Hace solo días, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) defendió con vehemencia la industria pesquera al votar contra el proyecto que prohíbe la pesca de arrastre de la jibia. Aquí CIPER entrega nuevas evidencias de los pagos que recibió de la gremial pesquera, Asipes: $38 millones entre “asesorías”, pagos a su administrador electoral y aportes reservados. Además, surgen nuevas pruebas de los pagos de Asipes que también recibieron Frank Sauerbaum (RN) y el ex diputado Cristián Campos (PPD). Los dineros ilegales de las pesqueras que beneficiaron a quienes defendían sus intereses siguen sumando millones.
El miércoles 16 de mayo el diputado Sergio Bobadilla (UDI) hizo una encendida alocución en la sala plenaria de la Cámara de Diputados. Intervino en la discusión del proyecto de ley que prohíbe la pesca de arrastre para la jibia. Una medida resistida por la industria y apoyada con vehemencia por los pescadores artesanales, que denuncian que la pesca de arrastre destruye el fondo marino y arrasa con los recursos pesqueros.
“Es muy importante el tema de la sustentabilidad de los recursos. Pero no menos importante son los puestos de trabajo que tienen miles y miles de personas, particularmente en la Región del Bío Bío. Lo que pasa hoy en mi región, es que 2.500 personas tienen trabajo directo, producto de este recurso. Este proyecto pone en grave riesgo la permanencia de estos trabajos, que en un 50%, son mujeres trabajadoras dueñas de casa, y que el único ingreso que tienen es producto de su trabajo. ¿Qué es lo que hace este proyecto? Pone en riesgo la estabilidad laboral. Este proyecto es un atentado directo contra el empleo permanente y de calidad en mi zona”.
Los dichos del diputado Bobadilla no sorprendieron a los parlamentarios representantes de las zonas pesqueras presentes en la sala. Bobadilla es conocido en su región (del Bío Bío) por ser un hombre que defiende con su voto los intereses de la industria. Su argumento ha sido también históricamente el mismo: la industria crea plazas de trabajo.
Esa postura tiene un solo problema que la contamina: Bobadilla es uno de los diputados que ha recibido pagos de las pesqueras. Hasta ahora se sabía que una consultora de su propiedad (Bobadilla & Crovetto, la que creó en 2013 cuando perdió su cupo en el Congreso), firmó un contrato con Asipes para entregarle minutas informativas al gremio pesquero.
Según información contable de Asipes revisada por CIPER, el gremio pesquero le pagó a la consultora de Bobadilla $26 millones entre junio de 2014 y agosto de 2016. Pero la Fiscalía encontró la pista de otros pagos al diputado.
Vea la intervención del diputado Sergio Bobadilla en el video:
Rodrigo Chandía Ramírez (actual concejal UDI por Santa Juana), recibió en 2013 $3,3 millones de dos empresas pesqueras, en plena campaña parlamentaria. El problema es que Chandía no fue candidato en esa elección, pero sí fue el administrador electoral del candidato Sergio Bobadilla. De allí que la Fiscalía investigue los dos pagos que recibió Chandía de Bahía Coronel ($1,1 millón en septiembre) y de Foodcorp ($2,2 millones en noviembre).
El 7 de mayo pasado un oficial y un subcomisario de la PDI llegaron hasta las oficinas de Bahía Coronel (actual Pesquera Litoral). Pidieron la documentación que respalde el pago a Chandía. Un asistente administrativo de la empresa se comprometió a entregarles la información cuatro días después. Eso no sucedió.
Ese mismo lunes 7 de mayo los detectives de la PDI llegaron hasta las oficinas de Foodcorp en Coronel, con el mismo propósito: la evidencia de un trabajo que justifique el pago a Rodrigo Chandía. La jefa de contabilidad de Foodcorp, Ximena Castro, les respondió recién el 16 de mayo a través de un correo electrónico. Lo que encontraron en ese correo los detectives fue una copia de la boleta de Chandía y un comprobante de pago. Nada que hable del trabajo que prestó el administrador electoral de Bobadilla.
Rodrigo Chandia fue contactado por CIPER para saber su versión sobre el trabajo que realizó para ambas pesqueras. “No me voy a referir al tema”, fue su escueta respuesta.
A los dineros ya mencionados hay que agregar otros $9 millones que el diputado Sergio Bobadilla recibió de las pesqueras para su fracasada campaña de 2013, pero esta vez por la vía legal. La Pesquera Itata le entregó $5 millones en aportes reservados y otros $4 millones los aportó Camanchaca Pesca Sur. Ambas empresas pertenecen a Asipes.
CIPER intentó en reiteradas ocasiones obtener del diputado Sergio Bobadilla su versión. Nunca respondió.
SAUERBAUM: ALFOMBRAS Y CHEQUES
En 2013 el diputado Frank Sauerbaum (RN), también representante de la Región del Bío Bío, no logró reelegirse en las elecciones parlamentarias de ese año. A pesar de haber obtenido el 26,9% de los votos, el sistema binominal vigente entonces lo dejó fuera del hemiciclo gracias a la alta votación de la Nueva Mayoría, que logró doblaje y elegir a dos diputados. Entonces, Frank Sauerbaum debió buscar trabajo.
Y lo hizo: recurrió a las empresas de Asipes y les ofreció sus servicios. Según correos electrónicos a los que accedió CIPER, en los primeros meses de 2014 el diputado se dedicó a presentarle a los nuevos parlamentarios de RN al gerente histórico de Asipes, Luis Felipe Moncada. Con el mismo Moncada, Sauerbaum acordó una vía para hacer efectivo los pagos: la empresa de su hermano.
En su declaración ante el Ministerio Público, Enrique Sauerbaum, hermano del diputado y también militante de RN, confirmó que su empresa -“Constructora Leufú”- recibió dineros desde Asipes entre 2013 y 2014:
“No recuerdo si fue como Constructora Leufú Limitada o como Constructora Leufú E.I.R.L. que presté servicios de construcción para ASIPES, recuerdo que fue un cambio de alfombra y pintura, si mal no recuerdo. Para requerirme esos servicios, me llamó alguien de ASIPES, no recuerdo el nombre, no recuerdo si hombre o mujer”.
Cuando desde la Fiscalía le consultaron por el rol de su hermano Frank en estos pagos, insistió en su relato: “No recuerdo haber conversado con él. Frank no tuvo intervención en este negocio, no que yo sepa”.
Enrique Sauerbaum no autorizó el levantamiento del secreto de sus cuentas bancarias ni la revisión de su correo electrónico. En total, fueron tres cheques pagados a la empresa del hermano del diputado. El primero, emitido el 25 de abril de 2014 por $1,8 millón; el segundo, del 31 de julio del mismo año, por $1,9 millón; y el tercero, del 19 de agosto de 2014, por otro $1,9 millón. En total: $5,7 millones.
Frank Sauerbaum (Fuente: nubledigital.cl)
La investigación de CIPER puede refrescarles la memoria a Frank Sauerbaum y a su hermano, porque el supuesto servicio de “alfombras” que se le hizo a Asipes, fue pensado por otra persona, con otros fines, y lo más relevante, dejando huellas en internet.
El 17 de abril de 2014, ocho días antes de que se concretara el primer pago, el diputado Frank Sauerbaum le escribió un correo electrónico a Luis Felipe Moncada, el dirigente de Asipes: “Luis Felipe, puede ser una factura o boleta de la empresa constructora, tiene un giro amplio puede ser mantención industrial, construcción, provisión de guardias, instalaciones eléctricas, etc, avísame tú cuál es la glosa correcta y el monto, yo hablé con mi hermano y no hay problema, saludos. Frank”.
Fue Moncada el que sugirió utilizar como excusa las alfombras de las oficinas de Asipes. Se lo sugirió al diputado Sauerbaum el 21 de abril de 2014 a través de un correo electrónico, donde adjuntó el nombre, el Rut de Asipes y el monto para que se emitiera la factura: “Cambio de alfombra. En la próxima pondremos cambio de cielo y pintura”.
La otra huella que los implicados en estos pagos ilegales dejaron, fue más decidora: al reverso del cheque emitido por Asipes el 25 de abril de 2014, está anotado el número de celular del diputado.
También refutan sus dichos otras evidencias que indican que Sauerbaum siguió prestándole “servicios” a la gremial pesquera. Como el correo electrónico de marzo de 2016 que le envió el entonces máximo dirigente de Asipes, Luis Felipe Moncada, que llevaba una minuta adjunta y como texto solo una frase: “Para que la entregues”.
A juzgar por los dineros que le pasó Asipes a Sauerbaum, el diputado era uno de los favoritos de las pesqueras. En 2013 recibió $10 millones vía aportes reservados del Servel para financiar su campaña parlamentaria. El monto se lo dividieron en partes iguales Alimentos Marinos y Camanchaca Pesca Sur, ambas empresas integrantes de Asipes.
CIPER revisó también un listado de cheques emitidos desde Asipes a distintos proveedores en 2013, en plena campaña parlamentaria. En el reverso de uno de esos cheques –por $1,8 millón- aparece el Rut y la cuenta bancaria del diputado Frank Sauerbaum. Pero alguien tarjó después esos datos. CIPER constató que ese mismo cheque (el monto exacto son $1.827.894) fue emitido a nombre de “Comunicación y Giro Estratégico Limitada”, sociedad de Rafael López, quien milita en la UDI. El cheque fue girado el 4 de abril de 2013.
Cheque de Asipes a Comunicación y Giro Estratégico donde aparece el RUT y la cuenta corriente de Sauerbaum
Cuando el 15 de febrero pasado Rafael López declaró ante la Fiscalía, dijo: “Yo no conozco a don Frank Sauerbaum”. Ante su silencio, la incógnita sobre el verdadero destinario del cheque de Asipes se mantuvo. Debería pasar un mes para que López se decidiera a recordar otros antecedentes sobre su nexo con el financiamiento ilegal de Asipes a políticos.
CAMPOS NIEGA HASTA EL FINAL
Pasaron exactos 32 días. A las 14:00 horas del 19 de marzo Rafael López se acercó a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de Concepción y dijo que quería ampliar su primera declaración. Su testimonio podía ser relevante, porque este cientista político y asesor comunicacional tiene un férreo lazo que lo une a Asipes: durante años ha sido el responsable de la revista oficial del gremio “El Pescador”, además de asesorarlos en las comunicaciones durante la tramitación de la Ley de Pesca.
Su primera afirmación fue escueta: dijo que Asipes le había solicitado favores políticos. Y señaló que el monto de otra factura a su nombre tenía un destinatario que para la Fiscalía fue una sorpresa:
“Tratándose del servicio prestado por Comunicación y Giro Estratégico Ltda. al diputado Cristian Campos(PPD), debo indicar que fue la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) quienes solicitaron un trabajo de impresiones en relación a la campaña del diputado Campos. En esa época tenía relación con el gerente de Asipes, Luis Felipe Moncada, el único que pudo haber dado esa clase de instrucciones era él”.
El diputado Cristián Campos (PPD) fue electo con la primera mayoría en las elecciones parlamentarias de 2009 y reelecto en 2013 por la Región del Bío Bío (por el distrito que integraban entonces las comunas de Talcahuano y Hualpén). En las elecciones de 2017, los hechos que lo ligan al financiamiento ilegal que recibió por parte de las pesqueras minaron su campaña: solo obtuvo el 3,3% de los votos. No fue reelecto.
Rafael López dijo no recordar detalles del pago recibido desde Asipes por el “servicio de impresión” que prestó a Campos. Pero afirmó que seguramente la factura que emitió por ese servicio fue la N° 786 del 12 de noviembre de 2012 por $1.969.272 (ver factura, pag 101). López prestó una tercera declaración el 18 de mayo pasado, donde reafirmó sus dichos y aseguró que seguirá buscando antecedentes.
Contactado por CIPER, el ex diputado Cristián Campos señaló: “No tengo nada que decir. Jamás he recibido servicios de impresión desde Asipes. Que el señor López explique su declaración”.
Si para Cristián Campos la declaración de Rafael López fue sorpresiva, para la Fiscalía no lo fue. Y ello, porque en esta investigación Campos y su esposa ya están entre los políticos que recibieron pagos ilegales desde Asipes. Karen Cortés, la esposa de Campos, recibió de Asipes $19 millones (repartidos en 15 cheques) entre mayo de 2010 y julio de 2011.
Luis Felipe Moncada (Fuente: aqua.cl)
El 8 de marzo pasado, cuando ella debió declarar ante los fiscales, dijo que es militante del PPD y que trabaja como jefa de adquisiciones del Departamento de Educación de la Municipalidad de Hualqui (cuyo alcalde fue electo dentro del pacto Nueva Mayoría). Y aseguró que los millones que recibió de Asipes los ocupó en financiar ayuda social que le solicitaban habitantes de Talcahuano, afectados por el terremoto de febrero de 2010. En ese contexto habló de su relación con Moncada.
“La única persona que conozco de Asipes es Luis Felipe Moncada, a quien conocí en primera instancia cuando Cristian (Campos) era Administrador Municipal de Hualpén y alcalde subrogante y yo trabaja en el departamento de Finanzas del municipio. En ese contexto, participábamos en algunas «Ferias» donde se pretendía potenciar la industria pesquera que se realizaban en ‘Sur Activo’ (…) En ese contexto mantuve diálogos con él de carácter social. Posteriormente, pero antes que Cristián fuera parlamentario, también nos encontramos en alguna oportunidad en que Cristián le comentó a Luis Felipe Moncada que iba a postular a ser parlamentario”.
Karen Cortés contó ante los fiscales una historia: ella concurría a la oficina de Moncada y le leía las solicitudes de los pobladores de Talcahuano. Después, el gerente de Asipes le enviaba cheques a la señora del diputado. Una acción de beneficencia.
Siete años después de que Luis Felipe Moncada firmara esos cheques, la situación es distinta. De partida, ni Luis Felipe Moncada es presidente de Asipes ni Cristián Campos es diputado. Ambos debieron abandonar sus cargos cuando las evidencias del financiamiento político ilegal de la industria pesquera irrumpió. Aunque les quedan representantes en el Congreso, la industria ya no tiene la misma influencia política de antaño.
La prueba evidente es el resultado de la votación del proyecto de ley que prohíbe la pesca de arrastre para la jibia: el 17 de mayo solo 18 diputados se opusieron a la iniciativa, versus 99 que la aprobaron.
LA “BANCADA PESQUERA”
“Derrocamos a la bancada de las siete familias”. Así celebró el vocero del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero, Hernán Machuca, el resultado de las elecciones parlamentarias en noviembre de 2017. Su festejo se debía a que varios diputados y senadores que ellos identifican como favorables a la industria pesquera habían perdido sus escaños. En su declaración, hizo referencia a las familias que históricamente han explotado los recursos pesqueros y que se vieron beneficiadas con la Ley de Pesca aprobada en 2013, también conocida como “Ley Longueira” (ver reportaje de CIPER).
“Tenemos confianza que con la llegada de parlamentarios ciudadanos, podremos anular la Ley de Pesca y terminar con el niño símbolo de la corrupción en Chile”, fue la proclama optimista de Machuca. Pero los resultados de esa elección también trajeron de vuelta al Congreso a parlamentarios que habían perdido sus escaños en 2013, y que habían votado históricamente a favor de la industria. Como Frank Sauerbaum (RN) y Sergio Bobadilla (UDI).
La Ley de Pesca terminó deslegitimada. Ubicada en el epicentro de uno de los más importantes escándalos de corrupción, las investigaciones judiciales han ido probando cómo sus indicaciones clave fueron dictadas desde las oficinas de las grandes empresas pesqueras. En paralelo, la investigación ha mostrado los pagos ilegales que hacía la industria a parlamentarios en ejercicio y a autoridades de gobierno (ver reportaje de CIPER). A partir de 2014 se impuso su modificación.
Las investigaciones por cohecho, soborno y delitos tributarios aún están en desarrollo. Una de ellas es la que encabezan los fiscales Ximena Chong y Julio Contardo: investiga el financiamiento ilegal y los delitos cometidos por las empresas pesqueras de la zona centro sur de Chile.
El cúmulo de pruebas que se han acumulado en esa investigación inculpan a dirigentes empresariales y a políticos UDI, RN, PPD, DC y PS. El financiamiento ilegal de las pesqueras llegó a cuentas de diputados, senadores, alcaldes, concejales y de dirigentes sindicales de los trabajadores de la industria. También a las del que fuera subsecretario de Pesca del último gobierno de Bachelet, Raúl Súnico (ver entrevista en CIPER).
Bobadilla y Sauerbaum comparten hoy membresía en la “bancada pesquera” con otros diputados, como Jorge Sabag (DC), Iván Norambuena (UDI), Patricio Melero (UDI), José Miguel Ortíz (DC) y Enrique Van Rysselberghe (UDI). A este grupo también pertenece la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe (ver reportaje de CIPER).
La investigación del Ministerio Público sobre los pagos ilegales de la industria pesquera a políticos cobra especial relevancia hoy, en medio del debate en el Congreso para modificar la Ley de Pesca. La discusión a mediados de mayo en la sala de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que prohíbe la pesca de arrastre para la jibia, fue la antesala de esa batalla mayor. Y lo que ocurrió en el hemiciclo fue también una demostración de cómo los intereses de la gran industria siguen teniendo representantes en el Poder Legislativo.
LA MISTERIOSA CUENTA DEL CONTADOR
Los movimientos de la cuenta corriente que tiene en el Banco Santander el tesorero de Asipes, Alejandro Riffo Opazo, no son normales. Entre 2011 y 2017 recibió abonos por más de $1.550 millones. La Fiscalía sospecha. Porque en 2015 Riffo recibía una remuneración mensual de apenas $1,5 millón. Si se multiplica ese sueldo por 72 meses (6 años) la suma da $108 millones. Los números no cuadran.
Casi mil millones de esos depósitos provinieron de cuentas corrientes del mismo banco. Asipes también tiene una cuenta corriente en el Santander. Durante meses la Fiscalía le solicitó a Macarena Cepeda, actual presidenta de Asipes, que autorizara voluntariamente levantar el secreto bancario de esa cuenta en el Banco Santander. Cepeda se negó. Las sospechas de la Fiscalía se incrementaron. Por ello, los fiscales lo pidieron judicialmente ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago (ver solicitud).
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Andrés Chadwick aceptó que la fiscalía acceda a sus cuentas bancarias y al contenido de su teléfono
Gran trabajo de reportaje. Increíble el negocio de llegar al parlamento. Si estos 2 “miembros de la bancada pesquera†recibieron estas pequeñas sumas de dinero a cambio de su voto, me encantaría ver si se le han hecho pagos a la senadora Rincón. Puede que también hayan comprado su oposición a la convención y su silencio respecto a la actual. O puede que solo sea una horrible persona. Pueden ser las dos juntas también. Como sea, es una de las grandes preguntas: con cuánto se pusieron?
Nilda Correa Vives | 06.04.2019
FELICITACIONES A CIPER POR SU GRAN INVESTIGACIÓN. GRACIAS.
