Declaración pública de los funcionarios de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología

Los funcionarios de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología –académicos, administrativos y personal de apoyo-, frente a la toma de las dependencias de la institución realizada por los estudiantes, queremos manifestar lo siguiente:

Desde marzo de 2017, la universidad vive una crisis generada por falta de financiamiento, situación que fue investigada por el Ministerio de Educación. La Comisión Nacional de Educación (CNE), a petición de la División de Educación Superior del Mineduc, resolvió en febrero pasado cerrar la institución; fecha en que nombró al administrador de cierre. Durante todo 2017 un grupo de funcionarios decidió brindarles el servicio formativo a sus estudiantes, con la esperanza de que las autoridades encontraran un inversor que permitiera recuperar la liquidez financiera, lo que no fue posible.

En febrero pasado se terminó el año académico 2017. No obstante, la mayor parte del personal tiene pendiente pagos previsionales, deudas con cajas de compensaciones y –lo más grave– sueldos impagos. Solo recibieron abonos quienes vivían situaciones de insolvencia, que lo único que permitían era llegar a trabajar. Esto ha llevado a una crisis tan grave que no se ha podido iniciar el primer semestre de este año y, a partir de junio, ha sido imposible continuar con algunos servicios de académicos que seguían proporcionándose en algunas asignaturas de término de carrera, pensando únicamente en no coartar el derecho a educarse que tienen los alumnos. Así por ejemplo, no será  posible que los estudiantes de las carreras de Salud puedan realizar prácticas e internados, aun cuando ello corresponda a autogestión o convenios vigentes, pues no tenemos financiamiento para los docentes que supervisan dicha actividad. Para estos últimos es imposible mantener su servicio educativo sin recibir ingresos económicos, ya sea como remuneraciones en el caso del personal de planta u honorarios, además de aquellos adeudados desde el 2017.

La generalidad de las facultades ha apoyado permanentemente a las autoridades y en especial al administrador de cierre entregando los informes enviados a otras casas de estudio que pudiesen hacerse cargo de los estudiantes (UTEM, USACH y Santo Tomás) o dirigidos a la División de Educación Superior. De esta forma, las facultades han realizado múltiples funciones con poco personal, toda vez que entendemos que a partir de febrero es el Estado de Chile es el responsable de los estudiantes y de los trabajadores de la universidad.

Son innumerables las gestiones realizadas ante la autoridad, solicitando que el Estado cumpla la ley que garantiza a los estudiantes el término de su formación. Es así como hemos acudido a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde expusimos el mes pasado nuestra situación, de la que sus integrantes solo tomaron constancia. Paralelamente, solicitamos entrevista con el ministro de Educación y el subsecretario de Educación. Finalmente, se nos derivó con el jefe de la División de Educación Superior, quien nos otorgó una reunión para el 12 de junio de 2018. También queremos dejar constancia que enviamos una carta al Presidente de la República, cuyo jefe de gabinete nos derivó nuevamente al subsecretario de Educación.

Se informó que el plan de cierre ya fue entregado. Sin embargo, sin recursos no es posible implementarlo, por lo que urge resolver este problema en este mes de junio. El Estado, si toma la decisión de cerrar una universidad, es el responsable de garantizar a los alumnos la continuidad de sus estudios (Ley 21.091 promulgada en mayo de 2018, que establece el derecho a la Educación Superior, cuya provisión debe estar al alcance de todas las personas) y a los trabajadores el respeto a sus derechos laborales (los que se han conculcado de manera permanente).

En las condiciones actuales es imposible continuar dando el servicio educativo y no se visualiza ninguna institución que en el corto plazo desee continuar la formación de nuestros estudiantes.

Recalcamos la urgencia de que el Ministerio de Educación pueda dar una respuesta a los académicos y administrativos de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, los que cumplen 15 meses de inestabilidad salarial, cotizaciones impagas y viviendo la indignidad de ajustar sus necesidades esenciales de vida a la posibilidad de acceder a un abono.

Grupo de académicos y funcionarios de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología