El problema estructural de la subvención que entrega el Sename a sus organismos colaboradores

¿Por qué la subvención que entrega el Sename a sus organismos colaboradores (OCA) se ha deteriorado al punto que ya no permite cubrir los costos de una atención adecuada para los menores? Esta columna ofrece una respuesta: porque el valor de la subvención se reajusta con el IPC, lo que no refleja el alto incremento del precio de los recursos humanos en el país, lo que se expresa en el Índice de Remuneraciones (IR). Considerando que los OCA destinan en promedio el 73% de sus recursos a financiar profesionales, técnicos y administrativos, al no estar asociada al IR la subvención ha sufrido un deterioro real significativo. El autor calculó el aumento que habría experimentado la subvención si se hubiese reajustado con el IR: en los 14 años que lleva el sistema el Estado ha dejado de invertir más de $500 millones de dólares en la asistencia de menores vulnerables. Un tema que cobra relevancia tras la controversia por la decisión del gobierno, recién revertida, de recortar el presupuesto del Sename.

Uno de los componentes que últimamente se ha definido como significativo en los problemas que atraviesa la atención que entregan los organismos colaboradores acreditados del Sename (OCA) a niños y niñas vulnerados en sus derechos, son los recursos que reciben mediante subvenciones, descritos como exiguos ya que no permitirían cubrir los costos de una atención adecuada[1].

La subvención que reciben estas instituciones está descrita en la Ley 20.032 del año 2005 y su respectivo reglamento, donde se define una Unidad de Subvención del Sename (USS) y los montos para cada tipo de programa, considerando una banda de precios, donde el valor más bajo permitiría entregar una atención básica y el valor más alto una atención óptima. En general, al implementarse esta normativa, el reglamento definió los valores más bajos de la banda para cada programa. Por ejemplo, para las residencias la ley fijó una banda entre 8,5 USS y 15 USS y el reglamento asignó un valor de 8,5 USS.

Con el transcurso de los años, el reglamento ha sido modificado para transitar, en algunos programas, hacia valores más altos de la banda. Pero, como se muestra a continuación, ello no ha representado ir alcanzando una atención óptima, sino más bien, estos cambios responden a que los montos que se entregaban ya no permitían financiar lo básico de una atención.

EL PECADO ORIGINAL DE LA SUBVENCIÓN (USS)

El reglamento de la Ley 20.032, fijó el año 2005 un valor de la USS de $10.000, cuya reajustabilidad se efectuaría de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual. En su momento, este monto fue considerado adecuado por la mayoría de los organismos colaboradores del Sename. Sin embargo, con el paso de los años –y cada vez con más fuerza– el monto de la subvención ha sido criticado porque no estaría cubriendo los costos de una atención adecuada para los niños y niñas. Por lo tanto, la pregunta es: ¿Qué ha influido para que la subvención que entrega el Sename se haya deteriorado?

La hipótesis apunta al método de reajustabilidad de la USS que, como fue mencionado, está indexado con la variación anual del IPC, cuyo comportamiento no ha reflejado el incremento que ha experimentado el precio de los recursos humanos en el país, y que se expresa en el Índice de Remuneraciones (IR). Ello, considerando que los OCA tienen una estructura de costos en la que, en promedio, el 73% de sus recursos se destina a financiar a los profesionales, técnicos y administrativos que se desempeñan en los proyectos, siendo mayor esta proporción en los programas ambulatorios (82%)[2].

A continuación, se presenta la comparación entre el comportamiento anual del IPC y el IR:

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, anuarios de cada año.

Como se observa en la Tabla Nº1, desde el año de creación de la USS hasta hoy el IR ha tenido un incremento mayor al IPC, lo cual –como se verá con mayor claridad– ha afectado de manera significativa el financiamiento de los proyectos a cargo de organismos colaboradores del Sename.

Para ser más claros, se presenta una tabla que describe el incremento de la Unidad de Subvención del Sename (USS) de acuerdo con el IPC entre el año 2005 y 2018[3] y cómo se debería haber incrementado si su reajuste hubiera sido proporcional con el Índice de Remuneraciones (IR) anual.

Tabla Nº2: Valor USS de acuerdo con IPC y valor USS si hubiera sido sobre la base del IR

Fuente: El valor de la USS de cada año esta en la web del Sename.

Como se aprecia en la Tabla Nº2, en 2018 las diferencias porcentuales alcanzan a más de un tercio a favor de una USS reajustada de acuerdo con el IR. Es decir, desde 2006 -y cada año de manera más significativa- los OCA han sido perjudicados por el IPC, considerando su estructura de costos. Ello es una explicación para los reportes que dan cuenta de bajas remuneraciones, rotación excesiva del personal en los proyectos, contratos a profesionales recién egresados, etc., lo cual tiene un impacto en la calidad de la atención que se brinda a los niños y niñas, quienes requieren intervenciones especializadas [4].

Siguiendo con el análisis, en la siguiente tabla se presentan los montos que la Ley de Presupuesto de cada año ha asignado para ser traspasados a los organismos colaboradores del Sename. Estas cifras se muestran en términos nominales de cada año y reales al año 2018, así como los montos que el Estado no entregó a estos organismos debido a que los reajustes consideran el IPC y no el IR.

Tabla Nº3: Montos definidos en la Ley de Presupuestos para los OCAs y recursos que se hubieran entregado con reajuste IR

Fuente columna A: Ley de presupuesto, recursos de cada año a SENAME. Web de Dipres.

En la tabla Nº3, se observa en la columna D que entre los años 2005 y 2018 el Estado –al no considerar la estructura de costos de los proyectos adjudicados por el Sename a sus organismos colaboradores e indexar la USS al IPC– ahorró más de $351 mil millones, es decir más de US$500 millones.

Esta constatación es alarmante, en tanto se trata de un ahorro que perjudicó la atención de niños y niñas gravemente vulnerados en sus derechos que estaban y están bajo la protección del Estado.