus accionistas minoritarios” (ver fallo).
El tribunal acogió los argumentos sobre el objetivo del “esquema” descrito por la SVS y por uno de los peritajes clave ordenado por la jueza Ortiz: las operaciones demuestran “la intención de quedar las acciones siempre en pocas manos, y dentro del control del grupo dirigido por Ponce Lerou, acciones que se vendieron de las sociedades cascadas y que fueron readquiridas a mayor valor por esas mismas sociedades”.
Esta es la primera sentencia condenatoria que se basa en la sanción del 2 de septiembre de 2014 de la SVS (Resolución Exenta N°223), lo que le otorga un valor probatorio.
EL INFORME KOLJATIC
La sentencia del tribunal civil especifica que si bien el precio de las acciones de las “sociedades cascadas” subió después de todas las transacciones que fueron parte del esquema fraudulento, los perjuicios económicos para los afiliados de Provida no pueden ser soslayados.
La jueza del 24° Tribunal Civil de Santiago acogió en plenitud el informe entregado por el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica y director del Centro de Gobierno Corporativo de esa misma institución, Matko Koljatic.
En su estudio, Koljatic afirma:
“Los demandados ejecutaron un entramado de operaciones bursátiles ilegítimas para lucrar, produciéndole pérdidas económicas a las sociedades Cascada. Como consecuencia, los accionistas minoritarios de las sociedades Cascada, entre ellos los fondos de pensiones administrados por AFP Provida, sufrieron perjuicios económicos” (ver informe).
Matko Koljatic
El peritaje entregado por Koljatic prevaleció a todos los otros que entregaron argumentos coincidentes en favor de la defensa de Ponce Lerou y los otros inculpados. Esos informes corresponden a los peritos de Montblanc Consulting (asesores de Ponce), Borja Larraín Cruzat (director de LarrainVial), Álvaro Clarke (ex superintendente de Valores y Seguros), Alejandro Cucchiara (Ruarte Reports) y Haindl y Asociados (su socio principal es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián).
El tribunal hizo prevalecer una de las afirmaciones que hace Koljatic, quien basa su informe en las “transacciones bursátiles fraudulentas” descritas por el ente regulador (SVS), debido a que, hasta ahora, ninguna de éstas ha sido objetada o desmentida por los demandados.
En su informe, Koljatic sostuvo:
“Mi respuesta a la primera interrogante es dar por acreditado que los demandados -por sí mismos o valiéndose de otras personas- realizaron operaciones de venta y recompra de acciones que no fueron realizadas en el mejor interés de cada sociedad Cascada y, por lo tanto, perjudicaron el interés de los demandantes; producto de dichas transacciones bursátiles los demandados obtuvieron beneficios a costa de los intereses de las sociedades Cascada y de sus accionistas minoritarios”
Koljatic cifró el perjuicio a los Fondos de Pensiones que administra Provida: UF 38.987 (US$1,7 millones) para el Fondo A; UF 54.468 (US$2,4 millones) para el Fondo B; UF 80.163 (US$3,5 millones) para el Fondo C y UF 13.336 (US$0,6 millón) para el Fondo D. Total: UF 186.954 (US$8,2 millones).
Matko Koljatic concluye:
“En las operaciones bursátiles cuestionadas hubo un cumplimiento formal de las normas que rigen las transacciones bursátiles, pero quebrantando los principios de la buena fe, competencia y defensa del interés social en que descansa el mercado de valores, privilegiando los intereses particulares de los demandados por sobre el interés de todos los accionistas”.
SQM NO DESCONOCE EL FRAUDE
La jueza del 24° Juzgado Civil de Santiago, Patricia Ortiz, también basó su dictamen en el estudio del perito judicial Víctor Aguilar, quien arribó a conclusiones similares a las de Matko Koljatic:
“Las operaciones societarias y de bolsa que realizaron los demandados, se hicieron en desmedro del patrimonio de las sociedades cascadas y, por ende, de los accionistas minoritarios de éstas, entre éstos, los fondos de pensiones que administra la actora y, con ello, se habrían provocado perjuicios a tales fondos, representados por menores utilidades de las que debió percibir durante el periodo en que se efectuaron las operaciones sancionadas por la Superintendencia de Valores y Seguros”.
Aunque el perito judicial no cuantificó los perjuicios a los fondos previsionales, sí advirtió en su informe que la obtención de rentabilidades positivas por parte de éstos durante todo el período en que actuó el esquema fraudulento, no obsta para que hayan sufrido perjuicios. Ello, porque la ganancia podría haber sido superior si no se hubieran afectado los flujos a través de las operaciones investigadas y sancionadas.
El 30 de mayo pasado todos los demandados recurrieron contra el fallo de la jueza Patricia Ortíz: Pedro Hernán Águila en representación de Julio Ponce Lerou y sus sociedades; Sebastián Oddó, el mismo abogado que representó a Pampa en las negociaciones con CORFO, por Contesse Fica; Rodolfo Fuenzalida por Aldo Motta y Gabriel Zaliasnik por Roberto Guzmán Lyon y sus sociedades de inversión: Inversiones Silvestre Corporation Chile Ltda., Jaipur, Inversiones del Parque y SAC.
Provida es representada por el abogado Enrique Alcalde Rodríguez, del Estudio Philippi, Pietrocarrizosa, Ferrero, Du & Uría.
En sus recursos, las defensas de Julio Ponce y los otros multados cuestionan el fallo de la jueza Patricia Ortiz sosteniendo que éste contiene un vicio: se pronuncia sobre puntos no solicitados por Provida en su demanda, condenando a los demandados a pagar una suma de dinero que nunca fue solicitada por la AFP, ni al demandar ni en ninguna otra oportunidad.
Y eso es efectivo. Porque a pesar de que la AFP controlada por el grupo estadounidense Metlife no cuantificó los perjuicios en su demanda, el tribunal de igual forma los determinó, acogiendo el contenido del informe Koljatic.
De hecho, el fallo argumenta que como las pruebas presentadas tanto por Provida como por los demandados (informes y testigos) eran contradictorias, la multa de la SVS, más los informes de Koljatic y Aguilar, demuestran que las operaciones cuestionadas no se ajustaron ni a la Ley de Sociedades Anónimas ni a la del Mercado de Valores. Y concluye que hubo perjuicios a los fondos de pensiones por la menor rentabilidad que se obtuvo, que pudo ser mayor de no haber mediado el esquema puesto en marcha por Ponce Lerou para asegurar el control de SQM.
LA ADICCIÓN DE LAS AFP
A pesar de la contundencia del fallo de la jueza Ortiz y de la reputación que tiene en el mercado Matko Koljatic, quien elaboró el informe principal en que se basó la jueza, las AFP no han dejado de invertir en las sociedades a través de las cuales Ponce Lerou controla SQM. Como si no hubiera en el mercado nacional un mejor instrumento, cuatro de las seis administradoras previsionales que controlan en Chile el mercado de los fondos previsionales, han mantenido y aumentado su apuesta por la minera de Julio Ponce.
Hay que recordar, que en el sistema vigente todos los trabajadores del país están obligados por ley a destinar en promedio el 1,13% de su ingreso mensual para pagar una comisión por la buena administración de sus ahorros previsionales.
Osvaldo Macías
El 1 de junio, luego de que la canadiense Nutrien subastara en US$990,6 millones el 7% que poseía en la propiedad de SQM, los fondos de pensiones compraron US$453 millones de acciones de SQM (B). Ese paquete equivale al 3,2% de la minera. Hasta ese día no era público que Julio Ponce Lerou y su hermano Eugenio habían regresado a la firma como asesores, tras un acuerdo firmado con CORFO en enero pasado y en el que también se establecieron nuevas normas de gobierno corporativo (ver reportaje de CIPER).
El regreso de los hermanos Ponce a la plana ejecutiva de SQM, allí donde se toman las decisiones clave de su negocio, desató un vendaval de críticas a la resolución del conflicto entre CORFO y SQM por la explotación del litio en el Salar de Atacama. Bitrán, cabeza de la entidad estatal hasta marzo de este año, fue quien lo negoció. Bitrán ha insistido que el acuerdo incluyó un punto no firmado: la salida del empresario y su familia del manejo de la minera mientras ésta mantenga contratos con el Estado.
En medio del escándalo, que incluyó la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, la Superintendencia de Pensiones ofició a las AFP para que informaran si el retorno de los Ponce Lerou podría afectar la rentabilidad de los fondos previsionales de los trabajadores. También les pidió que le comunicaran las medidas concretas que piensan adoptar para protegerse de eventuales cambios en el valor de esas acciones. Y les dio un breve plazo para la respuesta.
Cumplido el plazo, ejecutivos de las AFP con inversión en acciones de SQM, informaron a CIPER que aunque la mayoría no hizo mención a un efecto monetario negativo ni positivo, sí advirtieron sobre el riesgo de “efectos reputacionales” en dos direcciones. En un extremo, el regreso de los hermanos Ponce podría golpear el valor de las acciones de la minera; por el otro, el hecho podría tensionar al directorio de SQM, obligando a nuevos cambios, lo que impone un monitoreo permanente.
Pese a que las AFP finalmente recurrieron a tribunales por los perjuicios que les provocaron las operaciones bursátiles del “Caso Cascadas”, desde 2014 han seguido invirtiendo el ahorro previsional de los trabajadores en esas mismas sociedades que controlan SQM. Poco importó que los controladores de SQM exhiban un largo historial de conflictos e irregularidades que los ha enfrentado con la justicia en Chile y en Estados Unidos. El más reciente y polémico ha sido el del millonario financiamiento ilegal de la política por parte de la minera.
En Chile, a diferencia de otros países, las AFP no tienen limitaciones para invertir en empresas con ese prontuario. Sosteniéndose en la legalidad que supone invertir en todas las acciones que la Comisión Clasificadora de Riesgos defina como “aefepeables”, las AFP apenas duraron meses fuera del mapa de propiedad de la firma.
CIPER revisó las carteras de inversión de las AFP y constató que en los años 2015, 2016 y 2017 y 2018, las AFP Capital, Cuprum y Habitat siguieron apostando por la minera de Ponce Lerou. En 2015 las AFP llegaron a tener el 5,5% de Nitratos (US$2,43 millones), el 5,6% de Norte Grande y el 10,7% de Oro Blanco, lo que representa una inversión total de US$85 millones en SQM. En 2016, la inversión total en esas mismas tres sociedades bajó, pero en 2017 volvió a recuperar su promedio anterior, alcanzando a US$83,48 millones. Una posición que creció en 2018 tras la última compra a Nutrien.
Nota de la Redacción: el valor de la UF y del dólar para este reportaje se calculó al día 18 de junio de 2018.
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quisiera saber si tengo derecho a los pagos de asignación familiar y reajuste ya que he recibido los aguinaldo y otros y bono marzo no he recibido por favor cual es el problema tengo un hijo .gracias espero respuesta al fono 978848679 o bien por este mismo medio gracias
Carlos contreras merino | 24.11.2018
Como podemos recuperar esta plata los que estabamos en afp provida yo me retire estoy en la afp en la modelo estoy jubilando este año
Todos ellos actuaron de manera coordinada en un esquema de negocios que le generó a las “sociedades cascadas” de SQM costos por US$300 millones, los que finalmente, debieron pagar todos sus accionistas. Al mismo tiempo, esas mismas operaciones bursátiles le generaron ganancias por US$332 millones, las que beneficiaban a Ponce y los demás partícipes del esquema.
