Nicaragua: cuatro premisas para negociar la rendición

El martes pasado Daniel Ortega envió una carta a la Conferencia Episcopal en la que esboza su renuncia. Según Carlos F. Chamorro –director de Confidencial–, después de más de un mes de revolución cívica, el régimen de Ortega se encuentra al borde del colapso únicamente sostenido por la represión policial y paramilitar. En esta columna, el periodista traza las condiciones en que esa renuncia sería aceptable, ya que “esta es la última oportunidad histórica que tenemos los nicaragüenses para implantar un cambio democrático duradero, con justicia y sin impunidad”.

Desde la soledad de su búnker en El Carmen —el enclave del Estado-Partido-Familia—, el martes pasado Daniel Ortega envió una carta a la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica en la que esboza su capitulación ante la revolución cívica que demanda su salida del poder. Ortega se tomó cinco días para “reflexionar” sobre la agenda de justicia y democratización presentada por los obispos en el Diálogo Nacional, y después de haber masacrado a más de 131 personas desde el 19 de abril, antes de responder, añadió más de treinta víctimas a la matanza desatada por sus fuerzas paramilitares, aumentando el saldo fatal a 164 personas y miles de heridos.

Lo sorprendente es que en su círculo político cercano y ampliado, los dirigentes partidarios del FSLN, incluidos los “históricos”, los ministros de su Gobierno y los magistrados de los poderes del Estado, su Policía, su Ejército, incluso sus más leales fuerzas paramilitares, absolutamente nadie, excepto su esposa y vicepresidenta y su familia, conocía el contenido de los términos de su rendición, conversados primero con un representante del Senado y del Gobierno de Estados Unidos. Para la inmensa mayoría de sus partidarios, igual que ocurrió con la Guardia Nacional, cuando el dictador Anastasio Somoza renunció a la presidencia el 17 de julio de 1979 arrinconado por la insurrección popular y la presión internacional, la disposición de Ortega a acortar su período de Gobierno y mostrar disposición para convocar a elecciones anticipadas, equivale al inicio de un terremoto político para el que no están preparados, pues hasta antes del 18 de abril solo contemplaban la sucesión dinástica.

Ese es el milagro que se produce en los regímenes autoritarios personalistas, que el gran sociólogo y politólogo español Juan Linz bautizó como “sultanísticos” por la concentración extrema del poder en un caudillo y su familia, sin ninguna clase de institucionalidad, y es que cuando la cabeza se tambalea o cae, todo el sistema irremediablemente se derrumba. Y después de 58 días de rebelión cívica, el régimen de Ortega se encuentra al borde del colapso, únicamente sostenido por la represión policial y paramilitar.

En la agenda del Diálogo Nacional que se restablece hoy, todo mundo entiende que ha llegado la hora de negociar la rendición y el desmantelamiento de la dictadura de Daniel Ortega. Los orteguistas intentarán alargar la agonía del régimen, ganando tiempo para mejorar sus posiciones con más represión, mientras a la Alianza Cívica le corresponde negociar “en caliente”, apoyándose en la movilización del pueblo y sus formidables marchas cívicas multitudinarias, las barricadas de autodefensa y los tranques en las carreteras, el paro ciudadano y el paro nacional. Ellos representan el anhelo nacional de justicia y democracia refrendado en el dolor de las familias que perdieron a sus hijos. Deben tener presente, por lo tanto, que esta es la última oportunidad que tenemos los nicaragüenses para implantar un cambio democrático duradero, con justicia y sin impunidad, y por ello es pertinente recordar cuál es el mandato de las calles y las trincheras, y lo que los mismos mediadores y los voceros de la Alianza han establecido como las premisas de la negociación.

1— El cese de la represión y la supresión de los paramilitares

De los cuatro requisitos establecidos el pasado once de mayo por los mediadores de la Conferencia Episcopal para instalar el Diálogo Nacional, Ortega solo ha cumplido con aceptar la visita de la CIDH a Nicaragua, de la cual incluso ahora reniega. Y de las quince recomendaciones de la CIDH, solo ha aceptado la próxima conformación del Grupo de Expertos Independientes, o Comisión Internacional de la Verdad.

Sin embargo, como Jefe Supremo de la Policía Nacional, no ha cumplido con la exigencia de ordenar el cese de la represión y suprimir las bandas paramilitares, cuya existencia sigue negando en un alarde de cinismo, con más muertes y represión, a pesar de todas las evidencias en contrario.

La primera demanda del pueblo en esta negociación es parar la represión y la matanza. La Policía Nacional, intervenida partidariamente por Ortega y Murillo, ha colapsado como institución de orden público, al convertirse en una fuerza de apoyo de las bandas paramilitares. Le corresponde al Ejército de Nicaragua, por su mandato constitucional, desarmar a las bandas paramilitares y someterlas ante la justicia. De lo contrario, se convertirá en un cómplice del régimen en la represión contra el pueblo, y sus mandos serán responsables de las consecuencias que afectarán el futuro de la institución.

2— La salida de Ortega y Murillo y la sucesión constitucional

Es imperativa la salida de Ortega y Murillo del poder, a través de sus renuncias ante la Asamblea Nacional. Después de la masacre que nunca se ha detenido, el país atraviesa por una situación de desgobierno total en la que Ortega y Murillo están moral y políticamente inhabilitados para gobernar. Ninguna promesa de reformas electorales y adelanto de elecciones, tiene viabilidad con Ortega y Murillo en el poder, ni le devolverá paz y estabilidad al país. Por el contrario, su presencia al frente del Gobierno, o bajo cualquier esquema que le permita a Ortega seguir “gobernando desde abajo” representa la amenaza de más caos e inseguridad para todos. La propia constitución orteguista ofrece las vías legales y constitucionales, para elegir un presidente de transición, entre los diputados actuales en la Asamblea Nacional, que dirija el país mientras se llevan a cabo las reformas políticas, constitucionales y electorales, y la limpieza total del Consejo Supremo Electoral, previo a la convocatoria de elecciones anticipadas. Esto es lo que se debe negociar en el Diálogo Nacional, para asegurar una transición con estabilidad y despejando el riesgo de un vacío de poder

3— Las reformas para asegurar la justicia sin impunidad

La demanda de justicia enarbolada por las víctimas de la represión y las Madres de Abril, es inseparable del reclamo nacional de democratización. No puede haber democracia sin justicia, y justicia con impunidad. Se trata de dos procesos paralelos, cada uno con su propio cauce de reformas institucionales, pero con el mismo nivel de prioridad nacional. El informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la investigación que realizará el Grupo de Expertos Independientes, o Comisión Internacional de la Verdad, representa solo el primer paso para establecer las responsabilidades individuales, directas e intelectuales, de los perpetradores de la matanza. Pero la posibilidad de impartir justicia y castigar a los que resulten culpables, radica en que la reforma política conduzca a una reforma total del Ministerio Público, la Policía Nacional, y la Corte Suprema de Justicia. Así como la limpieza y el cambio total del Consejo Supremo Electoral es condición sine qua non para participar en unas elecciones libres y competitivas, la posibilidad de alcanzar justicia, sin ninguna clase de amnistía, dependerá del alcance de estas reformas y de la opción de recurrir a tribunales internacionales.

4— Los garantes internacionales: ONU-UE-OEA y su mandato

El pasado primero de abril, la Alianza Cívica demandó el nombramiento de garantes internacionales para apoyar y asegurar el cumplimiento y la implementación de los acuerdos que se adopten en el Diálogo Nacional. La envergadura de las reformas que se requieren para desmantelar de forma pacífica la dictadura de Ortega, requerirán con urgencia un proceso de asistencia internacional, en el que participe la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, y la Organización de Estados Americanos, no solamente para apoyar en la reforma electoral, sino para asegurar la estabilidad en la transición y durante la reconstrucción.

El Gobierno de transición y el nuevo Gobierno que resulte ganador en elecciones libres y transparentes, requerirán el apoyo y la asistencia internacional para lograr:

• El desarme y la detención de los paramilitares, brindando condiciones de seguridad a todos los ciudadanos
• La reforma y reestructuración de la Policía Nacional
• La reforma del Ministerio Público y el Poder Judicial y el apoyo en las investigaciones y los procesos para impartir justicia.
• La reformas de la Contraloría y el apoyo en las investigaciones sobre la corrupción del régimen y sus allegados, para someterlos ante la justicia.

Las Naciones Unidas cuentan con una vasta experiencia, que dejaron buenas y malas lecciones, en el acompañamiento de los procesos de paz en El Salvador y Guatemala, garantizando la implementación de los acuerdos, y posteriormente, se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En la Nicaragua post-Ortega, la transición y la reconstrucción requerirán el apoyo de una o varias instituciones internacionales con un mandato incluso más amplio que el de la CICIG, para reconstruir el tejido institucional democrático del país.

La tarea es nuestra, de este pueblo protagonista de la primera revolución pacífica del siglo XXI, pero Nicaragua necesita y merece el apoyo internacional para aprovechar esta oportunidad histórica.