La cofradía de la impunidad en Carabineros que operó contra el general Hermes Soto

A horas de asumir Sebastián Piñera, la cofradía que por años garantizó la impunidad de los desfalcos en Carabineros, tenía la quina de la sucesión del general Villalobos bien amarrada: nadie llegaría a romper el círculo de protección. Pero la “Operación Huracán” hizo caer al general Blu de esa quina, abriendo la brecha por donde entró un nombre que no estaba en el libreto: Hermes Soto. La cofradía urdió un plan para impedir que asumiera el mando: filtrar su hoja de vida. La investigación que originó dejó al descubierto a los conjurados. Está por verse si Soto hará la limpieza que falta.

La caída del general Mauricio Murillo puede hacer historia en Carabineros. Y no solo porque podría ser el oficial con el récord de la menor permanencia en el alto mando: no alcanzó a cumplir dos meses. Más allá de ese registro anecdótico, la forma en que se selló su salida ha puesto en manos del actual director general, Hermes Soto, las mejores cartas de la baraja si efectivamente quiere barrer con la cofradía que ha amparado la corrupción interna. La historia de Murillo puede convertirse en la hebra que permita identificar a aquellos que, al menos en la última década, desde los principales puestos del poder interno se han beneficiado con el desvío de millonarios recursos fiscales o hicieron la vista gorda bajo el argumento de no dañar ni sus carreras ni la imagen institucional.

Mauricio Murillo ascendió a general a mediados de marzo pasado y pasó a retiro el miércoles 9 de mayo, cuando ya no pudo seguir ocultando su participación en el complot que intentó impedir que Hermes Soto asumiera el mando de la policía uniformada.

Tal como lo informó una nota de El Mostrador, Murillo formó parte de la conjura liderada por el entonces general Julio Pineda, hoy en retiro, que filtró a La Moneda la hoja de vida histórica de Hermes Soto en un fallido intento por detener su nombramiento. La ficha registraba una sanción por frecuentar un prostíbulo hace 33 años, cuando Soto recién iniciaba su carrera como subteniente en una unidad de provincia.

El dato fue considerado irrelevante por el gobierno, que persistió en entregar el mando al general Soto. Pero la información fue filtrada también al diputado Hugo Gutiérrez (PC), quien la difundió.

Julio Pineda Peña, general (r) (Fuente: 24 Horas)

Fue el propio Hermes Soto quien, apenas asumió como general director, rubricó el ascenso de Murillo al generalato. Lo designó jefe de la Zona de Seguridad Privada y Control de Armas. Le encargó, además, una misión clave para tratar de restaurar la dañada imagen de Carabineros: la investigación interna por las irregularidades en la “Operación Huracán” (vea el especial de CIPER sobre ese proceso). El nuevo general director veía en Murillo, quien es abogado y magíster en Ciencias Políticas, el perfil técnico que desea inocular al alto mando, sin advertir que estaba catapultando a uno de los oficiales que habían operado en su contra.

Como era de esperar, el sumario interno por la filtración de la hoja de vida del general director avanzó con inusual rapidez. Y en las huellas que quedaron en esas carpetas el secreto que arrastraba Mauricio Murillo comenzó a emerger. Al quedar expuestos los detalles del complot, resultó evidente que Murillo no era más que un peón dentro de un tablero dominado por coroneles y generales –activos y en retiro– que durante años se han beneficiado con desvíos de dinero, compras y licitaciones irregulares, o al menos las han tolerado, bloqueando las investigaciones e impidiendo que las sanciones escalen hasta los oficiales de más alto grado.

En ese esquema para asegurar la impunidad, el general Julio Pineda fue pieza clave en varias investigaciones internas que evitaron escarbar a fondo. Brazo derecho del ex general director Bruno Villalobos, Pineda lo sucedió en el mando cuando el Presidente Sebastián Piñera le pidió la renuncia el 12 de marzo, apenas un día después de su retorno a La Moneda. Al día siguiente, ya como general director subrogante, Pineda se dio cita con cuatro oficiales –entre ellos Murillo– en el restorán Nolita, donde se urdió la trama para filtrar la ficha personal del general Soto.

¿Por qué había que torpeadar a Hermes Soto? Porque era el único general de la quina propuesta para asumir el mando que no tiene relación con altos oficiales que han protagonizado o permitido irregularidades al menos desde 2010. El temor de los confabulados es que Soto reabra investigaciones y bloquee el ascenso de los involucrados. De hecho, el 19 de marzo, apenas cinco días después de asumir como general director, Soto pasó a retiro a 15 de los 40 generales que integran el alto mando.

EMERGE LA COFRADÍA

Las investigaciones de CIPER y de la Contraloría indican que desde 2010, siete años antes de que se destapara el mega fraude que ya se empina sobre los $28 mil millones, se han registrado al menos 40 episodios de graves irregularidades en el manejo de los fondos institucionales (vea ese reportaje). Adquisiciones con sobreprecio, sueldos con asignaciones indebidas, licitaciones dirigidas y fraudes en la construcción de cuarteles, son las fórmulas recurrentes.

Prácticamente no hay rubro relacionado con los pagos que hace Carabineros que esté libre de operaciones sospechosas o derechamente ilegales: compras de vehículos, construcción de cuarteles, adquisición de equipos computacionales, de sistemas de comunicación, de combustibles, de equipos antidrogas, vestuario, alimentación y remuneraciones, entre otros productos o servicios. Y ello sin mencionar el secreto que rodea los millonarios recursos que controlan la Mutualidad y el Departamento de Bienestar de la institución, así como la discrecionalidad con que se han otorgado pensiones de invalidez.

Bruno Villalobos, ex general director de Carabineros

Fue en 2012 cuando CIPER expuso el episodio más grave, hasta ese momento, de millonarias compras irregulares realizadas por Carabineros: las adquisiciones hechas por el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), repartición que manejaba un presupuesto de $40 mil millones (vea ese reportaje). El 70% de esos recursos se gastaba en apenas cuatro proveedores, entre ellos una empresa representada por los hijos del ex general director Fernando Cordero.

La cofradía que ahora intenta desbancar al general Hermes Soto opera, al menos, desde el mismo 2012 en que se expusieron las graves anomalías en el manejo de los recursos del TIC. Ese año, el entonces general director, Gustavo González Jure, dejó el sumario interno en manos del general Julio Pineda y como oficial investigador se designó a Mauricio Murillo. La misma dupla que tuvo roles protagónicos en el reciente complot para desprestigiar al general Hermes Soto.

La maquinaria para salvar las responsabilidades de altos oficiales se puso en marcha. Pineda omitió en el sumario del TIC el nombre del entonces general Gerardo González Theodor, tercer hombre en la jerarquía de Carabineros, aunque varios testigos lo mencionaron como uno de los principales involucrados. Tampoco abordó la eventual responsabilidad del propio general director González Jure, quien en el mismo periodo investigado presidía el Honorable Consejo de Adquisiciones y Enajenaciones, que debía controlar la legalidad de las compras.

En 2012 el director de Inteligencia era el general Bruno Villalobos, pero su repartición tampoco profundizó en la investigación de las anomalías detectadas en el TIC. Con el tiempo, Villalobos se convertiría en general director y Pineda fue su director de Personal. En esa unidad se desarrolló la investigación interna del mega fraude antes de que saliera a la luz el mayor desfalco ocurrido en una institución pública (el escándalo estalló el 6 de marzo de 2017). La indagatoria inicial había quedado a cargo de quien más tarde se revelaría como uno de los principales involucrados en el desfalco: el coronel Jaime Paz. En junio de 2017, cuando aún no se conocía el alcance del fraude, Pineda pidió «dar vuelta la página» en una ceremonia encabezada por Bruno Villalobos.

Víctor Herrera, general (r)

Ya en 2018, Villalobos también entregó a Pineda la investigación sobre las pruebas falsas presentadas por funcionarios de la Dirección de Inteligencia en la “Operación Huracán” y en un caso de tráfico de armas en Iquique. Por estos dos procesos, los cuestionamientos sobre su último jefe de Inteligencia, el general Gonzalo Blu, arreciaron. Pero Bruno Villalobos no estuvo dispuesto a dejar caer a uno de sus más leales colaboradores. En esos días de crisis institucional, se las arregló para ponerlo en la quina de generales de mayor antigüedad de la que debía salir su sucesor en el mando.

Mientras la investigación interna de Pineda evitaba aproximarse al general Blu, el Ministerio Público avanzó con rapidez y fue cercando al jefe de Inteligencia. El retiro de Gonzalo Blu se materializó el viernes 9 de marzo ante su inminente formalización por las pruebas falsas de la “Operación Huracán”.

La caída de Blu abrió un inesperado cupo en la quina para la sucesión de Villalobos. Por esa brecha ingresó el nombre de Hermes Soto, un general de bajo perfil y buena recepción en los cuarteles, desordenando el cuidadoso escenario planificado por Villalobos para asegurar una continuidad del mando sin sobresaltos.

HERMES SOTO: EL ENEMIGO INTERNO

La quina preparada por el general Bruno Villalobos para su sucesión estaba integrada por los generales Julio Pineda, Gonzalo Blu, Víctor Herrera, Nabih Soza y Leonidas Venegas. Al menos cuatro de ellos tienen alguna relación con irregularidades.

Pineda arrastraba con la evidente omisión de los principales responsables en las investigaciones a su cargo (TIC, mega fraude y “Operación Huracán”). Blu cargaba con su propia mochila por las pruebas falsas sembradas por su equipo de Inteligencia. Herrera figura en la nómina de generales que recibieron gastos reservados no justificados que investiga la fiscal Macarena Cañas. Además, el general Herrera entró a la quina aunque bajo su mando, cuando era jefe de la Zona Santiago Este (2013), fue informado de las anomalías en la compra de carros blindados que presentaban falencias. A pesar del informe negativo que recibió Herrera, el negocio se concretó y generó un gasto de US$3,5 millones.

Respecto del general Nabih Soza, fue incorporado en la quina a pesar de que debió haber asumido la responsabilidad jerárquica por no haber detectado el mega fraude que quedó al descubierto en marzo de 2017. El gigantesco desfalco debió ser advertido por las auditorías que realiza la Inspectoría General de Carabineros, que dirigía Soza.

Gerardo González Theodor, general (r)

Con esta quina, el Presidente Piñera prácticamente quedaba sin posibilidad de nombrar a un general director que asegurara investigaciones imparciales y la urgente depuración del alto mando. De hecho, al interior de Carabineros se especulaba que la nominación favorecería a Pineda o a Herrera, quienes contaban con un fuerte lobby político y empresarial.

Pero el plan comenzó a agrietarse cuando el general Blu no pudo resistir la presión del Ministerio Público y renunció a solo tres días de que asumiera Piñera (dos semanas después la Fiscalía anunció su formalización). Entonces, el sexto general en la escala jerárquica ascendió al quinto lugar: Hermes Soto.

En las redes sociales el personal de Carabineros comenzó a hacer circular el nombre de Soto, principalmente porque es hijo de un suboficial, lo que él declara con orgullo­. El fin de semana del cambio de mando fue tenso en el entorno de Villalobos y Pineda. Mientras el nombre de Hermes Soto amenazaba a la cofradía en la recta final, se daba por hecho que el Presidente Piñera haría cambios en la cúpula de Carabineros. Y así fue. En la mañana del lunes 12 de marzo le pidió la renuncia a Villalobos y le entregó el mando, como subrogante, a Pineda.

Al día siguiente, el martes 13, el general Pineda jugó sus cartas para frenar a Soto. Lo hizo en aquel almuerzo en el Nolita que terminó liquidando la carrera de Mauricio Murillo y donde se reunieron solo estrechos colaboradores de Bruno Villalobos.

LARGO ALMUERZO EN EL NOLITA

La publicación de la hoja de vida del general Hermes Soto dio pie a dos investigaciones: un sumario interno y una indagatoria en la Segunda Fiscalía Militar originada por una denuncia que hizo Carabineros por “incumplimiento de deberes militares” contra los responsables de la filtración.

Según la información difundida por El Mostrador, que cita como fuente el sumario interno, cuatro oficiales acompañaron al general Pineda en el almuerzo en el Nolita. Uno de ellos era el entonces coronel Murillo. También estaba el prefecto de Fuerzas Especiales, coronel Andrés García; y dos históricos colaboradores del general Villalobos: los coroneles Jorge Espinoza (oficial de Inteligencia) y Juan Nova. El primero fue ayudante del ex general director y el segundo, su edecán.

Gonzalo Blu, general (r)

El grupo llegó al restorán a las 14:00 y se retiró cerca de las 20:00. Fue en esa extensa y regada sobremesa que el general Pineda pidió al coronel Jorge Espinoza que consiguiera la hoja de vida histórica de Hermes Soto. Fue una misión suicida, porque los antecedentes contenidos en ese documento tenían que haber sido eliminados por su antigüedad, aunque siguen archivados en un  registro secreto al que solo tiene acceso un puñado de oficiales. Espinoza cumplió el encargo, pero las huellas que dejó fueron rápidamente rastreadas. Faltaba un eslabón clave: probar que lo había hecho por orden del general Pineda.

Murillo declaró el lunes 9 de abril en el sumario. Allí dijo que nunca escuchó al general Pineda pedir a Jorge Espinoza la hoja de vida del general Soto. Pero ocho días después, el martes 17, volvió a contactarse con el instructor del sumario, el coronel Víctor Neira. En esta nueva cita, Murillo reconoció que había mentido, que sí había escuchado a Pineda pidiendo a Espinoza la ficha del actual general director. Y le pidió al coronel Neira que modificara su declaración inicial, para no aparecer como uno de los confabulados. Pero Neira no lo hizo y denunció la presión que Murillo estaba ejerciendo.

Y es en este punto, con el complot ya al desnudo, cuando el relato de Murillo puede convertirse en la hebra que finalmente quiebre la cofradía y permita indagar a Pineda y a su entorno de oficiales activos y en retiro, parte del círculo que en la última década ha dirigido las más importantes investigaciones internas de la policía asegurando impunidad para los altos mandos. Eso, claro está, solo si el nuevo general director quiere jugar las cartas que tiene en la mano.