El narco como agente inmobiliario en las “Zonas Rojas”

Hace algunas semanas se supo que narcotraficantes están tratando de comprar las casas blindadas aledañas a La Legua. Las viviendas, cuyo blindaje fue financiado con fondos públicos debido a las balaceras en el sector, originalmente costaban $25 millones, pero ahora subieron a $70 millones. El narco como factor que condiciona el mercado inmobiliario es analizado por los autores de esta columna de opinión, quienes califican lo que está ocurriendo en La Legua como “narco-gentrificación”: “En términos económicos, se reemplazarían hogares de trabajadores tradicionales de muy baja productividad, por hogares de trabajadores ilegales con muy altos niveles de ganancias”. Se trataría, señalan, de un fenómeno inmobiliario “financiado por el negocio de la droga, y en este caso particular, ‘subsidiado’ por las inversiones del Estado”.

El viernes 13 de abril, radio Cooperativa anunciaba que narcotraficantes que viven en un sector de La Legua estarían ofreciendo hasta $70 millones a los residentes de las casas que el Ministerio del Interior blindó [i] como medida de mitigación. Esto, luego que el año pasado se derribara el muro que separaba a la villa “Los Jardines II” de La Legua Emergencia. Hasta antes de esto, las viviendas de ese sector de La Legua no valían, en promedio, más de $25 millones.

Diversas investigaciones referentes al mercado inmobiliario en ciudades latinoamericanas han evidenciado cómo algunos factores subjetivos relativos al delito, el narcotráfico, la prostitución u otra actividad relacionada a un orden clandestino, provocan efectos sobre el precio de las viviendas. Dichos efectos están íntimamente ligados a la localización, influenciando su depreciación.

Otro elemento es la extrema estigmatización territorial a la que son expuestos estos barrios desde los medios de comunicación, el Estado y la academia. La gran mayoría de las viviendas situadas en estos sectores se transan a un menor precio debido al estigma territorial, lo cual hace que residentes de este tipo de poblaciones no puedan vender su casa debido al bajo precio, lo que imposibilita que puedan comprar otra vivienda en un sector con mejor reputación.

En el Proyecto de Investigación Marginalidad Urbana y Efectos Institucionales (Proyecto MUEI), hemos estudiado la existencia de lo que mucha gente llama “Zonas Rojas”. Esto es, territorios de ausencia y descoordinación institucional pública, privada y de la sociedad civil, en los que diversas instituciones se niegan a entrar y/o entregar sus servicios, o lo hacen de manera extremadamente ineficaz o incompetente. Dicha retracción institucional se explicaría por:

1. Miedo a la peligrosidad del área, por su supuesto nivel de violencia.
2. Baja solvencia económica de sus habitantes, que reporta poca rentabilidad y alto riesgo para el sector privado.
3. Abstención electoral de sus habitantes, que no devuelve los suficientes réditos políticos para hacer “electoralmente rentable” la inversión pública.

Para el mercado inmobiliario, el escaso interés de invertir en las denominadas “Zonas Rojas” estaría influenciado principalmente por los dos primeros argumentos. Se constituyen de esta forma en zonas vetadas para el mercado, por la baja rentabilidad que produciría una inversión en un área que presenta este tipo de características.

Si los actuales propietarios no podían vender sus viviendas por el bajo precio que les ofrecían, hoy sí poseen mercado para hacerlo, a través de las ofertas de los narcotraficantes. Pero estos últimos obtendrían mayores ganancias, al adueñarse de inversiones (…) que les reportarían beneficios todavía más lucrativos para la productividad y seguridad de su negocio”.

El estancamiento, en términos de dinamismo inmobiliario, ocurre en al menos 80 barrios en la ciudad de Santiago, que han sido denominados “Zonas Ocupadas” (vea el reportaje de CIPER que describió las “Zonas Ocupadas”) por el dominio del narco. Sin embargo, no se ha puesto suficiente atención en el poder y la influencia del narcotráfico en los mercados inmobiliarios: ¿quiénes son los propietarios de los inmuebles donde se vende droga?, ¿qué se compra con el dinero proveniente del negocio de la droga?, ¿se lava dinero a través del mercado inmobiliario?

Existe evidencia en otros países sobre el negocio del narco, el cual financia el mercado predial y el mercado inmobiliario a través del “lavado de dinero” de estas actividades ilegales. Ejemplo de aquello, es lo que ocurre en Ciudad del Este (límite entre Paraguay y Brasil), en la que se postula que algunas operaciones inmobiliarias encubrieron el lavado de dinero del comercio ilegal de drogas.

La explicación a la financiación del narco según autores latinoamericanos[ii] estaría arraigada en dos factores. Primero, en la tradición patrimonialista de América Latina, en donde el suelo se constituye como una inversión importante para las familias. Por ejemplo, en Río de Janeiro los líderes del narco compran inmuebles en las favelas. Y segundo, en las facilidades de entrada de capitales, derivadas de la flexibilización de las reglas de financiamiento en los mercados inmobiliarios.

En Chile, la experiencia análoga corresponde a lo evidenciado por la prensa en el caso de la Legua Emergencia. En efecto, residentes supuestamente ligados al negocio de la droga estarían ofreciendo hasta $70 millones por viviendas recientemente blindadas –con recursos públicos– de la Villa Los Jardines II, siendo que estos inmuebles tenían un valor claramente inferior hasta hace poco[iii] . De ser así, el “blindaje” de las casas se transformaría en una inversión del Estado que estaría siendo capitalizada por los propietarios individuales.

Tal como ocurre con las obras de transporte público –como el Metro–, al no haber instrumentos de recuperación de plusvalías en la legislación chilena, las inversiones terminan en manos de los agentes privados, en este caso, en los residentes de La Legua Emergencia. Pero esto no es intrínsecamente negativo.

Si los actuales propietarios no podían vender sus viviendas por el bajo precio que les ofrecían, hoy sí poseen mercado para hacerlo, a través de las ofertas de los narcotraficantes. Pero son estos últimos quienes obtendrían mayores ganancias, al adueñarse de inversiones por las cuales no pagaron (en su justa medida), y que les reportarían beneficios todavía más lucrativos para la productividad y seguridad de su negocio, que a los residentes originales.

La ‘narco-gentrificación’ es un fenómeno presente en los territorios demarcados como ‘Zonas Rojas’, pero no se restringe exclusivamente a estos espacios. Puede ocurrir en otras áreas de la ciudad -como lo documentado en Ciudad del Este- y se caracteriza por el uso de la violencia y el soborno. Su principal objetivo es tomar posición de territorios”.

En caso de que estas ofertas sean aceptadas por sus residentes, también constituiría un lavado o blanqueamiento de dinero, evidenciando lo anteriormente expuesto. Nuestra inquietud emerge más allá de un cuestionamiento ético de los pobladores, para enfocarnos en el actual poder de los narcotraficantes para elevar los precios del suelo en las denominadas “Zonas Rojas”, e incluso como posible activador de un proceso de “gentrificación” en estos territorios.

Ahora bien, aunque no esté documentado por el momento un desplazamiento forzado por el alza general del valor del suelo –ni tampoco el aburguesamiento del barrio– como acusa la “gentrificación tradicional” de las áreas centrales de las urbes, la gentrificación en “Zonas Rojas” ocurre a punta de pistolas, balazos y redadas. En términos económicos, se reemplazarían hogares de trabajadores tradicionales de muy baja productividad, por hogares de trabajadores ilegales con muy altos niveles de ganancias. A este fenómeno singular entonces, podríamos denominarlo como narco-gentrificación, cuando está financiada por el negocio de la droga, y en este caso particular, ‘subsidiado’ por las inversiones del Estado.

La “narco-gentrificación” es un fenómeno presente en los territorios demarcados como “Zonas Rojas”, pero no se restringe exclusivamente a estos espacios. Puede ocurrir en otras áreas de la ciudad -como lo documentado en Ciudad del Este- y se caracteriza por el uso de la violencia y el soborno. Su principal objetivo es tomar posición de territorios que permitan a narcotraficantes ejercer el control de un territorio, la cual se financia principalmente a partir del lavado y venta de activos provenientes del negocio de la droga. Pero los principales culpables de esto no son los habitantes de La Legua Emergencia. Fue el abandono del Estado por mucho tiempo, y luego su negligente regreso, que no solo reprime fuertemente la vida de los habitantes de esta población, sino que termina subsidiando (aunque sea indirectamente) el actuar de los narcotraficantes.