OAS en Chile: El prontuario que rodea la construcción del Hospital de Rancagua

OAS, una de las protagonistas del mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica, fue socia del consorcio que en 2009, al final del gobierno de Bachelet, se adjudicó la construcción del Hospital de Rancagua por $66 mil millones. Debían entregarlo en 2012: lo inauguraron en 2016, con un valor final de $123 mil millones, en medio de múltiples irregularidades y acusaciones que dieron paso a una investigación de la Fiscalía por cohecho y malversación, aún en curso. La constructora terminó con un solo socio (Echeverría Izquierdo), la que exige en tribunales una indemnización de US$46 millones del Estado.

Inaugurado en 2016, el Hospital Regional de Rancagua es una de las tres grandes obras que la polémica constructora brasileña OAS se adjudicó en Chile. Los seis años que demoró la construcción del emblemático edificio estuvieron rodeados de graves irregularidades, todas ellas derivadas de su alto costo -que casi dobló al presupuesto original- y el retraso de cuatro años en su entrega. Desde que fue adjudicado en 2009, el proceso se vio enturbiado por múltiples acusaciones y sospechas de intervenciones directas desde el Ministerio de Salud e incluso de la Contraloría, para favorecer al consorcio que lo levantó. Todo ello culminó en 2014, en una investigación judicial por cohecho, malversación de fondos públicos y prevaricación que aún se desarrolla en la Fiscalía Centro-Norte.

Aunque inicialmente se estimó que el hospital de 87 mil metros cuadrados y 536 camas costaría $66 mil millones, terminó con un costo de $123 mil millones, bajo la construcción de un consorcio en el que participó OAS, uno de los protagonistas del mayor escándalo de corrupción política en Brasil (Caso Lava Jato), cuyas redes de cohecho se hicieron extensivas a millonarios contratos en 12 países, y cuya existencia también se investiga en Chile.

OAS se adjudicó esta obra en 2009, junto a dos socios: la constructora española COMSA (quebró en marzo de 2013 cuando participaba en la construcción del Hospital de Calama) y la Constructora Echeverría Izquierdo, entre cuyos mayores accionistas figura el ex intendente metropolitano entre 2010 y 2011, Fernando Echeverría.

El domingo 3 de junio, un reportaje de La Tercera reveló una nueva arista del vínculo entre OAS y el financiamiento ilegal de la política en Chile. La investigación de la Fiscalía determinó que en 2009, el operador político y encargado de los recursos de la campaña presidencial del ex presidente Eduardo Frei, Giorgio Martelli, organizó reuniones entre ejecutivos de OAS y el Ministerio de Obras Públicas. Diversos correos entre Martelli y el primer presidente de OAS, Felipe Padovani, muestran los nexos entre esa empresa y miembros del PS y PPD, además de ministros del primer gobierno de Michelle Bachelet.

La Constructora OAS Chile se constituyó en 2006 en el país y además del Hospital Regional de Rancagua participó en otras dos millonarias licitaciones: el colector de aguas servidas del Mapocho, por US$133 millones, que terminó con acusaciones de incumplimiento de contrato y multas; y el proyecto del puente sobre el Canal de Chacao, obra presupuestada en US$800 millones y en la que OAS participó con la coreana Hyundai, la francesa Systra y la noruega Aas Jakobsen.

En 2016, OAS debió abandonar ese proyecto en medio de la investigación por corrupción en Brasil. El término de la relación con sus socios, se tramita en un arbitraje en la International Chamber of Commerce (ICC).

TRAMA DE IRREGULARIDADES

El 3 de julio de 2009 se llamó a licitación para la construcción del Hospital de Rancagua. Las empresas que presentaron ofertas fueron: Besalco, Moller Perez Cotapos, Salfa, SBB y el Consorcio que formaron para esta obra, Comsa, OAS y Echeverría Izquierdo, y cuyo representante fue el español Jaume Serret, entonces gerente general de OAS Chile.

El 30 de diciembre de 2009, cuando restaban tres meses para el fin del primer gobierno de Michelle Bachelet, el Servicio de Salud de O´Higgins (SSO) firmó el contrato de adjudicación con el Consorcio ganador (Comsa, OAS y Echeverría Izquierdo). Los evaluadores fueron todos del SSO y el contrato lleva la firma de su director, el doctor Marcelo Yévenes, y la de Agustín Mendieta, ejecutivo de Echeverría Izquierdo.

En 2014, tras su regreso a La Moneda, Bachelet nombró como ministra de Salud a Helia Molina (PS), quien aprobó los aumentos de costo de esta licitación y también la extensión de plazos de construcción, y pudo inaugurar el hospital el 25 de abril de 2016.

Luis Castillo, ex subsecretario de Redes Asistenciales

Los trabajos comenzaron en enero de 2010 y a poco andar fueron apareciendo severas deficiencias en su construcción, lo que provocó los primeros conflictos con el Servicio de Salud de O’Higgins (SSO), mandante de la obra. La indagación de CIPER indica que, desde entonces, emerge una trama de irregularidades y un trato al menos complaciente hacia el Consorcio (OAS-COMSA-Echeverría Izquierdo), lo que le permitió ahorrarse millones de dólares en multas y sacarse de encima a los molestos fiscalizadores.

En esa trama de protección, surgen datos y testimonios que muestran la intervención directa del entonces subsecretario de Redes Asistenciales, el doctor Luis Castillo, quien en un momento de crisis tomó el control de la obra, pese a que el proyecto siempre había sido de carácter regional. Su propósito, se dijo, era apurar los trabajos para inaugurar el Hospital Regional de Rancagua en octubre de 2013, como plazo máximo.

En 2012, Castilllo debió enfrentar la investigación de una licitación por $3.000 millones que se adjudicó la empresa informática Saydex en el Servicio de Salud Metropolitano Central, y que contó con la asesoría de CAVAL, la empresa de Natalia Compagnon y Mauricio Valero. En la operación estuvo involucrado el entonces jefe de gabinete de Castillo, el enfermero y ex concejal por San Ramón, Nibaldo Mora (UDI), quien  tras ser imputado por cohecho, en enero de este año accedió a la suspensión condicional del procedimiento (ver reportaje CIPER).

Otro de los hitos extraños en el proceso de la construcción, fue el cambio de criterio aplicado por la Contraloría General de la República. En función de los evidentes retrasos en la obra, una dura discusión tuvo como epicentro los montos de la multa al Consorcio. El conflicto derivó luego en el traslado del contralor de Rancagua, Mario Quezada, a Puerto Montt. El pago de esa multa aún es impugnado en los Tribunales de Rancagua por Echeverría Izquierdo, la única empresa que queda en pie del Consorcio.

En febrero de 2016, a raíz del escándalo provocado por el Caso Lava Jato, OAS debió vender su parte en el Consorcio (33,3%) a Echeverría Izquierdo. En la Memoria 2017 de esa constructora aparece el pago por esas acciones: $37 mil (esa es la cifra, aunque resulte extraña la cantidad). A la fecha, Echeverría Izquierdo mantiene dos juicios en contra del SSO en el 2° Juzgado Civil de Rancagua: en el primero, objeta la aplicación de una multa, y en el segundo pide US$46 millones (indemnización por perjuicios), y le endosa los atrasos a los múltiples cambios que sufrió la obra durante seis años.

LA MAYOR INVERSIÓN EN RANCAGUA

“El proyecto  del nuevo Hospital Regional representa la inversión más grande que ha hecho el Estado de Chile en la ciudad y la región”, decía con orgullo el 3 de noviembre de 2009 el entonces intendente de la VI Región, Juan Ramón Núñez, en la sesión del Consejo Regional.

Un mes después, el Consorcio (OAS-COMSA-Echeverría Izquierdo) se adjudicó el proyecto y en enero de 2010 comenzaron los trabajos. Pero el terremoto que la madrugada del 27 de febrero afectó a la zona centro-sur del país dañó lo que recién se estaba levantando. Fue un presagio de lo que vendría.

El principal problema en los primeros años fue la obra gruesa. Pese a que al Consorcio se le pagaron dos anticipos contemplados en las bases: $12.500 millones, equivalentes al 22% del presupuesto inicial, la construcción se retrasaba constantemente.

Paradigmático fue el caso de los radieres del esqueleto del edificio. Mientras el Consorcio estimaba que éstos no eran parte integrante de la obra gruesa (Hito Uno), para los inspectores del SSO sí lo eran. La razón: el contrato era a suma alzada. Y la definición sobre estas losas de cemento y su impacto en el cronograma de los trabajos implicaba dinero: 2.000 UF por cada día de retraso a descontar del valor final del contrato.

Cristian Gabella (Fuente: Hospital de Santa Cruz)

Como el inspector del SSO a cargo de la obra, el constructor civil Marcelo Alvear, insistía en que correspondía aplicar la multa, los conflictos con el Consorcio se fueron agudizando. Tanto, que cuando en marzo de 2011 el doctor Cristián Gabella Petridis asumió la dirección del Servicio de Salud de O’Higgins, se encontró con “un ambiente tenso”, como el mismo lo definió. El día que asumió sus funciones, Gabella dijo a los medios regionales que una de sus metas era inaugurar el nuevo hospital a fines de 2012.

Precisamente en diciembre de 2012 -cuando el hospital ya sumaba varios meses de retraso-, la Contraloría Regional estimó que los radieres sí eran parte de la obra gruesa. El supervisor de la Unidad de Obras de la Contraloría Regional, César Reyes Valenzuela, calculó en 58 días el atraso que había generado la no construcción de los radieres. El SSO había contabilizado la demora en 17 días. La diferencia significaba pasar de 116.000 UF a 34.000 UF: de US$5,1 millones a US$1,5 millones.

Para zanjar la controversia se enviaron los antecedentes a la Contraloría en Santiago. La respuesta que llegó a fines de 2013 sorprendió a todos: los radieres no eran parte de la obra gruesa, pero sí había un retraso en las obras.

Pese a las instrucciones de la jefa del Departamento Jurídico de la subsecretaría de Redes Asistenciales, Alejandra Meniconi, de esperar la decisión  de Santiago antes de cursar la multa, la abogada del SSO, Vanessa Torrealba, notificó al Consorcio de que le aplicarían la multa de 34.000 UF. Fue severamente amonestada y amenazada verbalmente con un sumario en su contra.

Pero hubo más. La aplicación de la multa significó que Gonzalo Urbina, subdirector de Recursos Físicos y Financieros del SSO, fuera llamado a reunión inmediata en Santiago por el jefe de la División Inversiones del Ministerio de Salud, Peter Ihl, donde se le reprochó haber cursado la multa.

En septiembre de 2012, Cristián Gabella aseguró en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que el Hospital de Rancagua no tenía daños estructurales, y que las fallas habían sido resueltas en un 80%.

SALE EL CONTRALOR REGIONAL

Peter Ihl tenía entre sus tareas apoyar a los servicios del Ministerio de Salud para agilizar los estudios de pre inversión, diseño y ejecución de la infraestructura pública. El ingeniero civil industrial lideraba un equipo de 40 profesionales y usualmente se comunicaba por videoconferencia con los encargados de regiones.

En una de esas comunicaciones, la jefa de Auditoría del SSO, Claudia Castillo, lo escuchó hablar sobre la posibilidad de canjear las retenciones de dinero para apoyar a las empresas que estaban construyendo y así aumentar su liquidez. Una innovación financiera que no figuraba ni en la bases ni en los contratos, pero que le permitió al Consorcio conseguir recursos frescos, sobre todo cuando sus socios COMSA y OAS enfrentaron crisis financieras.

Ihl y la abogada Meniconi se contactaban directamente con Gabella para analizar el avance de las obras. Ambos se reunieron más de una vez también con los ejecutivos del Consorcio. Al interior del SSO era usual escuchar las quejas de Gabella respecto de lo difícil que les hacía la vida el contralor regional, el abogado Mario Quezada, considerado “muy exigente”.

Mario Quezada

En enero de 2013, los reparos a Quezada subieron a Santiago. El propio subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, se reunió a mediados de ese mes con el incómodo contralor regional, acompañado de Gabella. En la reunión, Castillo le señaló que los problemas técnicos evidenciados por la Contraloría en el hospital no eran generalizados y que, así como iban las cosas, la entrega del hospital no coincidiría con las metas de gestión del ministerio. El gobierno, que ya no había cumplido la promesa de entregarlo a fines de 2012, insistía en tener funcionando el hospital ese año. En esa reunión también participó el entonces jefe de control externo de la Contraloría Sexta Región, Pietro Bernasconi.

Días después, Quezada fue instruido de que en adelante su equipo se coordinara con el nivel central de la Contraloría (con la subjefa de la División de Infraestructura, Virginia Godoy) para todo lo relacionado con el hospital regional. Así lo declaró en la Fiscalía en 2015.

En mayo de 2013, Mario Quezada fue trasladado a Puerto Montt. Un destino similar corrió Pietro Bernasconi y Luis Ojeda, jefe de la Unidad jurídica de la Contraloría Regional. Ambos fueron trasladados a Santiago.

Profesionales de la Controlaría al tanto de este proceso, aseguraron a CIPER que la instrucción de que todo lo relacionado con el hospital regional fuera visado a nivel central, tuvo su origen en la falta de personal idóneo en construcción en la Contraloría de Rancagua. La instrucción, dijeron, se envió a todas las zonas donde el Estado estaba construyendo hospitales.

El doctor Gabella explicó ante la Fiscalía que la necesidad de subir un peldaño y hacer gestiones ante la Contraloría General en Santiago, fue una decisión de su superior, el entonces subsecretario, Luis Castillo.

RECEPCIONAR SIN TERMINAR

El conflicto entre el Servicio de Salud O’Higgins y los responsables de la obra se hizo permanente. Para la empresa, los inspectores técnicos eran intransigentes. En medio de esa pugna, la Subsecretaría de Redes Asistenciales decidió poner a un hombre de su confianza a cargo de la obra del hospital regional. El ingeniero de la División de Inversiones, Waldo Iturriaga, fue destinado a Rancagua. Fue una intervención sin disimulo.

En 2014, cuando Marcelo Alvear concurrió a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, dijo: “El Ministerio de Salud envió a Waldo Iturriaga como ente técnico o gerente del proyecto y responsable, quien comienza a dar distintas instrucciones. En ese momento se sumó Cristián Gabella y empezaron con ese juego de disminuir y atenuar las multas”.

El propio Gabella reconoció en la misma comisión que el Ministerio de Salud tenía una supervigilancia sobre la obra y que él mantuvo varias reuniones con ejecutivos del Consorcio “en función de necesidades específicas del momento, como cuando se atrasaban las obras”.

A los inspectores técnicos su “rebeldía”, que no era más que la aplicación de las reglas, les costó cara: Marcelo Alvear fue removido de su cargo y dos años después debió ser reincorporado. Hoy es jefe del Departamento de Ingeniería y Arquitectura del SSO.

Gonzalo Urbina también fue despedido por no seguir las instrucciones de la jefatura nacional. En marzo de 2012, Gabella le pidió la renuncia por “desorden administrativo” y reestructuró su área. En 2015 Urbina también debió ser reincorporado.

En reemplazo de Urbina, el director del SSO, Cristián Gabella, nombró a la diseñadora de muebles Sylvia Reyes. “Pensé que por su carrera tendría las capacidades para ayudar al equipo en la construcción de ese hospital de alta complejidad”, dijo al justificar su nombramiento.

Rodrigo Faúndez, ingeniero del SSO, afirmó haber sido “presionado verbalmente varias veces para no obstaculizar las obras”, y relató que el doctor Cristián Gabella y la nueva Jefa de Recursos Físicos y Financieros del SSO, Silvia Reyes, le pidieron hacer una “recepción tácita” de la construcción, es decir, utilizar el hospital sin terminar, lo que obliga a darlo legalmente por recepcionado. Faúndez se opuso. La abogada Vanessa Torrealba hizo lo mismo.

La intervención del gobierno permitió que el Consorcio obtuviera ampliaciones de su contrato en plazo y dinero. A fines de 2013, el Ministerio de Salud resolvió pagar más de $300 millones por algunas obras anexas. Ello, pese a que el director jurídico del SSO, Walter Droguett, y sus colegas Vanessa Torrealba y Jorge López, opinaban que esos montos no correspondían.

En su demanda en el 2° Juzgado Civil de Rancagua, Echeverría Izquierdo acusó al SSO de haber actuado tardía y negligentemente (retraso injustificado en la Recepción Provisoria de las Obras). La empresa afirmó que no se le pagaron las más de mil modificaciones que se le hicieron a la obra y que se le aplicaron cinco multas después de terminado el plazo de ejecución. La más onerosa fue la que la castigó con 27.800 UF (US$1,2 millones) por la ausencia de profesionales en la obra.

Maqueta del Hospital de Rancagua

Lo más sorprendente fue la acusación que Echeverría Izquierdo incluyó en su demanda: adjudicó a la “inmadurez del proyecto” todos los problemas. Y lo ilustró con la existencia de 1.065 planos y 1.048 revisiones. Acto seguido, pidió que se condene al SSO a pagar UF 1.103.784,90 (unos US$46 millones) por los perjuicios  causados. El juicio está en desarrollo.

En marzo de 2014, Cristián Gabella renunció a su cargo luego de que la Contraloría abriera un sumario en contra de 10 funcionarios del Servicio de Salud O’Higgins, entre ellos el mismo doctor Gabella, por las irregularidades que rodearon la construcción del hospital que tanto anhelaban los rancagüinos. Además, el Ministerio Público inició una investigación por cohecho, malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa que aún está en la etapa investigativa.

SOBRESEIDOS POR PRESCRIPCIÓN

Ignacio Guerrero, subsecretario de Economía

No solo las irregularidades en la construcción del Hospital de Rancagua le han ocasionado problemas al doctor Luis Castillo, subsecretario de Redes Asistenciales entre 2010 y 2014. Este año, el 9 de enero, culminó un sumario interno del Ministerio de Salud por las responsabilidades en el retraso de 14 obras de la red de infraestructura hospitalaria que se construyó a partir de 2008. Allí, Castillo, junto a Peter Ihl y Waldo Iturriaga, fueron sobreseídos por prescripción de los hechos. La resolución la firmó el jefe de la División de Atención Primaria, Bernardo Martorell.

En su informe, Martorell cita diversas declaraciones y documentos que dan cuenta de la actuación coordinada de estos tres funcionarios para intervenir en el desarrollo de las obras, lo que habría provocado alza de costos y mayores retrasos:

Sobre la actuación de la Secretaría General de Presidencia, el informe de Martorell cita declaraciones de funcionarios del Minsal que relatan reuniones entre Castillo y el entonces jefe de la Unidad de Regiones de esa repartición, Ignacio Guerrero (actual subsecretario de Economía), tendientes a mantener los contratos de algunas de las constructoras, pese a los evidentes problemas.

Respecto de Peter Ihl, el sumario indica que sus actuaciones provocaron que la construcción de la infraestructura:

El Hospital de Rancagua fue una de esas construcciones. Así, la mayor inversión hecha por el Estado en la VI Región terminó en una trama de corrupción, multas impagas y tráfico de influencias que salpicó a las más altas autoridades del Ministerio de Salud de la época.

Como si eso no hubiera provocado un trauma en el Servicio de Salud O’Higgins, la posterior aparición de OAS en el mayor escándalo de corrupción en América Latina aumentó las desconfianzas. No tuvieron tiempo de reponerse, porque a fines de 2017 estalló el escándalo por los pacientes que fallecieron estando en lista de espera de atención por las garantías AUGE y GES. Hasta hoy no hay responsables por esa negligencia criminal. Tampoco los hay por un hospital que debió costar $66 mil millones y que terminó con un desembolso de $128 mil millones.